Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 74773
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mar del Plata para conocer y decidir en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 28/31 (arts. 161 inc. 2°, Const. prov.; 7 inc. 1°, CPCA; 16 y 17 bis, ley 13.928 -texto según ley 14.192- y 38, ley 5.827).
B.74.773 “SINDICATO DE LUZ Y FUERZA MAR DEL PLATA C/ E.D.E.A. S/ AMPARO. --CUESTION DE COMPETENCIA—“
La Plata, 17 de octubre de 2018.
I. El apoderado legal del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata promovió acción de amparo contra EDEA SA, a fin de que la empresa se abstenga de llevar adelante actividades relacionadas con el servicio público de distribución de energía eléctrica por intermedio de personal contratado a través de terceros que no observen el CCT 36/75 aplicable a los empleados del sector.
Ello, con fundamento en lo normado en el art. 53 inc. "o" de la ley 11.769, en cuanto establece que "[e]l encuadre convencional del personal que se destine a la prestación de los servicios de los concesionarios municipales, provinciales o ESEBA S.A., o sus continuadores, deberá estar vinculado con el Convenio Colectivo de Trabajo referente del sector por el cual se otorga la concesión...". La observancia de tal previsión -asegura- colabora a la protección de la integridad física de los trabajadores asignados a tareas que son altamente riesgosas y que al aplicarles el convenio colectivo de la UOCRA no se encuentran capacitados para operar con seguridad.
II. La causa, con arreglo al régimen vigente para su adjudicación, fue sorteada al Juzgado de Garantías del Joven N°1 del Departamento Judicial de Mar del Plata. A fs. 23/27 la titular de este organismo resolvió rechazar la demanda in limine litis , en la inteligencia de que la parte actora no había logrado acreditar la imposibilidad de emplear remedios ordinarios a los efectos de ver satisfecha su pretensión, sin daño grave o irreparable para sí (cfr. art. 2 inc. 1°, ley 13.928).
III.1. Contra dicho pronunciamiento el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata interpuso recurso de apelación, que con invocación del art. 17 bis de la Ley de Amparo fue concedido y elevado a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata. Sin embargo, esta última se rehusó a intervenir en el asunto.
Para así resolver, luego de enunciar principios genéricos relacionados con las condiciones que deben hallarse reunidas para habilitar su actuación como tribunal de segunda instancia en las acciones de amparo, puso de relieve que en la especie se perseguía el cese de una actividad relacionada directamente con el desarrollo de un contrato de trabajo, materia que se hallaba especialmente regulada en el CCT 36/75 y resultaba ajena al conocimiento del fuero especializado (fs. 37/38).
Por estimar que debía entender en el remedio la alzada correspondiente al fuero de origen, las actuaciones fueron giradas a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental.
III.2. A su turno, los integrantes de su Sala Segunda sostuvieron que si bien era de recibo aquel argumento esgrimido por la cámara que había prevenido según el cual no se hallaban reunidos los extremos justificantes de su intervención en los términos del mentado art. 17 bis, de lo expresado no se seguía que la competencia le correspondía a la cámara penal que ellos integraban.
Y así, adujeron que en autos debía seguirse un criterio de especialización material, razón por la cual basándose la controversia en el cese de una determinada actividad por su vinculación con contratos de trabajo y la aplicación de un instrumento colectivo de negociación, era prudente que conozca como órgano de segunda instancia la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, a la que finalmente remitieron el expediente (fs. 40/42).
III.3. De este modo, los obrados fueron recibidos por la Sala Segunda de dicha alzada, cuyos jueces también se inhibieron de intervenir en el marco del recurso. Para adoptar esa postura recordaron varios precedentes de este Tribunal relacionados con el caso, de los cuales extrajeron la consolidación de una doctrina contraria a la postulada por la cámara del fuero penal; esto es, fundada en el principio de especialización material.
Finalmente plantearon formalmente la contienda negativa de competencia y procedieron a someterla ante esta Suprema Corte de Justicia (cfr. arts. 161 inc. 2°, Const. prov. y 7 inc. 1°, CPCA).
IV.1. La ley 13.928 -texto según ley 14.192- prevé en el art. 17 bis que en las acciones de amparo que se dirijan contra acciones u omisiones, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas, regidas por el derecho administrativo, será tribunal de alzada la cámara en lo contencioso administrativo correspondiente a la jurisdicción donde tramitase la acción. A su vez, en virtud de lo dispuesto en el art. 16 del mismo ordenamiento, dicha intervención se halla ceñida al conocimiento del recurso deducido contra la sentencia definitiva, la resolución que rechaza in limine la acción o, también, la que dispone o deniega una medida cautelar (doctr. causas B. 71.927 "Aguirre", res. del 9-V-2012; B. 72.319 "Galván", res. del 27-II-2013; B. 72.531 "Sanda", res. del 5-VI-2013 y B. 74.593 "Moorea SA", res. del 10-V-2017, entre otras).
IV.2. El presente caso, si bien involucra el ejercicio de funciones administrativas por parte de un concesionario provincial del servicio de distribución de energía eléctrica, no se encuentra regido por el derecho administrativo como requiere la regla de competencia de alzada prevista en el art. 17 bis de la Ley de Amparo para justificar la intervención de la cámara de apelaciones del fuero contencioso administrativo.
En efecto, la controversia se centra en la aplicación de un convenio colectivo de trabajo específico a los empleados de las empresas con las cuales la concesionaria del servicio en cuestión presuntamente subcontrata la realización de determinados trabajos técnicos. Siendo esto así, la materia litigiosa se encuentra gobernada, primariamente, por normas y convenios laborales, lo cual constituye un asunto ajeno al conocimiento de los jueces del fuero especializado (arg. art. 17 bis y art. 4 inc. 1°, CPCA; doctr. causas B. 72.369 "Calo", res. de 8-V-2013; B. 72.370 "Viglietti", res. de 12-VI-2013; B. 72.658 "Martínez", res. de 25-IX-2013; B. 73.001 "Peñalva", res. de 10-IX-2014; B. 73.517 "Fuster", res. de 15-IV-2015; B. 73.851 "Scabini", res. de 21-X-2015; B. 73.871 "Maziere", res. de 25-XI-2015 y B. 74.406 "APDFA", res. de 26-X-2016).
IV.3. Sentado que el litigio escapa de los parámetros del art. 17 bis para justificar la competencia del fuero contencioso administrativo, el Tribunal ha resuelto con reiteración que, en el ámbito del proceso constitucional de amparo y por fuera de tales supuestos, para determinar el órgano competente en instancia de apelación la regla es la que consagra el art. 38 de la ley 5.827. Es decir, que el recurso debe ser resuelto por la alzada natural del juzgado de origen, con independencia de una concreta especialización material de los jueces (doctr. causas B. 72.432 "Ongaro", res. de 21-VIII-2013; B. 73.316 "Magliano", res. de 29-XII-2014; B. 73.124 "Loyacone" y B. 73.317 "Falamir", res. de 12-XI-2014; B. 73.558 "Muszkat", res. de 21-X-2015; B. 74.576 "M., M. I.", res. de 8-II-2017; B. 74.724 "Municipalidad de General Pueyrredon", res. de 28-VI-2017 y B. 75.040 "Sánchez", res. de 20-XII-2017).
Por lo tanto, considerando que el órgano de primera instancia que intervino fue un juzgado de responsabilidad penal juvenil, corresponde que sea la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mar del Plata la que conozca en el recurso.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mar del Plata para conocer y decidir en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 28/31 (arts. 161 inc. 2°, Const. prov.; 7 inc. 1°, CPCA; 16 y 17 bis, ley 13.928 -texto según ley 14.192- y 38, ley 5.827).
Hágase saber de lo que aquí se resuelve a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata y a la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del departamento judicial homónimo.
Regístrese y ofíciese
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-Ne-So-Ge
Reg. Nº 483
Fin de la sentencia