Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79956
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro para conocer y decidir en el recurso de apelación interpuesto por la actora (arts. 7 inc. 1, CCA; 16 y 17 bis , ley 13.928 -texto según ley 14.192- y 38, ley 5.827). Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite.
B.79.956 "BOGADO CINTIA ADA C/ EDENOR S.A. S/AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 INC. 1 LEY 12.008"
I. Cintia Ada Bogado deduce acción de amparo contra EDENOR SA, con el objeto de que se le reconozca su derecho a acceder a la tarifa social del servicio eléctrico y, en consecuencia, se ordene a la demandada que se abstenga de suspender el suministro por cualquier deuda que pudiera existir hasta el momento de interposición de la presente, en virtud de su situación personal como trabajadora independiente, madre de un niño a su exclusivo cargo y carente de ingresos estables, según refiere.
Asimismo, solicita que se dicte una medida cautelar que coincide sustancialmente con la pretensión esgrimida en la acción principal (v. tercer documento adunado al oficio electrónico de fecha 26-II-2025).
Contra dicho resolutorio, la actora interpuso un recurso de apelación, el cual, tras ser concedido por el magistrado actuante, recayó en la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín.
En lo que interesa destacar, esta última declinó su competencia al considerar que el de autos no era uno de los supuestos alcanzados por la previsión del art. 17 bis de la Ley de Amparo, en tanto la acción no se dirigía contra alguna acción u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados u otras personas, regidas por el derecho administrativo. A ese respecto, subrayó que EDENOR SA no encuadraba -siquiera- en esta última categoría residual (v. sent. interlocutoria de fecha 13-III-2025).
Al resolver de este modo y sin perjuicio de la eventual competencia federal que pudiere corresponder en la presente controversia -dada la naturaleza del sujeto demandado-, giró el expediente a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro.
La Sala III de esta alzada -que fuera oportunamente sorteada-, con el argumento de que el caso efectivamente subsumía en la mentada disposición del art. 17 bis de la Ley de Amparo, puesto que EDENOR SA "...resulta ser una persona jurídica que brinda un servicio púbico, cuyo marco normativo se delimita en el derecho administrativo", también declaró su incompetencia (v. resol. electrónica de fecha 25-III-2025).
Por ello, haciendo especial hincapié en el pronunciamiento de esta Suprema Corte recaído en la causa "Arameda", le devolvió los actuados al órgano colegiado especializado en derecho público, cuyos integrantes, insistiendo con su postura, plantearon la contienda negativa y la elevaron a este Tribunal para que la dirima (art. 7 inc. 1, CCA) -v. providencia electrónica de fecha 1-IV-2025-.
III.1. La ley 13.928 -texto según ley 14.192- prevé en el art. 17 bis que en las acciones de amparo que se dirijan contra acciones u omisiones, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados u otras personas, regidas por el derecho administrativo, será tribunal de alzada la cámara de apelación en lo contencioso administrativo correspondiente a la jurisdicción donde tramitase la acción.
En el presente caso, la pretensión de la reclamante se dirige a que EDENOR SA le reconozca su derecho a acceder a la tarifa social del servicio eléctrico, debido a que sus circunstancias personales le dificultarían afrontar el pago de las facturas correspondientes. Al respecto, cabe señalar que dicha entidad se encuentra comprendida en las disposiciones de la ley nacional 15.366 y sometida al régimen establecido en la ley 24.065, resultando ajena a los cuadros de la Administración Pública Provincial.
Siendo así, asiste razón a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo, toda vez que en autos no se controvierte ningún acto u omisión, en el ejercicio de la función administrativa, por parte de uno de los sujetos enumerados en el art. 17 bis de la ley 13.928, ni se advierte que la cuestión se rija por normas de derecho público local (doctr. causa B. 77.387, "M., D. I.", resol. de 11-XI-2021).
Ello -entre otras razones- distingue este supuesto del precedente invocado por el órgano colegiado en lo penal para declinar su intervención.
III.2. Dicho eso, cabe recordar también que este Tribunal, en el ámbito del proceso constitucional de amparo y por fuera de tales supuestos, ha resuelto que para determinar el órgano competente en instancia de apelación la regla es la que consagra el art. 38 de la ley 5.827. Es decir, que el recurso debe ser resuelto por la alzada natural del juzgado de origen, con independencia de una concreta especialización material de los jueces (doctr. causas B. 72.432, "Ongaro", resol. de 21-VIII-2013; B. 73.316, "Magliano", resol. de 29-XII-2014; B. 73.124, "Loyacone" y B. 73.317, "Falamir", ambas resol. de 12-XI-2014; B. 73.558, "Muszkat", resol. de 21-X-2015; B. 74.576, "M., M. I.", resol. de 8-II-2017; B. 74.724, "Municipalidad de General Pueyrredon", resol. de 28-VI-2017; B. 75.040, "Sánchez", resol. de 20-XII-2017; B. 74.773, "Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata", resol. de 17-X-2018; B. 76.329, "Georgudakis", resol. de 29-IV-2020; B 76.235, "Adam", resol. de 22-VII-2020; B. 76.585, "M., D.", resol. de 23-XII-2020; B. 78.079, "Trigo", resol. de 23-IX-2022; B. 79.446, "Morel", resol. de 2-VIII-2024 y B. 79.694, "Roa", resol. de 12-XII-2024, e.o.).
IV. Por los fundamentos expuestos, corresponde que sea la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro el órgano que siga conociendo en las presentes actuaciones.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro para conocer y decidir en el recurso de apelación interpuesto por la actora (arts. 7 inc. 1, CCA; 16 y 17 bis , ley 13.928 -texto según ley 14.192- y 38, ley 5.827). Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite.
Hágase saber lo decido a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/05/2025 13:23:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/05/2025 12:18:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/05/2025 12:38:31 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/05/2025 12:18:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/05/2025 13:40:39 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 09/05/2025 13:44:41 hs. bajo el número RR-238-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia