Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79175
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que en autos no se encuentra comprometida la competencia originaria del Tribunal y radicar electrónicamente las actuaciones en el Tribunal en lo Criminal N°2 del Departamento Judicial de Dolores, a los efectos de la prosecución de su trámite (arts. 161 inc. 1°, Const. prov. y 683 y sgts., CPCC).
B.79.175 "VIVAS LUIS ALBERTO C/ MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL S/ AMPARO - CUESTION DE COMPETENCIA"
I. El señor Luis Alberto Vivas, en su condición de concejal y vecino de la localidad de Villa Gesell, promueve acción de amparo contra la Municipalidad de Villa Gesell, con el objeto de que se declare la nulidad e invalidez de la ordenanza 3.346/23 (B.O. de 4-XII-2023), mediante la cual se modificó el cuadro tarifario aplicable al servicio público de autotransporte de pasajeros de la zona.
Al respecto, relata que la norma impugnada fue sancionada en el marco del expediente administrativo N°D-15.180/23 y que supuso un incremento del 167,85% en el costo del servicio, sin haberse otorgado a la ciudadanía la posibilidad de ser oída previamente en una audiencia pública. Así las cosas, alega que la instancia omitida –junto con el suministro de información adecuada y veraz- constituyen instrumentos ineludibles para evaluar la razonabilidad de las modificaciones tarifarias pretendidas y que su inobservancia sólo puede acarrear la nulidad de lo actuado.
Con carácter cautelar, solicita que se suspendan los efectos de la norma en crisis y se restablezcan los parámetros fijados por la ordenanza 3.337/23.
Por último, requiere la habilitación de la feria judicial.
II. Con arreglo al régimen de sorteos vigente para los juicios de amparo, el presente fue adjudicado al Tribunal en lo Criminal N°2 del Departamento Judicial de Dolores.
Sin embargo, sus integrantes, tras estimar que podía verse comprometida la competencia originaria de esta Suprema Corte, en virtud de lo previsto en los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, se inhibieron de entender en el asunto y dispusieron elevar los obrados para su consideración (v. resol. de 17-I-2024).
Contra dicho pronunciamiento, el actor interpuso recurso de apelación, argumentando que el embate no se circunscribía a confrontar la ordenanza con la Constitución provincial, sino que también se planteaba la vulneración de preceptos de la Carta nacional y otras normas federales. Tras esto, peticionó nuevamente la habilitación de la feria judicial (v. presentación electrónica de fecha 17-I-2024).
El tribunal interviniente rechazó el recurso incoado y, al así decidir, remitió las actuaciones a esta Corte para la prosecución de su trámite (v. resol. de 18-I-2024).
Arribados los obrados ante estos estrados, se desestimó el pedido de habilitación de la feria judicial que se formula, toda vez que las razones de urgencia invocadas no constituían los extremos contemplados por el art. 153 del Código Procesal Civil y Comercial (v. proveído de fecha 17-I-2024).
En esas condiciones, pasaron los autos al acuerdo ordinario del Tribunal.
III.1. Es preciso recordar que conforme lo dispone el art. 161 inc. 1° de la Constitución provincial, este Tribunal ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por ella y se controvierta por parte interesada, de lo cual se infiere que el objeto de esta acción y, por ende, el ámbito delimitado de conocimiento reservado a esta vía, reside en la discusión sobre la validez constitucional de una norma considerada en abstracto (doctr. causas B. 75.290, "Francisco Frare SA", resol. de 22-VIII-2019 y B. 75.541, "Asociación Mutual Consejeros de los Arroyos Coop. Emp. Mult.", resol. de 13-II-2019).
A su vez, se ha sostenido que cuando ese precepto alude a "materia regida por esta Constitución" se refiere a la necesidad de planteamiento de un conflicto directo entre la disposición impugnada y la o las normas de la Carta local que se consideren quebrantadas (doctr. causas I. 1169, "Malacari", sent. de 11-XII-1984; I. 1998, "Piombo", resol. de 18-VI-1996; I. 2027, "Sindicato de Trabajadores Municipales de Necochea", sent. de 27-XII-2000; I. 1447, "Expreso Merlo SA", sent. de 28-III-2001; B. 70.086, "Consorcio Exportador Pesquero SA", resol. de 29-IV-2009 y B. 75.890, "Martínes", resol. de 14-VIII-2019, e.o.).
De allí que no sean procedentes las demandas originarias de inconstitucionalidad en las que se denuncian infracciones a la Constitución Nacional o a leyes o reglamentos dictados por autoridades federales. Sobre esa base, se ha decidido que la competencia originaria en cuestión no se ve afectada en los casos así incoados (doctr. causas B. 68.381, "Ganadera 2000 SA" y B. 68.416, "Agroindustrias Quilmes SA", ambas resol. de 23-XI-2005; B. 68.940, "Asociación Mutual del Personal de la Administración Pública", resol. de 13-XII-2006, B. 69.932, "Citta", resol. de 3-XII-2008; B. 72.098, "Mariano Emilio Furt SA", resol. de 10-IV-2013; I. 74.725, "Miño", resol. de 7-II-2018; B. 75.316, "Siniego Berri", resol. de 3-V-2018 y B. 76.039, "Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales", resol. de 23-X-2019, e.o.).
III.2. Sumado a lo anterior, más recientemente en la causa B. 78.225, “Blasi”, resolución de 29-IX-2022, esta Corte tuvo oportunidad de expedirse respecto de los carriles de impugnación de las ordenanzas municipales, atendiendo tanto a su contenido como a la clase de vicio –constitucional o legal- imputado y precisó que la vía de la demanda originaria de inconstitucionalidad no resulta el único cauce procesal hábil para examinar este tipo de normas.
IV. Bajo tales premisas, no se advierte que la pretensión deducida se ciña al solo despliegue del escrutinio constitucional de la ordenanza atacada, como objeto central, directo y relevante de la pretensión.
Así pues, la invalidez endilgada por el actor al precepto en pugna lejos se encuentra de configurar un exclusivo planteo de inconstitucionalidad a la luz de la Carta local. Antes bien, la demanda se funda de modo preponderante en la presunta violación de derechos y garantías establecidos en la Constitución nacional y en otras normas nacionales que cita.
V. Por lo expuesto, toda vez que el pleito –en los términos en que ha sido propuesto- resulta ajeno a la jurisdicción originaria de esta Corte (arts. 161 inc. 1°, Const. prov.; 683 y sgtes., CPCC; doctr. causas B. 76.806, "Laborde", resol. de 19-III-2021; B. 77.296, "Aimar", resol. de 22-X-2021 y B. 78.225, cit.; e.o.), corresponde que sea el Tribunal en lo Criminal N°2 del Departamento Judicial de Dolores el órgano que siga conociendo en el asunto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar que en autos no se encuentra comprometida la competencia originaria del Tribunal y radicar electrónicamente las actuaciones en el Tribunal en lo Criminal N°2 del Departamento Judicial de Dolores, a los efectos de la prosecución de su trámite (arts. 161 inc. 1°, Const. prov. y 683 y sgts., CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/02/2024 20:10:30 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2024 11:07:43 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/02/2024 09:19:46 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/02/2024 11:36:51 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/02/2024 11:53:51 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 14/02/2024 11:56:42 hs. bajo el número RR-22-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia