Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79316
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Matanza para conocer y decidir en el recurso de apelación interpuesto por la actora (art. 7 inc. 1, CCA; 16 y 17 bis , ley 13.928 -texto según ley 14.192- y 38, ley 5.827).
B.79.316 "N., M. B. C/ COLEGIO SANTO TOMÁS DE FIGUEROA H. CABEZÓN S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA (ART. 17 BIS , LEY 13.928)"
I. La señora M. B. N., en nombre de su hijo B. A. Y., deduce acción de amparo contra el Colegio Santo Tomás de Aquino de la localidad de Ramos Mejía, así como contra sus representantes legales, a fin de que se le garantice la efectiva continuidad -con la que disponía desde el año 2021 en su condición de alumno regular- de la prestación del servicio educativo que se habría visto interrumpido al no contar actualmente con el acompañante terapéutico que necesita dado el cuadro de salud que lo aflige desde muy temprana edad.
Refiere que, ante ese panorama, al que califica de "arbitrario" e "ilegal", efectuó los correspondientes reclamos ante la Dirección General de Cultura y Educación y la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), sin obtener la respuesta esperada.
A título cautelar, solicita que el establecimiento demandado proceda a matricular a su hijo para que siga cursando sus estudios durante el ciclo lectivo 2024 (v. escrito electrónico de fecha 27-II-2024).
II. Las actuaciones, atento a lo manifestado por la actora (v. apdo. II), se iniciaron en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal Nº1 de San Martín, cuyo titular -tras oír al agente fiscal- se inhibió de conocer en la controversia al estimar -primordialmente- que "...la decisión de la cuestión ventilada conduce a la interpretación de normas de carácter local y dictadas por autoridades locales" (v. presentación de fecha 26-II-2024).
Fue así que la causa terminó adjudicada, mediante sorteo, al Juzgado de Ejecución Penal N°2 del Departamento Judicial de La Matanza.
Luego de correr vista al Asesor de Incapaces departamental y de que este último tomara intervención (v. presentación de fecha 27-II-2024), el magistrado a cargo declaró admisible la acción incoada, hizo lugar al remedio precautorio y corrió traslado de la demanda (v. providencia electrónica de fecha 28-II-2024).
III.1. En oportunidad de responderla, la demandada articuló, contra la concesión cautelar que se había ordenado, un recurso de apelación, el cual, tras ser concedido por el juez actuante (v. proveído de fecha 15-III-2024), recayó en la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín.
Sin embargo, sus magistrados declinaron la competencia para entender en el asunto, al declarar que la aplicación del presente caso del art. 17 bis de la ley 13.928, en cuanto establece que: "En las acciones de amparo que se dirijan contra acciones u omisiones, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los Municipios, los entes descentralizados y otras personas, regidas por el Derecho Administrativo, será Tribunal de Alzada la Cámara en lo Contencioso Administrativo correspondiente a la jurisdicción donde tramitara la acción", resulta inconstitucional.
III.2. Para arribar a esa conclusión acudieron a los siguientes argumentos:
III.2.a. El análisis de la constitucionalidad de la norma resultaría procedente sin perjuicio de la falta de planteo, puesto que la declaración oficiosa puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exijan, ya que la congruencia constitucional de las normas se le plantea a los jueces antes y más allá de cualquier propuesta formulada por las partes.
III.2.b. El art. 20 de la Constitución provincial establece que la garantía de amparo procederá "ante cualquier juez" y el art. 3 de la ley 13.928 que "en la acción de amparo será competente cualquier juez o Tribunal".
Con esa lógica, el art. 17 bis de la ley 13.928 resultaría contrario al texto constitucional en lo tocante al juez competente, al establecer una jurisdicción especial en cabeza de las cámaras de apelación en lo contencioso administrativo soslayando la garantía de juez natural, incurriendo en una vulneración del principio de jerarquía normativa e infringiendo el principio de competencia territorial, esto último atento la intención legislativa de confiar la decisión del asunto al órgano que —por su localización— esté en mejores condiciones de resolver la cuestión.
III.2.c. La atribución de competencia establecida en la norma observada derivaría, en el caso concreto de ese tribunal de alzada, en una afectación a la tutela judicial efectiva en relación con las demás materias de competencia propia de ese fuero, porque el aumento en la cantidad de procesos de amparo en los que debe entender, la llevó a dedicar la mayor parte de sus recursos humanos a resolver esos asuntos, poniendo en riesgo el cumplimiento de la garantía consagrada en el art. 15 de la Constitución provincial.
Lo anterior quedaría en evidencia al observar las estadísticas de la Secretaría de Planificación de esta Suprema Corte que muestran, de un lado, una marcada curva ascendente en la cantidad de juicios de amparo que ingresan a esa cámara (aumentando de 267 en el año 2019 a 450 en el 2023) y, de otro, la asimétrica distribución entre los tribunales de alzada de toda la provincia en razón del fuero, tomando como ejemplo el año 2022 (31 para las cámaras penales, 96 para las civiles y comerciales y 1.647 para las del contencioso administrativo).
Ello, sumado al exiguo plazo legal de tres días que tiene asignada para emitir pronunciamiento y el elevado componente de litigiosidad que se desprende de la atribución de competencia territorial, habrían derivado en un colapso que impactó de modo negativo en la celeridad de la respuesta jurisdiccional en el universo restante de procesos en los que ese órgano interviene.
Una prueba de ese argumento, afirma, estaría dada por la sanción de la ley 15.400 que, luego de un estudio de datos y estadísticas, modificó la estructura del fuero establecida por la ley 12.074. Al respecto recuerda que esa norma pretendía cambiar la competencia territorial de las Cámaras de Apelación en lo Contencioso Administrativo y adicionarle a la que tiene asiento en San Nicolás la competencia para conocer en las causas de los departamentos judiciales de Mercedes, Moreno-General Rodríguez ( sic ) y Trenque Lauquen, que actualmente son decididas por la que tiene asiento en San Martín. Pero esa innovación —admite— luego se vio truncada del texto que finalmente se aprobó.
III.2.d. El art. 17 bis , incorporado a la ley 13.928 por la modificación propiciada por ley 14.192, de cuya exposición de motivos surge que su propósito fue "evitar el dictado de sentencias contradictorias en cuestiones que hacen al interés general y al orden público", a criterio de la Cámara, resultaría contrario al principio de igualdad consagrado en los arts. 16 de la Constitución Nacional y 11 de la Carta local, al importar el reconocimiento de una garantía únicamente para aquellos justiciables cuya acción de amparo se enmarque en el supuesto regulado en la norma en cuestión, dejando al resto de los amparistas sujetos a la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias.
III.2.e. El temperamento expuesto en orden a la inconstitucionalidad aquí alegada no se vería desvirtuado por la aplicación sin reparos de ese precepto a lo largo del tiempo desde que dicha atribución de competencia fuera introducida en la ley 13.928, porque hay ciertas normas susceptibles de ser consideradas legítimas en su origen pero que pudieron haberse tornado repugnantes con el transcurso del tiempo.
Ello, con invocación a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Pedraza" (CSJN Fallos: 337:530).
III.3. Con esos razonamientos, y tras declarar la inconstitucionalidad sobrevenida -para el caso- del art. 17 bis de la ley 13.928, remitió la causa a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Matanza, al ser esta la alzada natural del juzgado de origen, manteniendo la vigencia de la medida cautelar dictada por este último órgano (v. resol. electrónica de fecha 19-III-2024).
IV.1. No obstante, recibido el expediente, los integrantes de la Sala I -que fuera oportunamente sorteada- rechazaron de plano la asignación de competencia que le estaba siendo endilgada, fundando su decisión en los siguientes argumentos:
IV.1.a. La doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que define a la declaración de inconstitucionalidad de las disposiciones legales como un acto de suma gravedad institucional, ultima ratio del orden jurídico.
IV.1.b. La garantía de juez natural contenida en el art. 18 de la Constitución Nacional está dirigida a evitar una posible actuación arbitraria del poder punitivo del Estado que podría facilitarse mediante el juzgamiento por comisiones especiales, dándose cumplimiento a dicha garantía al intervenir tribunales creados por una ley anterior al hecho que generó la causa, como lo son las Cámaras en lo Contencioso Administrativo.
IV.1.c. El legislador optó por un sistema inicial aleatorio en la asignación de las acciones de amparo incluyendo a todos los jueces o tribunales de primera instancia sin otorgar relevancia a una eventual competencia en relación de la materia, pero, en cambio, en la instancia recursiva optó por una asignación de competencia específica en cabeza de las Cámaras en lo Contencioso Administrativo, siempre que en el marco del proceso se cuestionen acciones u omisiones en el ejercicio de funciones administrativas de alguna de las personas enumeradas en el art. 166 de la Constitución provincial.
En esa inteligencia, el art. 17 bis de la ley 13.928 instrumenta un sistema de organización de justicia que resulta ajeno a la órbita del Poder Judicial, por ser una política inherente al órgano legislativo.
IV.1.d. El cuadro de concentración de trabajo descripto por los magistrados del fuero contencioso administrativo no sería ajeno al fuero penal, teniendo en cuenta la cantidad de expedientes que, por año, ingresan a las cámaras de toda la provincia (para el 2022, 42.596 en las alzadas penales y 8.652 en las Cámaras contencioso administrativas, según datos de esta Suprema Corte).
IV.1.e. Asimismo, decidieron rechazar el planteo subsidiario formulado por sus pares previnientes, ya que -afirmaron- "...al ser demandado una entidad educativa, independientemente de la condición de privada, su actividad se encuentra regida por las normas de derecho administrativo en cuanto a su funcionamiento", lo cual se vislumbraba -aclararon- con la intervención en autos de la DIEGEP, siendo que su principal función consiste en "...la supervisión y el contralor de las instituciones de gestión privada a fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos de la política educativa provincial".
IV.2. Por consiguiente, devolvió la causa a la cámara que había prevenido (v. resol. de 26-III-2024) y, ante la insistencia de esta última (v. resol. de 4-IV-2024), quedó configurada una contienda negativa de competencia de las que este Tribunal está llamado a conocer por imperio del art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
V. Al tomar conocimiento en esta causa, se declaró que correspondía intervenir a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín por aplicación de la doctrina de la causa "Arameda" (B. 79.228, resol. de 19-IV-2024).
Devuelto el expediente a dicho tribunal de alzada a los efectos de su tramitación, se expidió en el sentido que no se abría la competencia del art. 17 bis de la Ley de Amparo por no configurarse el supuesto contemplado a esos fines por dicha disposición.
En consecuencia, nuevamente remitida la causa, esta vez con el argumento mencionado, procede pronunciarse al respecto.
VI.1. Con remisión a los fundamentos ya expuestos, al tratar acerca del alcance del art. 17 bis de la ley 13.928, y tomando en consideración la narración de los hechos que realiza la actora en su escrito postulatorio (doctr. causa B. 79.013, "Municipalidad de Armstrong", resol. de 14-II-2024 y sus citas), es dable afirmar que en autos no se conforma un caso de los alcanzados por la norma citada. Ello así, toda vez que la demanda se delimita a una solicitud de matriculación en una controversia suscitada con una institución educativa privada, sin que se advierta comprendida en esta litis una cuestión relativa al ejercicio de funciones administrativas estatales (doctr. causa B. 72.093, "Cám. Ap. Civ. y Com. Dolores", resol. de 14-XI-2012).
VI.2. Dicho eso, es menester recordar también que este Tribunal, en el ámbito del proceso constitucional de amparo y por fuera de tales supuestos, ha resuelto que para determinar el órgano competente en instancia de apelación la regla es la que consagra el art. 38 de la ley 5.827. Es decir, que el recurso debe ser resuelto por la alzada natural del juzgado de origen, con independencia de una concreta especialización material de los jueces (doctr. causas B. 72.432, "Ongaro", resol. de 21-VIII-2013; B. 73.316, "Magliano", resol. de 29-XII-2014; B. 73.124, "Loyacone" y B. 73.317, "Falamir", ambas resols. de 12-XI-2014; B. 73.558, "Muszkat", resol. de 21-X-2015; B. 74.576, "M., M. I.", resol. de 8-II-2017; B. 74.724, "Municipalidad de General Pueyrredon", resol. de 28-VI-2017; B. 75.040, "Sánchez", resol. de 20-XII-2017; B. 74.773, "Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata", resol. de 17-X-2018; B. 76.329, "Georgudakis", resol. de 29-IV-2020; B 76.235, "Adam", resol. de 22-VII-2020; B. 76.585, "M., D.", resol. de 23-XII-2020 y B. 78.079, "Trigo", resol. de 23-IX-2022, e.o.).
VII. Sobre la base de lo expuesto, corresponde que sea la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Matanza el órgano que continúe conociendo en las presentes actuaciones.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Matanza para conocer y decidir en el recurso de apelación interpuesto por la actora (art. 7 inc. 1, CCA; 16 y 17 bis , ley 13.928 -texto según ley 14.192- y 38, ley 5.827).
Hágase saber lo decidido a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/08/2024 23:19:16 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/08/2024 11:36:37 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/08/2024 11:47:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/08/2024 11:48:11 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/08/2024 14:35:14 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 02/08/2024 14:45:01 hs. bajo el número RR-567-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia