Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79484
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente para conocer y decidir en el asunto al Tribunal en lo Criminal N°2 del Departamento Judicial de Dolores, ante quien se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite (art. 7 inc. 1, CCA).
B.79.484 "ASOCIACIÓN DE DEFENSA DE DERECHOS DE USUARIOS Y CONSUMIDORES C/ MUNICIPALIDAD DE PINAMAR S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008"
I. La Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC) deduce, a través de su representante y de conformidad con los arts. 42 y 43 de la Constitución nacional, 20 inc. 2 de la Constitución provincial y de las leyes 16.986 y 13.928 y sus modificatorias, una acción de amparo colectivo contra la Municipalidad de Pinamar, con el objeto de que se deje sin efecto la ordenanza 6.653/24 -promulgada por decreto 1.089/24-, mediante la cual se habría dispuesto un aumento en las tarifas de transporte público de pasajeros en dicho partido costero, sin que -alega- se respetara el procedimiento previsto en la ley 13.569.
Explica que el cuestionamiento de dicho acto reside en el hecho de que exhibiría un conjunto de irregularidades ( i.e ., no haber sido publicado en el Boletín Oficial, falta de transparencia en el procedimiento seguido para su sanción) que, de por sí, acarrearían su nulidad al dejar entrever la ausencia de participación ciudadana en cuestiones cuya consulta, por la materia sobre la que versa, deviene inexorable. Por tal motivo, requiere que se realice una nueva "...audiencia pública que respete debidamente la participación ciudadana a través de los mecanismos previstos en la ley 13.569 de la Provincia de Buenos Aires".
Adicionalmente, solicita que se declare la inconstitucionalidad del art. 8 inc. "a" de la ordenanza municipal 5.715/20, en tanto, al establecer "...un plazo inferior al que otorga la ley provincial que reglamenta la cuestión de las audiencias públicas", se estarían avasallando competencias conferidas en forma expresa al Poder Legislativo provincial (cfr. arts. 45 y 103 inc. 13, Const. prov. y 25, LOM, e.o.).
Por otro lado, peticiona el dictado de una medida cautelar que suspenda los efectos de la normativa lesiva, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el proceso.
Finalmente, requiere que se inscriba el litigio en el Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva (Ac. SCBA 3660), estimando que la ordenanza atacada produce consecuencias expansivas y generales sobre los habitantes del partido costero (v. presentación electrónica de fecha 6-VI-2024).
II. Sin perjuicio de que el escrito postulatorio (sexto apartado) se encuentra orientado a que el asunto recaiga en el fuero contencioso administrativo, al tratarse de una acción de amparo y ser sorteada de conformidad con el régimen aplicable, la causa fue adjudicada al Tribunal en lo Criminal N°2 del Departamento Judicial de Dolores.
No obstante, su presidente entendió que el organismo debía inhibirse de conocer en el asunto, poniendo de resalto la conexidad que mediaría entre este caso con el ventilado en el expediente "Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores - A. D. c/ Honorable Concejo Deliberante de Pinamar s/ Amparo" (expdte. N°22.077), tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 departamental, motivo por el cual -a su criterio- se tornaba aplicable la regla contenida en el art. 3 in fine de la Ley de Amparo (v. despacho electrónico de fecha 10-VI-2024).
Recibidos los obrados por el mentado órgano, su titular se rehusó a aceptar la competencia que le fuera endilgada, aduciendo -contrariamente al criterio adoptado por su par preactuante- que no se daba un supuesto de prevención en los términos de la ley 13.928, dado que -remarcó- el juicio tramitado ante sus estrados había finiquitado al quedar firme y consentido el resolutorio mediante el cual se rechazó la acción de amparo.
Agregó, en esa línea argumental, que el proceder de la entidad reclamante resultaba harto censurable, debido a que, en lugar de acudir por las vías recursivas correspondientes tras el rechazo in limine , optó por iniciar una nueva demanda, circunstancia esta que -sostuvo- podía generar pronunciamientos contradictorios.
En razón de ello y arribando a la conclusión que la de autos "...sería un supuesto de cosa juzgada, mas no de conexidad", planteó formalmente la contienda negativa y la sometió a esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo (ver sent. interlocutoria de fecha 24-VI-2024).
III. Este Tribunal ha resuelto que en las acciones de amparo corresponde apartarse del sistema de adjudicación mediante sorteo ante "cualquier juez" establecido por las resoluciones N°1358/06 y 1794/06 y decretar la competencia del juzgado en el cual medió prevención, cuando el objeto del primigenio proceso guarda suficiente relación de conexidad con la pretensión deducida por vía de amparo con posterioridad (doctr. causas B. 69.446, "Damasauskas", resol. de 4-VI-2008; B. 70.166, "Bani", resol. de 26-VIII-2009; B. 71.460, "Pérez", resol. de 17-VIII-2011; B 73.542, "C.L.A.", resol. de 29-XII-2014 y B. 76.421, "Vignoles", resol. de 20-V-2020).
También señaló que, en la aplicación de la regla de prevención por conexidad sentada en el art. 3 in fine de la Ley de Amparo, era necesario tener en cuenta que, para su viabilidad, debían necesariamente concurrir las circunstancias allí especificadas; esto es, que las acciones versen sobre un mismo hecho, acto u omisión, lo que no acontece cuando varía el colectivo de amparados sobre los cuales se requiere la tutela jurisdiccional urgente (doctr. causas B. 73.301, "Villordo", resol. de 24-IX-2014 y B. 73.292, "Garate", resol. de 19-II-2015) o el objeto de ambas pretensiones difiere de manera ostensible (doctr. causas B. 73.384, "Ávalos" y B. 73.386, "Romano", ambas resol. de 3-XII-2014 y B 73.869, "Centro de Estudios Legales y Sociales", resol. de 30-IX-2015).
Por último, es dable recordar que para que la acumulación de procesos resulte procedente, la relación de conexidad que los una debe ser "actual" -es decir, los litigios deben encontrarse pendientes de resolución-, dado que si uno de ellos estuviese terminado, tal circunstancia obstaría a su reunión (doctr. causas Ac. 62.588, "Ferreira", resol. de 2-IV-1996; B. 63.508, "Margaria", resol. de 23-XI-2005; B. 65.566, "Comaco SA", resol. de 6-V-2015; B. 74.314, "Municipalidad de Carlos Casares", resol. de 17-VIII-2016; B. 75.844, "Magallanes", resol. de 22-V-2019; B. 76.209, "Martín", resol. de 13-XI-2019; B. 76.449, "Palotta", resol. de 23-XI-2020; B. 77.478, "López", resol. de 26-XI-2021 y B. 78.850, "Gatica", resol. de 31-VII-2024).
IV. Bajo tales premisas, y más allá de la estrecha relación que media entre el amparo ahora promovido por la ADDUC y el otro que fuera adjudicado al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Dolores - v.gr ., sujeto demandado, derechos en juego-, toda vez que este último proceso ha finalizado al quedar firme la sentencia dictada el 9-V-2024 en la cual se rechazó la acción interpuesta, es dable concluir que lo decidido por el presidente del Tribunal en lo Criminal Nº2 departamental el 10-VI-2024 carece de justificación y, visto el sorteo realizado en autos, corresponde que sea este último órgano el que siga conociendo en el asunto (arts. 20 inc. 2, Const. prov.; 3, ley 13.928 y resols. SCBA 1358/06, 1794/06 y 957/09).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente para conocer y decidir en el asunto al Tribunal en lo Criminal N°2 del Departamento Judicial de Dolores, ante quien se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite (art. 7 inc. 1, CCA).
Hágase saber lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/08/2024 12:59:03 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/08/2024 14:06:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/08/2024 06:38:29 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2024 12:34:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2024 14:11:04 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 28/08/2024 14:16:58 hs. bajo el número RR-663-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia