Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79183
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que en autos no se encuentra comprometida la jurisdicción originaria de este Tribunal (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683, CPCC).
B.79.183 "ALAIMO MIRTA NOEMI C/ MUNICIPALIDAD DE QUILMES S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA"
I. La señora Mirta Noemí Alaimo promueve acción de amparo contra la Municipalidad de Quilmes, agraviándose en su carácter de contribuyente de lo que considera un aumento excesivo -más del 300%- de la Tasa de Servicios Urbanos, previsto para el año en curso.
Asimismo, requiere el dictado de una medida cautelar innovativa mediante la cual se retrotraiga el monto facturado por ese tributo a lo abonado en virtud de la cuota de octubre de 2023, puesto que, de lo contrario, perdería los beneficios de descuento y bonificación del mes de diciembre.
II. Relata que, una vez recibida la factura, se le informó en sede municipal que el incremento aquí cuestionado se debía a la entrada en vigencia de dos decretos dictados por el ejecutivo comunal: por un lado, el identificado como 4.158/23, a través del cual se dispuso elevar la tasa de un 15% a un 25%; por el otro, el 4.779/23, por el cual se modificó la zonificación del plano urbano de la ciudad de Quilmes.
Con respecto a dichos actos -en los que, vale aclarar, se fundó la liquidación notificada a la amparista-, arguye que tanto uno como el otro resultan a todas luces ilegales, dado que ninguno de los diecinueve incisos del art. 108 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) reconoce la atribución en favor del Intendente de alterar discrecionalmente lo regulado por ordenanzas municipales en materia tributaria ni de fijar nuevas valuaciones fiscales de los inmuebles emplazados en el municipio, facultad esta última reservada al Estado provincial. En esta línea de ideas, aduce que dicho proceder implicaría una violación del orden constitucional y del principio de división de poderes.
Seguidamente, afirma que la demandada habría infringido también el conocido principio de legalidad en materia tributaria. En tal sentido, sostiene que el aumento de la referida tasa no se hallaba fundado en una ordenanza previa, ni tampoco en facultades que anteriormente hubieran sido delegadas por el Concejo Deliberante en función del art. 344 del Código Fiscal vigente en esa jurisdicción comunal.
Por otro lado, refiere que "...la Ordenanza Fiscal 14.030/2023 establece un aumento de 130% con un reajuste trimestral de acuerdo a la inflación, lo que también constituye una ilegalidad pues el presupuesto debe ser único y con el plan total de erogaciones y gastos, para el año 2024" ( sic ).
En lo esencial, puntualiza -sin invocar ningún artículo de la Carta provincial- que el accionar de la Municipalidad de Quilmes no solo se muestra contrario a los establecido en la LOM (arts. 28, 31 inc. 14 y 85 incs. 3 y 7), sino también a preceptos consagrados en la propia Constitución nacional (arts. 9, 17, 19, 28, 39, 52, 75 incs. 1 y 2, 76 y 99 incs. 2 y 3, Const. nac.) -v. sexto documento adunado a la presentación electrónica de fecha 22-I-2024-.
III. La causa fue asignada, por sorteo, al Juzgado en lo Correccional N°3 del Departamento Judicial de Quilmes, cuyo titular, luego del requerimiento de habilitación de feria formulado por la actora, ordenó el inmediato traslado de la demanda.
En fecha 30-I-2024, la comuna demandada opuso en su escrito de contestación una excepción de incompetencia tras entender que, en materia de inconstitucionalidad de ordenanzas y decretos municipales, debía ser esta Suprema Corte de Justicia la que interviniera en el litigio, ello en razón de su competencia originaria, exclusiva y excluyente (art. 161 inc. 1, Const. prov.; arts. 683 y sigs., CCPC).
Efectuado el planteo, el juez a cargo del referido órgano dio acogida a los argumentos vertidos por el municipio, se inhibió de intervenir en el pleito y, por consiguiente, elevó los obrados para su consideración (v. resol. electrónica de fecha de 31-I-2024).
IV.1. En primer lugar, cabe recordar que, conforme lo dispone el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial, este Tribunal ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por ella, cuando se controviertan por parte interesada; de ello se infiere que el objeto de esta acción y, por ende, el ámbito delimitado de conocimiento reservado a esta vía, reside en la discusión sobre la validez constitucional en abstracto (doctr. causas B. 75.290, "Francisco Frare SA", resol. de 22-VIII-2019; B. 75.541, "Asociación Mutual Consejeros de los Arroyos Coop. Emp. Mult.", resol. de 13-II-2019 y B. 79.175, "Vivas", resol. de 14-II-2024).
Asimismo, en principio solo son susceptibles de impugnación por este carril aquellos ordenamientos que, con independencia de su denominación, constituyan mandatos generales, abstractos e impersonales dirigidos a la comunidad (doctr. causas I. 1612, "Barbieri", resol. de 8-V-1993; I. 2204, "Zamarreño", sent. de 8-X-2008; I. 71.542, "De Amorrortu", resol. de 28-XII-2011; I. 75.905, "Simonelli", resol. de 20-XI-2019 e I. 76.269, "Empresa Micro Ómnibus Larroque Línea 148 SRL", resol. de 26-XI-2020; e.o.).
IV.2. Por otra parte, se ha sostenido que cuando aquel precepto alude a "materia regida por esta Constitución" se refiere a la necesidad de planteamiento de un conflicto directo entre la disposición impugnada y la o las normas de la Carta local que se consideren quebrantadas (doctr. causas I. 1169, "Malacari", sent. de 11-XII-1984; I. 1998, "Piombo", resol. de 18-VI-1996; I. 2027, "Sindicato de Trabajadores Municipales de Necochea", sent. de 27-XII-2000; I. 1447, "Expreso Merlo SA", sent. de 28-III-2001; B. 70.086, "Consorcio Exportador Pesquero SA", resol. de 29-IV-2009 y B. 75.890, "Martínez", resol. de 14-VIII-2019, e.o.).
De allí que, por regla, no sean admisibles las demandas originarias de inconstitucionalidad en las que se denuncian infracciones a la Constitución Nacional (doctr. causa B. 76.039, "Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales", resol. de 23-X-2019, e.o.) o a normas legales de rango inferior a la Constitución bonaerense (doctr. causa I. 75.166, "Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata", resol. de 26-XII-2018; e.o.).
IV.3. Bajo tales premisas, de la lectura del escrito inicial y la documentación acompañada se advierte que en el presente caso se cuestiona un acto concreto de aplicación, de alcance individual, dictado por la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Quilmes, por medio del cual se determinó el monto a pagar por la aquí amparista en concepto de Tasa de Servicios Urbanos por el período 2024.
Así pues, independientemente de lo que podría decirse acerca del contenido y argumento de la impugnación (v. supra pto. IV.2), resulta claro que la pretensión principal se dirige a dejar sin efecto un acto singular dictado por la demandada y su embate constitucional contra aparentes actos de alcance general es únicamente a los fines de demostrar -de manera coadyuvante y no de modo autónomo- su repugnancia con ese orden.
En esas condiciones, que no comprometen la competencia originaria de esta Suprema Corte, cualquier juez puede -eventualmente- atender a un planteo de inconstitucionalidad deducido de esa forma (art. 20 inc. 2 in fine , Const. prov.; doctr. causas B. 65.124, "Glaria", sent. de 16-VI-2004; B. 68.048, "Asesor General de Gobierno", sent. de 20-X-2004; B. 65.096, "Sagrario", sent. de 23-II-2005; B. 65.948, "Gerez", sent. de 19-XII-2007; B. 65.072, "Rojas", sent. de 29-XII-2008; B. 77.654, "Vilches", resol. de 10-II-2022 y B. 79.140, "Medina", resol. de 29-XII-2023, e.o.).
V. Por lo expuesto, toda vez que el asunto resulta ajeno a la jurisdicción originaria de esta Corte, corresponde que estas actuaciones sean giradas al Juzgado en lo Correccional N°3 del Departamento Judicial de Quilmes a los fines de que sea allí donde continúe su tramitación (conf. arts. 15, 20 inc. 2 y doctr. art. 161 inc. 1, Const. prov.; 1 y 3, ley 13.928).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar que en autos no se encuentra comprometida la jurisdicción originaria de este Tribunal (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683, CPCC).
Devuélvanse electrónicamente las actuaciones al Juzgado en lo Correccional N°3 del Departamento Judicial de Quilmes para la prosecución de su trámite.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/06/2024 13:45:43 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/06/2024 11:44:08 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/06/2024 10:55:17 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/06/2024 14:47:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/06/2024 18:47:05 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 26/06/2024 18:52:15 hs. bajo el número RR-500-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia