Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77038
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que en el caso no se encuentra comprometida la competencia originaria y exclusiva de esta Suprema Corte y ordenar la inmediata radicación del expediente electrónico en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°16 del Departamento Judicial de San Isidro para la continuación de su trámite (arts. 20 inc. 2, 161 inc. 2 y 196, Const. prov.).
B.77.038 “MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Y OTROS C/ GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA”
I. El Intendente de la Municipalidad de San Isidro junto con las señoras María Florencia Cobo Vizzoco, María Virginia Scartascini, Ticiana Belén La Mónica, Carla Julieta González Rinaldi, María Luz Ventrice y los señores Lucas Facundo Quiroga, Diego Esteban Jaime y Walter Matías Jaime, todos ellos por derecho propio y en representación de sus hijas e hijos menores de edad, promueven acción de amparo contra el Estado Nacional, con el objeto de que se deje sin efecto el decreto de necesidad y urgencia 241/2021, dictado por el Poder Ejecutivo el 15 de abril de 2021 -y las disposiciones reglamentarias y/o complementarias actuales o futuras que se emitan en su consecuencia-, por el cual se suspendió el dictado de clases y actividades no educativas y no escolares presenciales, en establecimientos educativos de gestión pública o privada, en todos los niveles y en todas sus modalidades, desde el día 19 hasta el día 30 de abril inclusive.
Al respecto, cuestionan la competencia de la autoridad que emitió la norma atacada y denuncian el avasallamiento de la autonomía provincial en la materia regulada. Al margen de esto, sostienen que el precepto resulta arbitrario, irrazonable y desproporcionado. Al mismo tiempo, esgrimen que la medida ha sido adoptada sin sustento en base a criterios epidemiológicos y estadísticos.
Afirman que la presencialidad en la actividad escolar y educativa en general, cumpliendo con los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias nacionales, provinciales y municipales al efecto, no ocasiona la propagación de la pandemia del virus SARS-CoV-2. Por el contrario, entienden que permite el control de la salud pública en un alto número de ciudadanos y una pronta respuesta para el correspondiente aislamiento en caso de que se detecte algún contagio. A la par, arguyen que los centros de enseñanza y aprendizaje no sobrecargan el transporte público, cuestión que entienden que, en definitiva, pretende ser resguardada con el decreto de necesidad y urgencia 241/2021.
En suma, alegan que se encuentran conculcados los derechos a la educación (art. 14, Const. Nac.) y a la salud e integridad física y mental de los niños, niñas y adolescentes que concurren a los establecimientos educacionales de San Isidro. Sobre el punto, resaltan que la situación se agrava en los casos de grupos vulnerables y de menores recursos que no cuentan con las herramientas y los medios indispensables para acceder a las clases impartidas de manera remota, quebrantándose así el principio de igualdad (art. 16, Const. Nac). Asimismo, arguyen que se encuentran violentadas diversas garantías contempladas en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niños y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 75 inc. 22, Const. Nac.).
Por último, solicitan que se ordene con carácter cautelar la suspensión de los efectos del decreto puesto en crisis, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el presente litigio.
Con posterioridad, amplían demanda y requieren que se deje sin efecto el decreto 181/2021 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires y la resolución 1208/21 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, esgrimiendo argumentos análogos a los postulados en su escrito inicial. En consonancia con ello, peticionan la extensión de la tutela precautoria antes articulada.
II. La causa se inició ante el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín -Secretaría N°3-. Sin embargo, su titular declaró la falta de legitimación pasiva del Estado Nacional y, en consecuencia, se inhibió de entender en autos.
Para así decidir, luego de precisar que en el caso no se daba un supuesto de competencia ratione personae y que el objeto de la contienda planteada no poseía un contenido federal predominante, consideró que con arreglo al principio iura novit curia correspondía interpretar que la pretensión incoada en la presente acción se dirigía contra la normativa provincial dictada en consecuencia de lo dispuesto en el decreto de necesidad y urgencia 241/2021 y que no surgían de la demanda motivos suficientes para admitir al Estado Nacional como parte sustancial en la contienda, dado que el asunto se encontraba atravesado primordialmente por el derecho público local (v. resol. de 19-IV-2021).
Frente a esto, la Defensora Pública Oficial requirió que, a fin de garantizar el acceso a la justicia y el debido proceso de los niños, niñas y adolescentes, se remita el expediente a la justicia provincial.
Fue así que las actuaciones fueron giradas a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de San Isidro, resultando designado -de conformidad con el sistema establecido en las resoluciones de esta Suprema Corte 1358/06 y 1794/06, cuya vigencia fue ratificada por resolución 957/09 del 15 de abril de 2009 y en razón de lo normado por los arts. 20 inc. 2 de la Constitución provincial y 1 y 3 de la Ley de Amparo- el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°16 departamental.
A su turno, la magistrada a cargo del mencionado órgano se declaró incompetente para conocer y decidir en la controversia por considerar que el caso se enmarcaba en lo previsto en el art. 196 de la Constitución local, pues implicaba un conflicto entre un municipio y una autoridad provincial (v. resol. de 28-VIII-2020).
Así es como llegan los obrados a conocimiento del Tribunal.
III.1. La presente causa no da cuenta de un conflicto de aquellos que esta Corte está llamada a resolver en ejercicio de la competencia originaria y exclusiva que le confieren los arts. 161 inc. 2 y 196 de la Constitución de la Provincia.
Se ha resuelto en muchas ocasiones que las causas de competencia entre los poderes públicos de la Provincia a las que alude la norma constitucional mencionada en primer término, al igual que los conflictos que se producen entre las municipalidades y autoridades de la Provincia a los que se refiere el citado art. 196, requieren para su configuración la existencia de una contienda entre los órganos involucrados con motivo o en el ejercicio de sus respectivas atribuciones.
Es menester entonces que el objeto principal del reclamo de alguno de ellos cuestione el obrar de otra autoridad por haber invadido o intentar invadir su esfera de competencias, lo que implica reivindicar como perteneciente a su propio ámbito de actuación aquella actividad ejercida o en vías de ejecución por quien es demandada (doctr. causas B. 71.532, "Municipalidad de La Plata", sent. de 7-III-2012; B. 72.132, “Fiscal de Estado”, resol. de 19-IX-2012; B. 72.835, "Intendente Municipal de Tigre", resol. de 23-XII-2014; B. 74.858, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 23-VIII-2017 y B. 76.894, "Municipalidad de Pergamino", resol. de 1-III-2021, e.o.).
III.2. Si bien en el desarrollo argumental formulado por los actores, que indudablemente dedujeron una acción de amparo, se expresa que la conducta que se atribuye a la Provincia -y, en su oportunidad, al Estado Nacional- afecta potestades del municipio en materia educacional, ello no implica que se trate de una causa de competencia entre poderes públicos o un conflicto de poderes.
III.3. Debe señalarse, en primer término, que la presente acción ha sido interpuesta en forma conjunta por la Municipalidad de San Isidro y un grupo de padres y madres cuyos hijos e hijas asisten a distintas escuelas ubicadas en territorio de dicha comuna, conformando así un litisconsorcio facultativo activo integrado por sujetos con pretensiones derivadas de un mismo hecho generador. Aunque resulte obvio, debe ponerse de relieve, dada la conformación de la parte actora, que los conflictos cuya solución la Constitución de la Provincia confía a esta Suprema Corte no tienen como parte a los particulares (arts. 161 inc. 2 y 196, Const. Prov.).
III.4. Pero además de lo señalado, de por sí suficiente como para resolver que en el caso no se encuentra comprometida la competencia que la magistrada previniente consideró afectada, los hechos en los que se origina la controversia y los argumentos desplegados en la presentación que también suscribe el Intendente Municipal de San Isidro no revelan ni permiten sostener que se trate de un supuesto de conflicto entre una Municipalidad y alguna autoridad de la Provincia.
Como se dijo, para que una situación semejante quede configurada se impone alegar suficientemente que una determinada atribución o competencia de un órgano o entidad -quien promueve el conflicto- haya sido invadida o directamente reclamada para sí por el otro -el interpelado-. Ello no sucede en este caso, en el que se encuentran en juego atribuciones en las que el municipio despliega, a lo sumo, cometidos complementarios a los de la Nación y la Provincia (conf. arts. 6, ley 26.026; 6, ley 13.688; 198 in fine y concs., Const. prov.; 5, 75 inc. 17, y 125, Const. nac.).
El eje central de la presentación que da lugar a estas actuaciones y lo que los actores denuncian, no es un avasallamiento de las potestades que la Municipalidad de San Isidro tiene atribuidas, sino que la normativa atacada afecta gravemente, entre otros derechos, el de aprender de los alumnos que asisten a establecimientos educativos ubicados en el distrito, alterando el debido funcionamiento del sistema educativo.
Lo anterior incluso se desprende la exposición efectuada por los accionantes en su escrito inicial, que recuerdan que el art. 6 de la Ley de Educación Nacional 26.206 “pone en cabeza del Estado la garantía del ejercicio efectivo del derecho constitucional de enseñar y aprender, de todos los ciudadanos y responsabiliza de las acciones educativas al Estado Nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos fijados por el artículo 4 de dicha ley; los municipios, las confesiones religiosas reconocidas oficialmente y las organizaciones de la sociedad; y la familia, como agente natural y primario”.
IV. En razón de lo expuesto, corresponde declarar que el caso no es propio de la competencia originaria y exclusiva que al Tribunal le confieren los arts. 161 inc. 2 y 196 de la Constitución de la Provincia, debiendo radicarse inmediatamente las actuaciones ante el órgano que previno para la continuación de su trámite.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar que en el caso no se encuentra comprometida la competencia originaria y exclusiva de esta Suprema Corte y ordenar la inmediata radicación del expediente electrónico en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°16 del Departamento Judicial de San Isidro para la continuación de su trámite (arts. 20 inc. 2, 161 inc. 2 y 196, Const. prov.).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/04/2021 09:00:19 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/04/2021 09:16:24 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/04/2021 10:08:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/04/2021 11:35:53 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/04/2021 12:19:03 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/04/2021 12:20:36 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia