Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78213
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar in limine la demanda originaria de inconstitucionalidad deducida por el señor Cristian Ceferino Caballero (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 336 y 684, CPCC).
Costas a la parte actora (art. 68, CPCC).
De acuerdo a lo resuelto, no corresponde regular honorarios a las letradas patrocinantes en autos por resultar inoficiosa su actuación (art. 30, ley 14.967).
B.78.213 “CABALLERO, CEFERINO CRISTIAN S/ AMPARO -CUESTION DE COMPETENCIA-“
I. El señor Cristian Ceferino Caballero, por derecho propio, cuestiona la validez constitucional de la decisión administrativa 1.198/21, emitida por el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, y la resolución conjunta 460/21, dictada por los titulares de la Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Salud (B.O. de 10-XII-2021), que establecen -a partir del 21 de diciembre de 2021- el denominado "Pase libre Covid" como requisito necesario para asistir a aquellas actividades realizadas en territorio provincial que representan mayor riesgo epidemiológico -las que enumera-, además de cumplir con los protocolos, recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias.
Ello, por estimar que las normas en crisis vulneran lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Constitución nacional; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -PIDESC-; los artículos 51, 52, 56, 58, 59, 1.711, 1.716 y 1.718 del Código Civil y Comercial de la Nación; 149 bis y 249 del Código Penal y las leyes 23.592, 25.326 y 26.529.
II. Los presentes obrados fueron remitidos por el Juzgado de Garantías N°5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, luego de que el magistrado a cargo de dicho órgano se declarara incompetente tras considerar que en el caso de marras estaba involucrada la competencia originaria que el artículo 161 inciso 1 de la Constitución provincial confiere a esta Suprema Corte (v. archivo adjunto al trámite "Conflicto de competencia - Denuncia", de 8-VIII-2022).
Por resolución de fecha 18 de agosto de 2022, este Tribunal declaró su competencia para entender en el asunto, radicó la contienda ante sus estrados -ante la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo-, confirió a la demandante el plazo de diez días para que adecue su postulación al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del libro IV del ordenamiento de rito, bajo apercibimiento de tenerla por no presentada, y no hizo lugar a la medida cautelar peticionada.
III. El día 3 de octubre de 2022, la parte actora realizó una nueva presentación por medio de la cual reformuló su petición. Además, solicitó una medida cautelar con el fin de que la Municipalidad de Lomas de Zamora le asegure la realización del trámite de renovación de la licencia de conducir, sin que le sea exigida la presentación del pase sanitario.
Comienza su embate afirmando que promueve "la presente Acción de Amparo, legitimado por los artículos 1 y 5 de la ley 16.986, a fin de obtener el resguardo de los derechos constitucionales de los que las demandadas [le] han privado de manera actual e inminente".
Luego, aduce que las resoluciones impugnadas atentan contra sus garantías constitucionales a la igualdad, a la libertad, a la intimidad y privacidad, a transitar libremente, a trabajar y ejercer toda industria lícita, a la salud, entre otros.
IV.1. En primer lugar, cabe recordar que el examen de admisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad es atribución que corresponde a esta Suprema Corte con independencia de las alegaciones de las partes (doctr. causas I. 1.499, "Fiscal de Estado", resol. de 5-III-1991; I. 1.329, "Playamar", sent. de 10-XII-1992; I. 1.465, "Las Totoras", sent. de 1-VI-1993; I. 1.322, "Industrias Ganaderas Inga", sent. de 17-X-1995; I. 1.631, "Labinca S.A.", sent. de 17-II-1998; I. 68.449, "I.G.T. 33 S.A.", resol. de 31-V-2006; I. 2.270, "VAGSA", sent. de 8-VII-2014; I. 71.551, "Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos", sent. de 23-XI-2020; e.o.).
Conforme lo dispone el art. 161 inc. 1 de la Constitución local, la Suprema Corte de Justicia ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por ella y se controvierta por parte interesada; de lo cual se infiere que el objeto de esta acción y, por ende, el ámbito delimitado de conocimiento reservado a esta vía, reside en la discusión sobre la validez constitucional de una norma considerada en abstracto (doctr. causas I. 2.129, "A.DI.GRA.N.", sent. de 13-VII-2016; I. 74.191, "Antivari", resol. de 10-VIII-2016; I. 74.218, "Pardo Villarroel", sent. de 17-VIII-2016; B. 75.290, "Francisco Frare SA", resol. de 22-VIII-2019; B. 75.541, "Asociación Mutual Consejeros de los Arroyos Coop. Emp. Mult.", resol. de 13-II-2019; B. 76.806, "Laborde", resol. de 19-III-2021; B. 76.969, "Juzgado de Faltas de Saladillo", resol. de 16-VI-2021; B. 77.245, "Cavalli", resol. de 6-IX-2021; B. 77.296, "Aimar", resol. de 22-X-2021; B. 77.461, "Municipalidad de Monte Hermoso", resol. de 11-XI-2021; B. 77.485, "Zacarías", resol. de 10-XII-2021; e.o.) y que colisione en forma directa con los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (arts. 161 inc. 1, Const. Prov. y 683 y ss., CPCC).
Al respecto, es doctrina reiterada de esta Corte que debe rechazarse la demanda de inconstitucionalidad que no ha ido más allá de la enumeración genérica de diversos preceptos de la Constitución provincial, sin llegar a poner de resalto de qué modo las normas impugnadas han quebrantado o quebrantarán las garantías constitucionales cuya tutela se procura, exponiendo la relación directa entre aquellas y estas (doctr. causas I. 1.502, “Castilla”, sent. de 30-III-1993; I. 1.610, "Conti de Ferrario", sent. de 10-VI-1997; I. 1.460, "Expreso Merlo Norte SA", sent. de 9-III-1999; I. 68.239, "Vega", sent. de 6-VII-2005; I. 1.912, "Barsotelli", sent. de 19-IX-2007; I. 2.223, "Medipharma S.A.", sent. de 4-VI-2008; I. 2.335, "Fiscal de Estado s/ inconstitucionalidad de la ley 12.313", sent. de 21-X-2009; I. 74.255, "López, Ariel Claudio", sent. de 23-XI-2016 e I. 2.227, “Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)”, sent. de 23-II-2021, e.o.).
En otro orden, también se ha dicho que cuando el artículo 161 inc. 1 de la Constitución provincial alude a "materia regida por esta Constitución" se refiere -y la interpretación jurisprudencial ha sido invariable al respecto antes y después de la reforma constitucional de 1994- a la necesidad del planteamiento de un conflicto directo entre la disposición controvertida y la o las normas de la Carta local que se consideren violentadas (doctr. causas I. 1169, "Malacari", sent. de 11-XII-1984; I. 1998, "Piombo", resol. de 18-VI-1996; I. 2027, "Sindicato de Trabajadores Municipales de Necochea", sent. de 27-XII-2000; I. 1447, "Expreso Merlo SA", sent. de 28-III-2001; B. 70.086, "Consorcio Exportador Pesquero SA", resol. de 29-IV-2009; B. 75.890, "Martínez", resol. de 14-VIII-2019 y B. 77.524, “Thomart GNC SA”, resol. de 10-XII-2021, e.o.).
De allí que no sean procedentes las demandas de inconstitucionalidad en las que se denuncian infracciones a la Constitución nacional o a leyes o reglamentos dictados por autoridades federales. Sobre esa base, se ha decidido que la competencia originaria en cuestión no se ve afectada en los casos así planteados (doctr. causas B. 68.381, "Ganadera 2000 SA" y B. 68.416, "Agroindustrias Quilmes SA", ambas resol. de 23-XI-2005; B. 68.940, "Asociación Mutual del Personal de la Administración Pública", resol. de 13-XII-2006; B. 69.932, "Citta", resol. de 3-XII-2008; B. 72.098, "Mariano Emilio Furt SA", resol. de 10-IV-2013; I. 74.725, "Miño", resol. de 7-II-2018; B. 75.316, "Siniego Berri", resol. de 3-V-2018; B. 76.039, "Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales", resol. de 23-X-2019 y B. 77.524, cit.).
IV.2. Bajo tales premisas, se advierte que la presentación efectuada en autos carece del mínimo de fundamentación necesaria para permitir al Tribunal ejercer la competencia que le acuerda el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial, tal como se ha delineado ut supra .
Así pues, luce evidente que la pretensión no se ha adecuado correctamente al carril procesal establecido en los arts. 683 a 688 del Código Procesal Civil y Comercial. Por el contrario, se observa que esta nueva presentación se ciñe a efectuar un escaso examen de la validez de los preceptos en crisis a la luz -únicamente- de las disposiciones contenidas en la Constitución Nacional y en ciertas leyes nacionales que se invocan en apoyo de la postura, pero se omite realizar un confronte -aunque sea parcial- con la Carta local, impidiendo al Tribunal tener por acreditado con claridad el nexo existente entre las cláusulas superiores locales que se dicen transgredidas -las cuales meramente se mencionan- y las resoluciones atacadas, extremo que deviene indispensable demostrar para la procedencia de las pretensiones canalizadas por este carril.
A esto debe añadirse que la postulación adolece de ciertas deficiencias técnicas que obstan el andamiaje por esta vía. Es que el actor parece interpretar -nuevamente- que el juicio entablado debe tramitar por las reglas del proceso de amparo y, en virtud de ello, alega cumplimentar recaudos propios de aquel tipo de litigio (v. puntos III y VI de la presentación electrónica de fecha 3-X-2022).
En esa inteligencia, corresponde hacer efectivo el apercibimiento ordenado con fecha 18 de agosto de 2022, en tanto que la pieza en proveimiento no ha dado efectivo cumplimiento a lo allí requerido (doctr. causas I. 73.318, "Simon", resol. de 2-IX-2015; I. 74.255, "López", resol. de 23-XI-2016; I. 74.946, “Aguirre”, resol. de 11-VII-2018; I. 77.628, “Montesano” e I. 77.615, “Depaoli”, ambas resols. de 13-IV-2022; I. 77.681, “Lojo”, I. 77.723, Tizzani” e I. 77.809, “Lojo”, todas resols. de 26-IV-2022 e I. 77.719, “Bermúdez”, resol. de 27-V-2022).
V. Por lo expuesto, dado que en la especie no se ha formulado concretamente, a pesar de haberse intimado a hacerlo, un planteo constitucional ceñido a las normas procesales que rigen la acción originaria de inconstitucionalidad, se impone rechazar en esta instancia la demanda promovida por el señor Caballero (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683 y sigs., CPCC).
La decisión adoptada, desde ya, no perjudica la posibilidad con la que cuenta la parte actora para ocurrir por las vías idóneas para la protección de los derechos que considera conculcados (arg. arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683 y concs., CPCC).
VI. De cualquier modo, la norma impugnada en este proceso ha sido derogada mediante la resolución conjunta 10/22 dictada por los titulares del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Salud provincial (B.O. de 5-XII-2022), con lo cual tampoco subsiste un interés procesal que, eventualmente, de haberse dado cabal cumplimiento con la intimación cursada, justifique el trámite del proceso hacia el dictado de la sentencia de mérito (doctr. causas I. 1.527, "Maleic S.A.", resol. de 24-VIII-1993; I. 1.525, "Petroken I.P.E. S.A" e I. 1.526, "Copetro S.A.", resols. de 31-VIII-1993; en sent. conc., doctr. causas I. 1.279, "García y Cía. S.A.", sent. de 28-XI-1989; I. 1.437, "Ramón Rosa y Cía.", resol. de 13-II-1990; I. 1.837, "Domínguez", resol. de 19-IX-1995; I. 2.044, "Procuración General de la Suprema Corte", sent. de 12-VIII-1997; B. 64.272, "Hernández", sent. de 18-XI-2002; I. 3.098, "Cabral", resol. de 16-VI-2004; I. 1.853, "Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 14-IX-2005; I. 2.033, "Ferro", resol. de 29-XII-2014; A. 73.281, "Droguería Disval", resol. de 12-VIII-2015; B. 62.302, "Aguas de la Costa S.A.", resol. de 13-IX-2017 e I. 75.440, "Mancebo", resol. de 21-X-2020; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar in limine la demanda originaria de inconstitucionalidad deducida por el señor Cristian Ceferino Caballero (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 336 y 684, CPCC).
Costas a la parte actora (art. 68, CPCC).
De acuerdo a lo resuelto, no corresponde regular honorarios a las letradas patrocinantes en autos por resultar inoficiosa su actuación (art. 30, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/03/2023 14:03:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/03/2023 19:42:03 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/03/2023 09:01:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/04/2023 18:18:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/04/2023 11:06:28 - GORDILLO Valeria - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/04/2023 11:29:20 hs. bajo el número RR-341-2023 por DO\vgordillo.
Fin de la sentencia