Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78459
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que en el caso no se encuentra comprometida la competencia originaria de este Tribunal para resolver acerca de la inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos sobre materia regida por la Constitución provincial (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683, CPCC).
A efectos de que siga interviniendo el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°27 del Departamento Judicial de La Plata, se le devuelve el expediente en forma electrónica.
B.78.459 “RIESCO NELIDA GRACIELA C/ DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA”
I. La señora Nélida Graciela Riesco, mediante apoderado, promueve acción de amparo contra la Provincia de Buenos Aires -Dirección General de Cultura y Educación-, a los fines de que se le permita inscribirse en la lista oficial de aspirantes a ocupar cargos docentes para el ciclo lectivo 2023. Asimismo, requiere que se declare la inconstitucionalidad del art. 57 inc. "e" de la ley 10.579.
En lo concerniente a los hechos, indica que desde el año 2004 posee los títulos de profesora de primer y segundo ciclo de la Educación General Básica -EGB-, habiendo realizado posteriormente distintos cursos de especialización en el área de educación. Señala que, a pesar de cumplir con los requisitos de formación exigidos, se le impidió registrarse en el mencionado listado por sobrepasar la edad máxima prevista en el Estatuto del Docente de la Provincia de Buenos Aires para el ingreso a la carrera.
Aduce que el límite etario impuesto por la ley impugnada es discriminatorio y afecta severamente derechos constitucionales -al trabajo, a la igualdad, e.o.-, dado que la edad por sí sola no constituiría un elemento de juicio suficiente para negarle la posibilidad de desempeñarse como maestra.
II. La pretensión fue entablada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°27 del Departamento Judicial de La Plata, cuyo magistrado titular se declaró incompetente tras considerar que en el caso sub examine lo que se busca es una declaración directa y abstracta de inconstitucionalidad de la norma impugnada en los términos del art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial, sin que existiera un acto de aplicación previo. Aclaró que, si bien es cierto que en el escrito de demanda la actora se refirió a la decisión del Tribunal de Clasificación Central que agotó la vía administrativa, dicho acto no fue concretamente cuestionado. En este orden de ideas, decidió elevar los presentes obrados a esta Suprema Corte, a sus efectos (v. resol. de 10-XI-2022).
III. Conforme lo dispone el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial, este Tribunal ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por ella, cuando se controviertan por parte interesada (conf. art. 683, CPCC).
Como se ha entendido reiteradamente, por este carril procesal solo pueden ser motivo de impugnación aquellos preceptos que establezcan mandatos generales, abstractos e impersonales (doctr. causas I. 1612, “Barbieri”, resol. de 8-V-1993; I. 2204, "Zamarreño", sent. de 8-X-2008; I. 71.542, “De Amorrortu”, resol. de 28-XII-2011; I. 73.601, “Instituto de Rehabilitación del Lisiado”, resol. de 15-VI-2016; B. 73.996, “Atanor SCA”, resol. de 29-VI-2016; I. 74.339, “Nextel Communications Argentina SRL”, resol. de 7-XII-2016; B. 77.245, "Cavalli", resol. de 6-IX-2021; e.o.).
Únicamente por excepción es posible tramitar en esa vía pretensiones enderezadas a controvertir ciertas disposiciones que, si bien regulan una situación específica, proyectan efectos que trascienden a sus destinatarios directos y poseen una incidencia colectiva (doctr. causas I. 1490, “Bargo”, sent. de 5-VII-2000; I. 3024, “Lavadero de Lanas El Triunfo”, resol. de 8-VII-2003; I. 2107, “O'Connor”, sent. de 18-II-2009; I. 75.351, “Biesa”, resol. de 17-X-2018; I. 75.727, “Gullo”, resol. de 23-X-2019; I. 75.905, “Simonelli”, resol. de 20-XI-2019; B. 77.245, cit.; e.o.).
IV. Sobre esa base, de la lectura del escrito inicial y la documentación acompañada se advierte que en autos se cuestiona un acto de alcance individual, dictado por el Tribunal de Clasificación Central que intervino en la instancia administrativa, por medio del cual se rechazó el reclamo personal deducido por la actora para que se le permitiera inscribirse en el listado de aspirantes a cargos de docente en el ámbito de la educación pública provincial.
De acuerdo con ello, es claro que la pretensión principal se dirige a dejar sin efecto los actos singulares dictados por la demandada y su embate constitucional es únicamente a los fines de demostrar -de manera coadyuvante y no de modo autónomo- su repugnancia con ese orden. Ello, con la finalidad de desbaratar de legalidad el obrar del que se agravia y que hallaría fundamento en la normativa cuestionada.
V. Siendo así, la situación planteada no queda subsumida dentro de los alcances de la competencia originaria que a esta Corte le confieren las normas constitucionales y legales antes consignadas, ni tampoco encuadra nítidamente dentro de las pocas excepciones que se han hecho de tales reglas (v. por todas causa I. 76.779, “Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses”, resol. de 12-II-2021).
Consecuentemente, corresponde devolver el expediente al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº27 del Departamento Judicial de La Plata, para la prosecución de su trámite.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar que en el caso no se encuentra comprometida la competencia originaria de este Tribunal para resolver acerca de la inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos sobre materia regida por la Constitución provincial (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683, CPCC).
A efectos de que siga interviniendo el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°27 del Departamento Judicial de La Plata, se le devuelve el expediente en forma electrónica.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/05/2023 13:11:56 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/05/2023 16:41:57 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/05/2023 08:51:16 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2023 20:33:08 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/05/2023 07:30:12 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/05/2023 07:35:59 hs. bajo el número RR-524-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia