Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77242
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°7 del Departamento Judicial de San Isidro para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
B.77.242 “DESARROLLOS EDUCATIVOS S.A. C/ ESTADO NACIONAL Y OTRO/A S/ AMPARO - CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. La firma Desarrollos Educativos SA, en su carácter de propietaria del establecimiento denominado “Colegio Los Robles” (DIPREGP N° 8220), promueve acción de amparo contra el Estado Nacional y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se dejen sin efecto las medidas dispuestas por el decreto nacional de necesidad y urgencia 241/2021, relativas a la suspensión del dictado de clases y actividades educativas no escolares presenciales, en centros de gestión pública o privada, en todos los niveles y en todas sus modalidades, desde el día 19 hasta el día 30 de abril inclusive. En virtud de ello, solicita se ordene a la Provincia demandada autorizar la apertura del establecimiento educacional sito en la calle Sor Teresa N°899 de la localidad de Pilar.
Afirma que la presencialidad en la actividad escolar y educativa en general, cumpliendo con los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias nacionales, provinciales y municipales al efecto, no ocasiona la propagación de la pandemia del virus SARS-CoV-2.
Asimismo, sostiene que la ausencia de clases presenciales genera un riesgo para la salud física y psicológica de los niños, niñas y adolescentes. Sobre el punto, resalta que la situación se agrava en los casos de grupos vulnerables y de menores recursos. En este sentido, alega que la concurrencia efectiva a los centros educativos no sólo permite la comprensión de contenido académico, sino también posibilita la sociabilización entre quienes conforman la comunidad educativa y refuerza el rol de contención que cumplen los colegios.
En otro orden, denuncia que la Provincia ha incurrido en una omisión inconstitucional, toda vez que no ha dictado normativa alguna que se contraponga a lo establecido en el mentado decreto y que, frente a lo que entiende ha sido una franca violación a la autonomía provincial, no ha ejercido acción judicial alguna.
Por su parte, controvierte la validez constitucional del precepto impugnado por conculcar los derechos a la educación y a la salud e integridad física y mental de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar que residen en la localidad de Pilar (conf. arts. 14 y 75 inc. 22, Const. nac.) y por no encontrarse reunidos -a su entender- los presupuestos que habilitan el dictado de los decretos de necesidad y urgencia (conf. art. 99, Const. nac.).
Finalmente, peticiona que se ordene con carácter cautelar la suspensión de los efectos del decreto puesto en crisis, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el presente litigio.
Luego, amplía demanda y requiere que se deje sin efecto el decreto 181/2021 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires y la resolución 1208-MJMG-2021 del titular del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, esgrimiendo argumentos análogos a los postulados en su escrito inicial. En consonancia con ello, solicita la extensión de la tutela precautoria antes articulada.
II. La causa se inició ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana -Secretaría Civil N°2-, cuyo titular se inhibió de conocer en el asunto. Para así decidir, compartiendo los fundamentos esbozados por el Fiscal Federal en su dictamen, consideró que el objeto de la pretensión incoada no poseía un contenido federal predominante, toda vez que el Gobierno provincial ya se ha expedido, en el marco de su competencia y de la realidad epidemiológica actual de su jurisdicción, con relación a la cuestión planteada en autos y, por ello, “sería el único obligado y con posibilidades de cumplir con el mandato restitutorio de derechos que se denuncian como vulnerados, en el eventual supuesto de admitirse la presente demanda” (v. resol. de 22-IV-2021 en la expte. n° 4573/2021).
Fue así que las actuaciones fueron giradas a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de San Isidro, resultando designado el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°7 departamental.
Corrida la pertinente vista al Fiscal General de aquel departamento jurisdiccional, la magistrada del cuerpo de suplentes a cargo del mencionado órgano se rehusó a conocer en la controversia por considerar que la actuación lesiva cuestionada provenía de las autoridades nacionales y que la responsabilidad imputada al Estado Nacional requería inexorablemente la interpretación de normas de alcance federal (arts. 99 inc. 3, 116 y 128 Const. nac.). Por ende, estimó que quedaba determinada la intervención de la justicia federal. A esto, añadió que la pretensión guardaba relación apenas mediata con la conducta seguida por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires en el marco del dictado de los decretos 178/2021 y 181/2021 (v. resol. de 28-IV-2021).
Devueltos los obrados al juzgado de origen, éste declaró que, a la fecha en que tomó nuevamente intervención, la cuestión vinculada al decreto 241/2021 se había tornado abstracta por encontrarse cumplido el plazo de vigencia allí fijado, más no así respecto a la normativa provincial en crisis. En consecuencia, decidió elevar el expediente en forma digital a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que dirima la contienda suscitada (v. resol. de 4-V-2021 en la expte. n° 4573/2021).
A su turno, tras compartir los fundamentos y conclusiones del dictamen de la señora Procuradora Fiscal, el Máximo Tribunal nacional decretó que la causa debía ventilarse ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°7 del Departamento Judicial de San Isidro (v. resol. de 24-VI-2021 en el expte. n° 4573/2021/CS001).
Pese a ello, al recibir nuevamente los actuados, la magistrada del cuerpo de suplentes concluyó que el pleito quedaba aprehendido por la cláusula general que define la materia del fuero especializado, puesto que la demanda objetaba conductas y actos emanados de las autoridades provinciales al regular la materia educativa y sanitaria que les es propia y, por consiguiente, el asunto se encontraba atravesado primordialmente por el derecho público local (v. resol. de 8-VII-2021).
De este modo, la causa recayó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 departamental, cuyo titular no aceptó la competencia que le fuera endilgada, en el entendimiento de que el control de especialidad -o material- establecido en el régimen vigente que rige al proceso de amparo únicamente puede predicarse con relación a la jurisdicción de los tribunales de alzada, de acuerdo a lo contemplado en el art. 17 bis de la ley 13.928 -texto según ley 14.912-, pero no en relación al órgano de primera instancia ante el cual debía tramitar el litigio (v. resol. de 8-VII-2021).
Devueltas las actuaciones al juzgado remitente, éste mantuvo su primigenia postura. De esta forma, dio por configurada la contienda negativa y procedió a someterla ante esta Suprema Corte de Justicia en los términos del art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. Dada la forma en la que ha quedado planteada la controversia y toda vez que la presente acción de amparo fue sorteada de conformidad con el sistema establecido en las resoluciones de esta Suprema Corte 1358/06 y 1794/06, cuya vigencia fue ratificada por resolución 957/09 del 15 de abril de 2009 y en razón de lo normado por los artículos 20 inciso 2 de la Constitución provincial y 1 y 3 de la Ley de Amparo, corresponde declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°7 del Departamento Judicial de San Isidro para entender en el presente caso (doctr. causas B. 72.470, "Noguera", resol. de 5-VI-2013; B. 72.728, "Franzot", resol. de 11-IX-2013; B. 72.809, "Arrozeres", resol. de 13-XI-2013; B. 73.945, "Ramírez", resol. de 2-XII-2015; B. 74.115, "Massa", resol. de 18-V-2016; B. 74.222, "Miracola", resol. de 22-VI-2016; B. 74.449, "Yan", resol. de 15-XI-2016; B. 75.061, "Coyanis", resol. de 21-II-2018; B. 75.380, "Asian", resol. de 4-VII-2018; B. 75.409, "N.,F.M.", resol. de 15-VIII-2018; B. 75.442, "Pelusso", resol. de 10-X-2018; B. 75.626, "Giannitti", resol. de 19-XII-2018; B. 75.765, "Montes de Oca", resol. de 24-IV-2019; B. 75.914, "Dain East Clotha SRL", resol. de 14-VIII-2019; B. 76.083, "Verbic", resol. de 25-IX-2019; B. 76.155, "Abregu" y B. 76.158, "Nosei", ambas resol. de 23-X-2019; B. 76.187, "González", resol. de 30-X-2019; B. 76.282, "Argento", resol. de 26-XII-2019; B. 76.349, "García", resol. de 15-IV-2020; B. 76.650, "Limardo", resol. de 21-X-2020; B. 76.663, "G.L.,M.J." y B. 76.761, "Paulenas", ambas resol. de 23-II-2021 y B. 76.917, "Q.,O.D.", resol. de 9-IV-2021, e.o.).
IV. Hace aproximadamente quince años que esta Suprema Corte dictó las resoluciones que establecen el procedimiento que debe seguirse para la asignación de las acciones de amparo, ordenando que se haga un sorteo entre todos los órganos jurisdiccionales de primera o única instancia de los fueros civil y comercial, penal, laboral, familia, menores y contencioso administrativo.
Ello no obstante, como puede constatarse en este caso y en muchos otros que llegan a conocimiento de esta Corte para que dirima conflictos de competencia, es frecuente que los magistrados que no integran el fuero contencioso administrativo, rehúsan conocer en esta clase de acciones con el único argumento de que los hechos que motivan su interposición subsumen en la cláusula general que define la materia contencioso administrativa (arts. 166, Const. prov. y 1, ley 12.008).
Tal temperamento resulta contrario a lo dispuesto por los arts. 20 de la Constitución provincial, 3 de la ley 13.928 y las resoluciones 1358/06, 1794/06 y 957/09 antes referidas y resta eficacia a la acción de amparo, obstaculizando la tutela judicial continua y efectiva que consagra el art. 15 de la Carta local.
Ante ello, se estima oportuno recordar a la totalidad de los jueces que de acuerdo a esas disposiciones son competentes para resolver en el ámbito de esta garantía fundamental, la plena vigencia del plexo de normas antes referido.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°7 del Departamento Judicial de San Isidro para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
Hágase saber de lo aquí resuelto al Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 departamental.
Publíquese en el sitio oficial.
Regístrese y ofíciese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/08/2021 21:13:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2021 21:15:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/08/2021 21:40:40 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2021 21:42:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2021 22:20:45 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia