Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78600
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Tribunal en lo Criminal N°3 del Departamento Judicial de La Plata para seguir interviniendo en el asunto. Por Secretaría se le comunicará electrónicamente esta resolución a los efectos de la continuación de su trámite (cfr. art. 161 inc. 2, Const. prov.).
Asimismo, comuníquese lo resuelto al Juzgado de Familia N°8 departamental.
B.78.600 “LIPOVETZKY DANIEL ANDRES S/ AMPARO -CUESTION DE COMPETENCIA-“
I. Los señores Daniel Andrés Lipovetzky, Enrique Alberto Lorenzo, Anabel Salto, Jonatan David Mac Dougall, Leandro Soncini, Eduardo Guillermo Belawsky y María Soledad Verri promueven acción de amparo contra la empresa Aguas Bonaerenses S.A. -en adelante, ABSA-, con el objeto de que se ordene a esta última restablecer la normal provisión de agua potable a los vecinos de la zona ubicada en la calle 7 entre 496 y 497 de la localidad de Manuel B. Gonnet, en el partido de La Plata. Solicitan, asimismo, que se conmine a la demandada a disminuir de manera progresiva el monto de la tarifa que abonan mensualmente los afectados, hasta la plena normalización del servicio prestado -según su parecer- de manera deficiente.
Por último, requieren el dictado de una medida cautelar a fin de que se les garantice el suministro de bidones de agua en cantidades suficientes para cubrir sus necesidades cotidianas.
II. Con relación a los hechos, relatan que desde el año 2012 el servicio no ha sido brindado satisfactoriamente. Señalan que pese a los reclamos efectuados -los que enumeran detalladamente-, no obtuvieron respuesta alguna por parte de la compañía.
Resaltan la gravedad del hecho denunciado atento la naturaleza del recurso en juego y, en consecuencia, alegan que se encuentran vulneradas garantías fundamentales reconocidas en la Constitución nacional, en los tratados internacionales con igual jerarquía y en la Carta local.
Por otro lado, arguyen que su situación se ve agravada por la existencia de un perjuicio económico significativo, no solamente causado por el pago mensual del servicio, sino también por las erogaciones que se ven forzados a efectuar para asegurarse un mínimo suministro de agua mineral.
En otro orden de ideas, dicen que actualmente no existe en la Provincia de Buenos Aires un órgano de contralor que asuma las funciones que anteriormente se encontraban en cabeza de la Autoridad del Agua (conf. ley 15.164), lo que acrecentaría aún más el estado de indefensión en el que se hallan los ciudadanos bonaerenses en relación al acceso a la red de agua.
III. La causa se inició en el Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial de La Plata, cuyo titular dispuso tener por deducida la acción interpuesta, dar traslado de la demanda y hacer lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada. Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en la resolución 1358/06 de esta Corte, resolvió remitir los autos -una vez concluida la feria judicial- a la Receptoría General de Expedientes departamental, para su posterior sorteo de acuerdo a los criterios sentados en la normativa citada (v. resol. de 30-I-2023, cuya copia digital se encuentra adjunta al trámite "oficio a org. jurisdiccionales", del 2-II-2023).
De este modo, las actuaciones recayeron en el Tribunal en lo Criminal N°3 de aquel departamento judicial. Sin embargo, sus integrantes se declararon incompetentes para entender en el asunto al advertir, en atención a lo oportunamente informado por la referida Receptoría, la conexidad que mediaba entre los presentes obrados y otro proceso que se encontraba en trámite ante el Juzgado de Familia N°8 departamental. En virtud de ello, la causa fue remitida a dicho órgano para que prosiguiera con su tramitación (v. resol. de 7-II-2023).
A su turno, el mencionado Juzgado rechazó la competencia que le fuera atribuida tras considerar que, a pesar de que resultaba plausible que existiera homogeneidad tanto fáctica como normativa entre los litigios, no existía identidad de sujetos en los términos exigidos por el artículo 3 in fine de la ley 13.928, dado que los reclamantes eran vecinos de una localidad distinta. En consecuencia, planteó un conflicto negativo y giró el expediente a esta Suprema Corte a sus efectos (v. resol. de 14-II-2023).
IV. Este Tribunal ya ha tenido oportunidad de reparar en la aplicación de la regla de prevención por conexidad sentada en el artículo 3 in fine de la Ley de Amparo, poniendo de relieve que para su viabilidad deben necesariamente concurrir las circunstancias allí especificadas; esto es, que las acciones versen sobre un mismo hecho, acto u omisión, lo que no acontece -verbigracia- cuando varía la identidad de los sujetos que requieren la tutela jurisdiccional urgente (doctr. causas B. 73.301, "Villordo", resol. de 24-IX-2014; B. 73.292, "Garate", resol. de 19-II-2015; B. 76.449, "Palotta", resol. de 23-XI-2020 y B. 77.478, "López", resol. de 26-XI-2021) o el objeto de ambas pretensiones difiere de manera ostensible (doctr. causas B. 73.384, "Ávalos" y B. 73.386, "Romano", ambas resol. de 3-XII-2014; B. 77.478, cit.; B. 77.148, "Santi", resol. de 9-VI-2021 y B. 77.588, "Gélvez y Alvariño", resol. de 23-XII-2021).
V. Bajo tales parámetros, es posible afirmar que en autos no se presentan los extremos que justificarían la reunión de procesos en cabeza del magistrado a cargo del Juzgado de Familia N°8 del Departamento Judicial de La Plata.
Debe ponderarse que más allá de existir cierta homogeneidad o comunidad fáctica y normativa entre ambos juicios (i.e., derechos involucrados, entidad demandada), resulta palmario que en la especie se trata de dos acciones de amparo individualmente entabladas por actores diferentes y que cada una atiende a sus particulares circunstancias, teniendo en común solo el hecho de que se atribuye a una misma empresa demandada (ABSA) una deficiente prestación del servicio.
Siendo así, es dable sostener que las acciones bajo estudio no justifican la actuación de la regla especial de competencia contemplada en el artículo 3 in fine de la Ley de Amparo, ni la consecuente radicación del presente proceso por ante el juzgado que entiende en los autos identificados con la misma carátula y el número LP-1308-2023 (doctr. causas B. 73.869, "Centro de Estudios Legales y Sociales", resol. de 30-IX-2015 y B. 77.588, cit.).
VI. Sobre tales bases, toda vez que en el caso no median razones para apartarse del sistema de adjudicación establecido por las resoluciones N°1358/06 y 1794/06, corresponde que sea el Tribunal en lo Criminal N°3 del Departamento Judicial de La Plata el órgano que continúe conociendo en la presente controversia.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Tribunal en lo Criminal N°3 del Departamento Judicial de La Plata para seguir interviniendo en el asunto. Por Secretaría se le comunicará electrónicamente esta resolución a los efectos de la continuación de su trámite (cfr. art. 161 inc. 2, Const. prov.).
Asimismo, comuníquese lo resuelto al Juzgado de Familia N°8 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/05/2023 13:11:56 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/05/2023 16:41:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/05/2023 08:51:16 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2023 20:33:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/05/2023 07:30:12 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/05/2023 07:36:00 hs. bajo el número RR-525-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia