Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76469
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar que el caso es propio de su competencia originaria y radicar el expediente en esta Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo (cfr. arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683 y concs., CPCC).
II. Rechazar la demanda de inconstitucionalidad por extemporánea (cfr. art. 684, CPCC).
B.76.469 “ZELASQUI ROBERTO CESAR C/ ESTADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA”
El señor juez doctor Soria, la señora jueza doctora Kogan y los señores jueces doctores Torres y de Lázzari dijeron:
I. El señor Roberto César Zelasqui promovió, en consonancia con los artículos 161 inciso 1 de la Constitución provincial y 683 del Código Procesal Civil y Comercial, la presente acción de inconstitucionalidad, con el objeto de obtener un pronunciamiento de invalidez del artículo 41 de la ley 15.008, publicada en el Boletín Oficial el 16 de enero de 2018.
Según aduce el accionante, dicho precepto vulnera disposiciones de orden constitucional (cfr. arts. 10, 11, 15, 31, 39 inc. 3, 40 y 57, Const. prov.; sus análogos de la Constitución nacional como, también, distintos decálogos internacionales), en tanto el mismo prevé, conforme al sistema de la ley 26.417, un nuevo régimen de movilidad de los haberes previsionales, el cual le provocaría un perjuicio económico en su condición de beneficiario del sistema, situación ésta que, y en vista de la patología que padece como de las obligaciones contraídas con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, se vería agravada.
En esa línea argumental es que solicitó, como medida cautelar, la no aplicabilidad de la norma impugnada y que se disponga la actualización de la movilidad de la prestación previsional en virtud del artículo 54 de la ley 13.364.
II. La causa se inició en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de La Plata, cuyo magistrado subrogante se declaró incompetente, en la inteligencia de que la acción -que cuenta con el Estado provincial como única parte demandada- en el caso, tiene por objeto, en orden a los artículos 161 inciso 1 y 683 del Código Procesal Civil y Comercial, una materia propia del conocimiento originario de la Suprema Corte. Por tal motivo, y tras considerar que no correspondía ingresar en el análisis de la medida cautelar solicitada por la actora, remitió las actuaciones a esta Secretaría de Demandas Originarias (véase resol. de fecha 4-VI-2020, obrante en el expediente electrónico).
III. Conforme lo dispone el artículo 161 inciso 1 de la Constitución provincial, esta Corte ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por ella y se controvierta por parte interesada, de lo cual se infiere que el objeto de esta acción y, por consiguiente, el ámbito delimitado de conocimiento reservado a esta vía, reside en la discusión sobre la validez constitucional de una norma considerada en abstracto (doctr. causas B. 75.290, "Francisco Frare SA", resol. de 22-VIII-2019 y B. 75.541, "Asociación Mutual Consejeros de los Arroyos Coop. Emp. Mult.", resol. de 13-II-2019, e.o.).
En tal sentido, y como se desprende del objeto de la demanda y de la expresa calificación deducida por la actora, la materia de estas actuaciones versa sobre un asunto propio de la jurisdicción originaria de este órgano, motivo por el cual corresponde radicar el expediente en esta Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo para su tratamiento (cfr. arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683 y concs., CPCC).
IV.1. Ahora bien, cabe recordar que el artículo 684 del Código Procesal determina para la promoción de tal pretensión un plazo de treinta días, computados desde que el precepto impugnado afecte concretamente los derechos de la actora, cuandoéstos posean contenido patrimonial.
En particular, respecto de las cuestiones vinculadas a los aspectos económicos de los beneficios previsionales en curso -situación en la que se encuentra el accionante, según resulta del apartado IV, párrafo cuarto, del escrito electrónico inicial-, este Tribunal -por mayoría- ha establecido un criterio que procura armonizar de modo razonable el régimen de la instancia originaria ante la Corte para que los particulares acudan con impugnaciones constitucionales en forma directa, en principio, dentro de un plazo determinado y, asimismo, la posibilidad expresamente reconocida de articular planteos de tal índole en el marco de las acciones contencioso administrativas ante los jueces de grado (art. 3, ley 12.008); ajustando la antigua comprensión del artículo 685 del código ritual que reputaba no patrimoniales a la totalidad de los reclamos suscitados en materia previsional (doctr. causa I. 72.366, "Poy", resol. de 25-X-2017).
De tal manera, se mantiene incólumne el sentido y la finalidad previstos por el convencional constituyente para esta singular vía judicial (cfr. art. 161 inc. 3, Const. prov.) de acuerdo a los específicos contornos que le ha dado el legislador (cfr. arts. 683 y sgts.).
En esa línea ha transitado la jurisprudencia del Tribunal luego de la entrada en vigencia de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, deslindando aquellos casos previsionales en los que el objeto de la pretensión evidenciaba un contenido patrimonial (doctr. causas I. 2219, “Serrano González”, sent. de 3-IV-2008; I. 1995, “Sabatini”, sent. de 5-XI-2008; I. 70.883, “D’Argenio”, res. de 19-V-2010 e I. 3135, “Salvatierra”, sent. de 7-VII-2010) de aquellos otros en los que la controversia involucraba, esencialmente, el derecho al acceso a un beneficio de la seguridad social (doctr. causas I. 2110, “Iriarte Madoz”, sent. de 6-X-2004 e I. 2175, “Torregrosa Lastra”, sent. de 15-XII-2010, e. o.); rechazándose por extemporánea la demanda cuando se hallaba en juego un reclamo de índole económico, centrado en el aspecto patrimonial de la prestación previsional o el cumplimiento de ciertos recaudos pecuniarios.
Así, se estableció que la aplicación del referido criterio regiría –en lo pertinente- para las demandas que se iniciaran con posterioridad al pronunciamiento emitido en los autos caratulados "Poy" (causa I. 72.366, cit.).
IV.2. Como ha puesto de manifiesto esta Corte recientemente para aquellos casos -sustancialmente análogos al del sub lite - en los que se evidencia del objeto de la demanda un claro contenido económico, son aplicables las reglas edificadas en la citada causa "Poy" (doctr. causas B. 76.174, "Bigano", resol. de 13-XI-2019; I. 76.212, "Borelli", resol. de 18-XII-2019 y B. 76.346,"Liguori", resol. de 15-IV-2020).
Siendo ello así, y teniendo en cuenta que la acción que diera curso a estas actuaciones fue promovida el 1 de junio de 2020 (cfr. obra en el escrito de inicio), se advierte que el plazo previsto en el artículo 684 del referido código se encuentra vencido, por lo que corresponde declarar extemporánea la demanda.
V. La decisión adoptada, desde ya, no perjudica la posibilidad con la que cuenta el accionante para ocurrir por las vías idóneas a fin de cuestionar los actos aplicativos de la norma que repute lesivos de su esfera de derechos o intereses, e introducir el cuestionamiento constitucional que aquí se formula (cfr. arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y sigs., 336 y concs., CPCC; doctr. causas "Rolfo", sent. de 7-III-1967; I. 2219, "Serrano González", sent. de 3-IV-2008; I. 2170, "Asarchuk", sent. de 10-III-2010; I. 2201, "Search Organización de Seguridad SA", sent. de 27-IV-2016; B. 76.212, cit. e I. 76.332, "Bello", resol. 29-IV-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Declarar que el caso es propio de su competencia originaria y radicar el expediente en esta Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo (cfr. arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683 y concs., CPCC).
II. Rechazar la demanda de inconstitucionalidad por extemporánea (cfr. art. 684, CPCC).
Regístrese, notifíquese y archívese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/07/2020 10:53:23 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 20/07/2020 11:51:35 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 20/07/2020 13:59:48 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 27/08/2020 09:35:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2020 10:35:43 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia