Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77773
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Garantías Nº4 del Departamento Judicial de La Plata para seguir interviniendo en el asunto. Por Secretaría se le comunicará electrónicamente esta resolución a los efectos de la prosecución de su trámite (cfr. art. 161 inc. 2, Const. prov.).
B.77.773 “M. S. R. A. C/ IOMA S/AMPARO -CUESTION DE COMPETENCIA”
I. La señora N. H. S., mediante apoderado y en representación de su hijo R. A. M. S., promueve acción de amparo contra el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), a fin de que se arbitren las medidas necesarias para garantizar la continuidad de la cobertura de todos los gastos que requiere su asistencia al hogar permanente con centro de día “Los Tilos”, ubicado en la localidad de City Bell, en el partido de La Plata.
Al respecto, alega que R. A. M. S. padece de retraso mental moderado y síndrome de Down y que recibe prestaciones médicas, de rehabilitación y sociabilización en la mencionada institución. No obstante, afirma que las irregularidades en las que ha incurrido la demandada al abonar un valor inferior al correspondiente a los servicios antes enunciados ponen en riesgo cierto la continuidad de su tratamiento, vulnerando así su derecho a la salud y vida digna.
Finalmente, solicita el dictado de una medida cautelar que coincide sustancialmente con la pretensión esgrimida en la acción principal.
II. La causa fue sorteada de conformidad con el régimen aplicable, resultando adjudicado el Juzgado de Garantías Nº4 del Departamento Judicial de La Plata, cuyo magistrado hizo lugar al remedio precautorio peticionado y corrió traslado de la demanda (v. resol. de 29-XII-2021).
Luego de ello, tras advertir la existencia de una causa análoga a la presente y ante la posibilidad de encontrarse afectados intereses individuales homogéneos, requirió a la Receptoría General de Expedientes que informara los litigios que tuvieran similar objeto (v. resol. de 2-XII-2021). Practicada dicha diligencia, se inhibió de continuar entendiendo en el asunto, por considerar que resultaba aplicable la regla prevista en el art. 3 in fine de la ley 13.928 -texto según ley 14.192- y que, por ende, la controversia debía tramitar por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº25 de aquel Departamento Judicial, por haber prevenido en los autos "M., J. c/ IOMA s/ amparo" (v. resol. de 6-XII-2021).
Contra dicho pronunciamiento, la actora interpuso recurso de apelación. Pese a esto, las actuaciones fueron remitidas al juzgado en lo civil y comercial, cuyo titular se rehusó a aceptar la competencia que le fuera endilgada en la inteligencia de que en el sub lite no existía identidad subjetiva ni objetiva entre ambos pleitos y que “el solo hecho de que el reclamo sea similar o el letrado patrocinante sea el mismo en ambos expedientes, no justifica la interpretación efectuada” (v. resol. de 7-XII-2021).
Devueltos los obrados al juez de origen, éste mantuvo su primigenia postura, planteando una contienda negativa que elevó a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata para que la dirima (v. proveído de fecha 16-VII-2021).
A su turno, la mencionada Cámara, advirtiendo que no se trataba de un supuesto contemplado en el art. 16 de la ley 13.928 y que no revestía el carácter de “tribunal superior común” en la controversia suscitada, giró los actuados a esta Suprema Corte a sus efectos (v. resol. de fecha 3-II-2022).
III. Este Tribunal ya se ha expedido sobre la oportunidad que tienen los jueces para declarar su incompetencia de oficio.
En tal sentido ha sostenido invariablemente que la incompetencia del órgano judicial no puede ser decretada en cualquier momento, debiendo proponerse -por regla- en la etapa procesal oportuna y, una vez precluida ésta, tanto las partes como el órgano se encuentran limitados para volver sobre la materia ya resuelta, porque lo contrario supone retrotraer el proceso con el consecuente dispendio jurisdiccional y agravio a los principios de seguridad jurídica y economía procesal (doctr. causas Ac. 58.714, "Gorostiaga", sent. de 7-III-2001; Ac. 84.444, "Remis del Sur SRL", sent. de 25-VI-2003; B. 68.077, "Arrúa González", resol. de 24-XI-2004; B. 68.282, "Montiel", resol. de 10-VIII-2005; B. 69.063, "Porcel de Peralta", resol. de 11-IV-2007; B. 70.084, "García y Lantaño", resol. de 6-V-2009; B. 71.336, "Agüero", resol. de 15-VI-2011; B. 72.279, "Reficco", resol. de 13-III-2013; B. 73.004, "Martínez", resol. de 12-III-2014; B. 73.681, "Azorín", resol. de 23-IX-2015; B. 74.808, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires" y B. 74.806, "Lewin", ambas resol. de 6-IX-2017; B. 75.404, "Asociación Inquietudes Ciudadanas", resol. de 17-X-2018; B. 75.877, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 14-VIII-2019; B. 76.240, "Ribotta", resol. de 26-XII-2019; B. 76.384, "Consejo Profesional de Química", resol. de 2-IX-2020; B. 76.945, "Matti", resol. de 16-VI-2021; B. 77.105, "Tellería", resol. de 15-VII-2021; e.o.).
En la especie, permitir que la causa cambie de fuero cuando el juez de garantías aceptó su competencia, otorgó la tutela precautoria solicitada y corrió traslado de la demanda incoada -la cual fue contestada por el señor Fiscal de Estado el día 6-XII-2021- conspira contra la observancia de los aludidos principios cardinales y se opone a expresas reglas del ordenamiento adjetivo (cfr. arts. 2, 4, 8, 9, 10 y 350 y concs., CPCC; doctr. causas B. 72.279, "Reficco", resol. de 13-III-2013; B. 73.319, "Levin Hermanos SAIAFEI", resol. de 8-X-2014; B. 73.524, "Rodríguez", resol. de 8-IV-2015; B. 75.544, "Valderrey", resol. de 19-XII-2018 y B. 77.503, “Castañares”, resol. de 3-II-2022; e.o.).
IV. Ahora bien, sin perjuicio de que lo hasta aquí expuesto bastaría para dirimir el conflicto configurado, cabe recordar -en otro orden- que esta Corte también ha tenido oportunidad de reparar en la aplicación de la regla de prevención por conexidad sentada en el artículo 3 in fine de la Ley de Amparo, poniendo de relieve que para su viabilidad deben necesariamente concurrir las circunstancias allí especificadas; esto es, que las acciones versen sobre un mismo hecho, acto u omisión, lo que no acontece cuando varía el colectivo de amparados sobre los cuales se requiere la tutela jurisdiccional urgente (doctr. causas B. 73.301, "Villordo", resol. de 24-IX-2014; B. 73.292, "Garate", resol. de 19-II-2015; B. 76.449, "Palotta", resol. de 23-XI-2020 y B. 77.478, "López", resol. de 26-XI-2021) o el objeto de ambas pretensiones difiere de manera ostensible (doctr. causas B. 73.384, "Ávalos" y B. 73.386, "Romano", ambas resol. de 3-XII-2014; B. 77.478, cit. y B. 77.148, "Santi", resol. de 9-VI-2021).
Bajo tales parámetros, debe ponderarse que más allá de existir cierta homogeneidad o comunidad fáctica y normativa entre ambos juicios (i.e., derechos involucrados, entidad demandada, patrocinio letrado), es palmario que se trata de dos acciones de amparo individualmente entabladas por actores diferentes y que cada una atiende a sus particulares circunstancias, teniendo en común sólo el hecho de que se atribuye a un mismo organismo demandado (IOMA) una conducta omisiva. En consecuencia, es dable afirmar que en autos no se presentan los extremos que justificarían la reunión de procesos intentada, por prevención, en cabeza del magistrado a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº25 departamental (conf. causa B. 77.588, “G. Y. A, J. R. S”, resol. de 23-XII-2021).
V. Sobre tales bases, toda vez que en el caso no median razones que justifiquen apartarse del sistema de adjudicación establecido por las resoluciones N°1358/06 y 1794/06, corresponde que sea el Juzgado de Garantías Nº4 del Departamento Judicial de La Plata el órgano que continúe conociendo en el pleito.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Garantías Nº4 del Departamento Judicial de La Plata para seguir interviniendo en el asunto. Por Secretaría se le comunicará electrónicamente esta resolución a los efectos de la prosecución de su trámite (cfr. art. 161 inc. 2, Const. prov.).
Hágase saber lo resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº25 departamental, mediante oficio electrónico.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/02/2022 12:25:27 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/02/2022 19:20:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2022 00:04:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2022 08:22:20 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2022 12:57:02 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/02/2022 16:23:03 hs. bajo el número RR-196-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia