Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78214
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor mayoría, declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial de Mar del Plata para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
Comunicar mediante oficio lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº5 departamental y al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Dolores.
B.78.214 “ROBUSTELLI STELLA MARIS Y OTROS C/ MUNICIPIO DE GENERAL PUEYRREDON S/ AMPARO -CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Carral, dijeron:
I. Stella Maris Robustelli -en su calidad de integrante de la organización Protección de Flora y Fauna ARG-, Gustavo Oscar Huici -en su carácter de representante de la fundación Surfrider Argentina- y María Soledad Arenaza Doxrud -como representante de la Asociación Civil Medio Ambiente Responsable (MAR)- promueven, en el carácter invocado y como ciudadanos de la localidad de Mar del Plata, la presente acción de amparo por prevención de daño ambiental contra la Municipalidad de General Pueyrredon, con el objeto de que se ordene el cese de las obras que se habrían llevado adelante con motivo del evento de vehículos de alta competición denominado "Enduro Pale Argentina", celebrado los días 29 a 31 de julio de 2022, en distintas playas de dicha ciudad balnearia.
Refieren que las obras cuestionadas fueron ejecutadas por el Ente Municipal de Vialidad y Alambrado Público (EMVIAL), para lo cual "...se han desarmado y/o desmontado paradores y/o Unidades Fiscales Turísticas, refugios de guardavidas y bajadas accesible para personas con movilidad reducida" ( sic ). En tal sentido, sostienen que dichas tareas no han transitado por el obligado procedimiento de evaluación de impacto ambiental, de modo que se estaría contrariando lo establecido en las leyes 25.675 y 11.723, además de disposiciones de rango constitucional (cfr. arts. 75 inc. 22, 41 y 43, Const. nac. y 28, Const. prov.).
Al mismo tiempo, denuncian que no obtuvieron la respuesta esperada por parte de los funcionarios locales como provinciales frente a sus reiterados reclamos ( v.gr. , acceso a la información ambiental, carta documento), circunstancia que plasmaría la falta de participación ciudadana en asuntos donde están en juego "...la defensa, protección y conservación de espacios comunes".
Por su parte, al entender que podrían encontrarse comprometidos intereses colectivos -en particular, el de las personas con discapacidad-, peticionan se dé intervención al Ministerio Público Fiscal y a la Defensoría del Pueblo comunal. En ese orden, solicitan también la inscripción del litigio en el Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva (Ac. SCBA 3660).
Finalmente, requieren el dictado de una medida cautelar que disponga la suspensión de las mencionadas obras, ordenándose la remoción de lo ejecutado y la restauración del área afectada al estado en el que se encontraba antes de la celebración del aludido evento (v. escrito electrónico de fecha 26-VII-2022).
II. La causa fue iniciada en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº5 del Departamento Judicial de Mar del Plata, cuyo magistrado suplente, como primera providencia y sin admitir su competencia, decidió hacer lugar al pedido de habilitación de feria que habían formulado los actores, declaró admisible la pretensión incoada y corrió traslado de la demanda, entre otras diligencias procesales a las que diera curso - v.gr ., fijación de audiencia informativa, notificación al Ministerio Público Fiscal, a la Defensoría del Pueblo local, así como al Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva-(v. proveído de 26-VII-2022).
Empero, una vez celebrada la audiencia de fecha 27 de julio de 2022, el juez actuante rechazó la medida precautoria articulada y, en esa misma oportunidad, declinó su competencia tras estimar que, dada la materia sobre la que versa la cuestión y por razones de turno, debía intervenir el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Dolores (conf. Ac. 4070/22). Pese a esto, también recomendó que el municipio demandado acompañe a la causa las constancias de las "...tareas de reposición de las cosas a su estado anterior" (v. resol. de 28-VII-2022).
En lo que aquí concierne, los obrados fueron remitidos al aludido órgano, cuyo titular estimó que habiendo cesado las razones que justificaron su intervención –por la conclusión del receso invernal-, el expediente debía ser girado a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de Mar del Plata, a los fines de que se efectúe el correspondiente sorteo entre los órganos del fuero especializado en la materia contencioso administrativa (v. proveído de fecha 3-VIII-2022).
Así, el pleito quedó radicado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº2 del aquel Departamento Judicial.
Sin embargo, su magistrado se inhibió de conocer en el asunto, argumentando que debía estarse a la vía seleccionada por los demandantes y a la asignación realizada de conformidad con las resoluciones de este Tribunal 1358/06 y 1794/06. Asimismo, puso de resalto la actividad desplegada por el órgano que previno y, en base a ello, estimó que el desprendimiento efectuado devenía extemporáneo (v. resol. de fecha 8-VIII-2022).
De esta manera, planteó una contienda negativa, elevándola a esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima de acuerdo a lo previsto por el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III.1. En primer lugar, cabe señalar que la presente acción de amparo se adjudicó temporalmente al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº5 de Departamento Judicial de Mar del Plata durante una feria de invierno, cuyo titular pasó el expediente, en razón de la materia y de turno, a su par en lo contencioso administrativo de Dolores. Este último magistrado, por su parte, una vez concluido el receso, remitió los obrados a la Receptoría General de Expedientes de Mar del Plata, a razón de la especialidad de la materia, para el sorteo definitivo entre los juzgados pertenecientes al fuero especializado en derecho público (v. resol. de 3-VIII-2022), quedando finalmente radicada en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 de aquel departamento judicial.
Siendo esto así, y teniendo en cuenta que la actuación desplegada por los dos primeros órganos jurisdiccionales intervinientes en autos ha sido excepcional -producto del sistema de distribución provisional de las acciones de amparo que se promuevan durante el receso invernal-, cabe atribuir el conocimiento del pleito al juzgado con competencia en lo contencioso administrativo de la ciudad de Mar del Plata (arg. resol. SCBA 851/12; cfr. causas B. 69.057, “Ojeda”, resol. de 30-V-2007 y B. 75.607, "Blanco", resol. de 21-XI-2018 y sus citas).
III.2. Lo expresado, de un lado, atento la naturaleza del reclamo incoado, por medio del cual se pretende paralizar o levantar las obras autorizadas y ejecutadas por la comuna en distintas playas de la ciudad balnearia a propósito de la organización de un espectáculo deportivo, en presunta contravención de las disposiciones tuitivas que rigen la materia ambiental.
De otro, es dable recordar que esta Corte ha destacado la necesidad de armonizar las acciones de amparo de contenido ambiental con las disposiciones de los arts. 34 y 35 de la ley 11.723, que establecen que cuando a consecuencia de acciones del Estado se produzcan daños o pudiera derivarse una situación de peligro al ambiente y/o a los recursos naturales ubicados en territorio provincial, luego de un trámite administrativo previo, los legitimados allí individualizados "...quedarán habilitados a acudir ante la justicia con competencia en lo contencioso administrativo, que dictaminará sobre la legalidad de la acción u omisión cuestionada".
De ahí que, en supuestos como el presente, no son aplicables las resoluciones 1358/06 y 1794/06 traídas a colación, resultando competente exclusivamente dicho fuero (doctr. causas B. 68.566, "Gonzalez", resol. de 3-V-2006; B. 71.068, "Ávila", resol. de 3-XI-2010; B. 71.816, "La Diana SA", resol. de 21-XII-2011; B. 71.884, "Savastejko", resol. de 27-VI-2012; B. 72.006, "Feito", resol. de 6-XI-2012; B. 72.365, "Bastons", resol. de 22-V-2013; B. 73.096, "Organización No Gubernamental Para el Cuidado del Medioambiente", resol. de 25-VI-2014; B. 74.448, "Asociación Civil Foro Medioambiental", resol. de 15-XI-2016; B. 74.491, "Mancuso", resol. de 7-XII-2016; B. 75.000, "Iparaguirre", resol. de 14-II-2018; B. 75.781, "Sama", resol. de 22-V-2019; B. 76.520, "Fernández", resol. de 23-XI-2020; B. 76.703, "Di Lullo", resol. de 23-II-2021 y B. 76.655, "Belcastro", resol. de 9-IV-2021).
IV. A tenor de los fundamentos arriba expuestos, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial de Mar del Plata el órgano que continúe interviniendo en el conflicto.
Así lo votamos.
El señor Juez doctor Torres dijo:
I. Disiento con la solución propuesta por mis colegas preopinantes.
Ello así, por cuanto -del modo en que ha quedado configurado- el conflicto suscitado guarda características semejantes a los planteos abordados en las causas B. 77.841, "Juara" y B. 78.191, "Zadikian" (resols. de 10-II-2023) y B. 78.108, "Etulain" (resol. de 13-IV-2023), entre otras, en donde he tenido oportunidad de expresar mi parecer respecto de la posibilidad de entablar una acción expedita de amparo cuando se vea afectada en forma directa o tangencial el ambiente, la cual debe ser atendida por cualquier juez con competencia territorial al efecto, sin que quepa reconocer prevalencia en tal escenario procesal al fuero contencioso administrativo, no obstante los particulares supuestos normados por los arts. 34 y 35 de la ley 11.723, que difieren de lo acontecido en la especie.
II. Sin perjuicio de lo expuesto, advierto que el Juzgado de primera instancia que previno en autos tuvo una intervención temporal, debido a que la causa se inició durante la feria judicial (conf. SCBA, RC 1.358/06, RC 1.794/06 y RP 851/12).
Pues bien, de la reglamentación dictada en el ámbito de este Tribunal que acaba de citarse se desprende que, finalizado el período de feria judicial, debe llevarse a cabo el sorteo definitivo entre los órganos jurisdiccionales de los distintos fueros (v. en tal sentido causa B. 78.940, "Bustamente", resol. de 29-VIII-2023).
Dicho sorteo definitivo no coincide con el practicado en autos por la Receptoría General de Expedientes de Mar del Plata, ya que, de acuerdo con lo indicado por el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Dolores, aquel se limitó a los órganos del fuero contencioso administrativo (v. prov. de fecha 3-VIII-2022).
III. Atento las conclusiones y fundamentos desarrollados en los precedentes mencionados en el punto I de este voto, a los que cabe remitir, así como a las particularidades del caso que han sido señaladas, sin dejar de advertir cuanto se desprende de las actuaciones labradas hasta el presente (entre ellas, la audiencia celebrada el 27-VII-2022 y el compromiso allí asumido en torno a la reposición de las cosas al estado anterior al evento que motivó esta acción), corresponde remitir las presentes actuaciones a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial Mar del Plata, para su inmediato sorteo mediante el sistema establecido por las resoluciones de esta Suprema Corte 1.358/06 y 1.794/06, cuya vigencia fuera ratificada mediante la resolución 957/09 (conf. arts. 20 inc. 2, Const. prov.; 1 y 3, ley 13.928).
Así lo voto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Por mayoría, declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial de Mar del Plata para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
Comunicar mediante oficio lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº5 departamental y al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Dolores.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/10/2023 09:23:05 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/10/2023 14:01:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/10/2023 14:32:35 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/10/2023 08:30:20 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/10/2023 10:35:02 - CARRAL Daniel Alfredo - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/10/2023 14:12:04 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 09/10/2023 14:14:07 hs. bajo el número RR-918-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia