Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76929
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Dejar establecido que en el caso no se encuentra afectada la competencia originaria que a esta Suprema Corte le atribuye el art. 161 inc.1 de la Constitución de la Provincia
2Declarar la competencia de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Junín para conocer y decidir en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora con fecha 9 de febrero de 2021 (arts. 7 inc. 1, CCA; 16 y 17 bis, ley 13.928 -texto según ley 14.192- y 38, ley 5.827). Por Secretaría, se radicará electrónicamente el expediente para la prosecución del trámite de la causa ante ese Tribunal.
B.76.929 “MAFFIA MARIANA Y OTROS C/ PODER EJECUTIVO PROVINCIAL S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART 7 LEY 12.008”
I. La señora Mariana Maffía, el señor Emiliano José Gregnoli, la señora Eva Adelina Fiorini, la señora Mirta AliciaÁvalos, la señora Nora Ester Rovella, la señora Claudia Marcela Vilches, la señora Judith Alaniz, la señora Ester Beatriz Douat, el señor Carlos Ignacio Martiren, la señora Valeria Maffía, la señora Antonia Margarita Coronel, la señora Marisa Rosana Ochoa Ispuro y el señor José Luis Caiezza, promueven acción de amparo colectivo contra el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud local y/o contra quien corresponda, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 2 incisos “a” y “b”, 4 primer párrafo e incisos “a” y “b”, 5 primer párrafo e incisos “a” y “d”, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18 y 21 de la ley nacional 27.610, de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Ello, por estimar que tales preceptos vulneran el derecho a la vida, a la personalidad jurídica, a la integridad personal, a la protección, cuidado y ayuda especiales, a la salud física y mental, a no ser sometidos a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes ni a la pena capital, identidad, la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares sin injerencias arbitrarias, libertad de expresión, de pensamiento, conciencia y religión, a la educación y a la igualdad -entre otros derechos y garantías que mencionan- de los niños y niñas por nacer, consagrados tanto en la Constitución nacional como en la Carta provincial y en los tratados internacionales que individualizan.
Eventualmente, requieren que, atento lo establecido en el art. 387 del Código Civil y Comercial de la Nación, se declare la nulidad absoluta de los arts. 2 inciso “a” y “b”, 4 primer párrafo y segundo párrafo incisos “a” y “b”, y 5 primer párrafo del referido texto normativo, por resultar violatorios de lo establecido en el art. 29 de la Constitución Nacional.
Asimismo, solicitan que se disponga una medida cautelar con el objeto de que se suspenda la ejecución de la ley impugnada en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires, hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo en el presente proceso.
II. La causa, con arreglo al régimen vigente para ello, fue adjudicada mediante sorteo al Juzgado de Familia N°2 del Departamento Judicial de Junín. En lo que aquí respecta, su titular se inhibió de conocer en el asunto por considerar que en virtud de la materia controvertida en autos y lo dispuesto en los arts. 1 a 13 y 20 de la ley 27.610, se hallaba comprometida la competencia del fuero federal.
Así, sostuvo que se encontraba en juego la interpretación de normas federales que excedían el marco de la jurisdicción provincial, conforme lo previsto en los arts. 116 de la Constitución nacional y 2 de la ley 48. A esto adunó que la improrrogabilidad de la competencia federal en razón de la materia, estriba en el propósito de afirmar atribuciones del gobierno nacional en las causas relacionadas con la Constitución, los tratados internacionales y las leyes federales.
Al resolver de tal modo, y sin perjuicio de lo normado en el art. 352 inciso 1 del Código Procesal Civil y Comercial, ordenó remitir las actuaciones al Juzgado Federal de Junín a fin de garantizar de manera rápida el acceso a la justicia (v. resol. de 5-II-2021).
Contra dicho pronunciamiento la letrada patrocinante de los accionantes, invocando la franquicia prevista en el art. 48 del código de rito, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio (v. presentación electrónica de fecha 9-II-2021) y, siendo el primero de ellos rechazado, se remitieron las actuaciones a la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial departamental.
Ese tribunal se rehusó a intervenir en la controversia en la inteligencia de que se hallaban reunidos los extremos justificantes del criterio de especialización material en la etapa recursiva previsto en el art. 17 bis de la ley 13.928 -texto según ley 14.192- (v. resol. de 18-II-2021).
De este modo, los obrados fueron remitidos a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás, cuyos magistrados rechazaron la competencia que les fuera endilgada. Para así decidir, sostuvieron que -pese a encontrarse demandada la Provincia de Buenos Aires y/o el Ministerio de Salud- la controversia no se origina prima facie por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, por parte de los demandados. A esto, adunaron que “el objeto de la acción se dirige a quitar del mundo jurídico en el ámbito bonaerense una ley nacional emanada del Congreso de la Nación” (v. resol. de 11-III-2021).
Así, concluyeron que indudablemente se había configurado una contienda negativa de competencia y, en consecuencia, dispusieron someter la cuestión ante esta Suprema Corte de Justicia en los términos del art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
IV. Se trata entonces de resolver, más allá de la naturaleza y trascendencia de la cuestión planteada, si la acción de amparo deducida en el caso se dirige contra una acción u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de alguno de los sujetos enumerados en el artículo 17 bis de la ley 13.928 -texto según ley 14.192-, pues sólo en tales supuestos tiene efecto la regla allí establecida en punto a la especialidad de la competencia material para resolver acerca de la admisibilidad y procedencia de los recursos de apelación que se interpongan en estos juicios (cfr. causas B. 72.870, "Padrón", resol. de 4-XII-2013; B. 73.112, "Fisco de la Provincia de Bs. As. c/ Bahía Vito SRL", resol. de 4-VI-2014; B. 73.096, "ONG para el Cuidado del Medioambiente", resol. de 25-VI-2014; B. 73.140, "Armán", resol. de 12-XI-2014; B. 74.116, "Arosteguy", resol. de 11-V-2016 y B. 75.378, "Bleser SRL", resol. de 21-XI-2018).
El conflicto -acotado a la determinación de si se trata del supuesto contemplado por la norma antes mencionada- debe resolverse en este estado liminar del proceso, aún cuando -según lo resuelto por la magistrada previniente- pueda encontrarse comprometida la jurisdicción federal, porque la dilación en la tramitación del recurso deducido -aunque no sea uno de aquellos enumerados en el art. 16 de la norma que rige la materia- atenta contra la propia naturaleza de la acción de amparo, entendida como una vía urgente y expedita, en cuyo marco los tribunales se encuentran facultados para acelerar el trámite mediante la adopción de formas sencillas que se adapten a la naturaleza de la cuestión planteada (conf. art. 25, ley 13.928).
V. Sentado ello, sobre la base de lo dispuesto por el art. 17 bis de la ley 13.928 -texto según ley 14.192- y teniendo en consideración que la pretensión que se dirige contra el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud local “y/o contra quien corresponda”, consiste en obtener la declaración de inconstitucionalidad, o bien la nulidad absoluta de una serie de artículos de la ley nacional 27.610, conforme lo dispuesto en el art. 387 del Código Civil y Comercial de la Nación, corresponde resolver cual de los órganos de alzada es el competente para decidir.
El hecho de que se demande a la Provincia de Buenos Aires no basta para determinar la competencia de la Cámara del Fuero Contencioso Administrativo porque, para que ello suceda, es necesario que el amparo se dirija contra acciones u omisiones de alguno de sus órganos, en el ejercicio de funciones administrativas, lo que claramente no sucede en este supuesto. En el muy extenso escrito inicial no se hace referencia alguna a que la demanda tenga por objeto alguna acción u omisión, en el ejercicio de la función administrativa, por parte de algún órgano de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que se persigue en este juicio, según lo expresamente manifestado por los actores es que, ejerciendo el control difuso de constitucionalidad que nuestro ordenamiento confiere a cualquier juez (ver págs. 153/164 de la demanda), sin cuestionar ningún acto u omisión de alguna autoridad de la Provincia, el Poder Judicial local declare la inconstitucionalidad de una ley dictada por el Congreso de la Nación.
Siendo así, para determinar el órgano que habrá de entender en instancia de apelación la regla es la que consagra el art. 38 de la ley 5.827. Es decir, que el recurso debe ser resuelto por la alzada natural del juzgado de origen, con independencia de una concreta especialización material de los jueces (doctr. causas B. 72.432, "Ongaro", resol. de 21-VIII-2013; B. 73.316, "Magliano", resol. de 29-XII-2014; B. 73.124, "Loyacone" y B. 73.317, "Falamir", ambas resol. de 12-XI-2014; B. 73.558, "Muszkat", resol. de 21-X-2015; B. 74.576, "M., M. I.", resol. de 8-II-2017; B. 74.724, "Municipalidad de General Pueyrredon", resol. de 28-VI-2017; B. 75.040, "Sánchez", resol. de 20-XII-2017 y B. 76.329, "Georgudakis", resol. de 29-IV-2020).
VI. Por último, con la finalidad de evitar futuras demoras, dado el carácter autónomo de la pretensión de inconstitucionalidad contenida en la demanda, se estima oportuno dejar establecido que en el caso no se encuentra afectada la competencia originaria que a esta Suprema Corte le atribuye el art. 161 inc.1 de la Constitución de la Provincia ya que, como se ha resuelto con reiteración, ella no se extiende a los casos que tienen por objeto normas que no han sido dictadas por autoridades locales (doctr. causas B. 58.835 "Curieses", resol. de 3-II-98; I. 2098 "Sencar", resol. de 24-VI-97; I. 2401 "Ginestet", resol. de 7-V-2002; I. 68.475 "Afirmación para una República Igualitaria", sent. de 2-III-2011; I. 68.403 "Aramburu", resol. de 5-X-2011; B. 71.847 "Reciclar SA", resol. de 27-VI-2012; B. 71.959 "Turchi", res. de 4-VII-2012; I. 2021 "Municipalidad de San Isidro", sent. de 27-VIII-2014; B. 73.095 "Axat Della Croce", resol. de 20-XI-2014; I. 73.998 "Sindicato de Personal de Reposición Externa y Merchandising", resol. de 24-V-2016 e I 74.725, "Miño Domínguez", resol. de 7-II-2018, e.o.).
VII. Sobre la base de lo expuesto, corresponde que sea la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Junín el órgano que continúe conociendo en las presentes actuaciones.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Dejar establecido que en el caso no se encuentra afectada la competencia originaria que a esta Suprema Corte le atribuye el art. 161 inc.1 de la Constitución de la Provincia
2. Declarar la competencia de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Junín para conocer y decidir en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora con fecha 9 de febrero de 2021 (arts. 7 inc. 1, CCA; 16 y 17 bis, ley 13.928 -texto según ley 14.192- y 38, ley 5.827). Por Secretaría, se radicará electrónicamente el expediente para la prosecución del trámite de la causa ante ese Tribunal.
Hágase saber lo que aquí se resuelve a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/04/2021 12:33:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/04/2021 12:47:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/04/2021 12:49:29 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/04/2021 12:53:52 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/04/2021 13:26:28 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/04/2021 13:38:31 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia