Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79694
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamento Judicial de La Matanza para conocer y decidir en el recurso de apelación interpuesto por la actora (arts. 7 inc. 1, CCA; 16 y 17 bis, ley 13.928 -texto según ley 14.192- y 38, ley 5.827). Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite.
B.79.694 "ROA JUAN CARLOS, PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S/ AMPARO (RECURSO DE) - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 INC. 1 LEY 12.008"
I. Juan Carlos Roa promueve acción de amparo contra la compañía Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA, con el objeto de que esta última continúe brindando -tal como lo venía haciendo hasta el año 2022- las prestaciones dinerarias mensuales que establece el art. 13 de la ley 24.557 y de las cuales aduce ser acreedor debido a la incapacidad que alega padecer a raíz del accidente de tránsito que sufriera en 2020 mientras desempeñaba tareas como empleado de la Municipalidad de La Matanza.
Asimismo, requiere el dictado de una medida cautelar para que se le otorguen los montos reclamados (v. escrito electrónico de fecha 21-XII-2022).
II. La causa fue sorteada de conformidad con el régimen aplicable, resultando adjudicada al Juzgado en lo Correccional Nº4 de aquella jurisdicción territorial, cuyo juez por entonces a cargo se declaró incompetente en razón de la persona y de la materia, dando cuenta de que: 1) en la instancia administrativa iniciada oportunamente por el reclamante para cobrar las aludidas sumas había intervenido un ente nacional (Superintendencia de Riesgos de Trabajo); y 2) la controversia se circunscribía a la aplicación de ciertos dispositivos contenidos en la ley 24.557, de modo que -sostuvo el magistrado- "...las supuestas reglamentaciones que aquí se vienen cuestionando emanan de las regulaciones de los derechos a la salud y empleo laboral del propio Estado Nacional" (v. resol. electrónica de fecha 21-XII-2022).
Así las cosas, los obrados recayeron en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N°2 de San Martín, aunque su juez subrogante rechazó la asignación de la causa.
Para resolver de esa manera, estimó -compartiendo los fundamentos esbozados por el Fiscal Federal en su dictamen- que la pretensión incoada no poseía contenido federal predominante, toda vez que -en esencia- "...no surge de las actuaciones que se encuentre comprometida la prestación de un servicio de asistencia médica o que las partes involucradas hagan nacer la intervención del fuero de excepción" (v. documento adjunto a la presentación de fecha 6-I-2023).
Recaídos nuevamente los obrados al juzgado de origen, este mantuvo firme la postura adoptada y, en consecuencia, dispuso "...la formación del incidente para su elevación a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a sus efectos". Ello, sin previamente dejar de expedirse -en un sentido negativo- en torno al requerimiento cautelar de autos (v. providencias electrónicas, ambas de fecha 9-I-2023).
Sin embargo, una vez recaídas las actuaciones ante sus estrados, el máximo tribunal federal ordenó la remisión del expediente al organismo preactuante luego de sopesar la naturaleza privada del sujeto demandado y el objeto de la pretensión, que -manifestó- involucraba la aplicación de "normas del derecho común" (v. primer documento adunado al oficio electrónico de fecha 17-IX-2024).
Devueltos los actuados al juez correccional, ahora este decidió rechazar la demanda puesto que, a su criterio, no concurrían los requisitos exigidos para que procediera la acción de amparo. En tal sentido, sostuvo, por un lado, que no existía ilegalidad ni arbitrariedad manifiesta en el obrar de la demandada; y, por el otro, que el requirente disponía de otras vías judiciales lo suficientemente idóneas para canalizar su reclamo (v. resol. electrónica de fecha 17-IX-2024).
Agraviado por el pronunciamiento, el actor interpuso un recurso de apelación que, siendo concedido, recayó en la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín (v. despacho electrónico de fecha 23-IX-2024).
Empero, sus integrantes se declararon incompetentes tras colegir que la controversia no encuadraba en la manda del art. 17 bis de la ley 13.928 -texto según ley 14.192-, ya que "...no se está frente a una impugnación de un acto administrativo -particular o general-, de una omisión administrativa, o una vía de hecho administrativa de la Provincia o de uno de los entes enumerados en el art. 166, quinto párrafo, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires" ( sic ) -v. resol. electrónica de fecha 1-X-2024-.
De ahí que los obrados fueran remitidos a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Matanza.
No obstante, la Sala II de aquel tribunal -que fuera oportunamente sorteada- resolvió inhibirse de continuar conociendo en el asunto tras ponderar la existencia del expediente administrativo que se había formado como consecuencia del infortunio laboral.
Por ello, haciendo especial hincapié en el reciente pronunciamiento de esta Suprema Corte recaído en la causa "Arameda", le devolvió los actuados al órgano colegiado especializado en derecho público (v. resol. electrónica de fecha 8-X-2024).
Este último, al insistir con su postura, planteó la contienda negativa y elevó el expediente a este Tribunal para que la resuelva con arreglo a la facultad que le atribuye el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (v. providencia electrónica de fecha 15-X-2024).
III.1. La ley 13.928 -texto según ley 14.192- prevé en el art. 17 bis que en las acciones de amparo que se dirijan contra acciones u omisiones, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados u otras personas, regidas por el derecho administrativo, será tribunal de alzada la cámara de apelación en lo contencioso administrativo correspondiente a la jurisdicción donde tramitase la acción.
En el sub examine , tal como se desprende del escrito electrónico de fecha 21-XII-2022, el actor promueve la presente acción con el fin de que la entidad aseguradora demandada continúe abonando las sumas que le corresponderían en virtud de un accidente laboral ocurrido mientras realizaba tareas como empleado de la Municipalidad de La Matanza.
Siendo así, asiste razón a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo, toda vez que en autos no se controvierte ningún acto u omisión, en el ejercicio de la función administrativa, por parte de uno de los sujetos enumerados en el art. 17 bis de la ley 13.928, ni se advierte que la cuestión se rija por normas del derecho público local (doctr. causa B. 79.316, "N., M. B.", resol. 2-VIII-2024).
Ello distingue este supuesto del precedente invocado por el órgano colegiado en lo penal para declinar su intervención.
III.2. Dicho eso, cabe recordar también que este Tribunal, en el ámbito del proceso constitucional de amparo y por fuera de tales supuestos, ha resuelto que para determinar el órgano competente en instancia de apelación la regla es la que consagra el art. 38 de la ley 5.827. Es decir, que el recurso debe ser resuelto por la alzada natural del juzgado de origen, con independencia de una concreta especialización material de los jueces (doctr. causas B. 72.432, "Ongaro", resol. de 21-VIII-2013; B. 73.316, "Magliano", resol. de 29-XII-2014; B. 73.124, "Loyacone" y B. 73.317, "Falamir", ambas resol. de 12-XI-2014; B. 73.558, "Muszkat", resol. de 21-X-2015; B. 74.576, "M., M. I.", resol. de 8-II-2017; B. 74.724, "Municipalidad de General Pueyrredon", resol. de 28-VI-2017; B. 75.040, "Sánchez", resol. de 20-XII-2017; B. 74.773, "Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata", resol. de 17-X-2018; B. 76.329, "Georgudakis", resol. de 29-IV-2020; B 76.235, "Adam", resol. de 22-VII-2020; B. 76.585, "M., D.", resol. de 23-XII-2020; B. 78.079, "Trigo", resol. de 23-IX-2022 y B. 79.446, "Morel", resol. de 2-VIII-2024, e.o.).
IV. Por los fundamentos expuestos, corresponde que sea la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Matanza el órgano que siga conociendo en las presentes actuaciones.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamento Judicial de La Matanza para conocer y decidir en el recurso de apelación interpuesto por la actora (arts. 7 inc. 1, CCA; 16 y 17 bis, ley 13.928 -texto según ley 14.192- y 38, ley 5.827). Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite.
Hágase saber lo decido a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/12/2024 09:34:37 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/12/2024 10:40:34 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/12/2024 15:38:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2024 09:09:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2024 10:48:03 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/12/2024 10:50:09 hs. bajo el número RR-1000-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia