Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77614
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar que la causa remitida por el Juzgado en de Familia N°7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora es de la competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
II. Radicarla ante los estrados de esta Corte, en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y doctr. art. 352 inc. 1, CPCC), proceder a su recaratulación y otorgar al actor un plazo de diez días para que subsane la deficiente técnica que padece su postulación, debiendo acudir a esta instancia con la debida asistencia letrada (arts. 56 y 57, CPCC) y, asimismo, adecue su pretensión al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del Código Procesal Civil y Comercial -arts. 683 y 688-, con apercibimiento de tenerlo por no presentada (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC).
III. No hacer lugar a la medida cautelar peticionada por la parte actora (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
IV. Dado lo resuelto, por innecesario, no hacer lugar a la habilitación de días y horas inhábiles y de la feria judicial requerida en el punto VI del escrito inicial (art. 152, CPCC).
B.77.614 “URQUIDI ROLDAN GABRIEL FRANCISCO C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA”
I. El señor Gabriel Francisco Urquidi Roldán, invocando su calidad de ciudadano y sin patrocinio letrado, promueve acción de amparo contra la Provincia de Buenos Aires, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la resolución conjunta 460/21 dictada por los titulares del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Salud (B.O. de 10-XII-2021), que establece -a partir del 21 de diciembre de 2021- el denominado “Pase libre Covid” como requisito necesario para asistir a aquellas actividades realizadas en el territorio provincial que representan mayor riesgo epidemiológico -las que enumera-, además de cumplir con los protocolos, recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias.
Con carácter cautelar, solicita que se ordene a la demandada que se abstenga de aplicarle o exigirle el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la norma impugnada, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en la presente controversia.
Al respecto, alega que la norma en crisis vulnera, entre otros, los derechos de propiedad, a la salud, de igualdad ante la ley, a la educación, a la libre circulación, a la libertad de culto y/o religión, a ejercer el comercio, al trabajo y a la identidad (conf. arts. 10, 14, 15, 19, 28, 29, 31, 42 y 75 inc. 22, Const. nac.).
Asimismo, arguye que la resolución en pugna viola lo dispuesto en las leyes 25.520, 25.326 y 26.529, toda vez que los instrumentos utilizados por el gobierno local avasallan la autonomía individual y la libertad de elección, dado que de acuerdo a lo dispuesto en el art. 7 de la ley 27.491 y la resolución conjunta 2883/20 del Ministro de Salud y el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la vacunación contra la Covid-19 es optativa, por lo que el art. 19 de la Constitución nacional le confiere el derecho a "no inocularse".
Por último, pide que se habiliten días y horas inhábiles.
II. La causa se inició directamente ante el Juzgado en lo Correccional N°6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, cuyo titular ordenó remitir las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes departamental para que se realice el pertinente sorteo conforme el sistema de adjudicación establecido por las resoluciones SCBA N°1358/06 y 1794/06 (v. despacho de 13-XII-2021).
De esta manera, los obrados recayeron en el Juzgado de Familia N°7 de aquel departamento judicial. Sin embargo, su magistrado suplente se rehusó a conocer en el asunto tras considerar que en la litis no se daba un supuesto de prevención en los términos de la ley 13.928, toda vez que del informe del actuario surgía que el expediente “Urdiqui Roldán, Gabriel Francisco c/ Medrano, Laura Viviana s/ Régimen de visitas”, que había tramitado ante dicho órgano, se encontraba paralizado desde el día 26 de enero de 2012 (v. resol. de 14-XII-2021.
No puede pasarse por alto el hecho de que, para adoptar semejante decisión, absolutamente desprovista de sustento en las constancias de la causa, ya que le fue adjudicada por sorteo, el juez interviniente demoró casi dos semanas en disponer la radicación electrónica del expediente.
Como sea, dispuso elevar los actuados a la Secretaría Civil y Comercial y de Familia de este Tribunal para que dirima el conflicto negativo presuntamente configurado. No obstante, la referida dependencia, atento la naturaleza de la cuestión planteada, giró los autos a la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo para la prosecución de su trámite (v. proveído de 29-XII-2021).
III. Como primera cuestión y sin perjuicio de que el peticionario no se ha presentado con patrocinio letrado, corresponde dejar sentado que, dado el tenor del contenido de la presentación bajo análisis, ese defecto en la postulación no impedirá su tratamiento por este Tribunal (arts. 92 y 93 inc. 1, ley 5.177).
IV. Para dilucidar adecuadamente la contienda suscitada, debe ponderarse que en la especie el actor pretende en forma autónoma y sin impugnar ningún acto concreto de aplicación, que la justicia ordinaria declare la invalidez constitucional de la resolución conjunta 460/21 dictada por los titulares del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
Así las cosas, cabe recordar que conforme lo prevé el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial, esta Corte ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por ella y se controvierta por parte interesada, de lo cual se infiere que el objeto de esta acción y, por consiguiente, el ámbito delimitado de conocimiento reservado a esta vía, reside en la discusión sobre la validez constitucional de una norma considerada en abstracto (doctr. causas B. 75.290, "Francisco Frare SA", resol. de 22-VIII-2019; B. 75.541, "Asociación Mutual Consejeros de los Arroyos Coop. Emp. Mult.", resol. de 13-II-2019, e.o.).
En virtud de esto, y pese a no haberse advertido esta circunstancia por los órganos que han prevenido en el sub lite , es dable concluir que la materia introducida en autos versa sobre un asunto propio de la jurisdicción originaria encomendada a este órgano (doctr. causas B. 67.769, "Bernasconi", resol. de 15-V-2004; B. 68.030, "Bernal", resol. de 13-X-2004; B. 68.483, "Bianchi", resol. de 1-III-2006; B. 69.551, "Saavedra", resol. de 28-V-2008; B. 70.301, "Pernice", resol. de 11-XI-2009; B. 71.586, "Muluche", resol. de 7-IX-2011; I. 72.343, "Meza", resol. de 24-IV-2013; I. 72.719, "Zabaljauregui", resol. de 6-XI-2013; I. 72.986, "Chocrón", resol. de 5-II-2014; B. 73.068, "FECRA", resol. de 30-IV-2014; B. 76.801, “Helacor SA”, resol. de 23-XII-2020, B. 77.431, “Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul” y B. 77.461, “Municipalidad de Monte Hermoso”, ambas resol. de 11-XI-2021, e.o.); atribución que, como se ha resuelto, es de orden público e improrrogable (doctr. causas B. 71.250, "Necochea Entretenimientos SA", resol. de 1-XII-2010; I. 71.272, "Garibaldi", resol. de 30-III-2011; I. 75.471, "Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 17-X-2018 y B. 76.801, cit.).
Por tal razón, procede radicar la causa ante los estrados de esta Suprema Corte, en la Secretaría de Demandas Originarias (arts. 7, 8 y doctr. art. 352 inc. 1, CPCC), proceder a su recaratulación y otorgar al actor un plazo de diez días para que subsane la deficiente técnica indicada, compareciendo con la debida asistencia letrada (arts. 56 y 57, CPCC) y, asimismo, adecue su postulación al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del Código Procesal Civil y Comercial -arts. 683 y 688-, con apercibimiento de tenerla por no presentada (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC; doctr. causas B. 77.431, "Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul", resol. de 11-XI-2021 y B. 77.485, "Zacarías", resol. de 10-XII-2021 y sus citas).
V. Sentado lo que antecede y frente a las particulares circunstancias del caso, resulta aconsejable pronunciarse sin más dilaciones sobre la solicitud de tutela precautoria articulada por el actor.
VI. De la mera lectura del escrito inaugural se advierte que la cuestión aquí debatida guarda sustancial analogía con lo decidido por esta Suprema Corte los días 28 y 29 de diciembre del corriente en la causa B. 77.604 ”Aguirre, Cristina Roxana y otros s/Amparo -cuestión de competencia" y en los autos identificados como B 77.613, "Ordoñez José Luis c/Gobierno de la Provincia de Buenos Aires s/amparo -cuestión de competencia-", respectivamente, con relación al remedio preventivo allí requerido por los demandantes, circunstancia que permite tener aquí por reproducidos -en lo pertinente-, por razones de brevedad, los argumentos allí expuestos y los fundamentos ampliamente desarrollados en el considerando “V” de las mentadas resoluciones, por resultar plenamente aplicables al presente caso.
VII. Por tales razones, sin que esto implique emitir opinión sobre el fondo del planteo constitucional esgrimido, no corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el señor Gabriel Francisco Urquidi Roldán (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Declarar que la causa remitida por el Juzgado en de Familia N°7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora es de la competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
II. Radicarla ante los estrados de esta Corte, en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y doctr. art. 352 inc. 1, CPCC), proceder a su recaratulación y otorgar al actor un plazo de diez días para que subsane la deficiente técnica que padece su postulación, debiendo acudir a esta instancia con la debida asistencia letrada (arts. 56 y 57, CPCC) y, asimismo, adecue su pretensión al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del Código Procesal Civil y Comercial -arts. 683 y 688-, con apercibimiento de tenerlo por no presentada (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC).
III. No hacer lugar a la medida cautelar peticionada por la parte actora (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
IV. Dado lo resuelto, por innecesario, no hacer lugar a la habilitación de días y horas inhábiles y de la feria judicial requerida en el punto VI del escrito inicial (art. 152, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos. Mediante oficio electrónico, comuníquese lo aquí decidido al juzgado en lo correccional y al juzgado de familia que previnieron (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/12/2021 21:52:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/12/2021 08:34:12 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/12/2021 09:34:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/12/2021 11:26:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/12/2021 11:44:30 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/12/2021 11:57:09 hs. bajo el número RR-1074-2021 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia