Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77210
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Familia Nº1 del Departamento Judicial de La Matanza, al que se le radicarán los obrados en formato electrónico para la continuación de su trámite (art. 7 inc. 1, CCA).
Asimismo, comuníquese lo resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del departamento judicial homónimo, mediante oficio al estilo.
B.77.210 “PASCUAL APARICIO JORGE C/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Y OTRO/A S/ AMPARO - CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12008”
I. El señor Jorge Aparicio Pascual deduce acción de amparo contra el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (DGCyE) -en su carácter de empleadora-, con el objeto de que se le otorgue, por el primero de los demandados, "...fecha cierta de alta al pago del beneficio de jubilación" y que, consecuentemente, le sea emitida, por el segundo de ellos, la "certificación final de servicios de cobro", para dar por finalizada sus labores como docente que habría prestado por el lapso de 52 años.
Detalla que, con ese fin, comenzó en el año 2012 los respectivos trámites jubilatorios, para lo cual se atuvo al régimen previsto en la ley 14.255 que establecía una modalidad de cierre de cómputos, de manera que debía "...seguir trabajando, hasta tanto se obtenga resolución de jubilación definitiva por parte del Instituto Previsional".
Comenta que, con posterioridad a efectuar reiteradas presentaciones de pronto despacho en la instancia administrativa, el IPS se expidió respecto de su situación recién en el año 2015 por medio de la resolución 807436/15. Aduce que una vez notificado el acto resolutivo, articuló un recurso de revocatoria con jerárquico en subsidio, ya que aquél no habría reflejado la realidad de su desempeño laboral.
Refiere que, en atención a la constante falta de respuesta (tanto en el recurso como en su opción de atenerse al mentado régimen jubilatorio) por parte del ente previsional, el 25 de febrero de 2019 instó actuaciones judiciales por la vía del amparo por mora, formándose, a esos efectos, el expediente caratulado "Pascual, Aparicio Jorge c/ Ministerio de Economía - Instituto de Previsión Social s/ Amparo por Mora", el cual quedó radicado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 de La Matanza bajo el Nº6752/19.
Afirma que a pesar de la sentencia dictada por el magistrado de dicho órgano -que motivó a que el organismo demandado dictara la resolución Nº932610- su trámite previsional seguiría inconcluso y que en razón de esta situación promueve la presente acción de amparo.
II. La causa fue sorteada de conformidad con el régimen aplicable, resultando adjudicado el Juzgado de Familia Nº1 de dicha jurisdicción territorial.
Advirtiendo la estrecha vinculación que estas actuaciones guardarían con lo resuelto por el juzgado del fuero especializado en el amparo por mora, su titular se declaró incompetente. Y tras denegar el pedido de medida cautelar, le giró las actuaciones para que conozca también en este proceso (conf. sent. interlocutoria de fecha 11-VI-2021).
Al recibirlas, el juez en lo contencioso administrativo resistió la atribución de competencia con fundamento en los artículos 20 inciso 2 de la Carta local y 3 de la ley 13.928, como así también en las resoluciones de esta Corte al respecto. Además de ello, trazó marcadas diferencias entre la acción de amparo y el amparo por mora, dato que -remarcó- disipaba cualquier riesgo de pronunciamientos contradictorios.
Con sustento en esa postura, planteó formalmente un conflicto de competencia, elevando los autos a esta Suprema Corte de Justicia para que, en orden a lo dispuesto por el artículo 7 inciso 1 del Código Contencioso Administrativo, sea dirimido (v. resol. de fecha 17-VI-2021, obrante en el expediente electrónico).
III. En diversos pronunciamientos este Tribunal ha dicho que corresponde apartarse del sistema de adjudicación mediante sorteo ante "cualquier juez" establecido por las resoluciones 1358/06 y 1794/06 (art. 20 inc. 2, Const. prov.) y decretar la competencia del juzgado en el cual medió prevención, cuando el objeto del primer proceso guarda suficiente relación de conexidad con la pretensión del amparo deducido con posterioridad (doctr. causas B. 69.446, "Damasauskas", resol. de 4-VI-2008; B. 70.166, "Bani", resol. de 26-VIII-2009; B. 71.460, "Pérez", resol. de 17-VIII-2011; B. 73.452, "C., L. A.", resol. de 29-XII-2014; B. 73.554, "Tiro Federal Argentino", resol. de 29-IV-2015; B. 75.165, "Rojas", resol. 4-VII-2018 y B. 76.449, "Palotta", resol. de 23-XI-2020, e.o.).
Sin embargo, conforme surge de los escritos iniciales presentados por el demandante en los dos litigios, resulta claro que, pese a su relación, ambas pretensiones difieren en su objeto.
Ello así, por cuanto en el amparo por mora el actor se ciñó a requerir -como no podía ser de otra manera- que el IPS se expidiese definitivamente, ya sea denegando o admitiendo su reclamo jubilatorio. Es decir, la acción se dedujo en aquel entonces con el único fin de apurar el acto administrativo que resuelva el recurso articulado contra la resolución 807436/15. Además, cabe tener en cuenta que en dicho proceso recayó sentencia estimatoria el 1° de julio de 2019 (según surge de la consulta realizada en la MEV).
A diferencia de lo allí pretendido, en la presente acción se persigue -por vía del amparo en sentido propio y de una medida cautelar- el cumplimiento sustancial de la prestación previsional en los términos que la parte actora estima apropiados, involucrando tanto al IPS (para que se lo condene al pago de los haberes jubilatorios) como a la DGCyE (para que expida un certificado de cese de servicios).
IV. Así las cosas, como ya se ha resuelto, no existe prevención en los términos del art. 3 in fine de la Ley de Amparo cuando el primigenio proceso ha sido meramente instrumental, lo que implica que entre éste y el segundo sus objetos difieran ostensiblemente (doctr. causas B. 73.384, “Ávalos” y B. 73.386, “Romano”, resols. de 3-XII-2014).
Por lo tanto, en tales circunstancias no se presentan las condiciones para excepcionalmente eludir la regla general de asignación de expedientes mediante sorteo aplicable en la especie.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Familia Nº1 del Departamento Judicial de La Matanza, al que se le radicarán los obrados en formato electrónico para la continuación de su trámite (art. 7 inc. 1, CCA).
Asimismo, comuníquese lo resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del departamento judicial homónimo, mediante oficio al estilo.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/09/2021 18:41:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/09/2021 20:04:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/09/2021 12:07:14 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2021 09:29:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2021 09:40:09 - SOUSA Liliana Eva - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia