Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77387
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia de la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón para conocer y decidir en el recurso de apelación interpuesto, con fecha 30 de agosto del corriente año, por la empresa codemandada (arts. 7 inc. 1, CCA; 16 y 17 bis , ley 13.928 -texto según 14.192- y 38, 5.827) y radicar allí electrónicamente el expediente.
B.77.387 “M., D. I. C/ O.S.P.O.C.E. Y OTRO/A S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 INC. 1 LEY 12.008 -TEXTO SEGÚN LEY 13.101-“
I. La señora D.I.M., por derecho propio y dada su condición de afiliada adherente, deduce acción de amparo contra la Obra Social del Personal del Organismo de Control Externo (OSPOCE) y la empresa de medicina prepaga OMINT SA de Servicios, con miras a que se le suministre de manera integral el respectivo medicamento para comenzar el tratamiento en virtud del cuadro de inmunodeficiencia que, con motivo de otros que ya la acompañaban, se le diagnosticara a principios del corriente año y frente al cual denuncia respuestas negativas en su entrega por parte de las entidades demandadas.
En tal sentido es que solicita, como medida cautelar, la inmediata provisión de dicho medicamento (v. escrito electrónico de fecha 9-VIII-2021).
II. La causa fue sorteada de conformidad con el régimen aplicable, resultando adjudicada al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº2 del Departamento Judicial de Morón, cuya magistrada a cargo decidió, como primera providencia, hacer lugar -bajo apercibimiento de aplicar astreintes- a la medida cautelar requerida por la actora (cfr. proveído electrónico de fecha 10-VIII-2021).
Contra dicho pronunciamiento, la empresa codemandada interpuso, en los términos del artículo 16 de la ley 13.928, recurso de apelación (v. escrito electrónico de fecha 30-VIII-2021), el cual, luego de que ésta precisara el modo en que daría cumplimiento con la medida ordenada, fue concedido por la jueza interviniente de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Amparo (ver proveído de fecha 31-VIII-2021, obrante en el expediente electrónico).
Por su parte, al tiempo de contestar el traslado de la demanda, la OSPOCE opuso, acreditando subsidiariamente el cumplimiento del pedido cautelar, una excepción de incompetencia en razón de la materia por considerar que la cuestión litigiosa se circunscribía a la aplicación de ciertos dispositivos contenidos en las leyes 23.660 y 23.661, motivo por la cual cabía la intervención del fuero federal (ver escrito electrónico de fecha 1-IX-2021).
En lo que aquí concierne, es menester señalar que, con posterioridad a que se efectuaran diferentes actos procesales -de los que cabe destacar la fijación de audiencia y denuncia de incumplimiento de la medida ordenada (ambos de fecha 6-IX-2021), la reiteración de la excepción de incompetencia (de fecha 8-IX-2021) y la acreditación del cumplimiento de la tutela cautelar (de fecha 14-IX-2021)-, la magistrada en lo civil y comercial remitió, atento a la concesión que en su momento le había dado al remedio impetrado por la entidad prestadora de salud, los obrados a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en General San Martín (cfr. resol. electrónica de fecha 15-IX-2021).
Una vez recaídos los autos al órgano colegiado, sus integrantes, poniendo de relieve que la causa debía seguir ventilándose por ante la justicia provincial "...en virtud del avanzado estado" en el que se encontraban las actuaciones, se rehusaron a entender en el remedio en la inteligencia de que la resolución apelada no era de aquellas enumeradas en el artículo 17 bis de la ley 13.928, en tanto la acción de amparo promovida en este caso no se dirigía contra alguna acción u omisión, en el ejercicio de la funciones administrativas, de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas de las aludidas en esa norma.
Por tal razón, tratándose del tribunal de alzada natural al juzgado de origen, le giraron las actuaciones a la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial departamental (v. resol. electrónica de fecha 20-IX-2021).
Empero, la Sala III de aquel tribunal se declaró incompetente, sosteniendo que, por su conexidad dentro del contexto de una acción de amparo, la materia objeto de revisión (medida cautelar) subsumía en los términos del artículo 16 de la Ley de Amparo (conf. sent. interlocutoria de fecha 28-IX-2021).
En su nueva intervención, la alzada del fuero especializado, resaltando -a diferencia del precedente "D.V.,L.D." donde esta Suprema Corte había determinado la competencia de dicha cámara- que en autos "...se demanda a sujetos no incluidos en el artículo 166 de la Constitución provincial", ratificó su postura primigenia, planteando un conflicto de competencia que elevó a este Tribunal para ser resuelto con arreglo al artículo 7 inciso 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (v. resol. electrónica de fecha 1-X-2021).
III. La ley 13.928 -texto según ley 14.192- prevé en el artículo 17 bis que en las acciones de amparo que se dirijan contra acciones u omisiones, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas, regidas por el derecho administrativo, será tribunal de alzada la cámara en lo contencioso administrativo correspondiente a la jurisdicción donde tramitase la acción.
En el presente caso, la pretensión de la amparista se dirige, en primer término, contra el OSPOCE en su carácter de agente del seguro de salud y, de manera subsidiaria, contra la empresa de medicina prepaga OMINT SA de Servicios, a los efectos de que se le brinde la cobertura integral del medicamento que necesita debido a su patología inmunológica que se le diagnosticara a principios del presente año. Al respecto, cabe señalar que dichas entidades se encuentran comprendidas en las disposiciones de la ley 23.660 y sometidas al régimen establecido en la ley 23.661, resultando ajenas a los cuadros de la Administración Pública provincial.
Siendo esto así, asiste razón a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo, toda vez que en autos no se controvierte ningún acto u omisión, en el ejercicio de la función administrativa, por parte de alguno de los sujetos enumerados en el artículo 17 bis de la ley 13.928, ni se advierte que la cuestión se rija por normas de derecho público local (doctr. causa B. 76.691, "S.,S.M.", resol. de 22-XII-2020).
Ahora bien, sentado que el litigio escapa de los parámetros del mentado artículo 17 bis para justificar la competencia contencioso administrativa, el Tribunal ha resuelto con reiteración que en el ámbito del proceso constitucional de amparo -y por fuera de tales supuestos- para determinar el órgano que habrá de entender en instancia de apelación la regla es la que consagra el artículo 38 de la ley 5827. Es decir, que el recurso debe ser resuelto por la alzada natural del juzgado de origen, con independencia de una concreta especialización material de los jueces (doctr. causas B. 72.432, "Ongaro", resol. de 21-VIII-2013; B. 73.316, "Magliano", resol. de 29-XII-2014; B. 73.124, "Loyacone" y B. 73.317, "Falamir", ambas resol. de 12-XI-2014; B. 73.558, "Muszkat", resol. de 21-X-2015; B. 74.576, "M., M. I.", resol. de 8-II-2017; B. 74.724, "Municipalidad de General Pueyrredon", resol. de 28-VI-2017; B. 75.040, "Sánchez", resol. de 20-XII-2017; B. 76.329, "Georgudakis", resol. de 29-IV-2020 y B. 76.929, "Maffia", resol. de 8-IV-2021, e.o.).
IV. Sobre la base de lo expuesto, corresponde que sea la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón el órgano que continúe conociendo en las presentes actuaciones.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia de la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón para conocer y decidir en el recurso de apelación interpuesto, con fecha 30 de agosto del corriente año, por la empresa codemandada (arts. 7 inc. 1, CCA; 16 y 17 bis , ley 13.928 -texto según 14.192- y 38, 5.827) y radicar allí electrónicamente el expediente.
Hágase saber lo que aquí se resuelve a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en General San Martín, perteneciente al mismo departamento judicial.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/11/2021 11:51:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/11/2021 12:25:56 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/11/2021 08:16:27 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/11/2021 10:11:06 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/11/2021 10:41:06 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/11/2021 11:14:27 hs. bajo el número RR-850-2021 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia