Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79305
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que en autos no se encuentra comprometida la jurisdicción originaria de este Tribunal (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683, CPCC).
B.79.305 "RAMIREZ BARBARA MONSERRAT C/ MUNICIPALIDAD DE QUILMES S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA"
I. La señora Bárbara Monserrat Ramírez promueve acción de amparo colectivo contra la Municipalidad de Quilmes, agraviándose en su carácter de contribuyente de lo que considera un aumento ilegítimo de la Tasa de Servicios Urbanos, producto de la entrada en vigencia de los decretos 4.158/23 y 4.779/23, ambos dictados por la titular del ejecutivo comunal.
Solicita que, en esa misma línea, se declare su inconstitucionalidad y que, en consecuencia, se reliquiden las facturas o, en caso de haber sido pagadas, se reintegren o compensen los valores abonados.
Por último, requiere a título cautelar que se suspendan de manera urgente sus efectos hasta el momento en que se dicte sentencia definitiva.
II. Relata que mediante el primero de los citados actos se dispuso un aumento del 25% del importe correspondiente a la referida tasa, mientras que mediante el segundo se modificó la zonificación del plano urbano de la ciudad de Quilmes.
Señala que ambas medidas -en las que, vale aclarar, se habrían fundado las liquidaciones impugnadas por la amparista- resultan a todas luces ilegales, dado que la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) no reconoce en ninguno de sus artículos la atribución en favor del Intendente de alterar discrecionalmente lo regulado por ordenanzas municipales en materia tributaria.
Pone de resalto que la rezonificación cuestionada viola el orden constitucional y la división de poderes. Afirma que la determinación de las zonas industriales y residenciales del partido es una atribución propia de los concejos deliberantes (art. 28, LOM).
Asimismo, puntualiza que la categoría definida como Zona "A" por la nueva normativa abarca inmuebles que no reciben como contraprestación los servicios mencionados en el art. 122 del Código Fiscal vigente en esa jurisdicción, lo que haría que el tributo funcione como un impuesto y no como una tasa.
Por otro lado, enfatiza que el aumento desproporcional del monto es arbitrario en tanto su base de cálculo toma como referencia los criterios empleados para calcular las deudas en concepto de Impuesto Inmobiliario. En este orden de ideas, arguye que el incremento supera en demasía los límites impuestos por las normas locales.
También, aduce que el aumento de la tasa es nulo en tanto no se respetó el mecanismo previsto en los arts. 193 inc. 2 de la Constitución provincial y 240 y 241 de la LOM.
Asegura que los decretos presentan serios vicios en lo relativo a su publicidad, dado que el primero de ellos recién se dio a conocer a través del Boletín Oficial municipal el 13-XII-2023 y el segundo aún no había sido publicado al momento de la interposición de la demanda.
En lo esencial, detalla que el accionar de la Municipalidad de Quilmes no solo se muestra contrario a lo establecido en la mencionada ley que regula a las comunas bonaerenses (arts. 28, 240 y 241, LOM), sino también a preceptos consagrados en las constituciones nacional y provincial (arts. 17 y 75 inc. 22, Const. nac.; 31, 36, 193 inc. 2 y concs., Const. prov.).
III. La causa fue asignada por sorteo al Juzgado de Ejecución Penal N°2 del Departamento Judicial de Quilmes, cuyo titular, luego de revocarse en la alzada el pronunciamiento mediante el cual había rechazado in limine la acción incoada (v. resol. electrónica de fecha 27-II-2024), ordenó dar traslado de la demanda (cfr. proveído electrónico de fecha 1-III-2024).
En fecha 20-III-2024, la municipalidad demandada opuso en su escrito de contestación una excepción de incompetencia tras entender que, en materia de inconstitucionalidad de ordenanzas y decretos municipales, debía ser esta Suprema Corte de Justicia la que interviniera en el litigio, ello en razón de su competencia originaria, exclusiva y excluyente (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y sigs., CPCC).
Efectuado el planteo, el juez a cargo del referido órgano dio acogida a los argumentos vertidos por el municipio, se inhibió de intervenir en el pleito y, por consiguiente, elevó los obrados para su consideración (v. resol. electrónica de fecha 20-3-2024).
IV.1. Cabe recordar que, conforme lo dispone el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial, este Tribunal ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por ella, cuando se controviertan por parte interesada; de ello se infiere que el objeto de esta acción y, por ende, el ámbito delimitado de conocimiento reservado a esta vía, reside en la discusión sobre la validez constitucional en abstracto (doctr. causas B. 75.290, "Francisco Frare SA", resol. de 22-VIII-2019; B. 75.541, "Asociación Mutual Consejeros de los Arroyos Coop. Emp. Mult.", resol. de 13-II-2019 y B. 79.175, "Vivas", resol. de 14-II-2024).
Asimismo, en principio solo son susceptibles de impugnación por este carril aquellos ordenamientos que, con independencia de su denominación, constituyan mandatos generales, abstractos e impersonales dirigidos a la comunidad (doctr. causas I. 1612, "Barbieri", resol. de 8-V-1993; I. 2204, "Zamarreño", sent. de 8-X-2008; I. 71.542, "De Amorrortu", resol. de 28-XII-2011; I. 75.905, "Simonelli", resol. de 20-XI-2019 e I. 76.269, "Empresa Micro Ómnibus Larroque Línea 148 SRL", resol. de 26-XI-2020; e.o.).
IV.2. Bajo tales premisas, de la lectura del escrito inicial se advierte que en el presente caso se cuestionan actos concretos de aplicación, de alcance individual, dictados por la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Quilmes, por medio de los cuales se determinó el monto a pagar por la aquí amparista en concepto de Tasa de Servicios Urbanos por los períodos de noviembre y diciembre de 2023.
Así pues, resulta claro que la pretensión principal se dirige a dejar sin efecto actos singulares dictados por la demandada, mientras su embate constitucional contra aparentes actos de alcance general es únicamente a los fines de demostrar -de manera coadyuvante y no de modo autónomo- su repugnancia con ese orden.
En esas condiciones, que no comprometen la competencia originaria de esta Suprema Corte, cualquier juez puede -eventualmente- atender a un planteo de inconstitucionalidad deducido de esa forma (art. 20 inc. 2 in fine , Const. prov.; doctr. causas B. 65.124, "Glaria", sent. de 16-VI-2004; B. 68.048, "Asesor General de Gobierno", sent. de 20-X-2004; B. 65.096, "Sagrario", sent. de 23-II-2005; B. 65.948, "Gerez", sent. de 19-XII-2007; B. 65.072, "Rojas", sent. de 29-XII-2008; B. 77.654, "Vilches", resol. de 10-II-2022 y B. 79.140, "Medina", resol. de 29-XII-2023, e.o.).
V. Por lo expuesto, corresponde que estas actuaciones sean giradas al Juzgado de Ejecución Penal N°2 del Departamento Judicial de Quilmes, a los fines de que sea allí donde continúen con su tramitación (conf. arts. 15, 20 inc. 2 y doctr. art. 161 inc. 1, Const. prov.; 1 y 3, ley 13.928).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar que en autos no se encuentra comprometida la jurisdicción originaria de este Tribunal (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683, CPCC).
Devuélvanse electrónicamente las actuaciones al Juzgado de Ejecución Penal N°2 del Departamento Judicial de Quilmes para la prosecución de su trámite.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/06/2024 13:45:44 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/06/2024 11:44:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/06/2024 10:55:21 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/06/2024 14:47:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/06/2024 18:47:06 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 26/06/2024 18:52:16 hs. bajo el número RR-502-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia