Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76580
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite.
B.76.580 “ASTORGA BRACHT SERGIO ALFREDO Y OTROS C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO/A S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA”
I. Sergio Alfredo Astorga Bracht, por derecho propio y en representación de Illia 338 SRL, Megallantas SRL, Ferromet SA, Grupo Hotelero Americano SRL, Natalia Alejandra Vinjol, Diego Alejandro Cuirolo y Juan Ignacio Elías, promovió una acción de amparo colectivo contra el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires y contra la Municipalidad de Ezeiza, con el objeto de que:
a) se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los decretos 260/2020, 297/2020, 459/2020, 493/2020, su normativa modificatoria y complementaria incorporada al ordenamiento provincial por los decretos 225/2020 y 340/2020 y su reglamentación y modificación por decreto 433/2020;
b) se conceda a favor del accionante, con los alcances de la decisión administrativa 968/2020, la excepción al aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional ante la pandemia de Covid 19, a los fines de su desempeño profesional; y
c) se lo autorice a ejercer su actividad como abogado a favor de los justiciables que le han conferido poder para realizar gestiones judiciales y administrativas en el marco de las incumbencias de su profesión.
Al respecto, señala que por decreto 289/2020 –el cual a la fecha de interposición de demanda no se hallaba aún publicado- la Municipalidad de Ezeiza implementó una serie de restricciones que superan las que denomina "legales" y condicionan el desplazamiento de sus habitantes mediante el establecimiento de un cronograma de circulación.
En suma, entiende que los preceptos impugnados vulneran los derechos y garantías consagrados en los arts. 5, 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19 y 28 de la Constitución nacional.
Por otro lado, acompaña un protocolo para la reanudación de la actividad específica para todas las formas de ejercicio profesional que prevé y admite la ley 5.177.
Finalmente, solicita se cite al Colegio de Abogados de Lomas de Zamora (CALZ), en los términos del art. 7 de la ley 13.928.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N°6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, cuyo titular, luego de disponer la habilitación del asueto judicial decretado por esta Suprema Corte por resolución 386/20, atento la naturaleza de la pretensión incoada, se inhibió de entender en el asunto. Para así decidir, sostuvo que la controversia guardaba suficiente relación de conexidad con las acciones deducidas en los expedientes "Nieves, Roman Federico c/ Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires s/ Amparo", "Culacciatti, Darío José y otros c/ Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires s/ Amparo" y "Vignoles, Sebastián Fernando Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires s/ Amparo", en los cuales se cuestiona la validez constitucional de las resoluciones dictadas por este Tribunal y su Presidencia.
Concluyó, entonces, que "si bien en el sub examine los accionantes enarbolan la acción contra sujetos pasivos y normas distintas, a las que fueran objeto de embate de las actuaciones referidas ut supra , empero, lo cierto es que el objeto de estas últimas y el traído aquí a resolver guardan una íntima y estrecha vinculación, que obligan resolverse ante el mismo órgano jurisdiccional" (v. resol. de 18-VI-2020).
Ante lo cual, el accionante manifestó que se había omitido pronunciar respecto de la pretensión entablada contra la Municipalidad de Ezeiza, en virtud del decreto 289/2020 dictado por el Intendente comunal. Asimismo, expuso que la cuestión dista de aquella planteada en las causas antes citadas, toda vez que en autos no se objeta el actuar del Poder Judicial, el cual estima que "opera de modo adecuado a las circunstancias", pero que los justiciables no pueden acceder a éste por razones que le son ajenas (v. presentación electrónica de fecha 2-VII-2020).
No obstante ello, la causa fue remitida electrónicamente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Plata.
Sin embargo, el magistrado subrogante se rehusó a aceptar la competencia que le fuera endilgada en la inteligencia de que en la presente acción no concurren los presupuestos para admitir la radicación por conexidad, dado que no hay identidad de ninguno de los elementos que componen las respectivas pretensiones y, en consecuencia, entendió que no existe riesgo de incurrir en el dictado de sentencias contradictorias (v. resol. de 3-VIII-2020).
Devuelta la causa al juzgado de origen, éste mantuvo su primigenia postura, tras considerar que en todas las actuaciones se trata del mismo grupo de afectados –esto es, los abogados matriculados en la Provincia de Buenos Aires- y que "al menos, uno de los demandados resulta idéntico (más allá de la omisión en identificar claramente a la autoridad demandada)" (v. resol. de 21-VII-2020).
De este modo, planteó formalmente la contienda negativa y la sometió ante esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. Este Tribunal ha resuelto que corresponde, en las acciones de amparo, apartarse del sistema de adjudicación mediante sorteo ante "cualquier juez" establecido por las resoluciones N°1358/06 y 1794/06 y decretar la competencia del juzgado en el cual medió prevención, cuando el objeto del primigenio proceso guarda suficiente relación de conexidad con la pretensión del amparo deducida por esa vía con posterioridad (doctr. causas B. 69.446, "Damasauskas", resol. de 4-VI-2008; B. 70.166, "Bani", resol. de 26-VIII-2009; B. 71.460, "Pérez", resol. de 17-VIII-2011; B 73.542, "C., L. A.", resol. de 29-XII-2014 y B 75.165, "Rojas", resol. de 4-VII-2018).
También señaló que, en la aplicación de la regla de prevención por conexidad sentada en el art. 3 in fine de la Ley de Amparo, era necesario tener en cuenta que, para su viabilidad, debían necesariamente concurrir las circunstancias allí especificadas; esto es, que las acciones versen sobre un mismo hecho, acto u omisión, lo que no acontece cuando varía el colectivo de amparados sobre los cuales se requiere la tutela jurisdiccional urgente (doctr. causas B. 73.301, "Villordo", resol. de 24-IX-2014 y B. 73.292, "Garate", resol. de 19-II-2015) o el objeto de ambas pretensiones difiere de manera ostensible (doctr. causas B. 73.384, "Ávalos" y B. 73.386, "Romano", ambas resol. de 3-XII-2014 y B 73.869, "Centro de Estudios Legales y Sociales", resol. de 30-IX-2015).
IV. De acuerdo a esas reglas, se advierte que en el caso no se encuentran reunidos los extremos que justifiquen la procedencia de la acumulación de procesos pretendida en cabeza del magistrado del Departamento Judicial de La Plata, por haber prevenido en el caso "Nieves".
En primer lugar, cabe destacar que el objeto de las pretensiones difiere: mientras que en la mencionada causa "Nieves" (y sus conexas) se persigue la declaración de inconstitucionalidad de las resoluciones dictadas por el Tribunal y por su Presidente como consecuencia de la pandemia de Covid 19, aquí se cuestiona la validez constitucional de una serie de decretos emitidos por el Poder Ejecutivo provincial y por la Municipalidad de Ezeiza que restringen la libre circulación de los ciudadanos.
De esto se desprende, asimismo, que las acciones entabladas se dirigen contra sujetos distintos, por los actos emitidos en el marco de sus respectivas competencias.
Por otro lado, debe señalarse que el grupo de personas que insta la presente demanda no queda circunscripto al conjunto de abogados habilitados para ejercer la profesión en el territorio bonaerense –sea cual fuere el departamento judicial en que se encuentren matriculados-, sino que comprende también a empresas privadas y a otros particulares. Este elemento podría cobrar relevancia, en el caso concreto, en tanto quienes aquí accionan podrían ostentar un interés jurídico suficiente como para considerarlos provisoriamente legitimados para ser parte del presente amparo.
Por último, aún de existir cierta comunidad fáctica entre ambos juicios –considerando que tanto los decretos como las resoluciones han sido emitidos como consecuencia del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional ante la situación epidemiológica por la pandemia de Covid 19- tampoco se advierte la necesidad de acumular los procesos en cuestión por aplicación del supuesto que refiere al peligro del dictado de sentencias contradictorias (doctr. causa B. 72.444, "Enosur", resol. del 10-VII-2013). En este sentido, el desenlace anticipado de cualesquiera de los litigios no tendrá consecuencias irreversibles o insusceptibles de reparación ulterior en el otro (doctr. causa B. 72.723, "Municipalidad de Baradero", resol. de 21-V-2014 y sus citas).
V. Bajo tales premisas, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora quien continúe entendiendo en autos.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite.
Hágase saber de lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Plata.
Regístrese y ofíciese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/09/2020 12:27:57 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/09/2020 12:52:44 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/09/2020 21:29:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/09/2020 11:20:57 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/09/2020 14:07:04 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/09/2020 10:48:18 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia