Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76655
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora para continuar conociendo en el asunto. Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las presentes actuaciones que serán acumuladas al expediente B. 76.656 "Belcastro", debiéndose dar cumplimiento a lo establecido en la Acordada 3660/13 en lo que fuere necesario (cfr. art. 7 inc. 1, CCA).
Comunicar lo que aquí se decide al Juzgado de Familia Nº8 con asiento en Banfield y al Juzgado de Familia Nº 2 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, mediante oficio al estilo.
B.76.655 “BELCASTRO SILVIA CRISTINA C/ ALTA GROUP S.A. Y OTROS S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. La señora Silvia Cristina Belcastro y un grupo de vecinos del Barrio Villa Ofelia de la localidad de Monte Chingolo deducen, en vista de los derechos e intereses colectivos en juego, acción de amparo ambiental contra la Municipalidad de Lanús -en su carácter de autoridad contratante- y las empresas "ATIS SA" y "ELOVA SA", a fin de que no se haga efectiva, por sus efectos contaminantes nocivos para la salud de la comunidad, la instalación de una antena de telefonía celular a realizarse en un terreno contiguo al hogar de una de las accionantes ubicado en la Avenida Donato Álvarez al 5100 del Partido de Lanús.
Al respecto, relatan una situación análoga acaecida en el año 2018 en distintas zonas de Monte Chingolo, cuando se habría intentado llevar a cabo la instalación de la misma antena pero que, ante los "...claros y severos problemas para la salud" y la ausencia de un informe de impacto ambiental, los vecinos se opusieron. En tanto que, en esta oportunidad, la comuna habría otorgado a las empresas la autorización correspondiente para el funcionamiento de la antena en cuestión sin haber respetado el principio de precaución que establece el artículo 4 de la Ley General del Ambiente 25.675 y sin que se haya transitado por el procedimiento de "Evaluación de Impacto Ambiental" (EIA), dejando entrever el incumplimiento, como garante del ambiente, por parte del Estado.
En ese marco argumental es que solicitan, como medida cautelar, se arbitren los medios para que las empresas "...suspendan la instalación y el funcionamiento" de la antena de telefonía celular (cfr. escrito electrónico de fecha 16-IX-2020).
II. La causa se inició ante el Juzgado de Familia Nº8 con asiento en Banfield, perteneciente al Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Su magistrado a cargo, por razón del territorio -dado "...el domicilio de la actora" y el lugar donde se desarrolla el conflicto de autos-, declinó su competencia, ordenando, por consiguiente, la remisión de los obrados a la Receptoría de Expedientes Descentralizada del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús con asiento en Lanús (cfr. resol. electrónica de fecha 16-IX-2020).
De ese modo, las actuaciones fueron adjudicadas al Juzgado de Familia Nº2 de aquel departamento judicial, el cual rehusó la competencia endilgada por su par preactuante. Advirtió que la presente acción, más allá del "... nomen iuris " que la actora le asigna, trata de un amparo por mora, en tanto es promovida con la finalidad de obtener una respuesta ante la omisión en el cumplimiento de aquellas disposiciones normativas de carácter ambiental de uno de los sujetos enumerados en los artículos 166, quinto párrafo, de la Carta local y 1 inciso 1 del Código Contencioso Administrativo. Por tal motivo, y reforzando su postura en el artículo 35 de la ley 11.723, coligió que las actuaciones debían tramitar por ante el fuero especializado (véase resol. electrónica de fecha 18-IX-2020).
Así las cosas, los obrados recayeron en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, cuya titular, en atención a la vía seleccionada por los accionantes -amparo- y al sorteo realizado de conformidad con las resoluciones de este Tribunal 1358/06 y 1794/06, se declaró incompetente. En vista de ello -"...aunque la competencia material en vía ordinaria pudiera atribuirse al fuero contencioso administrativo"-, le devolvió las actuaciones al juzgado remitente (cfr. resol. electrónica de fecha 6-X-2020).
Este último, al insistir con su postura, planteó la contienda negativa y elevó el expediente a esta Suprema Corte, a los fines de que sea ésta la que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7 inciso 1 del código adjetivo, dirima la cuestión competencial aquí suscitada (resol. de fecha 6-X-2020, obrante en el expediente electrónico).
III. En la especie, la naturaleza del reclamo (amparo ambiental ante la omisión de la comuna de Lanús en el cumplimiento de aquellas previsiones legales que rigen para la tutela ambiental, según se desprende del relato efectuado en los apdos. I y II del escrito inicial de fecha 16-IX-2020) determina que la causa deba seguir tramitando por ante el fuero especializado.
En efecto, esta Corte ha destacado, con reiteración, la necesidad de armonizar las acciones de amparo de contenido medioambiental con las disposiciones de los artículos 34 y 35 de la ley 11.723, que establecen que cuando a consecuencia de acciones del Estado se produzcan daños o pudiera derivarse una situación de peligro al ambiente y/o recursos naturales ubicados en territorio provincial, luego de un trámite administrativo previo, los legitimados allí individualizados "...quedarán habilitados a acudir ante la justicia con competencia en lo contencioso administrativo, que dictaminará sobre la legalidad de la acción u omisión cuestionada".
De allí que, en supuestos como el presente, no correspondía efectuar el sorteo para la asignación de las acciones de amparo que establecen las resoluciones traídas a colación, sino que por tratarse de un caso que le compete decidir a los órganos del fuero contencioso administrativo, se debió haber adjudicado al juzgado materialmente competente (doctr. causas B. 68.566, "Gonzalez", resol. de 3-V-2006; B. 71.068, "Ávila", resol. de 3-XI-2010; B. 71.816, "La Diana SA", resol. de 21-XII-2011; B. 71.884, "Savastejko", resol. de 27-VI-2012; B. 72.006, "Feito", resol. de 6-XI-2012; B. 72.365, "Bastons", resol. de 22-V-2013; B. 73.096, "Organización No Gubernamental Para el Cuidado del Medioambiente", resol. de 25-VI-2014; B. 74.448, "Asociación Civil Foro Medioambiental", resol. de 15-XI-2016; B. 74.491, "Mancuso", resol. de 7-XII-2016; B. 75.000, "Iparaguirre", resol. de 14-II-2018; B. 75.781, "Sama", resol. de 22-V-2019 y B. 76.520, "Fernández", resol. de 23-XI-2020, e.o.).
IV. Sin perjuicio de lo expuesto, no es posible evitar reparar en la triple identidad de sujeto, objeto y causa que exhiben estas actuaciones con relación al amparo por mora -iniciado el 23 de septiembre del presente año (cfr. surge de los obrados electrónicos)- que diere lugar al incidente de competencia en el expediente B. 76.656 "Belcastro" (arts. 87, 88 y 188, CPCC), lo cual pone en evidencia la existencia de una situación de litispendencia que los propios accionantes han generado.
En tal sentido, este Tribunal tiene expresado que esta situación se produce cuando existe otro proceso pendiente entre las mismas partes, en virtud de la misma causa y por el mismo objeto, es decir, frente a la coetaneidad de dos pretensiones cuyos elementos son idénticos. Esto implica, de acuerdo con la doctrina más plausible, que se trata de un caso típico de “litispendencia por conexidad”, en la cual los caracteres de la “triple identidad” de sujeto, objeto y causa puede dar lugar a que la sentencia a dictarse en uno de los procesos pueda producir efectos de cosa juzgada en el otro (doctr. causas B. 56.052 “Torga”, sent. de 9-V-2001; B. 64.770, “Sampayo”, resol. de 20-VI-2007; B. 67.273 "PCO", resol. de 3-XII-2008), siendo la acumulación de procesos imprescindible (doctr. causas B. 55.121 “Riblam”, sent. de 18-XI-97; B. 53.841, “Trevisiol Hnos. SA”, sent. de 27-XII-2002; B. 63.508, “Margaria”, resol. de 21-XI-2005; B. 73.096, cit.; B. 65.566, "Comaco SA", resol. de 6-V-2015; B. 74.314, "Municipalidad de Carlos Casares", resol. 17-VIII-2016; B. 76.209, "Martín", resol. de 13-XI-2019 y CSJN Fallos 319:1397; 323:3546; 325:2848; 327:2746), aún más tratándose de la "...particular incidencia en los supuestos de demandas vinculadas a la tutela del medio ambiente" (doctr. causas B. 74.563, "Viglianchino", resol. de 22-III-2017 y B. 74.827, "Asociación Inquietudes Ciudadanas", resol. de 6-IX-2017).
Bajo estos parámetros, resulta evidente que en el presente caso se verifica la situación contemplada en el artículo 188 del código adjetivo, puesto que ambas demandas -además de su palmaria semejanza, no obstante las distintas calificaciones otorgadas por los accionantes- están dirigidas contra las mismas empresas y el Municipio de Lanús, persiguiendo un objeto común relativo a evitar la instalación de una antena de telefonía celular por sus potenciales efectos nocivos para los vecinos de la localidad de Monte Chingolo.
V. Por lo que, siendo tal la conexidad e interdependencia que media entre los dos procesos que llegan a conocimiento de este Tribunal, todo lo cual requiere de una solución como la propiciada, corresponde declarar la competencia de la jueza en lo contencioso administrativo y ordenar la acumulación de ambos procesos. Ello, claro está, sin perjuicio de lo que la magistrada pueda resolver en punto a la eventual incorporación de nuevos actores al proceso y al alcance de sus pretensiones, todo ello recurriendo a las potestades ordenatorias que la legislación ambiental le confiere con amplitud (cfr. art. 32, ley 25.675 y CSJN Fallos: 336:997).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora para continuar conociendo en el asunto. Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las presentes actuaciones que serán acumuladas al expediente B. 76.656 "Belcastro", debiéndose dar cumplimiento a lo establecido en la Acordada 3660/13 en lo que fuere necesario (cfr. art. 7 inc. 1, CCA).
Comunicar lo que aquí se decide al Juzgado de Familia Nº8 con asiento en Banfield y al Juzgado de Familia Nº 2 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, mediante oficio al estilo.
Regístrese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/02/2021 14:25:58 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2021 12:46:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/04/2021 22:08:37 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/04/2021 10:12:32 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/04/2021 11:45:01 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia