Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79076
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor mayoría, declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Morón para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
Comunicar mediante oficio lo aquí resuelto al Tribunal de Trabajo Nº3 departamental.
B.79.076 "COSTA EDGARDO ANTONIO Y OTROS C/ MACCARONE, GUSTAVO S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008"
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño dijeron:
I. Javier Saiz, Jorge Foligna, Edgardo Antonio Costa y Diego Ricardo Maestri, invocando su condición de vecinos de la localidad de Villa Udaondo y de conformidad con el art. 43 de la Constitución nacional y la ley 11.723, deducen la presente acción de amparo ambiental contra Gustavo Maccarone, por ser quien se encontraría a cargo de la explotación comercial del emprendimiento denominado "Leloir Academia Deportiva". Ello, con el objeto de que cesen los "disturbios ambientales" que desde el año 2020 la actividad desplegada en dicho complejo (recreación deportiva, organización de eventos, competencias, dictado de clases, entre otras que detallan) vendría aparejando para los residentes del Parque Leloir, zona esta que -subrayan- ha sido declarada como área ecológicamente protegida.
Relatan que, frente a tal situación y luego de los infructuosos reclamos que efectuaron ante el demandado como a quienes habrían sido los antiguos propietarios del predio y a sus posteriores cesionarios, se pusieron en contacto con las respectivas autoridades de la Municipalidad de Ituzaingó. Precisamente, sostienen que fue allí, en el marco de tales peticiones, que tomaron conocimiento de que el predio en cuestión no se encontraba habilitado para su funcionamiento, circunstancia esta que, junto a otras ( v.gr. , infracciones a disposiciones normativas locales), habían dado lugar a su clausura en el año 2022.
Expresan que, durante el lapso en el que dicho complejo estuvo clausurado y gracias al impulso de la comunidad residencial, se promulgó el decreto 1.333/22, a través del cual se disponía el uso del predio solo para viviendas unifamiliares, modificando así lo previsto en el Código de Ordenamiento Urbano.
Pese a esto y ante el reinicio de las actividades en el complejo litigioso -algunas de ellas realizadas durante su clausura-, manifiestan que efectuaron una denuncia ante la Defensoría del Pueblo local y, como consecuencia de ello, realizaron un nuevo reclamo por el incumplimiento del decreto 1.333/22 como de plazos administrativos, aunque los mismos arrojaron idénticos resultados que los anteriores. En ese orden, concluyen que se está vulnerando tanto la normativa medioambiental como urbanística que estiman aplicables al caso.
Finalmente y en vista de los derechos de incidencia colectiva en juego (a la información pública, a la participación ciudadana, a un ambiente sano y equilibrado, e.o.), solicitan se disponga de una medida cautelar para que se suspendan todas las actividades que actualmente se vienen realizando con dicho emprendimiento (v. escrito electrónico de fecha 25-X-2023).
II. Las actuaciones se iniciaron en el Tribunal de Trabajo Nº1 del Departamento Judicial de Morón.
Una vez que tuvieran por presentada a la parte actora, constituido su domicilio electrónico y por deducida la pretensión de autos, los miembros del órgano colegiado -que fuera oportunamente integrado- declararon su incompetencia al sopesar el tenor (ambiental) de la cuestión traída a su conocimiento, por la cual -afirmaron- no correspondía efectuar un sorteo para la adjudicación de las acciones de amparo.
De este modo, poniendo de relieve el pronunciamiento de esta Suprema Corte recaído en la causa "Juara", donde se reiteró -por mayoría- que en las acciones de amparo ambiental debía intervenir la justicia contencioso administrativa, pasó el expediente a la Receptoría General de Expedientes departamental a tales efectos. Debe destacarse que, en esa misma providencia, las integrantes del tribunal laboral rechazaron la tutela cautelar peticionada por los amparistas, al no tener por configurado el peligro en la demora (véase sent. interlocutoria de fecha 7-XI-2023).
Así las cosas, los obrados recayeron en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 de aquel departamento judicial.
Cabe señalar que, en su resolutorio de fecha 9-XI-2023, el magistrado a cargo rehusó conocer en el litigio. Esto mismo, pues consideró que la protección requerida a través de la acción de amparo ambiental se enmarcaba en lo previsto en el art. 36 de la ley 11.723, en tanto que el daño o situación de peligro no eran consecuencia de las acciones realizadas por el Estado, sino que lo eran por "...una persona externa a la Administración pública municipal".
Por tal motivo, dejó planteado un conflicto negativo de competencia que elevó a este Tribunal para que lo resuelva en los términos del art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (v. resol. electrónica de fecha 9-XI-2023).
III. Las circunstancias que rodean a la controversia imponen que la causa deba tramitar por ante el fuero especializado en derecho público.
III.1. En tal sentido, esta Corte ha destacado la necesidad de armonizar las acciones de amparo de contenido ambiental con las disposiciones de los arts. 34 y 35 de la ley 11.723, que determinan que cuando a consecuencia de acciones del Estado se produzcan daños o pudiera derivarse una situación de peligro al ambiente y/o recursos naturales ubicados en territorio provincial, luego de un trámite administrativo previo, los legitimados allí individualizados "...quedarán habilitados a acudir ante la justicia con competencia en lo contencioso administrativo, que dictaminará sobre la legalidad de la acción u omisión cuestionada" (doctr. causas B. 68.566, "Gonzalez", resol. de 3-V-2006; B. 71.068, "Ávila", resol. de 3-XI-2010; B. 71.816, "La Diana SA", resol. de 21-XII-2011; B. 71.884, "Savastejko", resol. de 27-VI-2012; B. 72.006, "Feito", resol. de 6-XI-2012; B. 72.365, "Bastons", resol. de 22-V-2013; B. 73.096, "Organización No Gubernamental Para el Cuidado del Medioambiente", resol. de 25-VI-2014; B. 74.448, "Asociación Civil Foro Medioambiental", resol. de 15-XI-2016; B. 74.491, "Mancuso", resol. de 7-XII-2016; B. 75.000, "Iparaguirre", resol. de 14-II-2018; B. 75.781, "Sama", resol. de 22-V-2019; B. 76.520, "Fernández", resol. de 23-XI-2020; B. 77.841, "Juara", resol. de 10-II-2023; B. 78.108, "Etulain", resol. de 13-IV-2023; e.o.).
En la especie, el magistrado de dicho fuero consideró que este amparo -dados los términos de la demanda que lo promovieron- subsumía en lo previsto en el art. 36 de dicha ley. Por lo que, al involucrar exclusivamente a particulares, la competencia para resolver era del fuero ordinario.
Pero esa lectura de los hechos prescinde de una serie de elementos que, prima facie considerados, involucran a la Municipalidad de Ituzaingó y sus funcionarios, dando cuenta de que -en el fondo- se halla comprometida la competencia que los arts. 34 y 35 de la ley ambiental han previsto especialmente.
III.2. Al respecto, es menester ponderar que los actores persiguen el cese inmediato de distintas actividades recreativas que estaría desplegando la parte demandada desde el año 2020 y que, por sus efectos negativos sobre el medioambiente, aparejarían consecuencias en la calidad de vida de los habitantes de una zona protegida, como lo sería el Parque Leloir.
De ahí que si bien la acción se entabla contra quien se encontraría al frente de la explotación comercial de dicho emprendimiento recreativo, lo cierto es que, conforme se advierte de los diversos pasajes de su demanda, los amparistas ponen de manifiesto una secuencia de actos y omisiones que se le atribuyen a uno de los sujetos enumerados en el art. 166, párrafo final, de la Constitución provincial (conf. art. 1, CCA).
Hablan de diversas omisiones por parte de los funcionarios locales, en su condición de autoridades de control en materia de urbanización, construcción y mantenimiento de espacios verdes de aquella localidad. Refieren que efectuaron una serie de gestiones a nivel administrativo para revertir la situación denunciada en autos, pero que, aun así, no obtuvieron la respuesta esperada por parte del gobierno comunal. En ese marco, alegan que tomaron conocimiento de la clausura que pesaba sobre el predio por carecer de la respectiva habilitación municipal, razón que los condujo efectuar nuevos reclamos -incluso ante el Concejo Deliberante-, cuyos resultados habrían sido idénticos a los anteriores (v. escrito electrónico de fecha 25-X-2023).
En definitiva, el eje de la cuestión litigiosa radica en la supuesta afectación al medioambiente a raíz de actos u omisiones por parte del municipio de Ituzaingó y de las actividades que estaría organizando un particular en un centro de recreación. Al primero se le achaca la falta de adecuado control o insuficiencia de las atribuciones policiales en la materia, a punto tal que los propios coactores afirman que es aquel "...el que permite el funcionamiento irregular de la Academia", conducta a la que califican de "desidiosa" y "...ostensiblemente violatoria de la Constitución de la Provincia, de la Constitución nacional y de leyes concordantes [...], dejando de lado propias normas u ordenanzas del Municipio" (v. apdos. V.2 y V.4 de la demanda). Y al segundo -demandado en autos- la realización de actividades contaminantes -principalmente de tipo acústica- que estaría provocando en la zona mediante la explotación comercial del complejo.
III.3. Siendo todo eso así, con la provisionalidad inherente a esta etapa del proceso, es posible inferir que la controversia subsume en la cláusula que define la materia contencioso administrativa y, además, en las previsiones de la ley 11.723 que confieren competencia a los órganos del fuero especializado en los asuntos en los que el daño o la amenaza de daño ambiental provenga de acciones u omisiones estatales, en tanto que -en sustancia- lo que acusa la parte actora es un irregular ejercicio del poder de policía ambiental en cabeza de la comuna de Ituzaingó.
De allí que, independientemente de la manera en que pudiera haberse enderezado la demanda o la óptica con la cual habrá de juzgarse al demandado, es evidente que el caso exigirá indagar acerca de todos aquellos elementos, lo que permite presumir que para su solución habrá de acudirse a normas y principios de derecho público (arts. 166 in fine , Const. prov.; 1, CCA; 34 y 35, ley 11.723; doctr. causas B. 76.549, "Troilo", resol. de 23-XII-2020 y B. 77.780, "Colucci", resol. de 24-X-2023).
IV. Por lo expresado, dado que en supuestos como los del sub examine no han de aplicar las reglas de asignación para las acciones de amparo que establecen las resoluciones de esta Suprema Corte n°1.358/06 y 1.794/06 (conf. doctr. causa B. 78.214, "Robustelli", resol. de 9-X-2023 y sus citas), corresponde declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Morón para seguir conociendo en la presente controversia.
Así lo votamos.
El señor Juez doctor Torres dijo:
I. Disiento con la solución propuesta por mis colegas preopinantes.
Ello así, por cuanto -del modo en que ha quedado configurado- el conflicto suscitado guarda características semejantes a los planteos abordados en las causas B. 77.841, "Juara" y B. 78.191, "Zadikian" (resols. de 10-II-2023) y B. 78.108, "Etulain" (resol. de 13-IV-2023), entre otras, en donde he tenido oportunidad de expresar mi parecer respecto de la posibilidad de entablar una acción expedita de amparo cuando se vea afectada en forma directa o tangencial el ambiente, la cual debe ser atendida por cualquier juez con competencia territorial al efecto, sin que quepa reconocer prevalencia en tal escenario procesal al fuero contencioso administrativo, no obstante los particulares supuestos normados por los arts. 34 y 35 de la ley 11.723, que difieren de lo acontecido en la especie.
II. En virtud de lo expuesto, atento a las conclusiones y fundamentos desarrollados en los mencionados precedentes, a los que cabe remitir por razones de economía procesal y a fin de evitar un dispendio de actividad jurisdiccional, corresponde que sea el Tribunal de Trabajo N°1 del Departamento Judicial de Morón el órgano que continúe conociendo en las presentes actuaciones.
Así lo voto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Por mayoría, declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Morón para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
Comunicar mediante oficio lo aquí resuelto al Tribunal de Trabajo Nº3 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/05/2024 12:31:45 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/05/2024 12:58:10 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/05/2024 09:24:38 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2024 00:14:22 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2024 14:21:33 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2024 14:36:38 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/05/2024 14:37:41 hs. bajo el número RR-410-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia