Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79326
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que en autos no se encuentra comprometida la jurisdicción originaria de esta Suprema Corte (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683, CPCC).
B.79.326 "BROLA DANIEL ESTEBAN C/ MUNICIPALIDAD DE QUILMES S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA"
I. Daniel Esteban Brola promueve acción de amparo contra la Municipalidad de Quilmes, en su carácter de heredero en los autos caratulados "Brola, Sergio Luis s/ sucesión ab intestato " y "Cordo, Marta Noemí s/ sucesión ab intestato ", como así también en su calidad de poseedor de dos inmuebles vinculados a esos procesos sucesorios, agraviándose de lo que considera un aumento excesivo -más del 300%- de la Tasa de Servicios Urbanos, previsto para el año en curso.
Asimismo, requiere el dictado de una medida cautelar innovativa mediante la cual se retrotraiga el monto facturado por ese tributo a lo abonado en virtud de la cuota de octubre de 2023, puesto que, de lo contrario, perdería los beneficios de descuento y bonificación del mes de diciembre.
II. Relata que, una vez recibida la factura, se le informó en sede municipal que el incremento aquí cuestionado se debía a la entrada en vigencia de dos decretos dictados por el ejecutivo comunal: por un lado, el identificado como 4.158/23, a través del cual se dispuso elevar la tasa de un 15% a un 25%; por el otro, el 4.779/23, por el cual se modificó la zonificación del plano urbano de la ciudad de Quilmes.
Con respecto a dichos actos -en los que, vale aclarar, se fundó la liquidación notificada al amparista-, arguye que tanto uno como otro resultan a todas luces ilegales, dado que ninguno de los diecinueve incisos del art. 108 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) reconoce la atribución en favor del Intendente de alterar discrecionalmente lo regulado por ordenanzas municipales. En esta línea de ideas, aduce que dicho proceder implicaría una violación del orden constitucional y del principio de división de poderes.
Seguidamente, afirma que la demandada habría infringido también el conocido principio de legalidad en materia tributaria. En tal sentido, sostiene que el aumento de la referida tasa no se hallaba fundado en una ordenanza previa, ni tampoco en facultades que anteriormente hubieran sido delegadas por el Concejo Deliberante en función del art. 344 del Código Fiscal vigente en esa jurisdicción comunal.
Por otro lado, refiere que, en términos presupuestarios, el obrar del municipio es violatorio del "principio de exactitud", puesto que la comuna habría creado nuevas fuentes de gastos -por fuera del presupuesto pautado para el ejercicio 2024- a los fines de justificar los incrementos en las tasas, entre los que se mencionan el recambio y extensión de la red de alumbrado público, la ampliación de la flota vehicular afectada a la recolección de residuos, la limpieza de arroyos, la pavimentación de calles y el mantenimiento de espacios públicos.
En lo esencial, puntualiza -sin invocar ningún artículo de la Carta provincial- que el accionar de la Municipalidad de Quilmes no solo se muestra contrario a los establecido en la LOM (arts. 28, 31, 35, 85 y ccs.), sino también a preceptos consagrados en la Constitución nacional (arts. 9, 17, 19, 28, 39, 52, 75 incs. 1 y 2, 76 y 99 incs. 2 y 3) -v. presentación electrónica de 26-III-2024-.
III. La causa fue asignada, por sorteo, al Tribunal en lo Criminal Nº2 del Departamento Judicial de Quilmes.
En lo medular, con base en doctrina de esta Suprema Corte y ponderando el carácter "abstracto", "preventivo" e "institucional" del planteo de autos, los integrantes de dicha dependencia jurisdiccional estimaron que la presente acción tenía por objeto una materia propia del conocimiento originario que le otorgan los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 del Código Procesal Civil y Comercial a este Tribunal.
Por tal motivo, considerando que resultaban operativas al caso las mentadas disposiciones normativas, elevaron las actuaciones (v. resol. electrónica de fecha de 11-IV-2024).
IV.1. En primer lugar, cabe recordar que, conforme lo dispone el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial, este Tribunal ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por ella, cuando se controviertan por parte interesada; de ello se infiere que el objeto de esta acción y, por ende, el ámbito delimitado de conocimiento reservado a esta vía, reside en la discusión sobre la validez constitucional en abstracto (doctr. causas B. 75.290, "Francisco Frare SA", resol. de 22-VIII-2019; B. 75.541, "Asociación Mutual Consejeros de los Arroyos Coop. Emp. Mult.", resol. de 13-II-2019 y B. 79.175, "Vivas", resol. de 14-II-2024).
Asimismo, en principio solo son susceptibles de impugnación por este carril aquellos ordenamientos que, con independencia de su denominación, constituyan mandatos generales, abstractos e impersonales dirigidos a la comunidad (doctr. causas I. 1612, "Barbieri", resol. de 8-V-1993; I. 2204, "Zamarreño", sent. de 8-X-2008; I. 71.542, "De Amorrortu", resol. de 28-XII-2011; I. 75.905, "Simonelli", resol. de 20-XI-2019 e I. 76.269, "Empresa Micro Ómnibus Larroque Línea 148 SRL", resol. de 26-XI-2020; e.o.).
IV.2. Bajo tales premisas, de la lectura del escrito inicial se advierte que en el presente caso se cuestiona un acto concreto de aplicación, de alcance individual, por medio del cual se determinó el monto a pagar por el aquí amparista en concepto de Tasa de Servicios Urbanos por el período 2024.
De allí que la pretensión principal se dirige a dejar sin efecto un acto singular dictado por la demandada y su embate constitucional contra aparentes actos de alcance general es únicamente a los fines de demostrar -de manera coadyuvante y no de modo autónomo- su repugnancia con ese orden.
En esas condiciones, que no comprometen la competencia originaria de esta Suprema Corte, cualquier juez puede -eventualmente- atender a un planteo de inconstitucionalidad deducido de esa forma (art. 20 inc. 2 in fine , Const. prov.; doctr. causas B. 65.124, "Glaria", sent. de 16-VI-2004; B. 68.048, "Asesor General de Gobierno", sent. de 20-X-2004; B. 65.096, "Sagrario", sent. de 23-II-2005; B. 65.948, "Gerez", sent. de 19-XII-2007; B. 65.072, "Rojas", sent. de 29-XII-2008; B. 77.654, "Vilches", resol. de 10-II-2022 y B. 79.140, "Medina", resol. de 29-XII-2023, e.o.).
V. Por lo expuesto, toda vez que el asunto resulta ajeno a la jurisdicción originaria de esta Corte, corresponde que estas actuaciones sean giradas al Tribunal en lo Criminal N°2 del Departamento Judicial de Quilmes a los fines de que sea allí donde continúe su tramitación (conf. arts. 15, 20 inc. 2 y doctr. art. 161 inc. 1, Const. prov.; 1 y 3, ley 13.928).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar que en autos no se encuentra comprometida la jurisdicción originaria de esta Suprema Corte (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683, CPCC).
Devuélvanse electrónicamente las actuaciones al Tribunal en lo Criminal N°2 del Departamento Judicial de Quilmes, para la prosecución de su trámite.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/09/2024 14:13:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/09/2024 10:37:24 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/09/2024 14:21:53 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/09/2024 09:20:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/09/2024 09:28:43 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/09/2024 09:38:51 hs. bajo el número RR-693-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia