Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78869
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe le devolverá electrónicamente el expediente (conf. art. 7 inc. 1, CCA).
Póngase en conocimiento del Tribunal de Trabajo N°3 del mismo departamento lo aquí resuelto.
B.78.869 "MANCINI SONIA NORMA Y OTRO/A C/ CONSEJO ESCOLAR Y OTROS S/ AMPARO -CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008"
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria, Genoud y Carral, dijeron:
I. Sonia Norma Mancini y José María Paolucci promueven acción de amparo contra el Consejo Escolar del Partido de General Pueyrredon, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (Secretaría de Integración Socio Urbana), con el objeto de que se decrete el cese de la ejecución de la obra iniciada en el predio comprendido entre las calles Fortunato de la Plaza, Carusso, Soler y República de Cuba, sito en la ciudad de Mar del Plata. Asimismo, solicitan que se cite a la Municipalidad de General Pueyrredon como tercero y que cautelarmente se suspendan los trabajos allí realizados, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en la presente controversia.
Relatan que el terreno en el que se asienta la construcción del complejo de viviendas en cuestión fue donado en el año 1935 por la familia Peralta Ramos a la Provincia de Buenos Aires, con el cargo de utilización exclusiva para la creación de establecimientos educacionales. Sin embargo, explican que el 20 de diciembre de 2021 la Dirección General de Cultura y Educación cedió a la Secretaría de Integración Socio Urbana un total de 24.000 metros cuadrados del inmueble identificado catastralmente como Circunscripción XI, Sección H, Chacra 42, Parcela 38 del referido Partido. Ello, para realizar el proyecto de urbanización del barrio Fortunato de la Plaza, que consiste en el completamiento ordenado del tejido urbano a partir de la generación de unos 56 lotes aptos para la construcción de viviendas familiares que serían entregadas mediante el programa “Lote.Ar” de la Nación al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
Señalan, asimismo, que no se ha observado el procedimiento estatuido por la ley 11.723 para el desarrollo de la mencionada obra, en tanto no se ha efectuado un estudio de impacto ambiental previo a su aprobación ni se ha obtenido ningún certificado de prefactibilidad del proyecto.
En atención a esto, afirman que la construcción de aquel complejo habitacional no solo se aparta del destino con el que fue originariamente donado el predio, sino que también se provocaría un importante daño ambiental, en perjuicio de la calidad de vida de los vecinos de la zona.
II. La causa fue sorteada de conformidad con el régimen aplicable, resultando adjudicado el Tribunal de Trabajo N°3 del Departamento Judicial de Mar del Plata. No obstante, sus integrantes se rehusaron a conocer en el asunto tras sostener que la contienda involucraría la tutela jurisdiccional frente a un posible daño ambiental causado por el Estado, por lo que la regla general de asignación de casos constitucionales por sorteo debía ceder en beneficio de la jurisdicción especial consignada en los arts. 34 y 35 de la ley 11.723 (v. resol. de 2-VI-2023).
Fue así que el expediente recayó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental. Sin embargo, su titular consideró que tampoco correspondía su intervención en el litigio, estimando acertada la atribución de competencia al órgano que previno. Esto, por haberse respetado el sistema de adjudicación establecido para este tipo de pleitos. Así, estimó que “...aun cuando la causa sea de competencia de este fuero, si se canaliza por una acción de amparo debe tramitar ante cualquier juez” (v. resol. de 26-VI-2023).
En consecuencia, dio por configurada la contienda negativa y procedió a someterla ante esta Suprema Corte de Justicia en los términos del art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. En la especie, la naturaleza del reclamo incoado determina que la causa deba seguir tramitando por ante el fuero especializado en derecho público.
Al respecto, cabe señalar que, si bien es cierto que esta Corte ha reiteradamente establecido que el sistema que rige la asignación de expedientes en el marco del proceso constitucional de amparo -instrumentado por las resoluciones de este Tribunal 1358/06 y 1794/06, ratificada por resolución 957/09-, prescinde de una concreta especialización ratione materiae y consagra una amplia regla de competencia; también lo es que ha destacado la necesidad de armonizar las acciones de amparo de contenido ambiental con las disposiciones de los arts. 34 y 35 de la ley 11.723, que determinan que cuando a consecuencia de acciones del Estado se produzcan daños o pudiera derivarse una situación de peligro al ambiente y/o recursos naturales ubicados en territorio provincial, luego de un trámite administrativo previo, los legitimados allí individualizados "...quedarán habilitados a acudir ante la justicia con competencia en lo contencioso administrativo, que dictaminará sobre la legalidad de la acción u omisión cuestionada".
De ahí que, en tales supuestos, no correspondía efectuar el sorteo para la asignación conforme el régimen descripto, sino que por tratarse de un caso que le incumbe decidir a los órganos del fuero contencioso administrativo, procedía su adjudicación al juzgado materialmente competente (doctr. causas B. 68.566, "Gonzalez", resol. de 3-V-2006; B. 71.068, "Ávila", resol. de 3-XI-2010; B. 71.816, "La Diana SA", resol. de 21-XII-2011; B. 71.884, "Savastejko", resol. de 27-VI-2012; B. 72.006, "Feito", resol. de 6-XI-2012; B. 72.365, "Bastons", resol. de 22-V-2013; B. 73.096, "Organización No Gubernamental Para el Cuidado del Medioambiente", resol. de 25-VI-2014; B. 74.448, "Asociación Civil Foro Medioambiental", resol. de 15-XI-2016; B. 74.491, "Mancuso", resol. de 7-XII-2016; B. 75.000, "Iparaguirre", resol. de 14-II-2018; B. 75.781, "Sama", resol. de 22-V-2019; B. 76.520, "Fernández", resol. de 23-XI-2020; B. 76.703, "Di Lullo", resol. de 23-II-2021; B. 76.655, "Belcastro", resol. de 9-IV-2021; B. 77.316, “Pellicone”, resol. de 11-XI-2021; B. 77.500, “Gugliotta”, resol. de 20-XII-2021; B. 77.841, “Juara” y B. 78.191, “Zadikian”, ambas resol. de 10-II-2023 y B. 78.108, “Etulain”, resol. de 13-IV-2023).
IV. Bajo tales premisas, es necesario ponderar que los actores deducen una acción de amparo a fin de que se disponga la paralización de la obra emplazada en el predio cedido por la Dirección General de Cultura y Educación provincial al Ministerio de Desarrollo Social nacional para la construcción de un complejo habitacional cuyas unidades serán entregadas a los residentes del barrio Villa Evita en el marco del programa “Lote.Ar”, en supuesta contravención de las previsiones que receptan y regulan la tutela ambiental en el ámbito nacional y local.
V. Por lo expuesto, tal como fuera adelantado, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mar del Plata el órgano que continúe interviniendo en esta litis .
Así lo votamos.
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Disiento de la solución propuesta por mis colegas preopinantes.
II. Ello por cuanto, la contienda planteada –del modo en que ha quedado configurada- guarda características semejantes al planteo trabado en las causas B. 77.841, “Juara” y B. 78.191, “Zadikian” (ambas resol. de 10-II-2023) y B. 78.108, “Etulain” (resol. de 13-IV-2023), en donde he tenido oportunidad de expresar mi parecer respecto de la posibilidad de entablar una acción expedita de amparo cuando se vea afectada en forma directa o tangencial el ambiente, acción que deberá ser atendida por cualquier juez que tenga competencia territorial al efecto, no obstante, los particulares supuestos normados por los arts. 34, 35 y 36 de la ley 11.723.
III. En virtud de esto, atento las conclusiones y fundamentos desarrollados en los mencionados precedentes a los que cabe remitir por razones de economía procesal y a fin de evitar un dispendio de actividad jurisdiccional, corresponde que sea el Tribunal de Trabajo N°3 del Departamento Judicial de Mar del Plata el órgano que continúe conociendo en las presentes actuaciones.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Maidana , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó en el mismo sentido.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Por mayoría, declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, al cual, a los efectos de que siga interviniendo en el asunto, se le devolverá electrónicamente el expediente (conf. art. 7 inc. 1, CCA).
Póngase en conocimiento del Tribunal de Trabajo N°3 del mismo departamento lo aquí resuelto.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/10/2023 09:23:07 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/10/2023 14:01:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/10/2023 14:32:35 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/10/2023 10:35:05 - CARRAL Daniel Alfredo - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/10/2023 11:09:55 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/10/2023 08:06:30 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/10/2023 13:16:15 hs. bajo el número RR-927-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia