Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79446
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia de la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora para conocer y decidir en el recurso de apelación interpuesto por la amparista (arts. 7 inc. 1, CCA; 16 y 17 bis , ley 13.928 -texto según ley 14.192- y 38, ley 5.827). Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite.
B.79.446 "MOREL BARTOLA ANTONIA C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO/A S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 INC. 1 LEY 12.008"
I. Antonia Bartola Morela promueve acción de amparo tendiente a que se deje sin efecto la sentencia dictada en los autos "Di Capua, Marta Irene c/ Bartola Morel, Antonia s/ Desalojo Falta de Pago" (expdte. AV-11362-2013), tramitados ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°1 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, mediante la cual se la estaría despojando de sus derechos posesorios sobre un inmueble que habría adquirido a raíz de la firma de un boleto de compraventa con la señora Funes, quien hasta ese entonces era su empleadora y propietaria de dicho predio.
Manifiesta que fue desprovista de sus derechos posesorios sobre el inmueble de autos como consecuencia de varios actos turbatorios perpetrados por parte de los familiares de la señora Funes luego de que esta falleciera. En ese orden, refiere que estos últimos le iniciaron el mentado juicio de desalojo, al que califica de "contrario a la ley" en cuanto se habría sustentado en un contrato de locación que -asegura- fue celebrado sin su consentimiento, circunstancia que, de por sí, acarrearía su nulidad.
Cautelarmente, solicita que "...se suspenda el proceso de lanzamiento por un plazo de 6 meses renovable por otros 6 meses más" (v. primer documento adunado al escrito electrónico de fecha 24-IV-2024).
II. La causa fue sorteada de conformidad con el régimen aplicable, resultando adjudicada al Juzgado de Familia N°8 de aquella jurisdicción territorial, cuya titular, en su primera providencia, decidió rechazar la acción in limine litis al no contemplar reunidos los extremos previstos en los arts. 20 inc. 2 de la Constitución provincial y 2 inc. 1 de la Ley de Amparo, dado que -aseveró- "...las particularidades del caso y la singular naturaleza de la cuestión (relacionada a un proceso civil) reflejan [...] la existencia de otros procedimientos judiciales aptos (apelación) para enfocar el asunto por los carriles correspondientes ordinarios" (v. sent. interlocutoria de fecha 25-IV-2024).
Agraviada por el pronunciamiento, la amparista interpuso un recurso de apelación que, siendo este concedido por la jueza actuante, recayó en la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
Empero, la Sala III -que fuera oportunamente sorteada- se declaró incompetente por considerar -básicamente- que la "...controversia planteada versa sobre materia administrativa", por lo cual giró los obrados a la Cámara en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata (v. resol. electrónica de fecha 30-IV-2024).
A su turno, los integrantes de este tribunal también se excusaron de entender tras colegir que la controversia no encuadraba en la manda del art. 17 bis de la ley 13.928 -texto según ley 14.192-, puesto que "...no compromete la actuación de alguna autoridad pública local en materia administrativa o de otras personas en ejercicio de funciones administrativas en esa misma jurisdicción" ( sic ).
Fue de esa manera que plantearon un conflicto negativo de competencia, elevándolo a esta Suprema Corte de Justicia para que lo dirima de acuerdo a lo previsto por los arts. 161 inc. 2 de la Carta local y 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (v. providencia electrónica de fecha 16-V-2024).
III.1. La ley 13.928 -texto según ley 14.192- prevé en el art. 17 bis que en las acciones de amparo que se dirijan contra acciones u omisiones, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados u otras personas, regidas por el derecho administrativo, será tribunal de alzada la cámara de apelación en lo contencioso administrativo correspondiente a la jurisdicción donde tramitase la acción.
En el sub examine , tal como se desprende del escrito electrónico de fecha 24-IV-2024, la amparista promueve la presente acción a los fines de que se deje sin efecto la sentencia dictada en un juicio de desalojo por considerarla infundada, de modo tal de hacer valer su derecho real de dominio sobre el inmueble litigioso.
Siendo así, más allá de las consideraciones que puedan efectuarse en punto a la admisibilidad de la acción, conforme lo resuelto con reiteración por esta Suprema Corte en el sentido de que corresponde atender de modo principal a la exposición de lo hechos que la actora hace en la demanda y, solo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de la pretensión (doctr. causa B. 79.013, "Municipalidad de Armstrong", resol. de 14-II-2024 y sus citas), es posible afirmar que el litigio escapa de los parámetros del aludido art. 17 bis de la Ley de Amparo para justificar la competencia del fuero contencioso administrativo.
III.2. Dicho eso, cabe recordar también que este Tribunal, en el ámbito del proceso constitucional de amparo y por fuera de tales supuestos, ha resuelto que para determinar el órgano competente en instancia de apelación la regla es la que consagra el art. 38 de la ley 5.827. Es decir, que el recurso debe ser resuelto por la alzada natural del juzgado de origen, con independencia de una concreta especialización material de los jueces (doctr. causas B. 72.432, "Ongaro", resol. de 21-VIII-2013; B. 73.316, "Magliano", resol. de 29-XII-2014; B. 73.124, "Loyacone" y B. 73.317, "Falamir", ambas resol. de 12-XI-2014; B. 73.558, "Muszkat", resol. de 21-X-2015; B. 74.576, "M., M. I.", resol. de 8-II-2017; B. 74.724, "Municipalidad de General Pueyrredon", resol. de 28-VI-2017; B. 75.040, "Sánchez", resol. de 20-XII-2017; B. 74.773, "Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata", resol. de 17-X-2018; B. 76.329, "Georgudakis", resol. de 29-IV-2020; B 76.235, "Adam", resol. de 22-VII-2020; B. 76.585, "M., D.", resol. de 23-XII-2020 y B. 78.079, "Trigo", resol. de 23-IX-2022, e.o.).
IV. Por los fundamentos arriba expuestos y sin abrir juicio acerca del proceso escogido por la actora, corresponde que sea la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora el órgano que siga conociendo en las presentes actuaciones.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia de la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora para conocer y decidir en el recurso de apelación interpuesto por la amparista (arts. 7 inc. 1, CCA; 16 y 17 bis , ley 13.928 -texto según ley 14.192- y 38, ley 5.827). Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite.
Hágase saber lo decido a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/08/2024 23:19:18 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/08/2024 11:36:38 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/08/2024 11:47:30 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/08/2024 11:48:13 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/08/2024 14:35:15 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 02/08/2024 14:45:02 hs. bajo el número RR-568-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia