Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78744
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor mayoría, declarar competente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Quilmes (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
B.78.744 "FRADE MONICA EDITH C/ MUNICIPALIDAD DE QUILMES S/AMPARO -CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008"
Los señores Jueces doctores Genoud y Maidana y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. La señora Mónica Edith Frade, en su condición de diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires, promueve acción de amparo contra la Municipalidad de Quilmes, con el objeto de que se ordene brindar información pública relativa al personal que se desempeña (en comisión) en el Concejo Deliberante comunal.
Al respecto, relata que el 13 de febrero del año 2023, requirió al municipio que le proporcione datos sobre:
a) la nómina total del personal designado en la órbita del Poder Ejecutivo municipal que se encuentra prestando servicios en comisión en el Concejo Deliberante desde junio de 2020 hasta la fecha; y
b) la nómina total del personal que se encuentra eximido de registrar asistencia periódica por firma de planillas o sistemas biométricos. En tales casos, indicar motivo de la eximición, su duración, autoridad que autorizó dicha eximición, lugar habitual de trabajo de cada uno de los eximidos y secretaría o área donde se encuentran designados.
Asimismo, explica que, al presentar la solicitud ante la Mesa de Entradas correspondiente, le fue comunicado que se había originado el expediente administrativo N° EX 2023-000-24515-QUI-SDEMEYASLYT. Sin embargo, alega que su solicitud no ha recibido respuesta alguna.
Paralelamente, interpuso otro juicio de amparo frente al silencio guardado por la comuna ante otro pedido presentado en la misma fecha, con el propósito de que se le informe sobre:
a) la integración del Consejo Municipal para la Atención de las Adicciones. Indique nombre, apellido, profesión y fecha desde la cual se encuentra conformado el comité ejecutivo del Concejo;
b) la composición de la Comisión Asesora del Consejo Municipal de Atención de Adicciones. Indique nombre, apellido, profesión y entidad de bien público a la que representa cada integrante. Remita copia del reglamento de funcionamiento y atribuciones de la Comisión Asesora; y
c) las acciones conjuntas, suscripción de convenios y capacitaciones llevadas adelante desde el Consejo junto al Sedronar y otros organismos para la prevención y atención de adicciones;
Y remita, a su vez, copia de una serie de documentos que detalla.
Así pues, entiende que se han vulnerado derechos y garantías de raigambre constitucional como son los contenidos en los arts. 1, 14, 32, 33, 38, 41, 42 y 75 inc. 22 de la Carta nacional, como así también los previstos en los arts. 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
II. Con arreglo al régimen de sorteos vigente para los juicios de amparo, la causa fue adjudicada al Juzgado de Ejecución N°1 del Departamento Judicial de Quilmes, cuya titular se excusó de intervenir dado que conocía personalmente a la actora (v. resol. de 20-IV-2023).
De esta manera, resultó desinsaculado el Juzgado de Garantías N°2 departamental, cuyo magistrado se inhibió de entender en el asunto tras estimar, de un lado, que no se trataba “de una situación extrema que ponga en peligro derechos fundamentales y, con ello, una actuación al margen de la manda constitucional” y, de otro, que la materia excedía el ámbito de su conocimiento, por lo que el pleito debía ventilarse ante los estrados del fuero especializado en derecho público (v. resol. de 24-IV-2023).
Al así decidir, remitió el expediente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 de aquel departamento judicial, cuyo magistrado también se rehusó a conocer en el litigio. Para ello, sostuvo que las normas que establecen el principio de la competencia exclusiva en los casos administrativos se resignan frente al sistema de adjudicación mediante sorteo ante "cualquier juez" establecido en las disposiciones que regulan el juicio de amparo (v. resol. de 26-IV-2023).
Es así que planteó formalmente la contienda negativa y la sometió ante esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. Tal como ha sostenido el Tribunal en reiteradas oportunidades, para establecer la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que se hace en la demanda y, sólo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión (doctr. causas B. 68.059, "Baez", resol. de 3-XI-2004; B. 68.811, "Harguinteguy", resol. de 20-IX-2006; A. 69.484, "Ferrero Argentino SA", resol. de 18-III-2009; B. 71.816, "La Diana SA", resol. de 21-XII-2011; B. 73.426, "Abaca", resol. de 29-XII-2014; B. 74.248, "Asociación Inquietudes Ciudadanas", resol. de 26-X-2016; B. 75.270, "Saldaña", resol. de 6-VI-2018; B. 76.381, "Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 2-IX-2020; B. 76.704, "Bello", resol. de 23-II-2021 y B. 77.360, "Municipalidad de Armstrong", resol. de 15-X-2021; conf. CSJN Fallos: 309:229; 310:116; 311:172; 313:971; 318:298).
IV. En ese orden, del escrito de postulatorio, la señora Frade, en su carácter de diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires, solicita se ordene a la demandada brindar información pública relativa al personal que se desempeña (en comisión) en el Concejo Deliberante comunal, como también la nómina total las designaciones en la órbita del Departamento Ejecutivo que presta servicios en comisión en el Deliberativo desde junio de 2020 hasta la fecha y la nómina total del personal que se encuentra eximido de registrar asistencia periódica por firma de planillas o sistemas biométricos, entre otras precisiones. Añade que interpuso otro juicio de amparo frente al silencio comunal y con motivo de otro pedido presentado en la misma fecha.
Inicialmente, la voluntad de la actora y los hechos narrados en su presentación involucran los contenidos de la ley 12.475, la que a su vez preceptúa que contra las decisiones que denieguen el derecho de acceso a documentos, o en el caso previsto en el art. 7, podrán interponerse las acciones de amparo o habeas data, según corresponda.
En la especie, la naturaleza del reclamo incoado determina que la causa deba seguir tramitando por ante el fuero contencioso administrativo.
V. Es importante destacar que si bien esta Corte ha afirmado que el sistema para asignar casos en el proceso constitucional de amparo -regido por las resoluciones 1358/06 y 1794/06 de este Tribunal, ratificadas por la resolución 957/09- no requiere una especialización específica por razón de la materia y establece una amplia regla de competencia, también ha resaltado la necesidad de armonizar las acciones de amparo relacionadas con distintos regímenes legales (v.gr., arts. 34 y 35 de la ley 11.723).
VI. En este caso el factor de atribución del órgano jurisdiccional que debiera entender en autos es la eventual negativa de brindar a la actora la información –de contenido público- que reclamara en los términos de la ley 12.475.
Ante ello, la presunción establecida por el art. 1 inc. 2 de la ley 12.008 –texto según ley 13.101-, permite concluir que se trata de un supuesto aprehendido por la cláusula general que define la materia contencioso administrativa (arts. 166, Constitución de la Provincia y 1 inc. 1, ley 12.008 –texto según ley 13.101-).
VII. En la presentación inicial se argumenta que el Municipio demandado habría incumplido obligaciones que tiene atribuidas en materia de acceso a la información pública (ley 12.475), motivo por el cual, en tanto ésta tiene su origen en el ejercicio de la función administrativa por parte de uno de los sujetos enumerados en el art. 166 de la Constitución provincial, corresponde declarar que la cuestión resulta propia de la competencia de los órganos del fuero en lo contencioso administrativo.
De allí que, en casos como el presente, no corresponde efectuar el sorteo para la asignación de las acciones de amparo que establecen las resoluciones reseñadas.
VIII. Siendo así, por las razones expuestas, corresponde declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Quilmes.
Así lo votamos.
El señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
Adherimos a la propuesta decisoria del voto que antecede.
Sin perjuicio de la regla de adjudicación por ante cualquier juez plasmada en las resoluciones de esta Suprema Corte n°1358/06 y 1794/06 -ratificadas por resolución 957/09- para los juicios de amparo, en fecha reciente hemos sostenido que resulta competencia del fuero contencioso administrativo conocer y decidir en dichas acciones cuando encuadran en los términos del art. 8 de la ley 12.475, en las cuales se persigue la obtención de información pública en poder de las autoridades locales, sin que quepa en tales supuestos observar el referido régimen de asignación de expedientes (conf. arts. 166 in fine , Const. prov.; 1 y 2 in fine , CCA; v. nuestro voto en causas B. 77.402, "Organización de Ambientalistas Autoconvocados", resol. de 21-XII-2022; B. 77.433, “Lowy”, resol. de 10-II-2023 y B. 78.108, “Etulain”, resol. de 13-IV-2023).
En consecuencia, corresponde declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Quilmes.
Así lo votamos .
El señor Juez doctor Torres dijo:
I. Discrepo con la solución propuesta por mis colegas.
Al votar en las causas B. 77.402, "Organización de Ambientalistas Autoconvocados", resol. de 21-XII-2022 y B. 77.433, “Lowy”, resol. de 10-II-2023, en las cuales se abordaron acciones de amparo en procura de acceso a la información pública, me aparté del criterio que aquí reiteran el doctor Soria y la doctora Kogan, conforme al cual los procesos de ese tipo deben tramitar en la justicia de primera instancia en lo contencioso administrativo.
Cierto es que, en las oportunidades referidas, la información reclamada versaba sobre cuestiones ambientales, lo cual justificó en gran medida la posición que allí asumí, pues -como entonces lo sostuve- la transversalidad de dicha materia constituye una característica esencial que la diferencia de otras disciplinas y que, en el conflicto de competencia planteado, cobraba especial relevancia (v. mis votos en las causas B. 77.402 y B. 77.433, cits., punto I.1.d, primer párrafo).
Ahora bien, con independencia de lo manifestado, lo cierto es que no participo de la opinión que advierte en los arts. 8 de la ley 12.475 y 4 de la ley 14.214 fundamentos para exceptuar de las reglas generales sobre la competencia en el amparo (arts. 20 inc. 2, Const. prov.; 3, ley 13.928; y resols. SCBA 1.358/06, 1.794/06 y 957/09) a un proceso como el que aquí nos ocupa, en el que la vía mencionada pretende ser utilizada para acceder a información pública, sin perjuicio de cuál sea el contenido concreto de esta última.
Viene al caso recordar que, en las causas B. 77.841, “Juara” y B. 78.191, “Zadikian” (resols. de 10-II-2023) y B. 78.108, “Etulain” (resol. de 13-IV-2023), entre otras, he tenido oportunidad de expresar mi parecer respecto de la posibilidad de entablar una acción expedita de amparo cuando se vea afectada en forma directa o tangencial el ambiente, la cual -en mi opinión- debe ser atendida por cualquier juez con competencia territorial al efecto, sin que quepa reconocer prevalencia en tal escenario procesal al fuero contencioso administrativo.
Para expedirme en el sentido indicado, en las ocasiones que acabo de mencionar consideré, entre otras razones, que los arts. 34 y 35 de la ley 11.723, empleados por la mayoría de este Tribunal para justificar la competencia contencioso administrativa en los procesos de amparo de naturaleza ambiental, aluden en verdad a supuestos particulares, diferentes de los tramitados mediante la vía referida, a la cual -por ende- no puede aplicársele una regla de especialización material que excluya la intervención de “cualquier juez", prevista para ella con alcance general en la normativa correspondiente.
Pues bien, con una lógica similar a la descripta, he de destacar aquí que el art. 8 de la ley 12.475 se limita a señalar que, contra las decisiones que denieguen el derecho de acceso a documentos administrativos (o cuando la autoridad no se hubiera expedido sobre la solicitud de que este se hiciera efectivo en el término de treinta días), “…podrán interponerse las acciones de amparo o hábeas data, según corresponda”.
Por su parte, el art. 4 de la ley 14.214 determina que las acciones de hábeas data tramiten ante la justicia en lo contencioso administrativo, siempre que involucren archivos públicos de la Provincia de Buenos Aires.
Como puede apreciarse, los preceptos citados no establecen la competencia contencioso administrativa para procesos de amparo en procura de acceso a la información pública, tales como el que aquí se debate.
II. Por los fundamentos expuestos, que estimo suficientes para decidir, corresponde declarar la competencia para intervenir en autos del Juzgado de Garantías Nº 2 del Departamento Judicial de Quilmes (conf. arts. 20 inc. 2, Const. prov.; 3, ley 13.928 y resols. SCBA 1.358/06, 1.794/06 y 957/09).
Así lo voto .
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Por mayoría, declarar competente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Quilmes (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
Hágase saber lo resuelto al Juzgado de Garantías N°2 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/10/2023 17:53:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/10/2023 10:20:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/10/2023 10:17:28 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/10/2023 00:22:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/10/2023 12:06:26 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/10/2023 13:25:15 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/10/2023 10:54:32 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 31/10/2023 10:56:37 hs. bajo el número RR-955-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia