Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77163
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás para conocer y decidir en el recurso de apelación interpuesto en autos por la parte actora (arts. 7 inc. 1, CCA; 16 y 17 bis, ley 13.928 -texto según ley 14.192-). Por Secretaría, se radicará electrónicamente el expediente para la prosecución del trámite de la causa ante ese tribunal.
B.77.163 “GARCIA ORTIZ, GRISELA ALEJANDRA Y OTROS C/ PODER EJECUTIVO NACIONAL S/ AMPARO. CUESTION DE COMPETENCIA ENTRE LA CAMARA DE APELACION EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON ASIENTO EN SAN NICOLAS Y LA CAMARA DE APELACION Y GARANTIAS EN LO PENAL DE ZARATE-CAMPANA. ART. 7 LEY 12.008”
I. En este juicio se suscitó un conflicto entre la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás y la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Zárate-Campana, pues ambas consideraron que era la otra quien debía resolver un recurso de apelación deducido en una acción de amparo.
Los datos relevantes para decidir la contienda son los siguientes:
I.1. Un grupo de padres de estudiantes de distintas escuelas del distrito de Escobar promovieron en el Juzgado Federal de Campana, con el objeto de que se ordene el regreso al dictado de clases con normalidad en las escuelas públicas y privadas del mencionado municipio, una acción de amparo ante la sanción del decreto de necesidad y urgencia 241/21, dictado por el Presidente la Nación, que dispuso la suspensión de las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Tras pedir que se cite como tercero interesado a la Provincia de Buenos Aires por su competencia indelegable en materia de educación y en razón de su autonomía, solicitaron la declaración de inconstitucionalidad del citado decreto y la invalidez de los actos y normas dictados en su consecuencia, además de que se ordene a la Nación y a la Provincia de Buenos Aires a restaurar y mantener la presencialidad de la enseñanza en el ámbito de la Municipalidad de Escobar.
Hicieron extensivo el cuestionamiento a cualquier decisión que en el futuro prorrogue estas medidas o imponga otras que importen restringir el acceso a la educación de sus hijos e hijas (ver págs. 218/221, archivo PDF denominado "documentos 2", adjunto al trámite "Documentación acompaña", de 12-V-2021).
I.2. El juez federal de Campana se declaró incompetente para resolver en el asunto, por entender que correspondía a la competencia del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, remitió una copia digitalizada de los autos, mediante un correo electrónico, a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de Zárate-Campana (ver fs. 40, archivo PDF citado).
I.3. La causa fue asignada, mediante sorteo, al Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 del Departamento Judicial de Zárate-Campana.
Estando allí radicadas las actuaciones, la parte actora, el 4 de mayo de 2021, amplió la demanda, haciendo extensiva la impugnación al decreto de necesidad y urgencia 287/21, dictado por el Presidente de la Nación y a la resolución 1555/21, del titular del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires (ver págs. 11/21, archivo PDF denominado "documentos 1", adjunto al trámite "Documentación acompaña", de 12-V-2021).
El magistrado suplente a cargo de ese órgano jurisdiccional, el 7 de mayo del corriente año, decidió que el asunto era propio del fuero federal. Seguidamente, se declaró incompetente para conocer y decidir en él y ordenó el archivo de las actuaciones (ver págs. 204/206, archivo PDF denominado "documentos 2", adjunto al trámite "Documentación acompaña", de 12-V-2021).
I.4. Esa decisión fue apelada por la parte actora, mediante presentación electrónica de 10-V-2021.
El recurso fue concedido y elevado, ese mismo día, a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás, en virtud de lo dispuesto por los arts. 17 y 17 bis de la ley 13.928 (ver págs. 210/216, archivo PDF denominado "documentos 2", adjunto al trámite "Documentación acompaña", de 12-V-2021).
I.5. Esa Cámara resolvió que no era competente para resolver acerca del recurso de apelación, apoyándose en decisiones adoptadas por este Tribunal en casos en los cuales se habían suscitado conflictos con motivo de la aplicación, o no, de la regla establecida por el art. 17 bis de la ley 13.928. Principalmente, el voto del ponente -al que los restantes magistrados prestaron adhesión- se basó en lo resuelto recientemente en la causa B. 76.929, "Maffía" (resol. de 8-IV-2021), en los que se discutió si subsumía en la citada norma el supuesto en el cual, por vía de una acción de amparo, se perseguía la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 27.610.
Así, entendió que, por lo dispuesto en el art. 38 de la ley 5827, debía resolver el recurso la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Zárate-Campana, por ser la alzada natural del órgano jurisdiccional que había dictado la sentencia apelada. Por consecuencia, los autos fueron remitidos a ese tribunal (ver págs. 1/6 del archivo PDF denominado "documentos", adjunto al trámite "Documentación acompaña", de 12-V-2021).
Esta sentencia fue objeto de un pedido de aclaratoria formulado por la actora, quien advirtió que al decidir se había omitido considerar el escrito de ampliación de la demanda antes referido (ver documento adjunto denominado "Aclaratoria 12.5.21 Amparo clases.PDF, adjunto al trámite "Informe de la causa", de 12-V-2021).
La Cámara del fuero especializado en lo Contencioso Administrativo lo rechazó por entender que, no obstante haberse percatado de la existencia de la ampliación de la demanda, no fue tenida en cuenta por carecer de jurisdicción en el recurso de apelación, considerando que ese escrito debía ser analizado por el órgano competente, pero no por ella (ver págs. 2/4 del archivo PDF denominado "García Ortiz aclaratoria", adjunto al trámite "Documentación acompaña", de 12-V-2021).
I.6. Radicadas las actuaciones ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Zárate-Campana, ésta no aceptó la competencia que le atribuyera el otro tribunal de segunda instancia.
Luego de efectuar un pormenorizado relato de los antecedentes de la cuestión, concluyó que los actores, teniendo en cuenta lo expuesto en el escrito de demanda y en su ampliación, no solo cuestionaban la validez de actos dictados por el Presidente de la Nación, sino también la de decisiones adoptas por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, circunstancia que tornaba aplicable la regla de especialización material de la alzada que consagra el art. 17 bis de la ley 13.928.
Por tal razón, dispuso elevar las actuaciones a esta Suprema Corte, para que dirima la competencia (ver resol. de 17-V-2021).
I.7. Las actuaciones fueron radicadas electrónicamente en la Secretaría Penal del Tribunal el 21 de mayo del corriente (ver trámite "Pase a" de esa fecha).
En ese estado, la parte actora presentó un nuevo escrito de ampliación de la demanda, extendiendo su pretensión declarativa de inconstitucionalidad al decreto de necesidad y urgencia 334/21 -dictado por el Presidente de la Nación-, al decreto 307/21 -del Gobernador de la Provincia- y a la resolución 1895/21 y los Anexos que la componen, suscripta por el titular del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros (ver escrito electrónico de 26-V-2021).
El 31 del mismo mes y año las actuaciones fueron finalmente radicadas en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo, dado el tenor de las cuestiones ventiladas en la incidencia de competencia.
II.1. De acuerdo a lo expuesto, corresponde resolver si la acción de amparo deducida en el caso se dirige contra una acción u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de alguno de los sujetos enumerados en el artículo 17 bis de la ley 13.928 -texto según ley 14.192-, pues sólo en tales supuestos tiene efecto la regla allí establecida en punto a la especialidad de la competencia material para resolver acerca de la admisibilidad y procedencia de los recursos de apelación que se interpongan en estos juicios (conf. causas B. 72.870, "Padrón", resol. de 4-XII-2013; B. 73.112, "Fisco de la Provincia de Bs. As. c/ Bahía Vito SRL", resol. de 4-VI-2014; B. 73.096, "ONG para el Cuidado del Medioambiente", resol. de 25-VI-2014; B. 73.140, "Armán", resol. de 12-XI-2014; B. 74.116, "Arosteguy", resol. de 11-V-2016 y B. 75.378, "Bleser SRL", resol. de 21-XI-2018).
II.2. Los jueces de la Cámara con asiento en San Nicolás consideraron que esa disposición no tenía injerencia en este caso porque la acción no estaba dirigida contra algún acto u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, atribuible a una autoridad local.
Sin embargo, ello no es así. Como quedó visto, en el escrito de demanda expresamente se pide que se cite como tercero interesado a la Provincia de Buenos Aires y se solicita la declaración de inconstitucionalidad no solo del decreto de necesidad y urgencia vigente al momento de interponerse la demanda, sino también la de los actos y normas dictados en su consecuencia, entre los que se encuentran decretos y resoluciones emanados del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires. Está claro, también, que expresamente se pide allí que se ordene a la Provincia que restaure y mantenga el dictado de clases presenciales para garantizar el acceso a la educación en el ámbito de la Municipalidad de Escobar.
Más concretamente se cuestionan actos y omisiones de autoridades locales en la ampliación de la demanda que, vale ponerlo de resalto, fue presentada antes de que se resolviera la incompetencia del fuero contencioso administrativo.
De allí que los hechos de este caso poco tienen que ver con los que motivaran la resolución de esta Corte en el citado precedente "Maffía" en el que los magistrados nicoleños basaron su decisión, pues en ese supuesto, a pesar de demandarse a la Provincia, no se mencionaba siquiera tangencialmente la existencia de algún acto u omisión suyos que justificase la intervención del fuero especializado que prevé el art. 17 bis de la Ley de Amparo.
Por el contrario, en este supuesto claramente se ponen en tela de juicio actos y omisiones, en el ejercicio de funciones administrativas, de autoridades de la Provincia.
III. Sobre la base de lo expuesto, corresponde declarar que, en virtud de lo dispuesto por el art. 17 bis de la ley 13.928, resulta competente para resolver el recurso de apelación deducido por la parte actora contra la sentencia dictada por el titular del Juzgado de Responsabilidad Juvenil N° 1 del Departamento Judicial de Zárate-Campana, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás para conocer y decidir en el recurso de apelación interpuesto en autos por la parte actora (arts. 7 inc. 1, CCA; 16 y 17 bis, ley 13.928 -texto según ley 14.192-). Por Secretaría, se radicará electrónicamente el expediente para la prosecución del trámite de la causa ante ese tribunal.
Hágase saber lo que aquí se resuelve a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Zárate-Campana.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/06/2021 12:07:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/06/2021 15:34:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/06/2021 15:39:45 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/06/2021 17:37:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/06/2021 19:35:57 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia