Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76811
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Azul con asiento en la ciudad de Tandil para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
B.76.811 “OROZ, JUAN CRUZ Y OTRO/A C/ MUNICIPALIDAD DE BENITO JUAREZ S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. El señor Juan Cruz Oroz, por derecho propio y en representación del señor José Gerardo Oroz, promueve acción de amparo contra la Municipalidad de Benito Juárez, con el objeto de que se autorice de manera inmediata el traslado e ingreso al primero de los accionantes a la localidad de Villa Cacique a fin de brindarle la asistencia adecuada y necesaria a su padre, mayor de edad, conforme lo dispuesto en el art. 6 inc. 5 del decreto 297/20.
Relata que el día 6 de septiembre de 2020, cuando se dirigía desde la ciudad de Tandil al domicilio de su padre sito en Villa Cacique con el único propósito de controlar el estado de salud de este último y entregarle alimentos y ciertos medicamentos, el personal del puesto de control sanitario local le denegó -a su entender arbitrariamente- el acceso por expresa orden del Intendente y la Delegada comunal. Como consecuencia de ello, alega que se encuentra vulnerado el derecho a la salud y a la vida digna del señor José Gerardo Oroz.
Finalmente, requiere el dictado de una medida cautelar que coincide sustancialmente con la pretensión esgrimida en la acción principal.
II. Con arreglo al régimen de sorteos vigente para los juicios de amparo, el presente fue adjudicado al Juzgado de Familia N°2 del Departamento Judicial de Azul con asiento en la ciudad de Tandil, cuyo titular se inhibió de entender en el asunto tras constatar en la Mesa de Entrada Virtual (MEV), ante la recusación sin causa efectuada por el accionante en el punto XIII de su escrito postulatorio, que existía otro pleito con idéntico objeto y partes, en donde había mediado pronunciamiento expreso respecto de la tutela precautoria aquí requerida. En virtud de ello, entendió que devenía aplicable lo previsto en el art. 3 in fine de la ley 13.928 (v. resol. de 15-IX-2020).
Recibidas las actuaciones por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3, su magistrada no aceptó la competencia que le fuera endilgada por considerar que no era dable acudir a la regla de prevención por conexidad invocada, toda vez que el expediente homónimo que tramitara por ante dicho órgano concluyó el día 11 de septiembre de 2020, luego de que el señor Juan Cruz Oroz desistiera del proceso incoado.
Así, teniendo en consideración el lugar de los hechos denunciados, estimó que correspondía girar los obrados a la Receptoría General de Expedientes departamental, para que se efectuara un nuevo sorteo entre los juzgados con asiento en la ciudad de Azul. Ahora bien, pese a decidir de aquel modo y ante la urgencia que el caso ameritaba, hizo lugar a la medida cautelar solicitada (v. resol. de 17-IX-2020).
De esta manera, resultó designado el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1. Sin embargo, su titular se rehusó a intervenir en la controversia en la inteligencia de que en autos se había suscitado una contienda negativa de competencia e invitó a la jueza remitente a elevar los obrados a este Tribunal para que la resuelva. A todo evento, sostuvo que por razones de proximidad territorial se encontraban en mejores condiciones de resolver la cuestión los magistrados de la ciudad de Tandil o, incluso, de Benito Juárez (v. resol. de 19-XI-2020).
Devueltas las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 de la ciudad de Tandil, éste mantuvo su primigenia postura. En consecuencia, planteó formalmente la contienda negativa y la sometió ante esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. Este Tribunal ha resuelto que corresponde, en las acciones de amparo, apartarse del sistema de adjudicación mediante sorteo ante "cualquier juez" establecido por las resoluciones N°1358/06 y 1794/06 y decretar la competencia del juzgado en el cual medió prevención, cuando el objeto del primigenio proceso guarda suficiente relación de conexidad con la pretensión del amparo deducida por esa vía con posterioridad (doctr. causas B. 69.446, "Damasauskas", resol. de 4-VI-2008; B. 70.166, "Bani", resol. de 26-VIII-2009; B. 71.460, "Pérez", resol. de 17-VIII-2011; B 73.542, "C., L. A.", resol. de 29-XII-2014 y B. 76.421, “Vignoles”, resol. de 20-V-2020).
También señaló que, en la aplicación de la regla de prevención por conexidad sentada en el art. 3 in fine de la Ley de Amparo, era necesario tener en cuenta que, para su viabilidad, debían necesariamente concurrir las circunstancias allí especificadas; esto es, que las acciones versen sobre un mismo hecho, acto u omisión, lo que no acontece cuando varía el colectivo de amparados sobre los cuales se requiere la tutela jurisdiccional urgente (doctr. causas B. 73.301, "Villordo", resol. de 24-IX-2014 y B. 73.292, "Garate", resol. de 19-II-2015) o el objeto de ambas pretensiones difiere de manera ostensible (doctr. causas B. 73.384, "Ávalos" y B. 73.386, "Romano", ambas resol. de 3-XII-2014 y B. 73.869, "Centro de Estudios Legales y Sociales", resol. de 30-IX-2015).
Por último, es dable recordar que para que la acumulación de procesos resulte procedente, la relación de conexidad que los una debe ser "actual" -es decir, los litigios deben encontrarse pendientes de resolución-, dado que si uno de ellos estuviese terminado se obstaría su reunión (doctr. causas Ac. 62.588, "Ferreira", resol. de 2-IV-1996; B. 63.508, "Margaria", resol. de 23-XI-2005; B. 65.566, "Comaco SA", resol. de 6-V-2015; B. 74.314, "Municipalidad de Carlos Casares", resol. de 17-VIII-2016; B. 75.844, "Magallanes", resol. de 22-V-2019; B. 76.209, "Martín", resol. de 13-XI-2019 y B. 76.449, "Palotta", resol. de 23-XI-2020).
IV. En la especie, cabe ponderar que el señor Juan Cruz Oroz promovió, sucesivamente, dos acciones de amparo con idéntico objeto. Así, el presente pleito fue incoado con fecha 15 de septiembre de 2020, luego de que el día 11 del mismo mes y año se dispusiera el archivo de la causa que tramitara por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 con asiento en la ciudad de Tandil, ante el desistimiento del proceso formulado por el aquí actor luego de que la jueza interviniente no hiciera lugar a la medida cautelar peticionada en la demanda.
En este sentido, sin perjuicio que esta Corte ha sostenido, en casos análogos, que ante la duda debe estarse a la "voluntad de la demandante" a los fines a de atender eficazmente a la garantía de acceso a la tutela judicial continua y efectiva que consagra el artículo 15 de la Constitución de la Provincia (doctr. causas B. 73.747, "D.R.M.M.", resol. de 12-VIII-2015; B. 74.223, "Quines", resol. de 22-VI-2016; B. 76.187, "González", resol. de 30-X-2019 y B. 76.221, "Ruberti", resol. de 11-XII-2019), deviene necesario valorar la conducta de quien accionó reeditando la cuestión días después de haber expresamente manifestado su voluntad de no continuar con la controversia en trámite, luego de que se despachara negativamente su petición de medida cautelar. Ello, junto a la recusación sin causa de la magistrada a cargo del juzgado del fuero civil y comercial que previno, planteada en el punto XIII del escrito postulatorio que diera inicio a este juicio.
En efecto, a la luz de las premisas reseñadas, no es dable atribuir el efecto deseado por el demandante al desistimiento y recusación efectuada, toda vez que tal proceder contraría los principios de lealtad, probidad y buena fe procesal que rigen toda contienda (arg. art. 34 inc. 5 ap. “d”, CPCC). Esta circunstancia, permite sortear el recaudo temporal arriba mencionado, toda vez que la falta de actualidad de la relación de conexidad entre ambos procesos es solo aparente.
Es que, si bien este Tribunal ha expresado que la amplia atribución de competencia consagrada en el artículo 20 inciso 2 de la Constitución provincial en favor de "cualquier juez" se conjuga con el artículo 3 de la ley 13.928, que establece que intervendrá en la acción de amparo el órgano judicial "con competencia en el lugar donde el hecho, acto u omisión cuestionado tuviese o hubiese de tener efectos", dando cuenta de la intención legislativa de confiar la decisión a quien, por su localización, cabe suponer en mejores condiciones de resolver la cuestión, la aplicación de tal criterio en el caso particular podría conllevar -e indirectamente, aceptar- la presunta elección del fuero más conveniente.
V. Por lo expuesto, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3, con asiento en la ciudad de Tandil, del Departamento Judicial de Azul, el órgano que continúe conociendo en las presentes actuaciones.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Azul con asiento en la ciudad de Tandil para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
Hágase saber de lo aquí resuelto al Juzgado de Familia N°2 con asiento en la ciudad de Tandil y al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Azul, ambos del mismo departamento judicial.
Regístrese y ofíciese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/05/2021 11:20:24 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2021 12:18:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2021 13:23:52 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2021 20:36:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/05/2021 14:00:51 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia