Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78670
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°14 del Departamento Judicial de La Plata para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
B.78.670 “CLINICA PRIVADA SIQUIATRICA LUMINAR SH C/ MINISTERIO DE SALUD PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO/A S/ AMPARO -CUESTION DE COMPETENCIA-“
I. La Clínica Privada Psiquiátrica Luminar Sociedad de Hecho promueve acción de amparo contra el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), a fin de que se deje sin efecto la clausura dispuesta en el marco del expediente N°EX2021-30378095-GDEBA-DMGESM-SALGP por el primero de los codemandados y, asimismo, se revoque la decisión de la obra social por la cual se suspende el convenio que los ligaba y se ordene la autorización de las nuevas internaciones y el abono de las facturas impagas.
Relata que en el año 2018 el Ministerio de Salud labró el Acta de Inspección N°191455/56/57/59/60/61, donde se detectaron ciertas irregularidades –principalmente edilicias- en el establecimiento de su propiedad. Frente a esto, explica que la clínica presentó el pertinente descargo y solicitó la concesión del plazo de ciento ochenta (180) días para adoptar las medidas conducentes, conforme las observaciones formuladas. Sin embargo, expresa que mediante resolución 2019-170-GDEBA-SSPYCSMSALGP, de fecha 26 de marzo de 2019, la Subsecretaría de Planificación y Contralor Sanitario de dicho organismo desestimó la presentación efectuada, aplicó una multa a la actora y ordenó la clausura del lugar.
Ante el rechazo del recurso de apelación deducido contra lo decidido, expone que se iniciaron los autos caratulados “Clínica Privada Psiquiátrica Luminar Sociedad de Hecho c/ Ministerio de Salud s/ Pretensión anulatoria”, que tramitaron originalmente ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°4 del Departamento Judicial de La Plata y que quedaron finalmente radicados ante el Juzgado en lo Correccional N°1 departamental. No obstante, sostiene que, a la fecha de la interposición del presente juicio, el órgano jurisdiccional mencionado en último término no se ha pronunciado al respecto.
A su vez, señala que el mismo juzgado resultó sorteado para entender en la acción de habeas corpus colectivo incoada por la Comisión Provincial por la Memoria, que tuvo por objeto garantizar el cumplimiento de ciertos recaudos contenidos en la ley 26.657, de salud mental, respecto de las condiciones de alojamiento de los pacientes internados en el establecimiento.
En este contexto, arguye que, a raíz de un luctuoso suceso ocurrido en la clínica en el mes de enero de 2022 –esto es, el suicidio de una paciente con un cuadro psiquiátrico agudo-, el Ministerio demandado realizó nuevas inspecciones y constató una serie de anomalías en el sitio, distintas a aquellas cotejadas en el año 2019. En virtud de esto, detalla que se labró el Acta de Inspección N°121.926, cuestionada en este pleito.
Posteriormente, manifiesta que el 15 de febrero del corriente año la clínica fue notificada de la auditoría dispuesta en el marco del expediente N°EX2022-03998105-GDEBA-DGIIOMA por el IOMA, por medio de la cual se otorgaba el término de noventa (90) días para regularizar la situación del establecimiento. Empero, arguye que antes de que se venciera el plazo concedido, el Instituto denunció el convenio suscripto con la Asociación Bonaerense de Establecimientos de Atención a la Salud Mental (ABEASM), suspendió la emisión de nuevas autorizaciones y/o renovaciones de cobertura médica con la actora y ordenó reubicar a los afiliados que se encontraban allí internados.
Por último, ante este estado de cosas y en pos de preservar la prestación del servicio brindado, requiere que con carácter cautelar se decrete la continuidad de la actividad desarrollada en la Clínica Luminar y se autoricen tanto las internaciones pendientes como las facturas impagas, que detalla.
II. Con arreglo al régimen de sorteos vigente para los juicios de amparo, la causa fue adjudicada al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°14 del Departamento Judicial de La Plata, cuyo titular se inhibió de entender en el asunto en la inteligencia de que el objeto de este litigio guardaba suficiente conexidad con el planteo articulado en los casos que se ventilaban ante el Juzgado en lo Correccional N°1 departamental.
Así, ponderó que las actuaciones se habían originado por distintas inspecciones llevadas a cabo por el Ministerio demandado y se vinculaban al servicio de salud brindado por la Provincia por intermedio del IOMA. De esta manera, consideró que la conexidad era manifiesta, “principalmente en lo que respecta al objeto materia de litis (la clausura del establecimiento asistencial y sus derivaciones –v.gr., la rescisión de los servicios por parte de IOMA), lo cual podría dar lugar al dictado de sentencias contradictorias”. Finalmente, a pesar de decidir de aquel modo, dada la naturaleza de los derechos en juego, otorgó el remedio preventivo pedido (v. resol. de 22-III-2023).
Fue entonces que los obrados se remitieron al Juzgado en lo Correccional N°1 departamental. Pese a ello, su magistrado se rehusó a aceptar la competencia que le fuera endilgada, tras estimar que el objeto procesal de los juicios entablados “resulta ser radicalmente distinto”.
En este sentido, puntualizó que en la especie se pretendía dejar sin efecto la resolución del Ministerio de Salud dictada el 10 de febrero de 2023 y la pronunciada por el IOMA, procurando a la par obtener las correspondientes autorizaciones de las nuevas internaciones y el abono de las facturas impagas. Precisó, seguido a esto, la pretensión esgrimida en los otros dos procesos a su cargo: en uno, afirmó que la Comisión Provincial por la Memoria inició un juicio de habeas corpus para que se garantice a las personas internadas en la clínica las condiciones establecidas por la normativa especializada en materia de salud mental y, en el otro, se perseguía únicamente la revisión de lo dispuesto por el órgano administrativo en el marco de un procedimiento sancionatorio. Teniendo eso en miras, destacó que ni siquiera las referidas causas guardaban relación directa entre sí (v. resol. de 23-III-2023).
Devueltos los actuados al juzgado de origen, éste mantuvo su primigenia postura. En consecuencia, planteó formalmente la contienda negativa y la sometió ante esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 161 inc. 2 de la Constitución de la Provincia.
III. Este Tribunal ha resuelto que corresponde, en las acciones de amparo, apartarse del sistema de adjudicación mediante sorteo ante "cualquier juez" establecido por las resoluciones N°1358/06 y 1794/06 y decretar la competencia del juzgado en el cual medió prevención, cuando el objeto del primigenio proceso guarda suficiente relación de conexidad con la pretensión del amparo deducida por esa vía con posterioridad (doctr. causas B. 69.446, "Damasauskas", resol. de 4-VI-2008; B. 70.166, "Bani", resol. de 26-VIII-2009; B. 71.460, "Pérez", resol. de 17-VIII-2011; B 73.542, "C., L. A.", resol. de 29-XII-2014 y B. 76.421, “Vignoles”, resol. de 20-V-2020).
También señaló que, en la aplicación de la regla de prevención por conexidad sentada en el art. 3 in fine de la Ley de Amparo, era necesario tener en cuenta que, para su viabilidad, debían necesariamente concurrir las circunstancias allí especificadas; esto es, que las acciones versen sobre un mismo hecho, acto u omisión, lo que no acontece cuando -por ejemplo- varía el colectivo de amparados sobre los cuales se requiere la tutela jurisdiccional urgente (doctr. causas B. 73.301, "Villordo", resol. de 24-IX-2014 y B. 73.292, "Garate", resol. de 19-II-2015) o el objeto de ambas pretensiones difiere de manera ostensible (doctr. causas B. 73.384, "Ávalos" y B. 73.386, "Romano", ambas resol. de 3-XII-2014 y B. 73.869, "Centro de Estudios Legales y Sociales", resol. de 30-IX-2015).
Por último, es dable mencionar que para que este mecanismo resulte procedente, la relación de conexidad que una a los procesos debe ser "actual" -es decir, los litigios deben encontrarse pendientes de resolución-, dado que si uno de ellos estuviese terminado se obstaría su reunión (doctr. causas Ac. 62.588, "Ferreira", resol. de 2-IV-1996; B. 63.508, "Margaria", resol. de 23-XI-2005; B. 65.566, "Comaco SA", resol. de 6-V-2015; B. 74.314, "Municipalidad de Carlos Casares", resol. de 17-VIII-2016; B. 75.844, "Magallanes", resol. de 22-V-2019; B. 76.209, "Martín", resol. de 13-XI-2019 y B. 76.449, "Palotta", resol. de 23-XI-2020).
IV. A la luz de las premisas reseñadas, se observa que en la especie no se encuentran reunidos los extremos que justifiquen la tramitación de este proceso -también- ante el Juzgado en lo Correccional N°1 del Departamento Judicial de La Plata.
Es que más allá de existir cierta homogeneidad o comunidad fáctica y normativa entre los juicios aludidos por el juez en lo civil y comercial en su declinatoria de fecha 23 de abril de 2023 –como podría ser la actividad desplegada por el Ministerio de Salud- lo cierto es no median razones suficientes que justifiquen apartarse del sistema de adjudicación establecido por las resoluciones N° 1358/06 y 1794/06 citadas, en tanto no cabe concluir que se esté -estrictamente hablando- en presencia de un mismo hecho, acto u omisión (conf. art. 3 in fine , ley 13.928).
Por lo demás, se observa que las pretensiones pueden ser decididas separadamente sin que exista un riesgo cierto de incurrir en sentencias contradictorias (arg. art. 188, CPCC) y sin que se vea afectado en el caso el principio de unidad de jurisdicción. Esto, por cuanto todas ellas poseen distinto alcance y naturaleza procesal, aspectos que gravitan en la inaplicabilidad en la especie de la disposición del art. 3 in fine de la ley 13.928 en la forma propuesta (doctr. causas B. 75.535, "Defensor del Pueblo", resol. de 21-XI-2018 y B. 77.630, "Goitea", resol. de 16-III-2022).
V. Si bien lo dicho hasta aquí basta para dilucidar la contienda suscitada, es útil destacar que en el sub lit e tampoco podría acudirse al instituto de acumulación de procesos, como parece esbozar el magistrado del fuero en lo civil y comercial.
V.1. Vale recordar que con arreglo a lo dispuesto en los arts. 87, 88 y 188 del Código Procesal Civil y Comercial, esta Suprema Corte de Justicia ha interpretado necesaria la acumulación en aquellos supuestos en donde los litigios presentaban, entre sí, una "triple identidad" de sujeto, objeto y causa que pudieran dar lugar a que la sentencia a dictarse en uno de ellos produjera efectos de cosa juzgada en el otro. Por lo cual, frente a la coetaneidad de dos pretensiones cuyos elementos eran idénticos, resultaba imprescindible su acumulación (doctr. causas B. 55.121, “Riblam”, sent. de 18-XI-1997; B. 53.841, “Trevisiol Hnos. SA”, sent. de 27-XII-2002; B. 63.508, “Margaria”, resol. de 21-XI-2005; B. 65.566, "Comaco SA", resol. de 6-V-2015; B. 74.314, "Municipalidad de Carlos Casares", resol. 17-VIII-2016; B. 76.209, "Martín", resol. de 13-XI-2019; B. 76.655, "Belcastro", resol. de 9-IV-2021 y CSJN Fallos: 319:1397; 323:3546; 325:2848; 327:2746).
Precisando lo antedicho, se ha sostenido que ese tipo de medidas procede cuando dos o más conflictos en trámite tienen por objeto pretensiones conexas que no pueden ser decididas separadamente, sin riesgo de incurrir en sentencias contradictorias (doctr. causa B. 64.093, "Alsinet", sent. de 12-VII-2017 y sus citas) o de cumplimiento imposible por efecto de la cosa juzgada (doctr. causa B. 74.209, "Caricato", resol. de 21-IX-2016); lo cual se presenta cuando la relación jurídica sustancial o el hecho constitutivo del cual emanan las acciones que han originado las controversias, es común (doctr. causas B. 67.491, “Consorcio Barrio Los Sauces”, sent. de 5-IV-2006; B. 71.355, “Ávila”, sent. de 31-VIII-2011 e I. 70.249, "Bornic", resol. de 29-VI-2016).
V.2. Sobre tales bases, reviste especial relevancia el hecho de tratarse de tres planteos que han sido canalizados por distintas vías procesales (i.e., recurso de apelación directa, acción de habeas corpus y el presente amparo), dado que el mencionado art. 188, en su inciso 3, establece que para que la acumulación proceda deberá asegurarse que los juicios “puedan sustanciarse por los mismos trámites” (doctr. causas B. 57.239, "Franceschi", sent. de 28-IX-2016 y B. 78.230, “Barro”, resol. de 27-X-2022).
V.3.a. Además, no puede soslayarse que en los expedientes bajo análisis no existe identidad subjetiva, en tanto en el recurso de apelación que tramita por ante el Juzgado en lo Correccional N°1 sólo se encuentra demandado el Ministerio de Salud, mientras que en la acción de habeas corpus impetrada quien aquí demanda resulta ser el legitimado pasivo de la relación sustancial que subyace al litigio y, finalmente, en esta controversia también se le ha imputado un obrar ilegítimo al IOMA, en el ejercicio de facultades que le son propias.
V.3.b. Aun soslayando ese valladar, luce claro que tampoco se da el supuesto de identidad de causa requerida para admitir la acumulación de procesos. De la mera lectura del escrito inicial, se extrae que las razones que provocaron la adopción de las medidas dictadas por el Ministerio de Salud y la obra social responden a una serie de irregularidades constatadas en el corriente año, por lo que su examen deberá hacerse con independencia de los motivos que eventualmente fueron invocados en el año 2019, en el marco de un procedimiento sancionador, por uno de los codemandados y cuyo acto administrativo final se halla impugnado por el pertinente carril.
V.3.c. Por último -tal como lo apuntara el magistrado del fuero penal- el objeto litigioso varía en los tres casos. Así: a) En los autos recaratulados “Clínica Privada Psiquiátrica Luminar s/ Queja por apelación denegada” se solicitó la anulación de la multa impuesta al establecimiento junto con el levantamiento de la clausura dispuesta el 26 de marzo de 2019; b) En el expediente “Comisión Provincial por la Memoria c/ Clínica Luminar s/ hábeas corpus” se pretendía asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas internadas en la clínica y el pleno goce de sus derechos humanos; y c) En estas actuaciones, la sociedad actora pretende que se deje sin efecto la medida dispuesta por el Ministerio de Salud el día 10 de febrero de 2023 y el acto emitido por el IOMA, mediante el cual suspende el convenio que los unía, junto con la orden de autorizar las nuevas internaciones y el abono de las facturas impagas.
Lo expuesto supone, una vez más, que las pretensiones entabladas –más allá de su admisibilidad o procedencia- habrán de transitar por andariveles procesales separados, sin que ello ponga en crisis la eficaz prestación del servicio de justicia.
VI. Por todo lo expresado, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°14 del Departamento Judicial de La Plata, el órgano que continúe conociendo en la contienda.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°14 del Departamento Judicial de La Plata para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
Hágase saber de lo aquí resuelto al Juzgado en lo Correccional N°1 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/04/2023 12:05:18 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/04/2023 19:45:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/04/2023 02:01:24 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/04/2023 11:51:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/04/2023 18:49:12 - GORDILLO Valeria - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/04/2023 18:49:28 hs. bajo el número RR-434-2023 por DO\vgordillo.
Fin de la sentencia