Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78191
B.78.191 “ZADIKIAN ANDRES GUSTAVO ARAM Y OTROS C/ GADA GROUP S.A. Y OTROS S/ AMPARO -CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria, Genoud y Carral dijeron:
I. Juan Carlos Troccoli, Daniel Benjamín Ladillinsky, Rocío Haydee Casali y Andrés Gustavo Aram Zadikian promueven acción de amparo contra la Municipalidad de Lomas de Zamora, la firma Gada Group SA y la señora Silvana Soledad Albino, con el objeto de que se decrete el cese de la ejecución de la obra iniciada en la Avenida Hipólito Yrigoyen N°7945, de la localidad de Banfield. Asimismo, solicitan que cautelarmente se suspendan los trabajos allí realizados, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en la presente controversia.
Relatan que mediante ordenanza 18.217/21 la comuna aprobó la documentación presentada por la empresa codemandada para la construcción de un inmueble que supera en exceso los límites fijados por el propio municipio para la edificación en dicha zona, aceptándose, a modo de donación y como compensación urbanística, mil árboles de tipo fresno americano para ser plantados dentro del distrito. En este punto, precisan que en aquella área según el código R4-1 como el R2-2 se encuentra permitida una altura de 8,40 metros y los índices FOS y FOT alcanzan el 60% y el 180%, respectivamente, de la información proporcionada por la directora de obra, Silvana Soledad Alvino, surge que la altura proyectada es de 40,10 metros y el FOS de 28,47% y el FOT de 463,91%.
En atención a esto, afirman que la construcción de un edificio de tales características en un barrio residencial provocará un importante daño ambiental, en perjuicio de la calidad de vida de sus habitantes y el hábitat vecinal.
II. La causa fue sorteada de conformidad con el régimen aplicable, resultando adjudicado el Juzgado de Familia N°12 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, aunque su magistrada se rehusó a conocer en autos. Para así decidir, sostuvo que toda vez que la contienda “involucraría la tutela jurisdiccional frente a un posible daño patrimonial y de impacto ambiental es menester armonizar las acciones de amparo con las disposiciones de los artículos 1, 2 y 3 de la ley 12.008” (v. resol. de 1-VII-2022).
Fue así que el expediente recayó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental. Sin embargo, su titular consideró que tampoco correspondía su intervención en el litigio, estimando acertada la atribución de competencia al órgano que previno, por haberse respetado el sistema de adjudicación establecido para este tipo de pleitos (v. resol. de 6-VII-2022).
Devueltos los actuados al juzgado remitente, éste mantuvo su primigenia postura. En consecuencia, dio por configurada la contienda negativa y procedió a someterla ante esta Suprema Corte de Justicia en los términos del art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. En la especie, la naturaleza del reclamo incoado determina que la causa deba seguir tramitando por ante el fuero contencioso administrativo.
Al respecto, cabe señalar que, si bien es cierto que esta Corte ha reiteradamente establecido que el sistema que rige la asignación de expedientes en el marco del proceso constitucional de amparo -instrumentado por las resoluciones de este Tribunal 1358/06 y 1794/06, ratificada por resolución 957/09-, prescinde de una concreta especialización ratione materiae y consagra una amplia regla de competencia; también lo es que ha destacado la necesidad de armonizar las acciones de amparo de contenido medioambiental con las disposiciones de los artículos 34 y 35 de la ley 11.723, que determinan que cuando a consecuencia de acciones del Estado se produzcan daños o pudiera derivarse una situación de peligro al ambiente y/o recursos naturales ubicados en territorio provincial, luego de un trámite administrativo previo, los legitimados allí individualizados "...quedarán habilitados a acudir ante la justicia con competencia en lo contencioso administrativo, que dictaminará sobre la legalidad de la acción u omisión cuestionada".
De ahí que, en tales supuestos, no correspondía efectuar el sorteo para la asignación conforme el régimen descripto, sino que por tratarse de un caso que le incumbe decidir a los órganos del fuero contencioso administrativo, procedía su adjudicación al juzgado materialmente competente (doctr. causas B. 68.566, "Gonzalez", resol. de 3-V-2006; B. 71.068, "Ávila", resol. de 3-XI-2010; B. 71.816, "La Diana SA", resol. de 21-XII-2011; B. 71.884, "Savastejko", resol. de 27-VI-2012; B. 72.006, "Feito", resol. de 6-XI-2012; B. 72.365, "Bastons", resol. de 22-V-2013; B. 73.096, "Organización No Gubernamental Para el Cuidado del Medioambiente", resol. de 25-VI-2014; B. 74.448, "Asociación Civil Foro Medioambiental", resol. de 15-XI-2016; B. 74.491, "Mancuso", resol. de 7-XII-2016; B. 75.000, "Iparaguirre", resol. de 14-II-2018; B. 75.781, "Sama", resol. de 22-V-2019; B. 76.520, "Fernández", resol. de 23-XI-2020; B. 76.703, "Di Lullo", resol. de 23-II-2021; B. 76.655, "Belcastro", resol. de 9-IV-2021; B. 77.316, “Pellicone”, resol. de 11-XI-2021 y B. 77.500, “Gugliotta”, resol. de 20-XII-2021).
IV. Bajo tales premisas, es necesario ponderar que los actores deducen una acción de amparo a fin de que se disponga la paralización de la obra edilicia expresamente autorizada –con carácter excepcional- por la Municipalidad de Lomas de Zamora a favor de la empresa constructora demanda mediante la ordenanza 18.217/21, que habría sido dictada –según se alega en el relato efectuado en el escrito inaugural- en contravención de las previsiones urbanísticas comunales y de la normativa que recepta y regula la tutela ambiental en el ámbito nacional y local.
V. Por lo expuesto, tal como fuera adelantado, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora el órgano que continúe interviniendo en el asunto.
Así lo votamos.
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. Disiento de la solución propuesta por mis colegas, atento los fundamentos que seguidamente expondré:
I.1.a. En primer lugar, he de señalar que el conflicto de competencia quedó configurado de la siguiente manera. La actora presentó una acción de amparo -en los términos de la ley 13.928- a fin de hacer cesar la ejecución de la obra iniciada en la Avenida Hipólito Yrigoyen N°7945 en la localidad de Banfield. En dicho orden, tal y como fue planteado el objeto de la demanda, la causa fue sorteada de conformidad con el régimen dispuesto por las resoluciones 1358/06 y 1794/06 de este Tribunal, siendo adjudicada al Juzgado de Familia N°12 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. A su turno, la jueza a cargo se rehusó a intervenir en el pleito argumentando que –a su entender- la cuestión a resolver es propia de la materia contencioso administrativa por encontrarse comprometida la función administrativa de uno de los sujetos que enumera el art. 166 in fine de la Constitución provincial (conf. resol. de 1-VII-2022).
Seguidamente, las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 departamental, cuyo titular tampoco aceptó la competencia atribuida pues consideró que, atento a la vía procesal elegida, correspondía estarse al sorteo realizado de conformidad con las resoluciones citadas.
I.1.b. Por lo expuesto, trabada la contienda negativa de competencia, la causa se elevó ante este Tribunal de acuerdo a lo establecido en el art. 7, inc. 1 del CCA.
II.1. Ahora bien, expuesto y advertido el dispendio jurisdiccional y, en mi opinión, la indebida dilación, considero que el planteo de la accionante debió encausarse en el Juzgado de Familia N°12 que fuere sorteado inicialmente, conforme la vía procesal elegida y la reglamentación que resulta aplicable, esto es: las resoluciones 1358/06, 1794/06 y 957/09.
En orden a ello y en atención al objeto de demanda, es necesario recordar la especial tutela judicial que requiere el derecho a un ambiente sano con sustento legal en los arts. 41 (derecho a un ambiente sano y prevención del daño ambiental) y 43 segundo párrafo (acción de amaro ambiental) de la Constitución Nacional, art. 28 de la Constitución Provincial, 23 de la ley 11.723, 30 y 32 de la ley 25.675 y 2, 3 y 8 punto 2 y siguientes del Acuerdo de Escazú, ratificado por la ley 27.566 (acceso a la justicia ambiental) al respecto.
No debemos soslayar que el derecho ambiental se define por su esencia anticipatoria que, en línea con las consecuencias irreversibles y graves que acarrea la afectación del ambiente, es que, es su resguardo, la regulación tiene como principal objetivo evitar la concreción del daño, lograr la disminución del riesgo. En su defecto y ocurrido aquél, se persigue como segundo objetivo, en subsidio, la reconstitución integral del ambiente dañado.
Sólo ante la imposibilidad técnica científica de volver las cosas a su estado anterior, tendrá lugar su reparación económica sustitutiva, la que por definición siempre será insuficiente.
A la luz de lo expuesto, surge evidente que la discusión traída a debate por los jueces de primera instancia omitió evaluar el elemento nodal que hubiese esclarecido el panorama, sin necesidad de plantear una cuestión de competencia. Me refiero a que la petición de la parte actora consistió lisa y llanamente en un pedido de cese de una actividad presuntamente dañosa, que pone en riesgo razonable el derecho a un ambiente sano consagrado por los arts. 28 de la Constitución provincial y 41 de la Constitución nacional y el cual es reconocido como un derecho humano, con protección en el Acuerdo de Escazú; pretensión entablada por la vía del amparo ambiental.
En el caso, no hay dudas de que la contienda negativa de competencia planteada afecta la tutela judicial efectiva al haberse visto dilatada por una secuencia de análisis que, tal como afirmaré seguidamente, resulta no sólo inadecuada sino también peligrosa si se tiene en cuenta que -de acuerdo a lo manifestado por la accionante- se trata de una actividad desarrollada en ausencia de la declaración de impacto ambiental y del Estudio de Impacto Ambiental, herramientas necesarias para garantizar la protección del ambiente y prevenir un daño que afecte a las generaciones actuales y futuras.
La materia que subyace en el particular, es determinante. A ese respecto, vale advertir que ya ha sido reconocido el derecho ambiental como una disciplina autónoma de envergadura por su trascendencia y su origen internacional -Conferencia de Estocolmo en 1972, creación del PNUM; la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1982 que aprobó la "Carta de la Tierra" y la creación de la Comisión del Medio Ambiente; la Comisión Brutland y su informe "Nuestro Futuro Común", reclamando la adopción de una nueva declaración universal sobre el Ambiente y Desarrollo, reunida en Río de Janeiro de 1992, Protocolo de Kioto, Conferencia de París de 2015, entre otras,- y, en el constitucional -art. 28 de la Constitución provincial y art. 41 y 43 de la Constitución nacional- como así también humanitario- Convención Americana sobre Derechos Humanos-. En concreto, su mera invocación en la escena de la judicatura obliga a un abordaje profundo a fin de dirimir, desde un enfoque ambiental, cualquier cuestión de forma o de fondo que se presente; la que siempre deberá estar guiada por la premisa de evitar el daño -o de remediarlo si ya hubiere sido afectado-, acorde al claro y expreso mandato constitucional que así lo impone. Es que, la esencia misma del derecho ambiental y el mandato de tutela que impone la Constitución (tanto Nacional como Provincial), conlleva a que el conflicto de competencia traído a resolución, nunca debería haberse dado. Su tratamiento es, por definición, urgente y prioritario; estando expresamente habilitado para su abordaje los tribunales de cualquier fuero, cuando la acción haya sido introducida a partir de la figura del amparo (ley 13.928) y de conformidad a lo dispuesto por este Tribunal en las Acordadas 1358/06 y 1794/06.
Desatender tal extremo abriendo una cuestión de competencia -insisto, con un innecesario efecto dilatorio- conlleva a incumplir con el mandato de tutela anticipatoria, además de generar un riesgo de ocurrencia o amplificación del eventual daño que debe evitarse o, eventualmente, remediarse si esto fuera posible.
II.2. Desde la perspectiva expuesta, considero hábil la posibilidad de entablar una acción expedita de amparo cuando se vea afectada en forma directa o tangencial el ambiente, acción que deberá ser atendida por cualquier Juez que tenga competencia territorial al efecto, no obstante, los particulares supuestos normados por los arts. 34, 35 y 36 de la ley 11.723.
Estas consideraciones me llevan a revisar mi adhesión a la doctrina de esta Suprema Corte emergente de las causas B. 71.068, "Ávila", resol. de 3-XI-2010; B. 71.816, "La Diana S.A.", resol. de 21-XII-2011; B. 74.491, "Mancuso", resol. de 7-XII-2016; B. 75.000, "Iparraguirre", resol. de 14-II-2018; B. 75.781, "Sama", resol. de 22-V-2019 y B. 77.316, "Pellicione", resol. de 11-XI-2021; e.o, la que busca armonizar el régimen de sorteos aplicable a tales juicios -amparos- con lo contemplado en los artículos 34 y 35 de la ley 11.723, que aluden a la competencia del fuero contencioso administrativo cuando se trate de daños o peligros ambientales causados por el Estado, resolviendo que en dichos supuestos la adjudicación únicamente debe hacerse entre los organismos de ese fuero especializado, con exclusión de los demás. En adelante no he de compartir dicho criterio por cuanto –como señalé antes- considero que cualquier juez se encuentra en condiciones de atender un amparo ambiental, siempre que tenga competencia territorial, pero sin limitaciones relativas a su competencia material.
Así, ante un amparo ambiental, los principios establecidos en el art. 4 de la ley 25.675, que regula los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable (conf. art. 41 de la Constitución nacional), son los que deben guiar la conducta del magistrado ante el posible daño al ambiente. Es así que “…en asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental, las reglas procesales deben ser interpretadas en sentido amplio que, sin trascender el límite de su propia lógica, pongan el acento en su carácter meramente instrumental de medio a fin, que en esos casos se presenta una revalorización de las atribuciones del tribunal al contar con poderes que exceden la tradicional versión del juez espectador y que un examen cerradamente literal de las normas rituales previstas para el clásico proceso adversarial de índole intersubjetivo sería frustratorio de los intereses superiores en juego…”(conf. Fallos: 331:1910).
Lo apuntado también se enmarca en el principio ético judicial de responsabilidad social que debe guiar la conducta de los jueces, el cual cobra especial relevancia en el supuesto de una contienda ambiental por cuanto: “El daño que un individuo causa al bien colectivo ambiente se lo está causando a sí mismo. La mejora o la degradación del ambiente beneficia o perjudica a toda la población, porque es un bien que pertenece a la esfera social y transindividual, de allí deriva la particular energía con que los jueces deben actuar para hacer efectivos los mandatos constitucionales…” (conf. Fallos: 326:2316).
Asimismo, es menester recordar lo dicho por la CSJN en tanto: “…los jueces deben buscar soluciones que utilicen las vías más expeditivas a fin de evitar la frustración de derechos fundamentales…” (conf. Fallos: 327:2127 y 2413; 332: 1394, entre otros).
Conforme lo expuesto, son los principios de inmediatez y responsabilidad social los que así lo exigen, siendo este último aplicable en función de la prelación normativa que rige la materia, en tanto debe aplicarse la solución que resulte más favorable al ambiente: esto es, repito, que cualquier juez con competencia territorial pueda atenderlo.
II.3. Por otra parte, quisiera señalar que la interpretación de la Ley General del Ambiente, 25.675, en armonía con los arts. 2, 3 y 8 del Acuerdo de Escazú, en forma alguna habilita a que ante la interposición de una vía procesal que en forma concreta o tangencial aborde la temática ambiental de carácter transversal incida en la aplicación del régimen estatuido en los arts. 23, 36 y 35 de la ley 11.723. Ya que, la ley nacional citada y el Tratado ambiental humanitario complementa a las leyes locales siempre desde una perspectiva favorable a la tutela judicial del ambiente, por lo tanto, no correspondería evaluarse como una causal de excepción por la materia en un conflicto de competencia.
A esto, cabe agregar el principio pro natura –previsto en el art. 2 del Acuerdo de Escazú, ratificado por la ley 27.566-, como postulado normativo aplicativo -que difiere del principio precautorio dispuesto en el art. 4 de la ley 25.765- en tanto el primero establece que, en caso de duda, oscuridad o incertidumbre por parte de las autoridades administrativas o judiciales sobre el alcance o colisión de normas, principios o derechos fundamentales, cuando sea necesario reconocer un derecho sin reglas explicitas o en el momento de apreciar una regla ambiental en vigor, el magistrado deberá resolver a favor de la protección del ambiente. El segundo principio mencionado, refiere a lo que acontece ante la incertidumbre científica. En este caso planteado ambos principios deben guiar el accionar de la judicatura.
II.4. Por último, cabe mencionar también dos reconocimientos legislativos que estimo de vital trascendencia para la cuestión traída a debate: 1) el Acuerdo de Escazú (ya mencionado) y 2) la ley 15.276.
En cuanto al primero, es dable decir, que se encuentra vigente y ha sido ratificado por nuestro país por la ley 27.566, constituyéndose como el primer instrumento de protección ambiental en la región, es un tratado de derechos humanos que implementa el principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, garantizando el triple acceso efectivo a la información pública ambiental, la participación ciudadana en el proceso de adopción de las decisiones ambientales y el acceso a la justicia ambiental.
En este último, se establece el reconocimiento a la justicia en asuntos ambientales y con una interpretación hermenéutica pro natura y pro persona , dispone el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales garantizando del debido proceso en cuanto al fondo y los procedimientos, considerando sus circunstancias, con procedimientos efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales y sin costos prohibitivos; legitimación activa amplia en defensa del medio ambiente, de conformidad con la legislación nacional; la posibilidad de disponer medidas cautelares y provisionales para, entre otros fines, prevenir, hacer cesar, mitigar o recomponer daños al medio ambiente; medidas para facilitar la producción de la prueba del daño ambiental, cuando corresponda y sea aplicable, como la inversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba; mecanismos de ejecución y de cumplimiento oportunos de las decisiones judiciales y administrativas que correspondan y mecanismos de reparación, según corresponda, tales como la restitución al estado previo al daño, la restauración, la compensación o el pago de una sanción económica, la satisfacción, las garantías de no repetición, la atención a las personas afectadas y los instrumentos financieros para apoyar la reparación (conf. Ac. Escazú, ratificado por ley 27.566, arts. 2, inc. "a" y 8 punto 3).
Y, en cuanto al segundo, la ley 15.276 dispone la formación en la materia de los tres poderes de la provincia. En efecto, el artículo 1° establece: "Objeto. La presente Ley tien
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