Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79875
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar que la causa remitida por el Juzgado de Familia N°2 del Departamento Judicial de La Plata es de la competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
II. Radicarla ante estos estrados, en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo y proceder a su recaratulación (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC).
Mediante oficio electrónico, comuníquese lo resuelto al órgano que previno.
III. Disponer que, hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, la Municipalidad de La Plata deberá abstenerse de aplicar el inc. 3 del art. 10 del Anexo II del decreto reglamentario 532/09 y, por lo tanto, habrá de continuar con el trámite administrativo de renovación de la licencia de conducir del señor Lautaro Abeti (DNI 39.592.885), sin requerirle la previa obtención del "libre deuda de infracciones de tránsito".
Todo ello bajo responsabilidad del actor, quien deberá prestar caución juratoria por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199, 232 y concs., CPCC).
IV. A los fines de hacer efectiva la medida, prestada la caución, líbrense por Secretaría los oficios pertinentes.
B.79.875 "ABETI LAUTARO C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA"
I. El señor Lautaro Abeti promueve demanda contra la Provincia de Buenos Aires, en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Carta local y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que se declare la invalidez del art. 10 inc. 3 del Anexo II del decreto 532/09, reglamentario de Ley provincial de tránsito n°13.927.
Sostiene que la norma cuestionada, que exige como requisito para expedir la licencia de conducir “tener libre deuda de infracciones de tránsito”, infringe el principio de razonabilidad por cuanto lesiona derechos de raigambre constitucional tales como el derecho al libre tránsito, al trabajo, a usar y disponer de la propiedad, a la igualdad y a la libertad (cita arts. 14, 16, 19, 28, 31 y concs., Const. nac. y jurisprudencia).
Hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el pleito, el actor requiere el dictado de una medida cautelar mediante la cual se ordene a la Municipalidad de La Plata a continuar con el trámite administrativo de renovación de su licencia de conducir sin requerirle la previa obtención de un “libre deuda” y/o pago de multas por infracciones de tránsito.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Familia N° 2 del Departamento Judicial de La Plata, cuyo magistrado a cargo, tras estimar que en autos se hallaba comprometida la competencia originaria de esta Suprema Corte (conf. arts. 166 inc. 1, Const. prov. y 683 y sigs. CPCC), se inhibió de entender en el asunto y dispuso elevar los obrados para su consideración (v. resol. de 6-III-2025).
III.1. Ante todo, cabe señalar que el reclamante invoca en sustento de su pretensión los derechos constitucionales al libre tránsito, al trabajo, a tener normas razonables y disponer de su propiedad, además de la igualdad y la libertad en términos generales. Si bien lo hace anidando dichas garantías en normas de la Constitución Nacional, se trata de aquellas que existen de manera coincidente en el texto de la Constitución de la Provincia (conf. doctr. causa B. 75.985, "Cámara Argentina de Fuegos Artificiales", resol. de 23-X-2019).
Siendo así, aun cuando es sabido que por la vía escogida solo pueden cuestionarse reglamentos por ser contrarios a normas contenidas en esta última (art. 161 inc. 1, Const. prov. y 683, CPCC), en la especie puede prescindirse de un emplazamiento al demandante para que adecue su postulación en esos exactos términos. Lo anterior, por ser evidentes los preceptos supralegales que se dicen conculcados (conf. arts. 10, 11, 27 y 31, Const. prov.) y en virtud del principio pro actione (art. 15, Const. prov.; v. causa I. 78.849, "Pérez Oriondo", resol. de 29-XI-2023).
III.2 Aclarado eso, la lectura del escrito inicial da cuenta, efectivamente, de un cuestionamiento autónomo y abstracto del art. 10 inc. 3 del Anexo II del decreto reglamentario 532/09, por reputar el actor que las incompatibilidades allí receptadas resultan inconstitucionales por vulnerar los derechos fundamentales que enumera, garantizados en los textos constitucionales.
Siendo así, corresponde declarar que la causa remitida por el Juzgado de Familia N° 2 del Departamento Judicial de La Plata es de la competencia originaria de esta Suprema Corte (art. 161 inc. 1, Const. prov.), radicarla ante estos estrados, en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo y proceder a su recaratulación.
IV. Así las cosas, corresponde el tratamiento de la medida cautelar requerida en la demanda.
Respecto al alcance de la tutela, ante al alegada necesidad -"imperiosa y urgente"- de trabajar, la vulneración de su derecho a la libertad de tránsito y con el fin de renovar su licencia de conducir, solicita que como medida cautelar se ordene al municipio de La Plata a que continúe con el trámite administrativo de renovación de aquella sin requerir la previa obtención de un “libre deuda” y/o pago de multas por infracciones de tránsito.
Cabe entonces analizar si se encuentran reunidos los presupuestos necesarios para el otorgamiento de la tutela precautoria que reclama.
IV.1. Esta Corte ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento a la presunción de constitucionalidad o regularidad de la que gozan las normas susceptibles de ser cuestionadas por su conducto (doctr. causas I. 1.520, "Peltzer", resol. de 28-V-1991; I. 3.024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944 "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 73.947, "Greppi", resol. de 22-XII-2015; I. 69.637, "Marín", resol. de 23-V-2017; I. 76.258, "Intendente de la Municipalidad de General San Martín", resol. de 27-XI-2019; I. 75.708, "Mendoza", resol. de 11-XII-2019; I. 76.482, "Química True S.R.L.", resol. de 7-X-2020; I. 77.032, "Isabella", resol. de 26-IV-2021; I. 75.756, "Barsi SA", resol. de 24-XI-2021; I. 77.485, "Zacarías", resol. de 28-XII-2021; I. 77.815, "Cagnone", resol. de 5-VIII-2022; I. 78.789, "Girotti Blanco", resol. de 30-V-2023; I. 78.041, "Radaelli", resol. de 31-VII-2023; e.o.).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011; e.o.), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003; I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015; e.o.), se han acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3.521, "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005, e.o.) y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
Con ese criterio, en el marco provisional propio del despacho cautelar, se impone la justificación - prima facie - de la presencia de ambos elementos exigidos por la ley adjetiva ( fumus boni iuris y periculum in mora ) para proceder al despacho favorable de la tutela precautoria (arts. 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causas B. 65.043, "Trade SA", resol. de 4-VIII-2004; I. 73.931, "Peralta", resol. de 6-IX-2017; I. 74.643, "Asociación para la Protección del Medioambiente y Educación Ecológica 18 de Octubre", resol. de 18-IX-2019; I. 76.850, "Pavanel Egea", resol. de 23-II-2021; I. 76.801, "Helacor S.A.", resol. de 9-IV-2021; I. 76.963, "Sesto", resol. de 27-V-2021; I. 75.873, "Carlos E. Iturriaga e Hijos SA", resol. de 23-II-2022; e.o.).
IV.2. Ahora bien, resulta de interés advertir que este Tribunal se ha expedido recientemente en casos análogos al presente, resolviendo sobre pedidos cautelares como el que aquí llega al acuerdo (v. causas I. 78.849, "Pérez Oriondo", resol. de 29-XI-2023; I. 79.300, "Murri", resol. de 19-IV-2024 e I. 79.435, "Ferreyra Domínguez Ortíz", resol. de 11-VII-2024).
En consecuencia, las consideraciones allí formuladas guiarán, en lo medular, la solución de la cuestión bajo análisis.
IV.3. Respecto de la verosimilitud del derecho, el actor argumenta que se desprende de los hechos y precedentes judiciales descriptos -analizados a la luz de las disposiciones constitucionales invocadas- la violación del principio de razonabilidad y sus derechos a transitar libremente, trabajar, usar y disponer de su propiedad. Cuestionamientos que, se adelanta, tienen asidero a los fines de considerar la medida pretendida.
Es que el demandante, a lo largo del escrito de inicio, manifiesta la necesidad de que la norma cuestionada no se transforme en un requisito que obstaculice la renovación de su licencia de conducir en tanto le traería consecuencias en el ejercicio concreto de sus derechos para el desenvolvimiento de su vida diaria. Así, refiere que la imposibilidad de conducir por falta de aquella entorpecería la concurrencia a su lugar de trabajo y las labores atinentes a éste, además de dificultar la satisfacción de requerimientos de índole personal y familiar para los cuales cuenta con el desplazamiento vehicular.
Parece, entonces, que el recaudo establecido en el art. 10 inc. 3 del Anexo II del decreto 532/09 afecta, en el caso, la esfera subjetiva del reclamante de manera singular al impedir el goce de los derechos constitucionales reclamados.
Para más, cabe reparar en que la autoridad estatal que impuso las sanciones cuenta con mecanismos expresamente regulados por el legislador para exigir y percibir el importe de las multas por infracciones de tránsito (conf. art. 35 bis, ley 13.927).
En definitiva, del análisis que antecede corresponde tener por acreditada, en esta etapa preliminar, la apariencia de buen derecho de quien acciona.
IV.4. En cuanto al peligro en la demora, este Tribunal ha dicho que en la evaluación de este requisito general de toda medida cautelar es preciso ponderar tanto el gravamen que produciría la ejecución de la norma cuestionada si al cabo del proceso fuese declarada ilegítima -para el caso, inconstitucional-, como -y en relación con- aquel que resultaría de la paralización temporal de los efectos de dicha norma, en el supuesto de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión (doctr. causas B. 65.168, "Burgués", resol. de 30-IV-2003; I. 3.521, cit.; e I. 68.183, cit.; I. 76.485, "Flores Pirán", resol. de 23-XI-2020; I. 77.485, cit.; I. 78.229, "Lallo", resol. de 2-VIII-2023; I. 78.662, "Bonelli", resol. de 11-VIII-2023; e.o.).
A los efectos del examen cautelar, son atendibles los argumentos vertidos por el demandante, pues dada la naturaleza de los derechos en juego y el tiempo que pudiera insumir arribar a la sentencia definitiva, frente al denunciado vencimiento de su licencia de conducir, es dable presumir que la amenaza de privación del pleno goce de su derecho a la libre circulación -en la especie, con potenciales repercusiones en su vida laboral, personal y familiar- durante el transcurso del proceso, le ocasionará un gravamen de imposible o muy difícil reparación ulterior.
V. Por todo lo expuesto, en el marco de provisoriedad inherente al despacho de las medidas cautelares y sin que ello implique emitir opinión sobre el fondo de la cuestión planteada, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada (arts. 195, 202, 230, 232 y concs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Declarar que la causa remitida por el Juzgado de Familia N°2 del Departamento Judicial de La Plata es de la competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
II. Radicarla ante estos estrados, en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo y proceder a su recaratulación (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC).
Mediante oficio electrónico, comuníquese lo resuelto al órgano que previno.
III. Disponer que, hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, la Municipalidad de La Plata deberá abstenerse de aplicar el inc. 3 del art. 10 del Anexo II del decreto reglamentario 532/09 y, por lo tanto, habrá de continuar con el trámite administrativo de renovación de la licencia de conducir del señor Lautaro Abeti (DNI 39.592.885), sin requerirle la previa obtención del "libre deuda de infracciones de tránsito".
Todo ello bajo responsabilidad del actor, quien deberá prestar caución juratoria por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199, 232 y concs., CPCC).
IV. A los fines de hacer efectiva la medida, prestada la caución, líbrense por Secretaría los oficios pertinentes.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/03/2025 12:32:19 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/03/2025 12:55:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/03/2025 13:48:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2025 14:17:05 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2025 14:51:59 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 31/03/2025 14:55:16 hs. bajo el número RR-115-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia