Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79229
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor mayoría, declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mar del Plata para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
Comunicar mediante oficio lo aquí resuelto al Tribunal de Trabajo N°3 departamental.
B.79.229 "ALONSO KANKI Y OTROS C/ ENTE MUNICIPAL DE TURISMO MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA"
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño dijeron:
I. Kanki Alonso, Paola Verónica González y Carlos Enrique Serra, en su calidad de vecinos del barrio Chapadmalal, promovieron acción de amparo contra el Ente Municipal de Turismo de la Municipalidad de General Pueyrredon, a los fines de que se les brinde información ambiental relativa a las Unidades Turísticas Fiscales (en adelante, UTF) emplazadas en la Reserva Turística y Forestal del Paseo Costanero Sur.
Fundamentan dicho pedido en su interés por la preservación del patrimonio arqueológico y paleontológico de la zona. En este orden de ideas, denuncian la existencia de irregularidades en relación a los procedimientos mediante los cuales se otorgaron las concesiones en dichos sitios, los cuales estarían legalmente protegidos por haber sido declarados de interés patrimonial por la comuna.
Relatan que a raíz de ello solicitaron formalmente -vía correo electrónico- tomar vista y que se les hicieran copias de -entre otras cosas- los dictámenes, autorizaciones, actas de inspección y planos vinculados a las UTF mencionadas en el escrito de demanda y a las actividades que se realizan allí, pero no recibieron respuesta.
Aducen que la conducta omisiva por parte del ente descentralizado demandado implicaría, dado el carácter público de la información requerida, una violación a lo dispuesto en la Constitución nacional, la Constitución provincial, el Acuerdo de Escazú, leyes tanto nacionales como provinciales y dos ordenanzas municipales (arts. 41 y 75 inc. 22, Const. nac.; art. 28, Const. prov.; art. 16 y ccs., ley 25.675; ley 25.831; arts. 2 incs. "b" y "c", 41 y 42, ley 11.723; ley 12.475; ordenanzas 13.712/01 y 25.850/22).
II. La cause fue asignada -previo sorteo- al Tribunal de Trabajo N°3 del Departamento Judicial de Mar del Plata, cuyos integrantes se declararon incompetentes tras considerar que en el caso no correspondía aplicar las pautas para la asignación de acciones de amparo que establecen las resoluciones 1.328/06 y 1.784/06 de esta Suprema Corte. En tal sentido, sostuvieron que, por tratarse de una cuestión vinculada al acceso a la información pública ambiental, era el juez en lo contencioso administrativo el que debía intervenir (arg. arts. 35 y 36, ley 11.723; v. resol. de 29-XII-2023).
De este modo, las actuaciones recayeron en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental. Sin embargo, su titular también se rehusó a conocer en la controversia luego de estimar -en lo esencial- que el derecho invocado por los amparistas "...no tiene una entidad intrínseca diferente a la de otros derechos que también pueden ser garantizados por el amparo (salud, vida, etc.)". Siguiendo esta línea de razonamiento, sostuvo que aun cuando la causa pueda ser competencia del fuero contencioso administrativo, si se canaliza a través de ese tipo de juicio, no existirían razones para apartarse del régimen de sorteos vigente (v. resol. de 4-III-2024).
Al así decidir, planteó formalmente la contienda negativa de competencia y elevó los presentes obrados a este Tribunal para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III.1. Es útil comenzar recordando que en los procesos de amparo, este Tribunal, a partir del régimen fijado en las resoluciones 1.358/06 y 1.794/06 -ratificadas por resolución 957/09-, estableció que cualquier juez de primera instancia resulta competente para conocer y decidir en tales acciones, independientemente de su concreta especialización material (v. por todas, doctr. causas B. 77.242, "Desarrollos Educativos S.A.", resol. de 19-VIII-2021). Ello es así, básicamente, por cuanto la determinación de una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesiva de derechos constitucionales primordiales en principio no la requiere (conf. arts. 43, Const. nac. y 20 inc. 2, Const. prov.).
Empero, esa regla está sujeta a excepciones con el fin de hacerla compatible con otras disposiciones de jerarquía legal también presentes en el ordenamiento jurídico provincial.
III.2. Una de ellas trata de los amparos de sustancia ambiental, para los cuales se ha tenido que armonizar el régimen de sorteos aplicable a tales juicios con lo contemplado en los arts. 34 y 35 de la ley 11.723, que aluden a la competencia del fuero contencioso administrativo cuando se trate de daños o peligros ambientales causados por el Estado, resolviendo que en dichos supuestos la adjudicación únicamente debe hacerse entre sus organismos, con exclusión de los demás (doctr. causas B. 71.068, "Ávila", resol. de 3-XI-2010; B. 71.816, "La Diana S.A.", resol. de 21-XII-2011; B. 74.491, "Mancuso", resol. de 7-XII-2016; B. 75.000, "Iparraguirre", resol. de 14-II-2018; B. 75.781, "Sama", resol. de 22-V-2019 y B. 77.316, "Pellicione", resol. de 11-XI-2021).
Sumado a lo anterior, más recientemente se estableció que existen motivos razonables que recomiendan la concentración de las pretensiones canalizadas por la vía del amparo, a través de las cuales se procura obtener información pública de parte de una autoridad de esa misma naturaleza, en cabeza de los jueces especializados en derecho público. Incluyendo aquella de contenido ambiental, sin que corresponda en tales supuestos observar el régimen general de asignación de expedientes por ante cualquier juez (conf. arts. 166 in fine , Const. prov. y 7 inc. 1, CCA; doctr. causas B. 77.402, "Organización de Ambientalistas Autoconvocados", resol. de 21-XII-2022; B. 77.432, "Lowy", resol. de 10-II-2023; B. 77.433, "Lowy", resol. de 10-II-2023 y B. 78.108, "Etulain", resol. de 13-IV-2023). En tal sentido, se aprecia que las argumentaciones vertidas por el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo involucrado en la contienda, no resultan suficientes para cambiar el criterio que informa los precedentes citados.
IV. A tenor de los fundamentos expuestos, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mar del Plata el órgano que continúe conociendo en el asunto.
Así lo votamos.
El señor Juez doctor Torres dijo:
I. Disiento con la solución propuesta por mis colegas preopinantes.
Ello así, por cuanto el conflicto suscitado -del modo en que ha quedado configurado- guarda características semejantes a los planteos abordados en las causas B. 77.841, "Juara", B. 78.191 "Zadikian" (resols. de 10-II-2023), B. 78.108, "Etulain" (resol. de 13-IV-2023), B. 77.402 "Organización de Ambientalistas Autoconvocados" (resol. de 21-XII-2022), B. 77.432 y B. 77.433 "Lowy" (resols. de 10-II-2023), entre otras, en donde he tenido oportunidad de expresar mi parecer respecto de la posibilidad de entablar una acción expedita de amparo cuando se vea afectada en forma directa o tangencial el ambiente, la cual debe ser atendida por cualquier juez con competencia territorial al efecto, sin que quepa reconocer prevalencia en tal escenario procesal al fuero contencioso administrativo, no obstante los particulares supuestos normados por los arts. 34 y 35 de la ley 11.723, que difieren de lo acontecido en la especie.
II. Atento las conclusiones y fundamentos desarrollados en los precedentes mencionados en el punto I de este voto, a los que cabe remitir en razón de la brevedad, corresponde que sea el Tribunal de Trabajo N°3 del Departamento Judicial de Mar del Plata el que continúe conociendo en el presente litigio.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Por mayoría, declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mar del Plata para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
Comunicar mediante oficio lo aquí resuelto al Tribunal de Trabajo N°3 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/05/2024 12:58:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/05/2024 09:24:40 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2024 10:42:45 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/05/2024 00:14:28 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2024 14:21:36 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2024 14:36:39 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/05/2024 14:37:42 hs. bajo el número RR-411-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia