Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79727
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que en autos no se encuentra comprometida la jurisdicción originaria de este Tribunal (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683, CPCC).
B.79.727 "CIZMADIJA FABIAN ALBERTO, MUNICIPALIDAD DE QUILMES, CIZMADIJA MARIA GABBRIELA S/ RECURSO DE AMPARO -CUESTION DE COMPETENCIA-"
I. Fabián Alberto Cizmadija y María Gabriela Cizmadija promueven acción de amparo colectivo contra la Municipalidad de Quilmes, agraviándose en su carácter de contribuyentes de lo que consideran un aumento ilegítimo de la Tasa de Servicios Urbanos, producto de la entrada en vigencia de los decretos 4.158/23 y 4.779/23, ambos dictados por la titular del ejecutivo comunal.
Solicitan que, en esa misma línea, se declare su inconstitucionalidad y que, en consecuencia, se reliquiden las facturas o, en caso de haber sido pagadas, se reintegren o compensen los valores abonados.
Por último, requieren a título cautelar que se suspendan de manera urgente sus efectos hasta el momento en que se dicte sentencia definitiva.
II. Relatan que mediante el primero de los citados actos se dispuso un aumento del 25% del importe correspondiente a la referida tasa, mientras que mediante el segundo se modificó la zonificación del plano urbano de la ciudad de Quilmes.
Dicen que ambas medidas -en las que, vale aclarar, se habrían fundado las liquidaciones impugnadas por los amparistas- resultan a todas luces ilegales, dado que la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) no reconoce en ninguno de sus artículos la atribución en favor del Intendente de alterar discrecionalmente lo regulado por ordenanzas municipales en materia tributaria.
Ponen de resalto que la rezonificación cuestionada viola el orden constitucional y la división de poderes. Afirman que la determinación de las zonas industriales y residenciales del partido es una atribución propia del Concejo Deliberante (art. 28, LOM).
Asimismo, puntualizan que la categoría definida como Zona "A" por la nueva normativa abarca inmuebles que no reciben como contraprestación los servicios mencionados en el art. 122 del Código Fiscal vigente en esa jurisdicción, lo que haría que el tributo funcione como un impuesto y no como una tasa.
Por otro lado, enfatizan que el aumento desproporcional del monto es arbitrario en tanto su base de cálculo toma como referencia los criterios empleados para calcular las deudas en concepto de Impuesto Inmobiliario. En este orden de ideas, arguyen que el incremento supera en demasía los límites impuestos por las normas locales.
También, aducen que el aumento de la tasa es nulo en tanto no se respetó el mecanismo previsto en los arts. 193 inc. 2 de la Constitución provincial y 240 y 241 de la LOM.
Aseguran que los decretos presentan serios vicios en lo relativo a su publicidad, dado que el primero de ellos recién se dio a conocer a través del Boletín Oficial municipal el 13-XII-2023 y el segundo aún no había sido publicado al momento de la interposición de la demanda.
En lo esencial, detallan que el accionar de la Municipalidad de Quilmes no solo se muestra contrario a lo establecido en la mencionada ley que regula a las comunas bonaerenses (arts. 28, 240 y 241, LOM), sino también a preceptos consagrados en las constituciones nacional y provincial (arts. 17 y 75 inc. 22, Const. nac.; 31, 36, 193 inc. 2 y concs., Const. prov.) -v. presentación electrónica de fecha 4-III-2024-.
III. La causa fue asignada, por sorteo, al Juzgado en lo Correccional N°5 del Departamento Judicial de Quilmes, cuya titular confirió traslado de la demanda, al tiempo de rechazar la tutela precautoria requerida por considerar que "...su concesión sería ingresar en la esencia de la causa sometida a estudio ante este Juzgado, resultando su pedido prematuro" ( sic ) -v. despacho electrónico de fecha 5-III-2024-.
En fecha 15-III-2024, la comuna demandada opuso en su escrito de contestación una excepción de incompetencia tras entender que, en materia de inconstitucionalidad de ordenanzas y decretos municipales, debía ser esta Suprema Corte de Justicia la que interviniera en el litigio, ello en razón de su competencia originaria, exclusiva y excluyente (art. 161 inc. 1, Const. prov.; arts. 683 y sigs., CCPC).
Efectuado el planteo, la jueza a cargo del referido órgano dio acogida a los argumentos vertidos por el municipio, se inhibió de intervenir en el pleito y, por consiguiente, elevó los obrados para su consideración (v. resol. electrónica de fecha de 21-III-2024).
IV.1. En primer lugar, cabe recordar que, conforme lo dispone el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial, este Tribunal ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por ella, cuando se controviertan por parte interesada; de ello se infiere que el objeto de esta acción y, por ende, el ámbito delimitado de conocimiento reservado a esta vía, reside en la discusión sobre la validez constitucional en abstracto (doctr. causas B. 75.290, "Francisco Frare SA", resol. de 22-VIII-2019; B. 75.541, "Asociación Mutual Consejeros de los Arroyos Coop. Emp. Mult.", resol. de 13-II-2019 y B. 79.175, "Vivas", resol. de 14-II-2024).
Asimismo, en principio solo son susceptibles de impugnación por este carril aquellos ordenamientos que, con independencia de su denominación, constituyan mandatos generales, abstractos e impersonales dirigidos a la comunidad (doctr. causas I. 1612, "Barbieri", resol. de 8-V-1993; I. 2204, "Zamarreño", sent. de 8-X-2008; I. 71.542, "De Amorrortu", resol. de 28-XII-2011; I. 75.905, "Simonelli", resol. de 20-XI-2019 e I. 76.269, "Empresa Micro Ómnibus Larroque Línea 148 SRL", resol. de 26-XI-2020; e.o.).
IV.2. Bajo tales premisas, de la lectura del escrito inicial se advierte que en el presente caso se cuestiona un acto concreto de aplicación, de alcance individual, por medio del cual se determinó el monto a pagar por los aquí amparistas en concepto de Tasa de Servicios Urbanos por el período 2024.
De modo que la pretensión principal se dirige a dejar sin efecto un acto singular dictado por la demandada y su embate constitucional contra aparentes actos de alcance general es únicamente a los fines de demostrar -de manera coadyuvante y no de modo autónomo- su repugnancia con ese orden.
En esas condiciones, que no comprometen la competencia originaria de esta Suprema Corte, cualquier juez puede -eventualmente- atender a un planteo de inconstitucionalidad deducido de esa forma (art. 20 inc. 2 in fine , Const. prov.; doctr. causas B. 65.124, "Glaria", sent. de 16-VI-2004; B. 68.048, "Asesor General de Gobierno", sent. de 20-X-2004; B. 65.096, "Sagrario", sent. de 23-II-2005; B. 65.948, "Gerez", sent. de 19-XII-2007; B. 65.072, "Rojas", sent. de 29-XII-2008; B. 77.654, "Vilches", resol. de 10-II-2022; B. 79.140, "Medina", resol. de 29-XII-2023; B. 79.361, "Siniego Berri", resol. de 24-V-2024 y B. 79.305, "Ramírez", resol. de 26-VI-2024, e.o.).
V. Por lo expuesto, toda vez que el asunto resulta ajeno a la jurisdicción originaria de esta Corte, corresponde que estas actuaciones sean giradas al Juzgado en lo Correccional Nº5 del Departamento Judicial de Quilmes, a los fines de que sea allí donde continúe su tramitación (conf. arts. 15, 20 inc. 2 y doctr. art. 161 inc. 1, Const. prov.; 1 y 3, ley 13.928).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar que en autos no se encuentra comprometida la jurisdicción originaria de este Tribunal (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683, CPCC).
Devuélvanse electrónicamente las actuaciones al Juzgado en lo Correccional N°5 del Departamento Judicial de Quilmes para la prosecución de su trámite.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/12/2024 09:34:38 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/12/2024 10:40:39 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/12/2024 15:38:25 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2024 09:09:51 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2024 10:48:05 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/12/2024 10:50:12 hs. bajo el número RR-1003-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia