Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79716
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata para conocer y decidir en el recurso de apelación interpuesto por el amparista (arts. 7 inc. 1, CCA; 16 y 17 bis , ley 13.928 -texto según ley 14.192- y 38, ley 5.827). Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite.
B.79.716 "MARTINEZ JAVIER ENRIQUE C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO/A S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA"
I. Javier Enrique Martínez dedujo acción de amparo contra la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Marcos Paz, a fin de que se proceda a la renovación de su licencia de conducir "...sin exigir el previo pago de las multas por supuestas infracciones de tránsito y/o deuda por impuestos municipales".
En tal sentido y a tenor de lo dispuesto en el art. 9 de la ley 13.928, solicita que se disponga una medida cautelar para que se le conceda una prórroga de la vigencia de la licencia de conducir, por el término de tres meses o hasta la terminación del presente proceso (v. escrito electrónico de fecha 3-VII-2024).
II. Con arreglo al régimen de sorteos vigente para los juicios de amparo, el presente fue adjudicado al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°21 del Departamento Judicial de La Plata.
El titular de la dependencia declaró su incompetencia para intervenir en la cuestión en el entendimiento de que, conforme lo establece el art. 3 de la Ley de Amparo, la competencia correspondía al juez o tribunal letrado de primera o única instancia del lugar donde el hecho, acto u omisión cuestionados tuviere o hubiese de tener efectos.
De esa forma, consideró que por haber denunciado el amparista su domicilio en la localidad de Marcos Paz, el caso debía ser ventilado en el departamento judicial de Mercedes, por lo que allí ordenó su remisión (v. sent. interlocutoria de fecha 4-VII-2024).
Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpuso un recurso de apelación, el cual, luego de la intervención del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 de aquella jurisdicción territorial (de fecha 10-VII-2024), fue concedido por el juez en lo civil y comercial y posteriormente elevado a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata (v. providencia electrónica de fecha 11-VII-2024).
Este última, sin declarar su incompetencia pero adoptando una diligencia que la implica, giró los obrados a esta Suprema Corte de Justicia a los efectos que pudiera corresponder. Ello así, puesto que -en rigor- la materia planteada en autos no encuadraba en la manda de los arts. 16 y 17 de la Ley de Amparo (v. resol. electrónica de fecha 15-X-2024).
III.1. Ante todo, es pertinente señalar que si bien en autos no se ha configurado estrictamente un conflicto que deba ser atendido por esta Corte (conf. art. 7 inc. 1, CCA), toda vez que no hubo un pronunciamiento formal por parte de la alzada del fuero especializado con la posterior remisión de los actuados a su par que entendiera competente, razones de economía y celeridad procesal recomiendan una decisión definitiva sobre el órgano que ha de conocer en el pleito.
III.2. La ley 13.928 -texto según ley 14.192- prevé en el art. 17 bis que en las acciones de amparo que se dirijan contra acciones u omisiones, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados u otras personas, regidas por el derecho administrativo, será tribunal de alzada la cámara de apelación en lo contencioso administrativo correspondiente a la jurisdicción donde tramitase la acción. A su vez, en virtud de lo dispuesto en el art. 16 del mismo ordenamiento, dicha intervención se halla ceñida al conocimiento del recurso deducido contra la sentencia definitiva, la resolución que rechaza in limine la acción o, también, la que dispone o deniega una medida cautelar (doctr. causas B. 71.927 "Aguirre", resol. de 9-V-2012; B. 72.319, "Galván", resol. de 27-II-2013 y B. 72.531, "Sanda", resol. de 5-VI-2013; B. 74.562, "Anfitrión SRL", resol. de 10-V-2017; B. 74.794, "Codina", resol. de 20-IX-20217 y B. 75.136, "Casariego", resol. de 4-IV-2018, e.o.).
En el sub examine , tal como se desprende del escrito electrónico de fecha 4-VII-2024, la amparista recurre el pronunciamiento declinatorio del juez de origen, por entender que la tramitación de la causa es de su competencia territorial, en tanto "...los planteos y demás peticiones, incoados en el presente caso, se relacionan directamente con una entidad provincial, que tiene su sede en la jurisdicción territorial donde se encuentra ubicada el Juzgado en lo Civil y Comercial N°21" (v. apdo. II del escrito 4-VII-2024 cit.).
Siendo así, conforme lo resuelto con reiteración por esta Suprema Corte en el sentido de que corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que la actora hace en la demanda -en el caso, del recurso- y, solo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de la pretensión (doctr. causa B. 79.013, "Municipalidad de Armstrong", resol. de 14-II-2024 y sus citas), es posible afirmar -como bien lo hace la cámara del fuero especializado- que el litigio escapa de los parámetros de los aludidos arts. 16 y 17 bis de la Ley de Amparo para justificar la competencia del fuero contencioso administrativo.
III.3. Dicho eso, cabe recordar también que este Tribunal, en el ámbito del proceso constitucional de amparo y por fuera de tales supuestos, ha resuelto que para determinar el órgano competente en instancia de apelación la regla es la que consagra el art. 38 de la ley 5.827. Es decir, que el recurso debe ser resuelto por la alzada natural del juzgado de origen, con independencia de una concreta especialización material de los jueces (doctr. causas B. 72.432, "Ongaro", resol. de 21-VIII-2013; B. 73.316, "Magliano", resol. de 29-XII-2014; B. 73.124, "Loyacone" y B. 73.317, "Falamir", ambas resol. de 12-XI-2014; B. 73.558, "Muszkat", resol. de 21-X-2015; B. 74.576, "M., M. I.", resol. de 8-II-2017; B. 74.724, "Municipalidad de General Pueyrredon", resol. de 28-VI-2017; B. 75.040, "Sánchez", resol. de 20-XII-2017; B. 74.773, "Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata", resol. de 17-X-2018; B. 76.329, "Georgudakis", resol. de 29-IV-2020; B 76.235, "Adam", resol. de 22-VII-2020; B. 76.585, "M., D.", resol. de 23-XII-2020; B. 78.079, "Trigo", resol. de 23-IX-2022 y B. 79.446, "Morel", resol. de 2-VIII-2024, e.o.).
IV. Por los fundamentos arriba expuestos, corresponde que sea la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata el órgano que siga conociendo en las presentes actuaciones.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata para conocer y decidir en el recurso de apelación interpuesto por el amparista (arts. 7 inc. 1, CCA; 16 y 17 bis , ley 13.928 -texto según ley 14.192- y 38, ley 5.827). Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite.
Hágase saber de lo decidido a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/12/2024 09:34:38 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/12/2024 10:40:37 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/12/2024 15:38:24 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2024 09:09:50 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2024 10:48:04 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/12/2024 10:50:11 hs. bajo el número RR-1002-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia