Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76645
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que en autos no se encuentra comprometida la competencia originaria del Tribunal (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683, CPCC).
B.76.645 “MARTINEZ CECILIA NOEMI C/ MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA”
Relata que, con motivo del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N°297/20, los establecimientos gastronómicos de la zona debieron suspender su actividad el día 20 de marzo del corriente año.
Luego, manifiesta que, siguiendo las recomendaciones realizadas por la Comisión de Reactivación Económica comunal, por decreto municipal N° 1173/20 se autorizó nuevamente la prestación del "servicio de comidas y bebidas para consumo en locales" conforme al Protocolo COVID-19 aprobado por resolución 1023/20 del Ministerio de Jefatura de Gabinete. Posteriormente, señala que la franja horario de funcionamiento se extendió de 7 a 24 horas a través del decreto N° 1216/20.
Sin embargo, por decreto N° 1376/20 se dispuso nuevamente el cierre de los comercios a partir de día 29 de agosto de 2020. Entiende así, que esta última medida vulnera las garantías y derechos amparados en los arts. 14 y 28 de la Constitución Nacional, por lo que requiere, asimismo, que se declare la invalidez de la norma y de cualquier nuevo acto que la reemplace o prorrogue.
En consecuencia, alega que su pretensión se dirige a asegurar para sí sus medios de subsistencia, permitiéndole desarrollar su actividad conforme al Protocolo de Higiene y Seguridad elaborado por la Subsecretaría de Industria, Pymes y Cooperativas y la Subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones del Ministerio de la Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.
II. Con arreglo al régimen de sorteos vigente para los juicios de amparo, el presente fue adjudicado al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 del Departamento Judicial de Mar del Plata. No obstante lo cual, su titular, luego de efectuar un análisis respecto de la admisibilidad de la vía escogida, se rehusó a intervenir en el asunto, al considerar que el caso versaba sobre una materia propia del conocimiento que el art. 161 inc. 1 de la Carta provincial le asigna a esta Suprema Corte de Justicia con carácter originario y exclusivo (v. resol. de 8-IX-2020).
Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso de apelación, argumentando que el objeto de su pretensión consiste, principalmente, en hacer cesar la conducta ilegítima de la comuna que la priva de ejercer sus derechos constitucionalmente consagrados. Por otra parte, se agravia de la falta de resolución de la petición precautoria requerida (v. presentación electrónica de fecha 11-IX-2020).
Por su parte, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata declaró inadmisible el recurso incoado, en la inteligencia de que la declinación de competencia formulada por el juez de grado debe encauzarse por conducto de los arts. 4 y 8 del Código Procesal Civil y Comercial y que, por lo tanto, el tratamiento de la pieza recursiva supondría interferir en el carril procesal establecido en aquellos supuestos (v. resol. de 29-IX-2020).
En virtud de ello, ordenó la elevación de las actuaciones a esta Suprema Corte para que se expida en punto a su propia competencia.
III. Conforme lo dispone el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial, este Tribunal ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por ella y se controvierta por parte interesada, de lo cual se infiere que el objeto de esta acción y, por consiguiente, el ámbito delimitado de una norma considerada en abstracto (doctr. causas B. 75.290, "Francisco Frare SA", resol. de 22-VIII-2019 y B. 75.541, "Asociación Mutual Consejeros de los Arroyos Coop. Emp. Mult.", resol. de 13-II-2019).
Al respecto, se ha sostenido que cuando el precepto alude a "materia regida por esta Constitución" se refiere a la necesidad de planteamiento de un conflicto directo entre la disposición impugnada y la o las normas de la Carta local que se consideren quebrantadas (doctr. causas I. 1169, "Malacari", sent. de 11-XII-1984; I. 1998, "Piombo", resol. de 18-VI-1996; I. 2027, "Sindicato de Trabajadores Municipales de Necochea", sent. de 27-XII-2000; I. 1447, "Expreso Merlo SA", sent. de 28-III-2001; B. 70.086, "Consorcio Exportador Pesquero SA", resol. de 29-IV-2009 y B. 75.890, "Martínes", resol. de 14-VIII-2019, e.o.).
De allí que no sean procedentes las demandas originarias de inconstitucionalidad en las que se denuncian infracciones a la Constitución Nacional o a leyes o reglamentos dictados por autoridades federales. Sobre esa base, se ha decidido que la competencia originaria en cuestión no se ve afectada en los casos así incoados (doctr. causas B. 68.381, "Ganadera 2000 SA" y B. 68.416, "Agroindustrias Quilmes SA", ambas resol. de 23-XI-2005; B. 68.940, "Asociación Mutual del Personal de la Administración Pública", resol. de 13-XII-2006, B. 69.932, "Citta", resol. de 3-XII-2008; B. 72.098, "Mariano Emilio Furt SA", resol. de 10-IV-2013; I. 74.725, "Miño", resol. de 7-II-2018; B. 75.316, "Siniego Berri", resol. de 3-V-2018 y B. 76.039, "Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales", resol. de 23-X-2019).
IV. Sentado ello, corresponde señalar que del escrito inicial se desprende que la acción no tiene por objeto exclusivo la discusión sobre la validez constitucional de una norma considerada en abstracto. Antes bien, la pretensión principal se dirige a hacer cesar la presunta actuación arbitraria e ilegítima de la Municipalidad de General Pueyrredon que restringe y lesiona, en forma actual, los derechos constitucionales invocados por la actora y así proceder a la reapertura del local gastronómico de su propiedad.
Por otro lado, es dable recordar que cualquier juez puede, en el ámbito del juicio de amparo, declarar la inconstitucionalidad del precepto en que se funde el alegado acto lesivo (art. 20 inc. 2, in fine, Const. prov.). A mayor abundamiento, debe destacarse que la demanda se funda exclusivamente en la supuesta violación de derechos y garantías establecidos en la Carta nacional, por lo que la controversia carecería de virtualidad para ser ventilada ante este órgano.
V. Bajo tales premisas, toda vez que el objeto de la acción excede el ámbito de conocimiento que traza el art. 161 inc. 1 de la Constitución local, cabe concluir que el caso resulta ajeno a la jurisdicción originaria de este Tribunal.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar que en autos no se encuentra comprometida la competencia originaria del Tribunal (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683, CPCC).
Devuélvanse electrónicamente las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 del Departamento Judicial de Mar del Plata para la prosecución de su trámite.
Regístrese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/12/2020 10:55:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/12/2020 11:49:32 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/12/2020 16:33:52 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/12/2020 19:33:32 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/12/2020 12:53:29 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/12/2020 13:23:45 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia