Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77485
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar que la causa remitida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Quilmes, es de la competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
II. Radicarla ante los estrados del Tribunal, en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y doctr. art. 352 inc. 1, CPCC), y proceder a su recaratulación (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC).
III. Comunicar lo que aquí se decide al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Quilmes y al Tribunal en lo Criminal Nº3 departamental, mediante oficio de estilo.
IV. Conferir a la parte actora un plazo de diez (10) días para que adecue su postulación al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del Código Procesal Civil y Comercial -arts. 683 y 688-, con apercibimiento de tenerla por no presentada (doctr. causas 77.431, "Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul", resol. de 11-XI-2021 y sus citas).
B.77.485 “ZACARIAS, JORGE ELIAS; DE CARIA, ADRIANA C/PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES -MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS-, GOBIERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE QUILMES S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. Jorge Elías Zacarías y Adriana De Caria, en su carácter de integrantes de la entidad denominada Vecinos Autoconvocados de Quilmes (VAQ), promueven la presente acción de amparo contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Quilmes, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de la ley 15.208 mediante la cual se declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación a ciertos inmuebles situados en el partido de Quilmes a los fines de construir establecimientos carcelarios, alcaidías penitenciarias y departamentales (v. escrito electrónico del 13-X-2021, 18:27:55 a.m).
Sostienen que la norma en crisis contraría los artículos 41 y 43 de la Constitución nacional, 28 de su par provincial, la Ley General del Ambiente y la Ley General de Expropiaciones, por cuanto aducen que la puesta en marcha de dichas obras apareja trabajos de una magnitud considerable, con gran potencialidad para modificar el ecosistema de toda la zona geográfica -ribera de la ciudad-, sin haber mediado y considerado adecuadamente sus consecuencias, teniendo en cuenta las alteraciones que puedan producir tanto en el agua, en la flora, en la fauna, en el paisaje, como en la salud de la población actual y de las generaciones futuras, por lo que se hace necesario asegurar la sustentabilidad del desarrollo.
Destacan, además, el impacto negativo que el emprendimiento dispuesto en la norma en crisis proyectaría en la salud de la ciudadanía, en tanto manifiestan que será construido dentro de un barrio popular, vinculado al centro quilmeño, con todos los inconvenientes que ello traerá aparejado, léase, cloacas, elevación de los terrenos a fin de evitar que la cárcel se inunde, seguridad, etc.
Ponen de manifiesto que denunciaron dicho accionar (omisivo) de la comuna codemandada, formándose así el expediente Nº 4091-3867-S-2021, sin tener una respuesta, razón por la cual inician el presente proceso.
En ese orden argumental solicitan, hasta tanto se resuelva favorablemente la pretensión de inconstitucionalidad de la ley 15.208 deducida, se decrete una medida cautelar de no innovar para que se suspendan sus efectos y, con ello, el proceso expropiatorio y la ejecución de la obra en cuestión.
II. Las actuaciones se iniciaron en el Tribunal en lo Criminal Nº3 del Departamento Judicial de Quilmes.
Sus titulares, sin embargo, se declararon incompetentes en la primera oportunidad que tuvieron en razón de ponderar, sobre la base del artículo 1 de la ley 12.008, la naturaleza de los sujetos demandados en autos (Ministerio de Justicia provincial y municipio de Quilmes; v. resol. electrónica del 15-X-2021).
Bajo ese entendimiento, sin dejar de advertir -pese a lo sostenido por los codemandantes en su escrito inicial (v. párr. III de su apdo. IV)- que la presente vía "...no es la adecuada para resolver un problema que por su naturaleza debe ser dirimido ante un procedimiento ordinario", le remitieron el expediente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 departamental.
El magistrado a su cargo, en atención a la vía seleccionada por los codemandantes (amparo) y al sorteo realizado de conformidad con las resoluciones de este Tribunal 1358/06 y 1794/06, no aceptó la declinación de competencia del órgano jurisdiccional preactuante.
Al decidir de ese modo, planteó y elevó el conflicto de competencia que, en los términos del artículo 7 inciso 1 del código adjetivo, esta Corte está llamada a resolver (v. sent. interlocutoria de fecha 28-X-2021).
III. El asunto en tratamiento -más allá del motivo por el que fuera remitido- exige dirimir el órgano competente para resolver la presentación nominada como amparo ambiental por los coactores. Así es que, independientemente de la actuación de los juzgados intervinientes, no escapa al análisis de este Tribunal que la pretensión que persiguen los demandantes no es otra que obtener la declaración de inconstitucionalidad de la ley 15.208 por entenderla contraria a los artículos 41 y 43 de la Constitución nacional y 28 de la Carta local. Ello, no obstante el análisis de las normas legales que -también- denuncian vulneradas (Ley General del Ambiente y Ley General de Expropiaciones).
Sentado ello, se sigue la adscripción de la contienda al enunciado del artículo 161 inciso 1° de la Constitución provincial, norma que atribuye jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia para "conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes" que estatuyan sobre materia regida por ella y se controvierta por parte interesada, de lo cual se infiere que el objeto de esta acción y, por consiguiente, el ámbito delimitado de conocimiento reservado a esta vía, reside en la discusión sobre la validez constitucional de una norma considerada en abstracto, tal como la que se propone en este caso (doctr. causas B. 75.290, "Francisco Frare SA", resol. de 22-VIII-2019; B. 75.541, "Asociación Mutual Consejeros de los Arroyos Coop. Emp. Mult.", resol. de 13-II-2019; B. 76.806, "Laborde", resol. de 19-III-2021; B. 76.969, "Juzgado de Faltas de Saladillo", resol. de 16-VI-2021; B. 77.245, "Cavalli", resol. de 6-IX-2021 y B. 77.296, "Aimar", resol. de 22-X-2021, e.o.), carácter que no se ve enervado por tratarse de una ley que formaliza la declaración de utilidad pública a los fines expropiatorios (doctr. causas I. 2.107, "O'Connor", sent. de 18-II-2009; I. 73.795, "Falco", resol. de 14-VI-2017; I. 77.047, "Pilar Bicentenario SA", resol. de 19-VIII-2021).
En la especie -como se señalara-, por vía de una acción de amparo, los coactores pretenden en forma autónoma y sin cuestionar ningún acto concreto de aplicación, que la justicia ordinaria declare la invalidez constitucional de ley 15.208 por entender que esta norma afecta su derecho a gozar de un ambiente sano y solicitan -incluso- una medida cautelar de no innovar que suspenda los efectos de la norma, hasta tanto aquéllo se resuelva.
Siendo así, más allá de los particulares puntos de vista que los demandantes le pueden imprimir a su presentación postulatoria (v. apartado IV del escrito de demanda), lo cierto es que la materia introducida en autos versa sobre un asunto propio de la jurisdicción originaria atribuida a este órgano (conf. causas I. 1.983, "Copetro SA", resol. de 20-III-2002; I. 68.174, "Fillon", resol. de 18-IV-2007; I. 69.331, "Asociación Civil en Defensa de la Calidad de Vida (ADECAVI)", resol. de 30-III-2010; I. 71.446, "Fundación Biósfera y ots.", resol. de 13-VII-2011; I. 70.771, "Rotella", resol. de 28-III-2012; I. 72.267, "Mitchell", resol. de 13-XI-2013; I. 72.669, "Picorelli", resol. de 24-IX-2014; I. 72.760, "Asociación para la Protección del Medio Ambiente y Educación Ecológica 18 de Octubre", resol. de 28-X-2015; I. 70.249, "Bornic", resol. de 29-VI-2016; I. 70.164, "Agroservicios Pampeanos SA", sent. de 29-VIII-2017; I. 75.278, "Asoc. Protec. Consumidores del Mercado Común del Sur -PROCONSUMER-", resol. de 29-VIII-2018; I. 69.020, "Intendente Municipal de Brandsen", sent. 21-XI-2018; I. 75.106, "Villar", resol. de 10-IV-2019; I. 75.709, "Verón", resol. de 4-XII-2019; I. 75.708, "Mendoza", resol. de 11-XII-2019; I. 74.912, "Gianuzzi", resol. de 4-IX-2020; I. 77.047, cit. ).
IV. En consecuencia, sin perjuicio de los motivos por los que esta causa fuera remitida a esta Suprema Corte, corresponde declarar que se trata de un caso propio de la competencia originaria del Tribunal, radicarla en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo y conferir a la parte actora un plazo de diez días para que adecue su presentación al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del Código Procesal Civil y Comercial -arts. 683 al 688-, con apercibimiento de tenerla por no presentada (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 7, ley 12.008; 34 inc. 5 ap. "b" y doctr. art. 352 inc. 1, CPCC; doctr. causas 77.431, "Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul", resol. de 11-XI-2021 y sus citas).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Declarar que la causa remitida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Quilmes, es de la competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
II. Radicarla ante los estrados del Tribunal, en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y doctr. art. 352 inc. 1, CPCC), y proceder a su recaratulación (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC).
III. Comunicar lo que aquí se decide al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Quilmes y al Tribunal en lo Criminal Nº3 departamental, mediante oficio de estilo.
IV. Conferir a la parte actora un plazo de diez (10) días para que adecue su postulación al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del Código Procesal Civil y Comercial -arts. 683 y 688-, con apercibimiento de tenerla por no presentada (doctr. causas 77.431, "Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul", resol. de 11-XI-2021 y sus citas).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/12/2021 09:49:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/12/2021 23:48:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/12/2021 11:21:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/12/2021 11:31:04 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/12/2021 14:00:05 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/12/2021 14:06:33 hs. bajo el número RR-986-2021 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia