Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77432
B.77.432 “LOWY CLAUDIO RENÉ C/ MUNICIPALIDAD DE TANDIL S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria, Carral y Kohan dijeron:
I. El señor Claudio René Lowy promueve acción de amparo contra la Municipalidad de Tandil, con el objeto de que se ordene brindar información pública ambiental en forma completa, clara y veraz respecto de los pozos de abastecimiento de agua de red en la mencionada localidad.
En este sentido, relata que presentó ante el municipio demandado una serie de solicitudes de acceso a la información ut supra indicada y reclamos -los cuales detalla junto con sus respectivas fechas-, que habrían sido evacuados mediante respuestas con contenido incompleto y falso o que, incluso, no habrían obtenido contestación alguna.
Así pues, entiende que se ha vulnerado reiteradamente el derecho que le asiste a la luz de lo previsto en los arts. 1 y 4 de la ley 23.831, 16 de la ley 25.675 y 2 de la ley 11.723 y en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como “Acuerdo de Escazú”. Asimismo, sostiene que la conducta adoptada por la comuna viola indirectamente otros derechos de raigambre constitucional que merecen especial protección, entre los que menciona a la salud e integridad física, a la participación y educación ambiental, a gozar de un ambiente sano y equilibrado y al desarrollo sustentable.
II. Con arreglo al régimen de sorteos vigente para los juicios de amparo, la causa fue adjudicada al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 del Departamento Judicial de Azul con asiento en la ciudad de Tandil. Sin embargo, su magistrado se inhibió de entender en el asunto en la inteligencia de que, atento la naturaleza del reclamo, el caso quedaba alcanzado por lo previsto en los arts. 34 y 35 de la ley 11.723 (v. resol. de 20-VIII-2021).
Es así que las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental, cuyo titular también se rehusó a conocer en la controversia. Para así decidir, sostuvo que el objeto de la demanda esgrimida -tal como había sido planteado- se circunscribía a obtener información pública por parte de un organismo municipal y que no se hallaba controvertida ninguna actuación estatal como generadora de un posible daño ambiental, único supuesto que comprometería la competencia del fuero especializado (v. resol. de 13-X-2021).
De este modo, planteó formalmente la contienda negativa y la sometió ante esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. Para establecer la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que se hace en la demanda y, solo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión (doctr. causas B. 68.059, "Baez", resol. de 3-XI-2004; B. 68.811, "Harguinteguy", resol. de 20-IX-2006; A. 69.484, "Ferrero Argentino S.A.", resol. de 18-III-2009; B. 72.723, "Añón", resol. de 24-IV-2013; B. 73.426, "Abaca", resol. de 29-XII-2014; B. 74.248, "Asociación Inquietudes Ciudadanas", resol. de 26-X-2016; B. 77.360, "Municipalidad de Armstrong", resol. de 15-X-2021; e.o.).
IV.1. En los procesos de amparo, sabido es que esta Corte, a partir del régimen fijado en las resoluciones 1358/06 y 1794/06 -ratificadas por resolución 957/09-, estableció que cualquier juez de primera instancia resulta competente para conocer y decidir en tales acciones, independientemente de su concreta especialización material (v. por todas, doctr. causa B. 77.242, "Desarrollos Educativos S.A.", resol. de 19-VIII-2021). Ello es así, básicamente, por cuanto la determinación de una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesiva de derechos constitucionales primordiales en principio no la requiere (conf. arts. 43, Const. nac. y 20 inc. 2, Const. prov.).
No obstante, esa regla está sujeta a excepciones con el fin de hacerla compatible con otras disposiciones de jerarquía legal también presentes en el ordenamiento jurídico provincial.
IV.2. Una de ellas trata de los amparos de sustancia ambiental, para los cuales -como deslizó el magistrado que previno- este Tribunal ha tenido que armonizar el régimen de sorteos aplicable a tales juicios con lo contemplado en los arts. 34 y 35 de la ley 11.723, que aluden a la competencia del fuero contencioso administrativo cuando se trate de daños o peligros ambientales causados por el Estado, resolviendo que en dichos supuestos la adjudicación únicamente debe hacerse entre sus organismos, con exclusión de los demás (doctr. causas B. 71.068, "Ávila", resol. de 3-XI-2010; B. 71.816, "La Diana S.A.", resol. de 21-XII-2011; B. 74.491, "Mancuso", resol. de 7-XII-2016; B. 75.000, "Iparraguirre", resol. de 14-II-2018; B. 75.781, "Sama", resol. de 22-V-2019 y B. 77.316, "Pellicione", resol. de 11-XI-2021; e.o.).
IV.3. Ahora bien, la presente controversia no se eleva a tal calidad por cuanto está ceñida a la obtención de determinada información en poder de la Municipalidad de Tandil, relacionada con los pozos de abastecimiento de agua de red en dicha ciudad. Tan es así, que en el escrito de demanda asegura que se ha "violado, denegado y obstaculizado mi derecho de acceso a la información pública de carácter ambiental" (v- apdo. II), mencionándose las leyes 11.723, 25.831, 12.475 y 13.928.
Semejante cosa podría llevar entonces a presumir que el litigio, habiéndose promovido como amparo, no debería escapar de la regla general de asignación de causas por ante "cualquier juez", como lo dice el texto constitucional y receptan las resoluciones dictadas por este cuerpo en vía gubernativa citadas más arriba.
Sin embargo, por los motivos que seguidamente se desarrollarán, el caso exige precisar aún más el alcance de la jurisdicción contencioso administrativa.
V. Anticipándose varios años al Acuerdo de Escazú aprobado por la ley 27.566, la ley 25.831 consagró el derecho libre y gratuito a la obtención de información ambiental. En lo que aquí interesa, establece en su art. 9 que frente a la denegatoria o falta de respuesta de la autoridad pública, para el interesado "…quedará habilitada una vía judicial directa, de carácter sumarísima ante los tribunales competentes".
La determinación de esta última, siendo de índole procesal, se encuentra deferida a las autonomías locales (arts. 121 sigs. y concs., Const. nac.).
Al respecto, en la Provincia de Buenos Aires y a falta de una disposición sectorial más específica, rige la ley 12.475 de acceso a la información pública, que en su art. 8 establece que "[c]ontra las decisiones que denieguen el derecho de acceso a documentos, o en el caso previsto en el artículo 7º [silencio negativo], podrán interponerse las acciones de amparo o habeas data, según corresponda".
Vale notar que esa opción -que supuestamente ha de responder a circunstancias distintas- es susceptible de generar en la práctica consecuencias disvaliosas en términos de selección del foro.
En efecto, mientras el amparo procedería por ante cualquier juez, de seguirse la vía del habeas data el resultado sería invariablemente la competencia del fuero contencioso administrativo, en tanto que la ley 14.214 reza en su art. 4 que ella corresponderá "…cuando se trate de archivos públicos de la Provincia de Buenos Aires". Término este último que ha sido interpretado en sentido amplio (conf. causas B. 71.258, "Ligresti", resol. de 18-IV-2011; B. 72.283, "Lucena", resol. de 2-V-2013 y B. 75.079, "López Cabral", resol. de 21-II-2018).
VI. Lo señalado da cuenta de factores que recomiendan la concentración de las pretensiones canalizadas por la vía del amparo, a través de las cuales se procura obtener información pública de parte de una autoridad de esa misma naturaleza, en cabeza de los jueces en lo contencioso administrativo. Lo que incluye aquella de índole ambiental.
Es que si la competencia para conocer y decidir en las acciones de amparo ambientales ya ha sido dirimida en su favor, el carril del habeas data referido a archivos públicos conduce al mismo camino y, por lo demás, el caso subsume en los amplios términos de la cláusula general del fuero contencioso administrativo (art. 166 in fine , Const. prov. y 1, ley 12.008), es razonable concluir que supuestos como el que aquí ocupan al Tribunal -estrechamente ligados con dicha temática- reciban un tratamiento acorde y homogéneo.
Parecería inclusive haber un entendimiento tácito de que tal cosa es así (conf. causa A. 74.654, "Asociación Civil Aletheia por la Vida", sent. de 29-V-2019), siendo esto una depuración necesaria del sistema instaurado por las resoluciones 1358/06 y 1794/06.
VII. Por todo lo expuesto, cabe concluir que resulta competencia del fuero contencioso administrativo conocer y decidir en las acciones de amparo encuadrables en los términos del art. 8 de la ley 12.475, en las cuales se persigue la obtención de información pública en poder de las autoridades locales, incluyendo aquella de contenido ambiental, sin que corresponda en tales supuestos observar el régimen general de asignación de expedientes por ante cualquier juez (conf. arts. 166 in fine , Const. prov. y 7 inc. 1, CCA; causa B. 77.402, "Organización de Ambientalistas Autoconvocados", resol. de 21-XII-2022).
Así lo votamos.
El señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. Dadas las particularidades del caso, me aparto de la solución propuesta por mis colegas que anteceden, por los fundamentos que seguidamente expondré:
I.1.a. En primer lugar, he de señalar que el conflicto de competencia quedó configurado de la siguiente manera. La actora presentó una acción de amparo -en los términos de la ley 13.928- a razón de la omisión incurrida por la Municipalidad de Tandil a brindarle información completa y veraz respecto de los pozos de abastecimiento de agua de red en la mencionada ciudad. En dicho orden, tal y como fue planteado el objeto de la demanda, la causa fue sorteada de conformidad con el régimen dispuesto por las resoluciones 1358/06 y 1794/06 de este Tribunal, siendo adjudicada al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº2 del Departamento Judicial de Azul con asiento en la ciudad de Tandil. A su turno, el juez a cargo se rehusó a intervenir en el pleito por entender que devenía aplicable lo previsto en los arts. 34 y 35 de la ley 11.723 (conf. resol. de 20-VIII-2021).
Seguidamente, las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 departamental, cuyo titular tampoco aceptó la competencia atribuida pues consideró que, atento a la vía procesal elegida, correspondía estarse al sorteo realizado de conformidad con las resoluciones citadas.
Por lo expuesto, trabada la contienda negativa de competencia, la causa se elevó ante este Tribunal de acuerdo a lo establecido en el art. 7, inc. 1 del CCA.
I.1.b. En este escenario, es considerable que el planteo de la accionante deba encausarse en el fuero primigenio sorteado de conformidad con la vía procesal por ella elegida, y por la reglamentación que le resulta aplicable, siendo en este caso la titular del Juzgado Civil y Comercial N° 2 del Departamento Judicial de Azul con asiento en la ciudad de Tandil.
Ello así, en tanto debe hacerse especial hincapié en el tipo de embate esgrimido, en el que juegan un papel central los principios precautorio y preventivo, los que operan en materia ambiental -debatida en autos- como mandatos de optimización.
Bajo tales premisas, frente a una denuncia de omisión de la Municipalidad de Tandil de dar acceso a la información ambiental requerida -como acontece en el particular-, debe actuarse con la inmediatez que el caso amerita.
Por el contrario, analizarlo como un caso de excepción a la reglamentación del régimen de la ley 13.928, resultará dilatorio para la tutela judicial efectiva del bien que se intenta proteger; esto es el ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano (conf. arts. 20 inc. 2 y 28 de la Const. Provincial y arts. 41, 43, segundo párrafo, de la Const. Nacional).
Es que, en efecto, el derecho ambiental se define por la esencia anticipatoria que, en línea con las consecuencias irreversibles y graves que acarrea la afectación del ambiente en resguardo, su regulación tiene como primer objetivo, evitar el daño, la disminución del riesgo, la no generación del hecho disvalioso. En su defecto, ocurrido aquel, persigue como segundo objetivo subsidiario la reconstitución integra del ambiente dañado. Solo ante la imposibilidad técnica científica de volver las cosas a su estado anterior, tendrá lugar su reparación económica sustitutiva, pero ésta por definición siempre será insuficiente.
En las presentes actuaciones se ha soslayado un elemento nodal para la resolución del conflicto. Me refiero al contenido de la información solicitada, la que aquí refiere al recurso hídrico de la zona.
Es que la materia que subyace en la particular resulta determinante. A ese respecto, vale advertir que ya ha sido reconocido el derecho ambiental como una disciplina autónoma de envergadura por su trascendencia y su origen internacional -Conferencia de Estocolmo en 1972, creación del PNUM; la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1982 que aprobó la “Carta de la Tierra” y la creación de la Comisión del Medio Ambiente; la Comisión Brutland y su informe “Nuestro Futuro Común”, reclamando la adopción de una nueva declaración universal sobre el Ambiente y Desarrollo, reunida en Rio de Janeiro de 1992, Protocolo de Kioto, Conferencia de Paris de 2015, entre otras,- y, en el constitucional –art. 28 de la Const. Provincial y arts. 41 y 43 de la Const. Nacional- como así también humanitario -Convención Americana sobre Derechos Humanos-.
En concreto, su mera invocación en la escena de la judicatura obliga a un abordaje profundo a fin de dirimir, desde un enfoque ambiental, cualquier cuestión de forma o de fondo que se presente; la que siempre deberá estar guiada por la premisa de evitar el daño -o de remediarlo si ya se hubiere producido-, acorde al claro y expreso mandato constitucional que así lo impone.
Es que, la esencia misma del derecho ambiental y el mandato de tutela que impone la Constitución (tanto Nacional como Provincial), conlleva a que el conflicto de competencia traído a resolución, nunca debió haberse dado. Su tratamiento es, por definición, urgente y prioritario; estando expresamente habilitado para su abordaje los tribunales de cualquier fuero, cuando la acción haya sido introducida a partir de la figura del amparo (ley 13.928).
Desatender tal extremo abriendo una cuestión de competencia –con necesario efecto dilatorio- conlleva incumplir con el mandato de tutela anticipatoria, además de generar un riesgo de ocurrencia o amplificación del eventual daño que debe evitarse o remediarse. Y ello, aun cuando la acción encarada tenga por objeto el acceder a información ambiental pues, naturalmente, además de constituir tal extremo una hipótesis que califica al caso como de naturaleza ambiental, tal acceso -insisto- será además la necesaria antesala de la acción consecuente de cese y/o remediación.
I.1.c. A lo dicho se agregan las características propias, exclusivas y diferenciadoras del derecho ambiental conformado por un conjunto normativo de naturaleza bifronte, tanto público como privado, que, enaltecido en los valores de solidaridad y cooperación, amparan el bien colectivo mediante la regulación de las actividades antrópicas que pueden alterarlo o afectarlo.
Ello, recordemos, como medio cuyo fin está dado por tutelar al equilibrio indispensable que permita su utilización racional, tanto por las generaciones presentes como futuras. Para alcanzar tal objetivo, es necesario valerse de una reglamentación interdisciplinaria, transversal, preventiva, precautoria y progresiva de esas conductas humanas. Y ello debe valorarse atendiendo al extremo de que, en nuestra Provincia –a diferencia de otras como ser la Provincia de Jujuy que por ley 5.899, B.O. de 23-XII-2015, aprobó la “Creación del Fuero Ambiental y Fiscalías Ambientales”- no se ha creado un fuero especializado que asuma la jurisdicción material de todas las acciones que involucren al tema, por lo que, conforme las pautas procesales que rigen al proceso de amparo, todos los tribunales provinciales –más allá de su competencia material- tienen jurisdicción en materia ambiental.
Ello, en miras de lograr una tutela judicial efectiva e inmediata, conforme los principios de congruencia, precautorio y preventivo, establecidos en la ley 25.675; los que atento el orden de prelación normativa, rigen sobre la ley local aplicable al caso en tanto amplia la tutela del bien jurídico protegido.
Lo hasta aquí expuesto y por cuanto a lo dispuesto en el art. 28 de la propia Constitución provincial, la Provincia debe cumplir con el mandato de preservación, recuperación y conservación del ambiente y los recursos, la planificación de su aprovechamiento racional, la manda de controlar las actividades que perjudiquen los ecosistemas y la de garantizar el derecho a solicitar y recibir la adecuada información ambiental. También reforzado por la letra del art. 6 de la ley 11.723, que establece como principio aplicable una genérica potestad-deber ambiental en la Provincia, y que remata con una clara atribución de responsabilidad provincial y municipal, por acción o por omisión de ejercer dicho control.
Ese esquema normativo permite vislumbrar que, en la más de las veces, la acción ambiental podrá abarcar la responsabilidad –principal, solidaria o subsidiaria- de algún ente público local, sin que ello pueda determinar la jurisdicción material del fuero contencioso administrativo. Definir la competencia material a partir de tal extremo, implicaría la creación pretoriana de un fuero especializado que la Provincia de Buenos Aires no creó; y con ello, contrariar los principios basales de la materia ambiental en que se funda y sostiene esta rama del derecho.
Como dijimos, estamos ante una rama de naturaleza bifronte, tanto público como privado, en la que la cuestión debe definirse buscando hacer primar su fin de tutela inmediata y anticipada.
Sobre el punto, hago propia la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que postula que "la prevención de daños al ambiente obliga al dictado de decisiones urgentes, definitivas y eficaces" (Fallos: 331:1622, "Mendoza, Beatriz y otros c/ Estado Nacional y otros", 8-VII-2008, cons. 15), y la cual, en forma coherente con ese lineamiento general indica que "....no puede desconocerse que en asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental, las reglas procesales deben ser interpretadas con un criterio amplio que, sin trascender el límite de la propia lógica, ponga el acento en su carácter meramente instrumental de medio a fin, que en esos casos se presenta como una revalorización de las atribuciones del tribunal al contar con poderes que exceden la tradicional versión del juez espectador" (causa "Majul, Julio c/ Municipalidad del Pueblo General Belgrano y ot. s/ Amparo", 11-VII-2019, cons. 10; Fallos: 329:3493 y 342:1203; e.o.).
La Corte Suprema en el fallo “Salas, Dino y otros c/ Salta y E.N s/ Amparo”, de fecha 23-III-2009, sostuvo que “Dado que el principio precautorio produce una obligación de previsión extendida y anticipatoria a cargo del funcionario público, y su aplicación obliga a suspender las autorizaciones de tala y desmonte y su ejecución hasta tanto se efectúe un estudio del impacto acumulativo de dichos procesos, siendo el propósito actuar una vez que esos daños se manifiesten, y el administrador que tiene ante sí dos opciones fundadas sobre el riesgo, debe actuar precautoriamente, y obtener previamente la suficiente información a efectos de adoptar una decisión b
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.