Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77794
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer efectivo el apercibimiento dispuesto en la resolución de este Tribunal de fecha 23 de febrero de 2022 y tener por no presentada la demanda interpuesta por Federico Raúl Pedro Russo, Yolanda Beatriz Kayser, Juan Paunero y Walter Gustavo Medina (arts. 10, 12 y 13, Anexo I del Ac. 4.013 -texto según Ac. 4.039- y 34 inc. 5 ap. "b", CPCC), reputando inoficiosa dicha actuación (art. 30, ley 14.967).
Costas a la actora (art. 68, CPCC).
B.77.794 “RUSSO, FEDERICO RAUL Y OTROS C/ GOBIERNO DE LA PROV. DE BUENOS AIRES S/ AMPARO -CUESTION DE COMPETENCIA-“
I. Federico Raúl Pedro Russo, Yolanda Beatriz Kayser, Juan Paunero y Walter Gustavo Medina cuestionan la validez constitucional de la resolución conjunta 460/21 dictada por los titulares del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Salud (B.O. de 10-XII-2021), que establece -a partir del 21 de diciembre de 2021- el denominado “Pase libre Covid” como requisito necesario para asistir a aquellas actividades realizadas en el territorio provincial que representan mayor riesgo epidemiológico -las que enumera-, además de cumplir con los protocolos, recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias.
Ello, por estimar que se encontrarían vulnerados los derechos y garantías consagrados en los arts. 14, 16, 19 y 28 de la Constitución nacional, 17 y 51 del Código Civil y Comercial, 5 y 22 de la ley 23.054 y 2 de la ley 26.529.
II. En lo que aquí concierne, la causa -que fue primigeniamente canalizada a través de una acción de amparo- se inició ante el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 del Departamento Judicial de La Matanza, cuyo magistrado consideró que la cuestión planteada era propia de la competencia originaria y exclusiva que a la Suprema Corte le confieren los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 del Código Procesal Civil y Comercial. Y, al así decidir, remitió el expediente a este Tribunal para la prosecución de su trámite (v. resol. de 3-II-2022).
III. Arribados los obrados a esta sede, el Tribunal declaró su competencia para entender en la controversia, radicó la contienda ante sus estrados -en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo-, confirió a los actores el plazo de diez (10) días para que adecuen su postulación al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del Código Procesal Civil y Comercial -arts. 683 al 688- bajo apercibimiento de tenerlos por no presentados (conf. art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC) y rechazó el remedio precautorio articulado (v. resol. de 23-II-2022).
Dicho decisorio, fue comunicado al órgano que previno y notificado a la parte actora por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
IV. El día 17 de febrero de 2022 (01:02:48, p.m.) los demandantes hicieron una presentación identificada con el trámite “Demanda - Transformada".
En esta ocasión, alegan que el precepto bajo análisis condiciona la autonomía de la voluntad de las personas y obstaculiza el ejercicio pleno de los derechos a la libre circulación, a la salud, a la educación, a peticionar ante las autoridades, a ejercer la industria lícita y a la integridad. En virtud de esto, afirman entablar una acción de amparo en los términos del art. 43 de la Constitución nacional, 20 inc. 2 de la Carta local y lo dispuesto en la ley nacional 16.986.
Luego, sostienen que el Poder Ejecutivo provincial se ha excedido en sus facultades, invadiendo potestades exclusivas del Congreso de la Nación, en tanto es el único órgano legitimado por la norma fundamental para restringir o limitar derechos.
En otro orden, arguyen que los fundamentos de la norma en pugna no logran acreditar ni justificar las medidas decretadas. Al respecto, puntualizan que: a) se incurre en una contradicción al reconocer que el plan de inoculación es optativo y al mismo tiempo exigir un pase sanitario para realizar actividades, el cual sólo se obtiene tras completar el esquema de vacunación; b) es irracional y desproporcionado cercenar los derechos de un ínfimo sector de la población –esto es, un 8%- con el objeto de “optimizar el avance de la vacunación” y, por último, c) no es cierto que se pretende contener la ocupación del sistema de salud pública, toda vez que se ha demostrado que éste no ha colapsado.
Por último, exponen algunos casos –que en su mayoría no involucran a los actores de esta contienda- en los que –a su modo de ver- se ha exigido de manera discriminatoria, arbitraria e ilegítima la exhibición del “Pase libre Covid”.
V. Corresponde, entonces, abocarse al examen de admisibilidad de la demanda originaria de inconstitucionalidad deducida a partir del escrito de adecuación al presente proceso.
VI. Con fecha 1° de noviembre de 2021 (Ac. 4023 y resol. 1221/21), ha entrado en vigencia el nuevo "Reglamento para las presentaciones y las notificaciones electrónicas" (Anexo I del Ac. 4013, texto según Ac. 4039), de aplicación obligatoria a todos los litigios alcanzados por las normas sobre notificaciones, comunicaciones y presentaciones previstas en el Código Procesal Civil y Comercial, o en los que este se aplique supletoriamente (art. 1, Ac. 4013).
Bajo tales premisas, es posible adelantar que la adecuación de la acción impetrada presentada el día 17 de febrero de 2022 a las 01:02:48 p.m. es extemporánea.
Al respecto, corresponde señalar que la resolución mediante la cual: a) se declaró que la cuestión debatida era de la competencia originaria de esta Corte (art. 161 inc. 1, Const. prov.); b) se la radicó ante estos estrados intimando a la parte actora a ajustar su pretensión al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del Código Procesal Civil y Comercial -arts. 683 y 688- bajo apercibimiento de tenerla por no presentada (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC); y c) se rechazó la medida cautelar peticionada, fue suscripta y registrada bajo el N° RR-201-2022 el 23 de febrero de 2022. Posteriormente, conforme lo prevé el art. 10 del Anexo I de la Acordada 4013 -texto según Ac. 4016- se comunicó lo dispuesto automáticamente al domicilio electrónico del letrado patrocinante de los actores, constituido en esta causa (v. fecha de libramiento 25-II-2022 13:29:26 en la Mesa de Entradas Virtual).
De esta manera, la notificación cursada quedó disponible para su destinatario el día 25 de febrero de 2022 a las 13:29:26 horas y, de acuerdo a las normas vigentes, fue perfeccionada el miércoles 2 de marzo de 2022 (conf. art. 13, Ac. 4013), comenzando a computarse el plazo de diez (10) días conferido para adaptar su demanda a las reglas del ordenamiento ritual que delinean la acción originaria ante este Tribunal a partir del 3 del mismo mes y año. Así pues, el referido término venció el 16 de marzo del corriente año, habiendo podido efectuar de modo válido la presentación dentro de las cuatro primeras horas del día 17 siguiente (conf. art. 124, CPCC).
En consecuencia, toda vez que la adecuación de la demanda se ha hecho de manera extemporánea, ésta resulta inadmisible (conf. causa B. 77.627, "Ferraro", resol. de 13-IV-2022).
VI. Ahora bien, sin perjuicio de que lo expuesto bastaría para desestimar el escrito en proveimiento, es pertinente puntualizar que se advierte que también carece del mínimo de fundamentación necesaria para permitir al Tribunal ejercer la competencia que le acuerda el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial.
Sabido es que la jurisdicción de esta Suprema Corte, en la acción originaria bajo análisis, comprende el conocimiento y resolución de "la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución" objeto que está dado, según doctrina constante, por el planteo de un conflicto directo entre la disposición controvertida y las normas de la Carta local que se consideren infringidas (cfr. arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683 y sigs., CPCC; doctr. causas B. 68.940, "Asociación Mutual del Personal de la Administración Pública", resol. de 13-XII-2006; I. 2204, "Zamarreño", sent. de 8-X-2008; B. 69.932, "Citta", resol. de 3-XII-2008; B. 70.086, "Consorcio Exportador Pesquero S.A.", resol. de 29-IV-2009; I. 2213, "El Popular S.A.I.C.", sent. de 24-XI-2010, I. 3.553, "Valentini", sent. de 30-XI-2011; I. 3.552, "Salvemini", sent. de 21-XII-2011; I. 2.321, "Itoiz", sent. de 29-II-2012; I. 70.164, "Agroservicios Pampeanos SA", sent. de 29-VIII-2017; I. 76.258, "Intendente de la Municipalidad de General San Martín", resol. de 19-IV-2021; e.o.).
De allí que no sean procedentes las demandas originarias de inconstitucionalidad en las que se denuncian infracciones a la Constitución nacional o, como en este supuesto también ocurre, a leyes o reglamentos dictados por autoridades federales. Sobre esa base, se ha decidido que la competencia originaria en cuestión no se ve afectada en los casos así planteados (doctr. causas B. 68.381, "Ganadera 2000 SA" y B. 68.416, "Agroindustrias Quilmes SA", ambas resol. de 23-XI-2005; B. 68.940, "Asociación Mutual del Personal de la Administración Pública", resol. de 13-XII-2006; B. 69.932, "Citta", resol. de 3-XII-2008; B. 72.098, "Mariano Emilio Furt SA", resol. de 10-IV-2013; I. 74.725, "Miño", resol. de 7-II-2018; B. 75.316, "Siniego Berri", resol. de 3-V-2018; B. 76.039, "Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales", resol. de 23-X-2019 y B. 77.524, cit.).
Conforme lo señalado, luce evidente que la pretensión no se ha adecuado correctamente al carril procesal establecido en los arts. 683 a 688 del Código Procesal Civil y Comercial. Por el contrario, se observa que la presentación en análisis, de un lado, replica con exactitud los términos en los cuales había sido deducida la acción de amparo ante el primer órgano jurisdiccional que intervino y, de otro, se funda exclusivamente en la supuesta violación de los derechos y garantías consagrados en la Constitución nacional, en los tratados internacionales que cita y en otras normas dictadas por el Congreso de la Nación que invoca en apoyo de su tesitura; sin siquiera mencionar las cláusulas superiores locales que consideran transgredidas.
A lo dicho se suma que la postulación adolece, además, de errores y deficiencias técnicas que obstan su andamiaje por esta vía. Es que los accionantes parecen interpretar que la pretensión incoada continúa tramitando por las reglas del juicio de amparo y, en virtud de ello, alegan cumplimentar recaudos propios de aquel tipo de litigio y omiten por completo ajustar su pretensión a las reglas que gobiernan la acción originaria de inconstitucionalidad, tal como fueran intimados. En esta línea, sustentan su petición principal en los arts. 43 de la Constitución nacional, 20 de la Carta local y en lo normado en la ley 16.986 (v. puntos V, titulado “Procedencia de la vía de amparo”, de la presentación electrónica de fecha 17-III-2022).
De esta manera, no cabe más que concluir que en la especie no se ha formulado, a pesar de haberse intimado a hacerlo, un planteo constitucional (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683 y sigs., CPCC).
VII. Por las razones expuestas, corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en la resolución de fecha 23 de febrero de 2022 y tener por no presentada la demanda promovida por Federico Raúl Pedro Russo, Yolanda Beatriz Kayser, Juan Paunero y Walter Gustavo Medina.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en la resolución de este Tribunal de fecha 23 de febrero de 2022 y tener por no presentada la demanda interpuesta por Federico Raúl Pedro Russo, Yolanda Beatriz Kayser, Juan Paunero y Walter Gustavo Medina (arts. 10, 12 y 13, Anexo I del Ac. 4.013 -texto según Ac. 4.039- y 34 inc. 5 ap. "b", CPCC), reputando inoficiosa dicha actuación (art. 30, ley 14.967).
Costas a la actora (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/06/2022 14:28:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2022 09:29:48 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/06/2022 08:29:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/06/2022 18:40:14 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2022 06:52:18 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/06/2022 07:06:30 hs. bajo el número RR-679-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia