Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78108
B.78.108 “ETULAIN VIVIANA C/ MUNICIPALIDAD DE MAR CHIQUITA S/ AMPARO -CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Carral dijeron:
I. La señora Viviana Etulain promueve acción de amparo contra la Municipalidad de Mar Chiquita, a los fines de que se le ordene, de un lado, brindar información pública ambiental respecto de una obra de pavimentación de grandes dimensiones a realizarse en la localidad de Camet Norte y, de otro, garantizar en relación a aquel proyecto urbanístico la implementación de los mecanismos de participación ciudadana previstos en la ley 25.675 y en el Acuerdo de Escazú , aprobado por la ley 27.566. Asimismo, requiere el dictado de una medida cautelar de no innovar mediante la cual se disponga la suspensión de la puesta en marcha de las referidas obras.
En lo concerniente a los hechos, indica que el municipio demandado anunció el inicio de la pavimentación en cuestión a través de una publicación en su cuenta oficial de la red social Facebook, sin que previamente se hubiera habilitado una instancia de diálogo que permitiera a los vecinos de la zona afectada expresar su parecer sobre la conveniencia de la ejecución de tal obra.
Resalta que antes de que se efectuara ese anuncio, se solicitó formalmente a la demandada -en más de una ocasión- que brindara información detallada acerca de las tareas que se llevarían a cabo en el lugar, dada la imprecisión técnica y ambigüedad de los datos que fueran públicamente proporcionados por la comuna.
Luego, refiere que la pavimentación de calles no solo alteraría el diseño urbano y el tránsito vehicular en la localidad, sino también las condiciones de permeabilidad del suelo sobre el cual estas están emplazadas.
Por último, alega que -en principio- no existirían constancias que acrediten la realización de una evaluación de impacto ambiental previa al inicio de los trabajos, conforme lo exige la normativa específica que rige la materia.
II. La causa se inició en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°10 del Departamento Judicial de Mar del Plata, cuyo magistrado a cargo se declaró incompetente al considerar que en el caso no corresponde aplicar las pautas para la asignación de acciones de amparo que establecen las resoluciones 1328/06 y 1784/06 de esta Suprema Corte. En este sentido, sostuvo que, por tratarse de una cuestión ambiental, era el juez contencioso administrativo el que debía intervenir (arg. arts. 7 y 32 de la ley 25.675; art. 35 de la ley provincial 11.723). No obstante el criterio adoptado, resolvió, entre otras cosas, hacer lugar a la tutela preventiva requerida por la actora (v. resol. de 10-VI-2022).
De esta manera, las actuaciones recayeron en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental. Sin embargo, su titular también se rehusó a conocer en la controversia tras estimar -fundamentalmente- que "...cuando se trata de un amparo no habría motivos para diferenciar la materia sobre la cual el mismo trata", debiendo aplicarse sin más lo dispuesto en el régimen de sorteos vigente para este tipo de juicios (v. resol. de 16-I-2022).
Al así decidir, planteó formalmente la contienda negativa de competencia, elevando las presentes actuaciones a esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo.
III. Es útil comenzar recordando que en los procesos de amparo, este Tribunal, a partir del régimen fijado en las resoluciones 1358/06 y 1794/06 -ratificadas por resolución 957/09-, estableció que cualquier juez de primera instancia resulta competente para conocer y decidir en tales acciones, independientemente de su concreta especialización material (v. por todas, doctr. causas B. 77.242, "Desarrollos Educativos S.A.", resol. de 19-VIII-2021). Ello es así, básicamente, por cuanto la determinación de una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesiva de derechos constitucionales primordiales en principio no la requiere (conf. arts. 43, Const. nac. y 20 inc. 2, Const. prov.).
Empero, esa regla está sujeta a excepciones con el fin de hacerla compatible con otras disposiciones de jerarquía legal también presentes en el ordenamiento jurídico provincial.
III.1. Una de ellas trata de los amparos de sustancia ambiental, para los cuales se ha tenido que armonizar el régimen de sorteos aplicable a tales juicios con lo contemplado en los arts. 34 y 35 de la ley 11.723, que aluden a la competencia del fuero contencioso administrativo cuando se trate de daños o peligros ambientales causados por el Estado, resolviendo que en dichos supuestos la adjudicación únicamente debe hacerse entre sus organismos, con exclusión de los demás (doctr. causas B. 71.068, "Ávila", resol. de 3-XI-2010; B. 71.816, "La Diana S.A.", resol. de 21-XII-2011; B. 74.491, "Mancuso", resol. de 7-XII-2016; B. 75.000, "Iparraguirre", resol. de 14-II-2018; B. 75.781, "Sama", resol. de 22-V-2019 y B. 77.316, "Pellicione", resol. de 11-XI-2021).
III.2. Sumado a lo anterior, más recientemente se estableció que existen motivos razonables que recomiendan la concentración de las pretensiones canalizadas por la vía del amparo, a través de las cuales se procura obtener información pública de parte de una autoridad de esa misma naturaleza, en cabeza de los jueces especializados en derecho público. Incluyendo aquella de contenido ambiental, sin que corresponda en tales supuestos observar el régimen general de asignación de expedientes por ante cualquier juez (conf. arts. 166 in fine , Const. prov. y 7 inc. 1, CCA; doctr. causas B. 77.402, "Organización de Ambientalistas Autoconvocados", resol. de 21-XII-2022; B. 77.432 y B. 77.433, "Lowy", resols. de 10-II-2023).
IV. Bajo tales parámetros, es necesario ponderar que en el presente pleito la actora ha articulado dos pretensiones: una dirigida a obtener información pública ambiental sobre una obra de pavimentación en la localidad de Camet Norte y otra tendiente a garantizar la implementación de mecanismos de participación ciudadana referentes a ella.
Así las cosas, corresponde -en uno y otro caso- que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mar del Plata el órgano que continúe conociendo en el asunto.
Así lo votamos.
El señor Juez doctor Torres dijo:
I. En primer término, resulta de interés advertir que me he expedido en conflictos de competencia análogos al presente y en consecuencia las consideraciones allí formuladas guiarán, en lo medular, la solución de la cuestión bajo análisis (v. causas B. 77.432 y B. 77.433, ambas "Lowy", resols. de 10-II-2023).
II.1. Dadas las particularidades del caso, me aparto de la solución propuesta por mis colegas que anteceden, por los fundamentos que seguidamente expondré:
II.1.a. En primer lugar, he de señalar que el conflicto de competencia quedó configurado de la siguiente manera. La actora presentó una acción de amparo -en los términos de la ley 13.928- a razón de la omisión incurrida por la Municipalidad de Mar Chiquita a brindarle información respecto de los aspectos técnicos de un proyecto de pavimentación a realizarse en la localidad de Camet Norte. En dicho orden, tal y como fue planteado el objeto de la demanda, la causa fue sorteada de conformidad con el régimen dispuesto por las resoluciones 1358/06 y 1794/06 de este Tribunal, siendo la causa adjudicada al Juzgado en lo Civil y Comercial N°10 del Departamento Judicial de Mar del Plata. A su turno, el juez a cargo se rehusó a intervenir en el pleito argumentando que, a su entender, la cuestión a resolver era propia de la materia contencioso administrativa por tratarse de un amparo ambiental (arts. 7 y 32 de la ley 25.675; art. 35 de la ley provincial 11.723) . No obstante, dispuso la concesión de una medida cautelar de no innovar en los términos requeridos por la peticionante (v. resol. de 10-VI-2022).
Seguidamente, las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 departamental, cuyo titular tampoco aceptó la competencia atribuida, tras considerar que, atento a la vía procesal elegida, correspondía estarse al sorteo realizado de conformidad con las resoluciones citadas (v. resol. de 16-VI-2022).
Por lo expuesto, trabada la contienda negativa de competencia, la causa se elevó ante este Tribunal de acuerdo a lo establecido en el artículo 7, inciso 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo.
II.1.b. En este escenario, es considerable que el planteo de la actora deba encauzarse ante el órgano primigeniamente seleccionado mediante sorteo de conformidad con la vía procesal por ella elegida, y por la reglamentación que le resulta aplicable, siendo en este caso el Juzgado Civil y Comercial N°10 del Departamento Judicial de Mar del Plata.
Ello así, en tanto debe hacerse especial hincapié en el tipo de embate esgrimido, en el que juegan un papel central los principios precautorio y preventivo, los que operan en materia ambiental -debatida en autos- como mandatos de optimización.
Bajo tales premisas, frente a una denuncia de omisión de un municipio de dar acceso a la información ambiental requerida -como acontece en el particular-, debe actuarse con la inmediatez que el caso amerita.
Por el contrario, analizarlo como un caso de excepción a la reglamentación del régimen de la ley 13.928, resultará dilatorio para la tutela judicial efectiva del bien que se intenta proteger; esto es el ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano (conf. arts. 20 inc. 2 y 28 de la Const. Provincial y arts. 41, 43, segundo párrafo, de la Const. Nacional).
Es que, en efecto, el derecho ambiental se define por la esencia anticipatoria que, en línea con las consecuencias irreversibles y graves que acarrea la afectación del ambiente en resguardo, su regulación tiene como primer objetivo, evitar el daño, la disminución del riesgo, la no generación del hecho disvalioso. En su defecto, ocurrido aquel, persigue como segundo objetivo subsidiario la reconstitución integra del ambiente dañado. Solo ante la imposibilidad técnica científica de volver las cosas a su estado anterior, tendrá lugar su reparación económica sustitutiva, pero ésta por definición siempre será insuficiente.
En las presentes actuaciones se ha soslayado un elemento nodal para la resolución del conflicto. Me refiero al contenido de la información solicitada, la que aquí refiere a los pormenores técnicos de un proyecto de pavimentación de calles susceptible de afectar el equilibrio ambiental del lugar en el que se llevará adelante.
Es que la materia que subyace en la particular resulta determinante. A ese respecto, vale advertir que ya ha sido reconocido el derecho ambiental como una disciplina autónoma de envergadura por su trascendencia y su origen internacional -Conferencia de Estocolmo en 1972, creación del PNUM; la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1982 que aprobó la “Carta de la Tierra” y la creación de la Comisión del Medio Ambiente; la Comisión Brutland y su informe “Nuestro Futuro Común”, reclamando la adopción de una nueva declaración universal sobre el Ambiente y Desarrollo, reunida en Río de Janeiro de 1992, Protocolo de Kioto, Conferencia de París de 2015, entre otras,- y, en el constitucional –art. 28 de la Const. Provincial y arts. 41 y 43 de la Const. Nacional- como así también humanitario -Convención Americana sobre Derechos Humanos-.
En concreto, su mera invocación en la escena de la judicatura obliga a un abordaje profundo a fin de dirimir, desde un enfoque ambiental, cualquier cuestión de forma o de fondo que se presente; la que siempre deberá estar guiada por la premisa de evitar el daño -o de remediarlo si ya se hubiere producido-, acorde al claro y expreso mandato constitucional que así lo impone.
Esto se debe, principalmente, a que la esencia misma del derecho ambiental y el mandato de tutela que impone la Constitución (tanto Nacional como Provincial), conlleva a que el conflicto de competencia traído a resolución, nunca debió haberse dado. Su tratamiento es, por definición, urgente y prioritario; estando expresamente habilitado para su abordaje los tribunales de cualquier fuero, cuando la acción haya sido introducida a partir de la figura del amparo (ley 13.928).
Desatender tal extremo abriendo una cuestión de competencia –con necesario efecto dilatorio- conlleva incumplir con el mandato de tutela anticipatoria, además de generar un riesgo de ocurrencia o amplificación del eventual daño que debe evitarse o remediarse. Y ello, aun cuando la acción encarada tenga por objeto el acceder a información ambiental pues, naturalmente, además de constituir tal extremo una hipótesis que califica al caso como de naturaleza ambiental, tal acceso -insisto- será además la necesaria antesala de la acción consecuente de cese y/o remediación.
II.1.c. A lo dicho se agregan las características propias, exclusivas y diferenciadoras del derecho ambiental conformado por un conjunto normativo de naturaleza bifronte, tanto público como privado, que, enaltecido en los valores de solidaridad y cooperación, amparan el bien colectivo mediante la regulación de las actividades antrópicas que pueden alterarlo o afectarlo.
En ese orden de ideas, esta clase de derecho funciona como medio cuyo fin está dado por tutelar el equilibrio indispensable que permita la utilización racional del ambiente, tanto por las generaciones presentes como futuras. Para alcanzar tal objetivo, es necesario valerse de una reglamentación interdisciplinaria, transversal, preventiva, precautoria y progresiva de esas conductas humanas. Y ello debe valorarse atendiendo al extremo de que, en nuestra Provincia –a diferencia de otras como ser la Provincia de Jujuy que por ley 5.899, B.O. de 23-XII-2015, aprobó la “Creación del Fuero Ambiental y Fiscalías Ambientales”- no se ha creado un fuero especializado que asuma la jurisdicción material de todas las acciones que involucren al tema, por lo que, conforme las pautas procesales que rigen al proceso de amparo, todos los tribunales provinciales –más allá de su competencia material- tienen jurisdicción en materia ambiental.
Ello, en miras de lograr una tutela judicial efectiva e inmediata, conforme los principios de congruencia, precautorio y preventivo, establecidos en la ley 25.675; los que atento el orden de prelación normativa, rigen sobre la ley local aplicable al caso en tanto amplia la tutela del bien jurídico protegido.
Lo hasta aquí expuesto y por cuanto a lo dispuesto en el art. 28 de la propia Constitución provincial, la Provincia debe cumplir con el mandato de preservación, recuperación y conservación del ambiente y los recursos, la planificación de su aprovechamiento racional, la manda de controlar las actividades que perjudiquen los ecosistemas y la de garantizar el derecho a solicitar y recibir la adecuada información ambiental. También reforzado por la letra del art. 6 de la ley 11.723, que establece como principio aplicable una genérica potestad-deber ambiental en la Provincia, y que remata con una clara atribución de responsabilidad provincial y municipal, por acción o por omisión de ejercer dicho control.
Ese esquema normativo permite vislumbrar que, en la más de las veces, la acción ambiental podrá abarcar la responsabilidad –principal, solidaria o subsidiaria- de algún ente público local, sin que ello pueda determinar la jurisdicción material del fuero contencioso administrativo. Definir la competencia material a partir de tal extremo, implicaría la creación pretoriana de un fuero especializado que la Provincia de Buenos Aires no creó; y con ello, contrariar los principios basales de la materia ambiental en que se funda y sostiene esta rama del derecho.
Como dijimos, estamos ante una rama de naturaleza bifronte, tanto público como privado, en la que la cuestión debe definirse buscando hacer primar su fin de tutela inmediata y anticipada.
Sobre el punto, hago propia la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que postula que "la prevención de daños al ambiente obliga al dictado de decisiones urgentes, definitivas y eficaces" (Fallos: 331:1622, "Mendoza, Beatriz y otros c/ Estado Nacional y otros", 8-VII-2008, cons. 15), y la cual, en forma coherente con ese lineamiento general indica que "....no puede desconocerse que en asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental, las reglas procesales deben ser interpretadas con un criterio amplio que, sin trascender el límite de la propia lógica, ponga el acento en su carácter meramente instrumental de medio a fin, que en esos casos se presenta como una revalorización de las atribuciones del tribunal al contar con poderes que exceden la tradicional versión del juez espectador" (causa "Majul, Julio c/ Municipalidad del Pueblo General Belgrano y ot. s/ Amparo", 11-VII-2019, cons. 10; Fallos: 329:3493 y 342:1203; e.o.).
La Corte Suprema en el fallo “Salas, Dino y otros c/ Salta y E.N s/ Amparo”, de fecha 23-III-2009, sostuvo que “Dado que el principio precautorio produce una obligación de previsión extendida y anticipatoria a cargo del funcionario público, y su aplicación obliga a suspender las autorizaciones de tala y desmonte y su ejecución hasta tanto se efectúe un estudio del impacto acumulativo de dichos procesos, siendo el propósito actuar una vez que esos daños se manifiesten, y el administrador que tiene ante sí dos opciones fundadas sobre el riesgo, debe actuar precautoriamente, y obtener previamente la suficiente información a efectos de adoptar una decisión basada en un adecuado balance de riesgos y beneficios, pues la aplicación de aquél principio implica armonizar la tutela del ambiente y el desarrollo mediante un juicio de ponderación razonable, no debiendo buscarse oposición entre ambos, sino complementariedad, ya que su tutela no significa detener el progreso sino hacerlo más perdurable en el tiempo de manera que puedan disfrutarlo las generaciones futuras…”.
Para más, estimo replicable para la adecuada solución del caso, el camino procesal adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en distintos pronunciamientos recaídos en materia ambiental. Vemos por caso lo actuado en la causa "Mendoza" donde, al dictar la sentencia del 20 de junio de 2006, delimitó como objeto exclusivo de su competencia la tutela del bien colectivo ambiente, tanto en su faz de prevención como de recomposición (considerando 18). Tras ello, expresamente señaló que " 19) ...para la prosecución de estos objetos procesales, no existe la información adecuada...". A raíz de lo anterior y haciéndose eco de sus facultades instructorias y ordenatorias, resolvió: " Requerir al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires y al Cofema para que en el plazo de treinta días y en los términos de la ley 25.675: Presenten un plan integrado (art. 5: Los distintos niveles de gobierno integrarán en todas sus decisiones y actividades previsiones de carácter ambiental, tendientes a asegurar el cumplimiento de los principios enunciados en la presente ley basado en el principio de progresividad (art. 4) el que prevé que los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales proyectadas en un cronograma temporal... ". Recién cuando las intimadas presentaron sus informes y el plan que se le impusiera, la Corte federal dictó la sentencia (8 de julio de 2008) donde condenó a las demandadas a ejecutar el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), como manda de hacer obligatoria, impuesta por una sentencia.
Y más cerca en el tiempo -16 de julio de 2020-, en la causa del registro del Alto Tribunal nacional n° CSJ 243/2014 (50-L)/CS1 ORIGINARIO, caratulada "La Pampa, Provincia de c/ Mendoza, Provincia de s/ uso de aguas" y vinculada al conflicto entre las Provincias de La Pampa y Mendoza por el Río A
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.