Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77245
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que en autos no se encuentra comprometida la competencia originaria de este Tribunal (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683, CPCC).
B.77.245 “CAVALLI LUIS ALBERTO C/ MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA”
I. Luis Alberto Cavalli promueve acción de amparo contra la Municipalidad de Olavarría, a fin de que se deje sin efecto el decreto 229/21 mediante el cual el intendente local desestimó su pedido de autorización para la convocatoria anual de la Asamblea Electoral de la Cooperativa de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos distrital (COOPELECTRIC), circunstancia que alega conculcatoria de sus derechos "...políticos y sociales", por cuanto le impediría, en su expectativa como usuario de la cooperativa, participar en la elección de las respectivas autoridades de la entidad social.
En tal sentido, pone de relieve que, a raíz de la emergencia sanitaria declarada por el decreto de necesidad y urgencia 297/20, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) emitió, en primer término, la resolución 145/20 que postergaba la "...convocatoria y realización de asambleas" en cooperativas y mutuales. A pesar de ello, según comenta, el INAES modificó esa disposición por intermedio de su resolución 1015/20, supeditando, no obstante, la celebración de las asambleas "...a la autorización de los intendentes".
Reputa que el decreto en cuestión resulta discriminatorio, ya que deniega, por un lado, el protocolo de bioseguridad por él presentado, que habría sido replicado en otras localidades con un número más elevado de electores, siendo que también, por el otro, permitiría el curso normal de actividades (gastronómicas y de esparcimiento) con un mayor riesgo de contagio.
Asimismo, requiere el dictado de una medida cautelar que ordene la declaración de inconstitucionalidad del decreto 229/21, autorizándose, consiguientemente, la celebración del mentado acto eleccionario para el mes de agosto del corriente (cfr. escrito electrónico de fecha 18-VI-2021).
II. Con arreglo al régimen de sorteos vigente para los juicios de amparo, el presente recayó en el Juzgado de Familia N°1 con asiento en Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, cuyo juez subrogante, luego de que el actor precisara los derechos que se encontraban en juego en la contienda, decidió declarar su incompetencia para continuar interviniendo en el asunto.
Ello así, bajo el entendimiento de que la pretensión promovida en autos tiene por objeto una materia propia del conocimiento originario que le otorgan los artículos 161 inciso 1 de la Constitución provincial y 683 del Código Procesal Civil y Comercial a esta Suprema Corte de Justicia. En esa dirección argumental, hizo especial hincapié, invocando el reciente pronunciamiento de este Tribunal recaído en la causa "Arboit", en que el acto impugnado había sido dictado por una autoridad local.
Por tal motivo, remitió las actuaciones a la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo (v. resol. electrónica de fecha 12-VII-2021).
III. Conforme lo dispone el artículo 161 inciso 1 de la Constitución provincial, este Tribunal ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por ella, cuando se controviertan por parte interesada (conf. art. 683, CPCC).
Como se ha entendido reiteradamente, por este carril procesal solo pueden ser motivo de impugnación aquellos preceptos que establezcan mandatos generales, abstractos e impersonales (doctr. causas I. 1612, “Barbieri”, resol. de 8-V-1993; I. 2204, "Zamarreño", sent. de 8-X-2008; I. 71.542, “De Amorrortu”, resol. de 28-XII-2011; I. 73.601, “Instituto de Rehabilitación del Lisiado”, resol. de 15-VI-2016; B. 73.996, “Atanor SCA”, resol. de 29-VI-2016 e I. 74.339, “Nextel Communications Argentina SRL”, resol. de 7-XII-2016; e.o.).
Únicamente por excepción es posible tramitar en esa vía pretensiones enderezadas a controvertir ciertas disposiciones que, si bien regulan una situación específica, proyectan efectos que trascienden a sus destinatarios directos y poseen una incidencia colectiva (doctr. causas I. 1490, “Bargo”, sent. de 5-VII-2000; I. 3024, “Lavadero de Lanas El Triunfo”, resol. de 8-VII-2003; I. 2107, “O'Connor”, sent. de 18-II-2009; I. 75.351, “Biesa”, resol. de 17-X-2018; I. 75.727, “Gullo”, resol. de 23-X-2019 e I. 75.905, “Simonelli”, resol. de 20-XI-2019; e.o.).
IV. Sobre esa base, debe repararse en que la actuación lesiva cuestionada a través de la vía del amparo trata de un acto de alcance individual, dictado por el intendente municipal de Olavarría, por medio del cual éste rechazó el reclamo personal deducido por el accionante con la finalidad de que se autorice la celebración de una asamblea en la cooperativa a la que allí se alude.
Siendo así, sin desconocer los intereses colectivos más remotamente involucrados en la suerte de ese pedido, la situación planteada no queda subsumida dentro de los alcances de la competencia originaria que a esta Corte le confieren las normas constitucionales y legales antes consignadas, ni tampoco encuadra nítidamente dentro de las contadas excepciones que se han hecho de tales reglas (v. por todas causa I. 76.779, “Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses”, resol. de 12-II-2021).
Consecuentemente, corresponde devolver el expediente al Juzgado de Familia Nº1 con asiento en Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar que en autos no se encuentra comprometida la competencia originaria de este Tribunal (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683, CPCC).
Devuélvanse electrónicamente las actuaciones al Juzgado de Familia N°1 con asiento en Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul para la prosecución de su trámite.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/09/2021 18:41:16 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/09/2021 20:05:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/09/2021 12:07:16 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2021 09:29:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2021 09:40:11 - SOUSA Liliana Eva - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia