Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77316
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Matanza para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa en el mencionado órgano jurisdiccional para la prosecución de su trámite.
Mediante oficio a librarse por Secretaría, se hará saber lo aquí resuelto al Juzgado de Familia N°5 departamental.
B.77.316 “PELLICIONE NICOLAS Y OTRO/A C/ ESTADO NACIONAL AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO ACUMAR Y OTROS S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I.1. Un grupo de vecinos del barrio Villa Celina, por derecho propio y en representación de los demás, promueven acción de amparo ambiental contra el Estado Nacional -Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)-, la Provincia de Buenos Aires -Instituto de la Vivienda- y la Municipalidad de La Matanza, con el objeto de que se decrete la clausura de toda obra que importe una modificación sobre el inmueble sito en dicha localidad, identificado catastralmente como C. VIII, S. C., F. IV, 1C/ C. VIII, S. C., F. IV, P. 1E, hasta tanto se realicen las pertinentes evaluaciones de impacto ambiental y se otorguen las correspondientes habilitaciones. Asimismo, solicitan se determinen las tareas o trabajos que deben llevarse a cabo para paliar los conflictos ambientales que presuntamente aquejan la zona y se ordene su ejecución.
Requieren que se decrete una medida cautelar de no innovar mientras no se hallen subsanados los incumplimientos normativos que denuncian -tales como garantizar adecuadamente el acceso a la información pública medioambiental y la participación ciudadana- y tomen debida intervención las autoridades administrativas correspondientes.
I.2. Relatan que en el año 1993 el Estado Nacional cedió el referido predio al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que el día 2 de febrero de 2009 el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) celebró un convenio con la Cooperativa de Vivienda Lozana Ltda., mediante el cual se le otorgó a esta última la tenencia precaria del terreno.
En este punto, destacan que dicho lugar es un reservorio de agua que cumple una función primordial evitando que se produzcan inundaciones en la localidad de Villa Celina. Por ello, explican que se encontraba previsto que previo a cualquier subdivisión o construcción sobre el terreno debían realizarse una serie de obras hidráulicas a fin de preservar el área. Sin embargo, aducen que frente a las inobservancias imputables a la Cooperativa de la condición pactada, el 18 de abril de 2017 el acuerdo fue rescindido.
Seguidamente, explican que el 24 de abril de 2017 el IVC cedió y transfirió al Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IVBA) todos los derechos, acciones y obligaciones emergentes sobre el inmueble en cuestión. Allí, asimismo, se estipuló que el ente provincial tendría, en forma exclusiva, la potestad de realizar las gestiones necesarias a fin de formalizar la transferencia del dominio e inscripción registral del predio a su favor.
En este marco, afirman que la Cooperativa se encuentra -a partir de aquel momento- en una situación de absoluta ilegalidad, pretendiendo cercar, subdividir y lotear el inmueble sin las debidas autorizaciones, provocando un grave daño al ambiente y a los vecinos de la zona. Al respecto, manifiestan que se han radicado numerosas denuncias penales tanto en la Fiscalía Federal N°1 de Morón, como en la UFI N°1 y en la UFI N°8, ambas del Departamento Judicial de La Matanza.
Por último, sostienen que actualmente la problemática ambiental involucrada en el caso es conocida por todos los organismos con competencia en la materia y que, incluso, se han esbozado diversos proyectos para sanear el espacio, pero ninguno de ellos se ha concretado.
II.1. La causa se inició ante el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°1 de San Martín, cuyo titular se inhibió de entender en la controversia.
Para decidir de este modo, consideró que la temida alteración del ambiente, cuya prevención o cese se pretendía, acontecía íntegramente en el territorio de la Provincia de Buenos Aires -más concretamente, dentro de la Municipalidad de La Matanza- y que era consecuencia de la realización de obras edilicias en el marco de planes habitacionales o acciones de particulares no identificados. Así, ponderó que el municipio, en ejercicio del poder de policía en los temas vinculados a las obras civiles e hidráulicas pluviales de orden local, se había anoticiado del conflicto y que, incluso, había intervenido en el asunto en el marco del expediente administrativo N° 4074-2013-13044, en trámite por ante la Secretaría de Planificación Operativa y Control Comunal. A esto, adunó que era el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) la autoridad de aplicación de la ley 11.723.
Por otro lado, estimó que de la lectura del escrito postulatorio no surgía ningún acto u omisión que pudiese adjudicarse al gobierno nacional y que no se habían invocado -más allá de las genéricas afirmaciones realizadas- razones de peso que permitieran inferir que la Nación era parte ineludible en el litigio. Para más, precisó que el hecho de que el Estado Nacional pudiera revestir aún el carácter de titular registral del inmueble -circunstancia que tampoco se hallaba fehacientemente acreditada- carecía de relevancia frente a la sucesión de actos y hechos jurídicos que pusieron al IVBA en la situación de propietario del bien. Luego, formuló similares consideraciones respecto de la pretensión dirigida hacia la ACUMAR, por lo que también desestimó su participación en el pleito.
Por tales motivos, concluyó que no existían razones suficientes que justificaran un desplazamiento del caso hacia la justicia federal (v. resol. de 8-VI-2021 en causa FSM 1922/2021).
II.2. Fue entonces que las actuaciones se giraron al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Matanza.
Corrida vista al Fiscal General de aquel departamento jurisdiccional y previo a resolver acerca de la jurisdicción endilgada, el magistrado a cargo del órgano instó a que la parte actora manifestara si deseaba mantener las actuaciones bajo el trámite del juicio de amparo (v. proveído de 9-VIII-2021).
Evacuada la mentada requisitoria, el titular del juzgado actuante recordó que el sistema diseñado para la asignación de expedientes en el marco del proceso constitucional de amparo -de acuerdo a lo establecido en las resoluciones SCBA 1358/06 y 1794/06- prescinde de una determinada especialización en razón de la materia. En consecuencia, toda vez que en la especie no se había efectuado el respectivo sorteo, dispuso que los obrados se remitieran a la Receptoría General de Expedientes departamental a ese efecto (v. resol. de 13-VIII-2021).
De esta manera, tomó intervención el Juzgado de Familia N°5 de aquel departamento judicial, cuya magistrada se rehusó a conocer en autos. En primer lugar, señaló que la demanda se sustentaba íntegramente en normas de derecho público, lo que se condecía con la cuestión litigiosa y los sujetos demandados. En segundo término, reprodujo los argumentos vertidos por el juzgado federal de origen en cuanto a la actuación administrativa desplegada por la comuna en el expediente N° 4074-2013-13044 ya referenciado y al carácter que reviste el OPDS como autoridad de aplicación de la ley 11.723. En tercer orden, resaltó el incesante número de causas que pesaban sobre el fuero de familia, por lo que -a su modo de ver- el magistrado que previno se encontraba en mejores condiciones para resolver la litis. Finalmente, destacó que, frente al objeto de la pretensión esgrimida, debía acudirse a las previsiones contempladas en los arts. 34 y 35 de la ley 11.723 (v. resol. de 20-VIII-2021).
Devueltas los actuados al juzgado remitente, éste mantuvo su primigenia postura. En virtud de ello, dio por configurada la contienda negativa y procedió a someterla ante esta Suprema Corte de Justicia en los términos del art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. Dada la forma en la que ha quedado planteada la controversia y atento la naturaleza del reclamo incoado, se advierte que la causa deberá seguir tramitando por ante el fuero contencioso administrativo.
En este sentido, cabe señalar que si bien es cierto que esta Corte reiteradamente ha establecido que el sistema que rige la asignación de expedientes en el marco del proceso constitucional de amparo -instrumentado por las resoluciones de este Tribunal 1358/06 y 1794/06, ratificadas por resolución 957/09-, prescinde, al menos para la primera instancia, de una concreta especialización ratione materiae y consagra una amplia regla de competencia; también lo es que ha destacado la necesidad de armonizar las acciones de amparo de contenido medioambiental con las disposiciones de los arts. 34 y 35 de la ley 11.723, que determinan que cuando a consecuencia de acciones del Estado se produzcan daños o pudiera derivarse una situación de peligro al ambiente y/o recursos naturales ubicados en territorio provincial, luego de un trámite administrativo previo, los legitimados allí individualizados "...quedarán habilitados a acudir ante la justicia con competencia en lo contencioso administrativo, que dictaminará sobre la legalidad de la acción u omisión cuestionada".
De ahí que, en tales supuestos, no correspondía efectuar el sorteo para la asignación conforme el régimen descripto, sino que por tratarse de un caso que le incumbe decidir a los órganos del fuero contencioso administrativo, procedía su adjudicación al juzgado materialmente competente (doctr. causas B. 68.566, "Gonzalez", resol. de 3-V-2006; B. 71.068, "Ávila", resol. de 3-XI-2010; B. 71.816, "La Diana SA", resol. de 21-XII-2011; B. 71.884, "Savastejko", resol. de 27-VI-2012; B. 72.006, "Feito", resol. de 6-XI-2012; B. 72.365, "Bastons", resol. de 22-V-2013; B. 73.096, "Organización No Gubernamental Para el Cuidado del Medioambiente", resol. de 25-VI-2014; B. 74.448, "Asociación Civil Foro Medioambiental", resol. de 15-XI-2016; B. 74.491, "Mancuso", resol. de 7-XII-2016; B. 75.000, "Iparaguirre", resol. de 14-II-2018; B. 75.781, "Sama", resol. de 22-V-2019 y B. 76.520, "Fernández", resol. de 23-XI-2020, e.o.).
Por lo demás, dicha competencia especializada, cuando dirimida de la manera señalada, es de orden público e improrrogable (conf. art. 6, CCA; v. también art. 1, CPCC). Por ser eso así, como regla se impone su observancia aun frente a otras normas con potencial injerencia en la atribución de competencia en la materia ambiental (conf. art. 30, seg. párr., ley 25.675), a fin de preservar la prerrogativa del Estado provincial o municipal de ser juzgado por ante los tribunales que la propia Constitución concibió para conocer en los casos originados por sus acciones u omisiones, con motivo del ejercicio de la función administrativa (conf. arts. 166 in fine y 215, Const. prov.; arg. CSJN Fallos: 329:759, 2212; 331:2534; 341:605; 344:698; e.o.).
IV. Como se adelantó, en la especie se está en presencia de una controversia de tal tenor, puesto que los actores deducen una acción de amparo ambiental ante la presunta omisión incurrida por la Municipalidad de La Matanza y por la Provincia de Buenos Aires en el cumplimiento de la normativa que recepta y regula la tutela ambiental en el ámbito local, persiguiendo que se realicen las pertinentes evaluaciones de impacto ambiental con carácter previo a cualquier modificación sobre el inmueble involucrado en el caso o al otorgamiento de habilitaciones administrativas. A la par, procuran que se lleven a cabo ciertas obras que remedien y recompongan los daños ambientales que denuncian acaecidos.
Es dable aclarar que la solución esbozada no varía por la mención en el escrito inaugural de la conducta desplegada por la Cooperativa Lozana Ltda., pues tal circunstancia sólo coadyuva al relato efectuado en torno al irregular ejercicio del poder de policía ambiental que se denuncia. Así pues, no puede soslayarse que la referida cooperativa, en el marco de esta causa y en esta etapa liminar, no es parte demandada y que del objeto de la demanda tampoco se desprende que se dirija pretensión alguna contra ella.
V. Por lo expuesto, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Matanza, el órgano que continúe interviniendo en el asunto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Matanza para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa en el mencionado órgano jurisdiccional para la prosecución de su trámite.
Mediante oficio a librarse por Secretaría, se hará saber lo aquí resuelto al Juzgado de Familia N°5 departamental.
Regístrese por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 921/21) y ofíciese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/11/2021 11:51:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/11/2021 12:25:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/11/2021 08:16:26 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/11/2021 10:11:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/11/2021 10:41:02 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/11/2021 11:14:19 hs. bajo el número RR-848-2021 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia