Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77372
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Garantías Nº6 del Departamento Judicial de La Plata para seguir interviniendo en el asunto (cfr. art. 7 inc. 1, CCA).
Mediante oficio de estilo, hágase saber lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº3 departamental.
B.77.372 “FRAVEGA SACIEI C/ AGENCIA DE RECAUDACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (ARBA) S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. La empresa Fravega SACIEI, a través de su apoderado y por considerar vulnerados sus derechos constitucionales a la propiedad y a ejercer industria lícita, deduce acción de amparo contra la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), con el objeto de que se ordene a esta última a fijar en cero la alícuota de retenciones y percepciones en relación al impuesto sobre los ingresos brutos (IIBB) del cual resulta sujeto obligado la firma. Ello sería así, para que una vez consumido el saldo a favor que a los fines del pago del tributo tiene actualmente, se la fije en el porcentaje habitual y normal del 1,5%. Hace hincapié en que, al mes de agosto del corriente año, el saldo a favor en cuestión supera los mil quinientos millones de pesos, lo que le genera gravísimos problemas financieros y podría derivar en su quiebra, al no poder disponer de semejante volumen de recursos, que se retiene por el Fisco y queda inmovilizado para atender el pago del impuesto en cuestión.
Pide que el expediente se radique en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 3 del Departamento Judicial de La Plata, en razón de la íntima conexión entre lo pretendido en el amparo y el juicio de apremio que tramitara en el mencionado juzgado, en el que por esa vía se ejecutó una deuda de $116.253,07 surgida del título ejecutivo Nº466.837.
Refiere que, a pesar de haber cancelado la deuda que diera origen al juicio de apremio (efectuando el correspondiente depósito y dación de pago) y de haberse notificado de tal situación a la ARBA, continúa figurando en el registro de deudores, circunstancia ésta que la ubica en la categoría de "alto riesgo fiscal", comportando, con ello, un incremento del 5% en el porcentaje de la alícuota de retenciones y percepciones en relación al IIBB.
Entiende, a la luz de principios que rigen la materia tributaria (de legalidad, irretroactividad, igualdad, no confiscatoriedad, equidad, generalidad, solidaridad, capacidad contributiva y certeza, e.o.), que el régimen de incremento de la categoría de riesgo y de las alícuotas que practica la ARBA resulta inconstitucional, además de irrazonable, ya que, por medio "...de una simple reglamentación" (resolución 032/2016), se estarían vulnerando diversos derechos y garantías constitucionales del contribuyente.
Finalmente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Amparo, requiere el dictado de una medida cautelar para que la entidad demandada le fije, por el plazo de 120 veinte días, la alícuota de retenciones y percepciones a tasa cero (cfr. escrito electrónico de fecha 3-IX-2021).
II. Acorde a lo expuesto en la presentación inicial, el expediente se radicó en el mencionado órgano especializado de La Plata.
El magistrado a su cargo no aceptó intervenir en el asunto tras no constatar, sobre la base del artículo 3 in fine de la ley 13.928, la conexidad entre ambos juicios, aludida por la actora.
Agregó, en esa línea argumental, que la utilidad que pueda resultar para un proceso lo actuado en el otro no puede constituir "...razón suficiente para que ambas causas tramiten ante un mismo juez".
En consecuencia, poniendo de relieve el reciente pronunciamiento de esta Suprema Corte recaído en la causa "Desarrollos Educativos SA" donde se reiteró -una vez más- el régimen vigente para la adjudicación de este tipo de procesos, giró los obrados a la Receptoría General de Expedientes departamental para que efectúe el sorteo correspondiente (ver resol. electrónica de fecha 6-IX-2021).
Así las cosas, las actuaciones recayeron en el Juzgado de Garantías Nº6 del Departamento Judicial de La Plata, cuyo titular, reparando en la "...estrecha y directa vinculación" que mediaría entre las presentes con el proceso de apremio, se declaró incompetente oficiosamente.
En razón de ello, y "...a fin de evitar un dispendio jurisdiccional", le reenvío los actuados al juzgado primigenio, considerando, además, que debía intervenir este último por su pertenencia al fuero "...que entiende naturalmente en la materia en la que se basa la presentación" analizada en el sub lite (veáse segundo documento adjunto al escrito electrónico de fecha 24-IX-2021).
Sin embargo, al recibirlos, el juez especializado no estimó atendibles los motivos invocados por su par preactuante, por lo que, luego de rechazar la medida precautoria peticionada en autos por no advertir reunidos los requisitos para su procedencia, tuvo por configurada una contienda negativa de competencia -que, según afirmó, correspondía plantear al magistrado de garantías-, elevándola a este Tribunal a fin de que la resuelva de acuerdo a lo previsto por el artículo 7 inciso 1 del código adjetivo (conf. sent. interlocutoria de fecha 24-IX-2021).
III. En diversos pronunciamientos este Tribunal ha dicho que corresponde apartarse del sistema de adjudicación mediante sorteo ante "cualquier juez" establecido por las resoluciones 1358/06 y 1794/06 (art. 20 inc. 2, Const. prov.) y decretar la competencia del juzgado en el cual medió prevención, cuando el objeto del primer proceso guarda suficiente relación de conexidad con la pretensión del amparo deducido con posterioridad (doctr. causas B. 69.446, "Damasauskas", resol. de 4-VI-2008; B. 70.166, "Bani", resol. de 26-VIII-2009; B. 71.460, "Pérez", resol. de 17-VIII-2011; B. 73.452, "C., L. A.", resol. de 29-XII-2014; B. 73.554, "Tiro Federal Argentino", resol. de 29-IV-2015; B. 75.165, "Rojas", resol. 4-VII-2018 y B. 76.449, "Palotta", resol. de 23-XI-2020, e.o.).
Ahora bien, se advierte que en la especie no se encuentran reunidos los extremos que justifiquen la conexidad pretendida, dado que -conforme surge de la lectura del escrito postulatorio-, las pretensiones esgrimidas en un proceso y otro difieren en su objeto.
Ello así por cuanto en el juicio de apremio seguido por la Provincia contra la aquí actora se perseguía el cobro judicial de créditos fiscales en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos correspondientes al período 03/2006, cuya deuda emerge del título ejecutivo Nº 466.837. A esto, debe adunarse que el litigio ya se encontraba concluido con anterioridad a la promoción de la demanda que ahora ocupa a este cuerpo.
A diferencia de lo allí pretendido, en la presente acción se procura -por vía del amparo en sentido propio- obtener un pronunciamiento que fije en cero la alícuota de retenciones y percepciones de un tributo provincial, por el lapso de cuatro meses, a fin de superar un estado de cosas que la amparista tilda de inconstitucional.
En efecto, mientras en el primer caso se instó el mecanismo de ejecución forzosa previsto en el ordenamiento de rito ante el incumplimiento de pago del mencionado tributo en un determinado período fiscal, en el sub examine se busca alcanzar una tutela que resguarde cabalmente los derechos constitucionales que se entienden vulnerados.
IV. Sobre tales bases, toda vez que en el caso no median razones que justifiquen apartarse del sistema de adjudicación establecido por las resoluciones N° 1358/06 y 1794/06, corresponde que sea el Juzgado de Garantías Nº6 del Departamento Judicial de La Plata el órgano que continúe conociendo en la controversia.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Garantías Nº6 del Departamento Judicial de La Plata para seguir interviniendo en el asunto (cfr. art. 7 inc. 1, CCA).
Mediante oficio de estilo, hágase saber lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº3 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/10/2021 12:02:32 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2021 07:48:20 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/10/2021 16:23:06 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/10/2021 22:41:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2021 07:23:44 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/10/2021 07:24:27 hs. bajo el número RR-754-2021 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia