Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77034
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que en estos casos no se encuentra comprometida la competencia originaria y exclusiva de esta Suprema Corte y ordenar la inmediata radicación de los expedientes electrónicos en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°12 del Departamento Judicial de San Isidro para la continuación de su trámite (arts. 20 inc. 2, 161 inc. 2 y 196, Const. prov.).
B.77.034 “INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ AMPARO - CUESTION DE COMPETENCIA”
I. El Intendente de la Municipalidad de Vicente López dedujo una acción de amparo en los términos de los arts. 20 inc. 2 de la Constitución provincial y 6 de la ley 13.928 contra la Provincia de Buenos Aires, con el propósito de que se declare la nulidad del decreto 181/21 -dictado el 17 de abril del corriente por el señor Gobernador- y de la resolución 1208/21 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros junto con su Anexo I (actividades 118 y 119). Ello porque, según entiende, disponen la suspensión del dictado de clases presenciales en todos los niveles y modalidades desde el 19 hasta el 30 de abril del corriente, lo que implica el cierre de todos los establecimientos educativos de los tres niveles ubicados en el territorio del partido, con grave afectación del derecho de aprender de los alumnos que asisten a ellos.
Aduce que las normas atacadas infringen tanto el art. 6 de la Ley de Educación Nacional n°26.026 como el art. 6 de la Ley de Educación Provincial n°13.688, que identifican a los municipios como responsables de las acciones educativas, como asimismo los arts. 24, 25 y 28 inc. 8 de la Ley Orgánica de las Municipalidades -decreto ley 6769/58- que le otorgaría a las comunas competencia en la materia.
Sostiene, además, que las disposiciones impugnadas afectarían los derechos a la educación, a la igualdad, al trabajo y a la salud, consagrados en los arts. 14 y 16 de la Constitución nacional y 11, 36 inc. 8, 39 y 198 de la Carta local y que resultan irrazonables en tanto la gravedad de las restricciones que imponen no guarda relación con los hechos en virtud de los cuales fueron adoptadas.
En este sentido, argumenta que las medidas tomadas por la Administración provincial están fundamentadas en una dudosa evidencia científica, en tanto no existen pruebas epidemiológicas que demuestren que las clases presenciales en los colegios ubicados en el ejido del municipio de Vicente López produzcan un incremento de las personas contagiadas con COVID-19, alegando que en aquellos se cumplen estrictamente todos los protocolos establecidos por las autoridades nacionales, provinciales y municipales.
Explica que su agravio se originó con la sanción del decreto de necesidad y urgencia 241/21 dictado por el presidente de la Nación, por el cual se sustituyó el art. 10 del decreto 235/21 y se estableció la suspensión de clases presenciales y actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y modalidades en el aglomerado del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde el 19 hasta el 30 de abril de este año.
Y con relación a esos actos advierte que la comuna interpuso otra acción de amparo el 16 de abril del corriente contra el referido decreto de necesidad y urgencia, solicitando que se declare su nulidad. Dice que allí el titular del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín resolvió declararse incompetente para entender en el asunto, al considerar que el juicio debía dirigirse exclusivamente contra la Provincia de Buenos Aires y remitió el expediente al Departamento Judicial de San Isidro.
En lo que aquí importa, solicita que dicha causa sea acumulada y tramite junto con el presente proceso.
Finalmente, requiere que se dicte una medida cautelar ordenando la suspensión de los efectos del decreto 181/21 dictado el 17 de abril del corriente por el Poder Ejecutivo y los de la resolución 1208/21 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros junto con su Anexo I y se disponga la continuidad de las clases presenciales hasta tanto se dice sentencia en autos.
II. La causa fue adjudicada, en razón de lo normado por los arts. 20 inc. 2 de la Constitución provincial y 1 y 3 de la Ley de Amparo y de conformidad con el sistema establecido en las resoluciones de esta Suprema Corte 1358/06 y 1794/06, cuya vigencia fue ratificada por resolución 957/09 del 15 de abril de 2009. al Juzgado en lo Civil y Comercial N°12 del Departamento Judicial de San Isidro.
Sin embargo, su titular se declaró incompetente al concluir que en este caso se está en presencia de un conflicto de poderes entre la Municipalidad de Vicente López y la Provincia de Buenos Aires y que, como tal, sólo puede ser resuelto por esta Suprema Corte en ejercicio de la competencia que le atribuyen los arts. 161 inc. 2 y 196 de la Constitución provincial (v. resol. de 20-IV-2021).
A la par, decidió acumular el presente expediente junto con las actuaciones que -con posterioridad a ser sorteado su juzgado- le habían sido remitidas por el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín.
Ello motivó que, no obstante la acumulación referida, se radicaran ante el Tribunal dos expedientes: éste y otro en el que obran, digitalizadas, las actuaciones sustanciadas ante la jurisdicción federal.
III.1. La presente causa no da cuenta de un conflicto de aquellos que esta Corte está llamada a resolver en ejercicio de la competencia originaria y exclusiva que le confieren los arts. 161 inc. 2 y 196 de la Constitución de la Provincia.
Se ha resuelto en muchas ocasiones que las causas de competencia entre los poderes públicos de la Provincia a las que alude la norma constitucional mencionada en primer término, al igual que los conflictos que se producen entre las municipalidades y autoridades de la Provincia a los que se refiere el citado art. 196, requieren para su configuración la existencia de una contienda entre los órganos involucrados con motivo o en el ejercicio de sus respectivas atribuciones.
Es menester entonces que el objeto principal del reclamo de alguno de ellos consista en cuestionar el obrar de otra autoridad por haber invadido o intentar invadir su esfera de competencias, lo que implica reivindicar como perteneciente a su propio ámbito de actuación aquella actividad ejercida o en vías de ejecución por quien es demandada (doctr. causas B. 71.532, "Municipalidad de La Plata", sent. de 7-III-2012; B. 72.132, “Fiscal de Estado”, resol. de 19-IX-2012; B. 72.835, "Intendente Municipal de Tigre", resol. de 23-XII-2014; B. 74.858, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 23-VIII-2017 y B. 76.894, "Municipalidad de Pergamino", resol. de 1-III-2021, e.o.).
III.2. Si bien en el desarrollo argumental formulado por el actor -que indudablemente dedujo una acción de amparo- se expresa, como destaca el magistrado que previno, que la conducta que atribuye a la Provincia afecta potestades del municipio en materia educacional, ello no implica que se trate de una causa de competencia entre poderes públicos o un conflicto de poderes.
Como se dijo, para que una situación semejante quede configurada se impone alegar suficientemente que una determinada atribución o competencia de un órgano o entidad -quien promueve el conflicto- haya sido invadida o directamente reclamada para sí por el otro -el interpelado-. Ello no sucede en este caso, en el que se encuentran en juego atribuciones en las que el municipio despliega, a lo sumo, cometidos complementarios a los de la Nación y la Provincia (conf. arts. 6, ley 26.026; 6, ley 13.688; 198 in fine y concs., Const. prov.; 5, 75 inc. 17, y 125, Const. nac.).
El eje central de la presentación que da lugar a estas actuaciones y lo que la comuna denuncia, arrogándose el Intendente Municipal una suerte de legitimación tuitiva, no es un avasallamiento de las potestades que a ella le competen, sino que la normativa atacada afecta gravemente el derecho de aprender de los alumnos que asisten a establecimientos educativos ubicados en el distrito, alterando el debido funcionamiento del sistema educativo.
Lo anterior es incluso reconocido por la parte actora en su escrito inicial, en tanto allí afirma que “la obligación de garantizar la educación integral no es exclusiva del gobierno nacional y provincial, sino que es una obligación conjunta entre esos gobiernos y también con los municipios” y se corrobora a poco de leer el recurso de apelación presentado el 21 de abril del corriente contra la declaración de incompetencia del juez de grado, en el que manifiesta que la comuna “no desconoce la competencia en materia de educación que ostenta el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, ni reclama para sí el ejercicio de la misma, sino que lo que se reclama es la afectación que la normativa atacada genera en la prestación del servicio de educación” y en el que enfáticamente aduce que en modo alguno la presente causa se trata de un conflicto de atribuciones, sino de una acción de amparo en los términos de los arts. 20 inc. 2 de la Carta local y 43 de la Constitución Nacional.
IV. En razón de lo expuesto, corresponde declarar que el caso no es propio de la competencia originaria y exclusiva que al Tribunal le confieren los arts. 161 inc. 2 y 196 de la Constitución de la Provincia, debiendo radicarse inmediatamente las actuaciones ante el órgano que previno para la continuación de su trámite.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar que en estos casos no se encuentra comprometida la competencia originaria y exclusiva de esta Suprema Corte y ordenar la inmediata radicación de los expedientes electrónicos en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°12 del Departamento Judicial de San Isidro para la continuación de su trámite (arts. 20 inc. 2, 161 inc. 2 y 196, Const. prov.).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/04/2021 09:00:16 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/04/2021 09:03:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/04/2021 10:08:42 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/04/2021 11:35:55 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/04/2021 12:19:08 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/04/2021 12:20:34 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia