Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79827
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que en el caso no se encuentra comprometida la competencia originaria de este Tribunal para resolver acerca de la inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos sobre materia regida por la Constitución provincial (art. 161 inc. 1, Const. prov. y 683, CPCC).
A efectos de que siga interviniendo el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°5 del Departamento Judicial de La Plata, se le devuelve el expediente en forma electrónica (conf. art.7 inc. 1, CCA).
B.79.827 "FIGUEROA SILVIA MARIA C/ DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA"
I. La señora Silvia María Figueroa promueve acción de amparo contra la Provincia de Buenos Aires -Dirección General de Cultura y Educación- agraviándose de la decisión que tomó el Tribunal de Clasificación Central de ese organismo de negarse a incluirla en el listado de ingreso a la docencia como titular en el ciclo lectivo 2025, en distintas áreas, por encontrarse excedida en edad, en aplicación de lo dispuesto en el art. 57 inc. 2 de la ley 10.579 sobre Estatuto Docente.
Esgrime que tal exclusión, que le fue notificada con fecha 18-X-2024, obstaculiza el desempeño de la labor docente y afecta derechos constitucionales tales como el de trabajar, la garantía de inviolabilidad de la propiedad, de acceder al empleo sin otra condición que la idoneidad y el principio de igualdad ante la ley (cita los artículos 14, 14 bis, 16, 17, 28 de la Constitución nacional y 11 y 103 de la Constitución provincial, como también las normas pertinentes de los tratados internacionales incorporados a la Constitución nacional).
En virtud de ello considera que, frente a los actos lesivos de la demandada, el amparo resulta el remedio más idóneo para su protección inmediata. Solicita, además, la declaración de inconstitucionalidad del referido art. 57 inc. "e" de la ley 10.579 y el dictado de una medida cautelar que ordene su inscripción inmediata en los listados oficiales de ingreso para el ciclo 2025.
II. Con arreglo al régimen de sorteos vigente para los juicios de amparo, el presente fue adjudicado al Juzgado en lo Civil y Comercial n°5 del Departamento Judicial de La Plata.
Su titular hizo lugar a la tutela provisional requerida (arts. 230, 232 y concs., CPCC) y, estimando que podía verse comprometida la competencia originaria de este Tribunal en función de lo previsto en los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 del Código Procesal Civil y Comercial y su doctrina legal, se inhibió de intervenir, remitiendo las actuaciones a esta sede para su consideración.
III. A diferencia de lo resuelto por esta Suprema Corte en casos en los que por vía de una acción de amparo se pretendía, en forma autónoma y sin cuestionarse algún acto concreto de aplicación, que la justicia ordinaria declarase la inconstitucionalidad de la ley 10.579 y sus modificatorias (causas I. 71.259, "Rodríguez", resol. de 30-III-2011; I. 70.991, "Sánchez", resol. de 31-VIII-2011; I. 75.710, "Maceira", resol. de 13-II-2019; e.o.), en el caso se persigue la anulación de una decisión aplicativa de la mencionada ley.
De la lectura del escrito inicial y de la documentación acompañada, resulta claro que la acción no tiene por objeto exclusivo la discusión sobre la validez constitucional de una norma considerada en abstracto. Por el contrario, la docente Figueroa recurrió la exclusión mediante los correos designados al efecto, ante la Secretaría de Asuntos Docentes del Distrito de Lincoln y luego ante el Tribunal Descentralizado n°14 de Junín, sin obtener respuesta. Luego, al insistir, se le notificó el rechazo del recurso de revocatoria y jerárquico en subsidio decidido por el Tribunal de Clasificación Central.
De acuerdo con ello, es claro que la pretensión principal se dirige a dejar sin efecto los actos singulares lesivos dictados por la demandada y el embate constitucional es a los fines de demostrar -de manera coadyuvante y no de modo autónomo- la contrariedad con ese orden (conf. causas B. 78.637, "Maidana", resol. de 10-III-2023; B. 79.121, "Calderón" y B. 79.140, "Medina", ambas resol. de 29-XII-2023).
IV. En consecuencia, teniendo en cuenta que el ámbito de conocimiento reservado a esta Corte por el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial reside en la discusión sobre la validez constitucional de una norma considerada en abstracto; que la acción promovida, como se ha visto, no tiene ese objeto exclusivo; y que cualquier juez puede, en el ámbito del amparo, declarar la inconstitucionalidad de la ley en que se funde el acto lesivo (art. 20 inc. 2, in fine, Const. prov.; doctr. causas B. 65.124, "Glaria", sent. de 16-VI-2004; B. 68.048, "Asesor General de Gobierno", sent. de 20-X-2004; B. 65.096, "Sagrario", sent. de 23-II-2005; B. 65.948, "Gerez", sent. de 19-XII-2007; B. 65.072, "Rojas", sent. de 29-XII-2008; B. 77.654, "Vilches", resol. de 10-II-2022; B.78.637, "Maidana", B. 79.121, "Calderón" y B.79.140, "Medina", ya cit. e.o.), cabe concluir que no se encuentra comprometida la jurisdicción originaria que a esta Suprema Corte le confieren aquellas disposiciones.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar que en el caso no se encuentra comprometida la competencia originaria de este Tribunal para resolver acerca de la inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos sobre materia regida por la Constitución provincial (art. 161 inc. 1, Const. prov. y 683, CPCC).
A efectos de que siga interviniendo el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°5 del Departamento Judicial de La Plata, se le devuelve el expediente en forma electrónica (conf. art.7 inc. 1, CCA).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/03/2025 13:04:13 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/03/2025 15:21:52 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/03/2025 17:07:17 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/03/2025 12:29:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/03/2025 13:59:45 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/03/2025 14:02:45 hs. bajo el número RR-85-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia