Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 80178
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Plata para seguir interviniendo en la causa (arts. 7 inc. 1, 12 inc. 6 y 76, CCA). Por Secretaría, se le radicará el expediente para la prosecución de su trámite.
Hacer saber lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°8 departamental, mediante oficio electrónico.
B.80.178 "CAMARA AGENTES OFICIALES DE LOTERIA Y AFINES BONAERENSE C/ INSTITUTO PROVINCIAL DE LOTERÍAS Y CASINOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 INC. 1 LEY 12.008"
I. La Cámara de Agentes Oficiales de Lotería y Afines Bonaerense (CAOLAB) promovió acción de amparo contra el Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires (IPLyC), con miras a que dicha entidad se expida respecto de las solicitudes que fueran presentadas por la demandante con la finalidad de que se autorice la oferta de nuevas modalidades de juegos de azar en las agencias de lotería emplazadas en el territorio provincial.
Sostiene que la dilación injustificada en la que estaría incurriendo el ente demandado genera un perjuicio económico significativo para todos los agentes cuyos intereses representa, sobre todo teniendo en consideración que estos se encontrarían en una posición de desventaja en relación a otros sectores de la competencia, tales como bingos y casinos, los cuales habrían sido beneficiados a través de la concesión de permisos para la instalación de máquinas de juego "modernas" y la autorización para emplear medios de pago virtuales.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°8 del Departamento Judicial de La Plata. Sin embargo, su titular se declaró incompetente para entender en el asunto tras ponderar que el reclamo de la demandante estaba orientado, en lo primordial, a "...obtener una orden judicial para que uno de los sujetos enumerados en el art. 166 de la Constitución de la Provincia y 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, resuelva la petición del administrado...".
Siguiendo esa línea argumental, aseveró que la cuestión planteada en el sub lite debía tramitar por la vía del amparo por mora, el cual constituye "un carril típico y singular" ajeno a su competencia.
En consecuencia, ordenó la remisión de los obrados a la Receptoría General de Expedientes departamental, para que allí fueran adjudicados a alguno de los juzgados en lo contencioso administrativo de aquella jurisdicción territorial (conf. arts. 166, último párrafo, Const. prov., 1 incs. 1 y 2, 12 inc. 6 y 76, CCA; v. resol. de 8-V-2025).
Efectuado el sorteo, la contienda fue asignada al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Plata. Empero, la jueza a cargo de dicho órgano rechazó la competencia que se le endilgara tras sopesar que lo que se buscaba con la acción impetrada, en concreto, no era obtener una respuesta formal del IPLyC respecto de las autorizaciones requeridas, sino "...la implementación concreta de una serie de modalidades de apuestas inexistentes en la actualidad...", lo que sí haría del amparo la vía adecuada para la canalización de tal pretensión.
Por consiguiente, adujo que no existirían motivos para apartarse del sistema establecido en las resoluciones 1.358/06 y 1.794/06 de este Máximo Tribunal local para la adjudicación de las acciones de amparo -cuya vigencia fue ratificada por la resolución 957/9-. En tal sentido, puso de resalto que, en caso de no haberse encontrado presentes los requisitos que hacen a la admisibilidad de este tipo de vía expeditiva, el magistrado preopinante debió rechazar el planteo, dando así la posibilidad al requirente de reconducirlo por el canal que estimara conveniente (v. resol. de 27-V-2025).
Ante este escenario, los obrados fueron devueltos al juzgado de origen, cuyo titular, manteniendo su postura primigenia, planteó la contienda negativa de competencia y giró los actuados a esta Suprema Corte de Justicia, a sus efectos (conf. art. 7 inc. 1, CCA; v. resol. de 9-VI-2025).
III. A los fines de determinar el órgano judicial que deberá conocer definitivamente en el asunto, es menester señalar que para establecer la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos se hace en la demanda y, solo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión (doctr. causa B. 68.059, "Baez", resol. de 3-XI-2004 y B. 72.860, "Ghersinich", resol. de 4-XII-2013; CSJN Fallos: 308:229; 310:116; 311:172; 313:971, 318:298, e.o.).
IV. Bajo esta premisa, en el caso debe resolverse que corresponde la intervención del juzgado en lo contencioso administrativo.
Ello es así, en tanto resulta claro que el hecho determinante de la promoción de la acción, tal como se explica en el escrito inicial, es la demora -que se aduce injustificada e ilegítima- del IPLyC en expedir las autorizaciones requeridas para la comercialización de nuevas modalidades de juegos de azar por parte de las agencias de lotería, lo que estaría provocando a estas últimas un perjuicio económico considerable. El petitorio también da cuenta de que el objeto de la acción promovida es que se fije un plazo para que la entidad demandada se expida sobre las peticiones formuladas, conminándolo a cesar en la omisión en la que viene incurriendo.
Esa demora tiene previsto, en nuestro ordenamiento jurídico, un canal procesal típico: el denominado "amparo por mora", que el régimen procesal específico incluye entre las pretensiones susceptibles de ser planteadas ante el fuero especializado y que, por ende, tal como se ha resuelto en casos análogos al presente, corresponde a la competencia de los juzgados del fuero contencioso administrativo (arts. 12 inc. 6 y 76 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-; doctr. causas 67.497, "Gareis", resol. de 25-VIII-2004; B. 66.906, "Otero Rey", resol. de 15-IX-2004; B. 68.173, "García", resol. de 30-III-2005; B. 68.254 "Eder", resol. de 6-VII-2005; B. 69.476, "Minotauro S.A.", resol. de 27-II-2008; B. 72.402, "Alquileres El Plo-Plo de Héctor Daniel Castiglione", resol. de 24-IV-2013; B. 72.860, "Ghersinich", cit. y B. 74.905, "Osti", resol. de 7-III-2018).
V. Por lo expuesto, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Plata el que continúe conociendo en el asunto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Plata para seguir interviniendo en la causa (arts. 7 inc. 1, 12 inc. 6 y 76, CCA). Por Secretaría, se le radicará el expediente para la prosecución de su trámite.
Hacer saber lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°8 departamental, mediante oficio electrónico.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/08/2025 10:21:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/08/2025 11:10:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/08/2025 13:10:58 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/08/2025 17:10:55 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2025 07:20:22 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 18/08/2025 07:23:42 hs. bajo el número RR-469-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia