Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78430
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes para conocer y decidir en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (arts. 7 inc. 1, CCA; 16 y 17 bis, ley 13.928 -texto según ley 14.192- y 38, ley 5.827). Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite.
B.78.430 “TORROBA MARIO CARLOS, MUNICIPIO DE BERAZATEGUI, GALE GUSTAVO CEFERINO, AVALOS JORGE OSCAR, PAREDES GUTIERREZ CECILIA DEL CARMEN, BEKER MARIA DE LOS ANGELES, ARDILES MARGARITA MARIA DEL, SANABRIA SARACHO OSCAR RUBEN, CABRERA ALFREDO FERNANDO, CABELLO RICARDO SEBASTIAN S/ AMPARO (RECURSO DE) - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. En las presentes actuaciones, Mario Carlos Torroba, Gustavo Ceferino Gale, Jorge OscarÁvalos, Cecilia del Carmen Paredes Gutiérrez, María de los Ángeles Beker, Margarita María del Carmen Ardiles, Oscar Rubén Sanabria Saracho, Alfredo Fernando Cabrera y Ricardo Sebastián Cabello promovieron amparo sindical con el objeto de obtener la nulidad de una serie de actos administrativos dictados por el Intendente de la Municipalidad de Berazategui mediante los cuales se resolvió no renovar el vínculo laboral que los unía con el municipio.
Explican que si bien todos ellos se desempeñaban como personal temporario a través de la suscripción de contratos que se fueron prorrogando a lo largo de los últimos años, la medida resultaría manifiestamente arbitraria atento su condición de miembros de la Comisión Directiva del Sindicato de Unión de Trabajadores Municipales de Berazategui y, por tanto, protegidos por las disposiciones de la ley 23.551 sobre Asociaciones Sindicales que prohíbe suspender o despedir a los delegados gremiales sin una resolución judicial previa.
II. La causa fue sorteada de conformidad con el sistema establecido en las resoluciones de esta Suprema Corte 1358/06, 1794/06 y 957/09, resultado adjudicado el Juzgado en lo Correccional N°2 del Departamento Judicial de Quilmes.
En lo que aquí interesa reseñar, su titular dictó sentencia rechazando la acción de amparo promovida (v. sent. de 20-V-2022).
Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso de apelación (v. presentación de 25-V-2022) y, siendo este concedido, se remitieron las actuaciones a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata.
No obstante, la mayoría de sus titulares entendieron que el organismo debía inhibirse de conocer en el asunto, al entender que no quedaba evidenciada la existencia de una cuestión propia de la materia contenciosa administrativa que autorizara su intervención en los términos del art. 17 bis de la ley 13.928, habida cuenta de la naturaleza laboral de los derechos establecidos en las normas de tutela sindical previstas en la ley 23.551 y, por ende, extraída del ámbito del derecho administrativo, aún cuando se las invoque en el marco de relaciones de empleo público (v. resol. de 14-VII-2022).
De este modo, la causa fue devuelta al juzgado de origen, cuyo titular resolvió remitirla a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes (v. prov. de 16-VIII-2022).
Sin embargo, uno de los magistrados que componen la Sala II de la referida Alzada ordenó enviar nuevamente el expediente a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, al no surgir de su declaración de incompetencia cuál debía ser el órgano que debía intervenir en el asunto (v. prov. de 18-VIII-2022).
Devueltos los autos a la cámara que había prevenido, uno de sus jueces la remitió otra vez a la cámara del fuero penal, al no advertir que del trámite del expediente que el juzgado de primera instancia hubiese requerido su intervención (v. prov. de 19-VIII-2022).
Consecuentemente, la causa regresó a la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes, pero sus magistrados se rehusaron a entender en la controversia.
Para así decidir, sostuvieron que si bien es correcto que el presente amparo no fue promovido bajo las reglas del proceso contencioso administrativo, la competencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata viene impuesta por los términos del art. 17 bis de la ley 13.928, toda vez que se encuentra cuestionada la legalidad de una actuación de la Municipalidad de Berazategui.
A la par, agregaron que la mencionada cámara no cumplió con lo que dispone el art. 8 de la ley 12.008, al devolverle el expediente al Juzgado en lo Correccional N°2 del Departamento Judicial de Quilmes -en lugar de remitirlo al órgano considerado competente-, motivo por el cual resolvieron enviárselo nuevamente (v. resol. de 24-VIII-2022).
Por fin, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata concluyó que se había configurado una contienda negativa de competencia y dispuso someter la cuestión ante esta Suprema Corte de Justicia en los términos del art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (v. resol. de 22-IX-2022).
III. En primer lugar, cabe recordar que el art. 17 bis de la ley 13.928 -texto según ley 14.192- dispone que en las acciones de amparo que se dirijan contra acciones u omisiones, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas, será tribunal de alzada la cámara en lo contencioso administrativo correspondiente a la jurisdicción donde tramitase el juicio, siempre que estén "regidas por el derecho administrativo".
A la vez, este cuerpo ya ha tenido ocasión de expedirse en punto al órgano judicial competente para conocer y decidir en las controversias fundadas en las disposiciones de la Ley de Asociaciones Sindicales N°23.551, estableciéndose que estas, por su naturaleza, quedan excluidas del fuero contencioso administrativo (doctr. causa L. 117.296, "Luque", resol. de 20-III-2013), situación que no varía ante el hecho de que el caso ocurra en el marco de una relación que, liminarmente valorada, pueda ser catalogada como de empleo público, pues subsume en la regla de exclusión prevista en el art. 4 inc. 1° de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- al encontrarse gobernada, primariamente, por normas o convenios de derecho laboral (doctr. causa B. 72.57, "López", resol. de 6-XI-2013 y sus citas).
Siendo así, no corresponde subsumir la presente causa en lo previsto en el art. 17 bis de la Ley de Amparo, puesto que no se encuentra regida primariamente por el derecho administrativo (arg. causa B. 73.305, "Nieto", resol. de 23-IV-2015).
IV. Ahora bien, sentado que el litigio escapa de los parámetros de dicho precepto, cabe recordar que este Tribunal ha resuelto con reiteración que en el ámbito del proceso constitucional de amparo -y por fuera de aquel singular supuesto- para determinar el órgano que habrá de entender en instancia de apelación, la regla es la que consagra el art. 38 de la ley 5.827. Es decir, que el recurso debe ser resuelto por la alzada natural del juzgado de origen (doctr. causas B. 72.432, "Ongaro", resol. de 21-VIII-2013; B. 73.316, "Magliano", resol. de 29-XII-2014; B. 73.124, "Loyacone" y B. 73.317, "Falamir", ambas resol. de 12-XI-2014; B. 73.558, "Muszkat", resol. de 21-X-2015; B. 74.576, "M.M.I.", resol. de 8-II-2017; B. 74.724, "Municipalidad de General Pueyrredon", resol. de 28-VI-2017; B. 75.040, "Sánchez", resol. de 20-XII-2017; B. 76.329, "Georgudakis", resol. de 29-IV-2020; B. 76.929, "Maffia", resol. de 8-IV-2021; B. 77.387, "M.D.I.C.", resol. de 11-XI-2021 y B. 78.079, "Trigo", resol. de 23-IX-2022).
Por ende, corresponde que sea la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes el órgano que continúe conociendo en las presentes actuaciones.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes para conocer y decidir en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (arts. 7 inc. 1, CCA; 16 y 17 bis, ley 13.928 -texto según ley 14.192- y 38, ley 5.827). Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite.
Hágase saber lo decidido a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/02/2023 17:42:01 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/02/2023 19:33:13 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/02/2023 08:13:26 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/03/2023 10:09:06 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/03/2023 11:32:49 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 02/03/2023 11:37:30 hs. bajo el número RR-82-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia