Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79992
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que en el caso no se encuentra comprometida la competencia originaria de este Tribunal para resolver acerca de la inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos sobre materia regida por la Constitución provincial (art. 161 inc. 1, Const. prov. y 683, CPCC).
A efectos de que siga interviniendo el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°23 del Departamento Judicial de La Plata, se le devolverá el expediente mediante la correspondiente radicación electrónica.
B.79.992 "SERRANO MONICA SUSANA C/ DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA"
I. Mónica Susana Serrano, por su propio derecho, promueve acción de amparo contra la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, agraviándose de la decisión que tomó el Tribunal de Clasificación Central de ese organismo de negarse a incluirla en el Listado de Ingreso a la docencia, con su puntaje, para acceder a cargos titulares en el ciclo lectivo 2025. Ello, por encontrarse excedida en edad y por aplicación de lo dispuesto en el art. 57 inc. "e" de la ley 10.579 (Estatuto Docente).
Considera que, frente a los actos lesivos de la demandada, el amparo resulta el remedio más idóneo para la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados tales como el de trabajar, de enseñar, la garantía de inviolabilidad de la propiedad, de acceder al empleo sin otra condición que la idoneidad y el principio de igualdad ante la ley, sin ningún tipo de discriminación (cita los arts. 10, 11, 20 inc. 2, 27, 35, 36 inc. 4, 39 y 103 inc. 12 de la Constitución provincial y 14, 14 bis, 16, 26, 28, 31, 43 y concs. de la Constitución nacional, como también las normas pertinentes de los tratados internacionales incorporados a la Constitución nacional).
Además, solicita que se declare la inconstitucionalidad del art. 57 inc. "e" de la ley 10.579 por considerar que viola los arts. 11, 27, 35, 39 y 103 inc. 12 de la Constitución provincial; y el dictado de una medida cautelar innovativa que compela a la demandada a abstenerse de aplicarle lo dispuesto en el Estatuto Docente y, así, se ordene su inscripción inmediata en el listado oficial de ingreso a la docencia para el ciclo 2025, con su puntaje, para poder acceder a un cargo en carácter de titular (art. 57 inc. 2, ley 10.579) -v. escrito electrónico de fecha 3-II-2025-.
II. Con arreglo al régimen de sorteos vigente para los juicios de amparo, el presente fue adjudicado al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº23 del Departamento Judicial de La Plata.
Su magistrada a cargo hizo lugar a la tutela provisional requerida (arts. 230, 232 y concs. CPCC) y, estimando que podía verse comprometida la competencia originaria de este Tribunal en función de lo previsto en los arts. 161 inc. 1 de la Constitución local y 683 del Código Procesal Civil y Comercial y su doctrina legal, se inhibió de intervenir, remitiendo las actuaciones a esta sede para su consideración (v. proveído electrónico de fecha 4-II-2025).
III. A diferencia de lo resuelto por esta Suprema Corte en casos en los que por vía de una acción de amparo se pretendía, en forma autónoma y sin cuestionarse algún acto concreto de aplicación, que la justicia ordinaria declarase la inconstitucionalidad de la ley 10.579 y sus modificatorias (causas I. 71.259, "Rodríguez", resol. de 30-III-2011; I. 70.991, "Sánchez", resol. de 31-VIII-2011; I. 75.710, "Maceira", resol. de 13-II-2019; e.o.), en el caso claramente se persigue la anulación de una decisión aplicativa de la mencionada ley.
De la lectura del escrito inicial y de la documentación acompañada, resulta evidente que la acción no tiene por objeto exclusivo la discusión sobre la validez constitucional de una norma considerada en abstracto. Por el contrario, la docente Serrano, al advertir que en Listado Oficial 2025 no se la calificó en razón de su edad y que por ello no podía acceder a un cargo como titular, efectuó un reclamo mediante correo electrónico designado al efecto ante el Tribunal Descentralizado Nº21 de Coronel Pringles, obteniendo respuesta negativa, y posteriormente presentó formalmente su disconformidad mediante otro reclamo ante el mismo Tribunal, el cual también fue rechazado. Finalmente, indica que el 27-XI-2024 se le notificó el rechazo del Tribunal de Clasificación Central de su pedido de inscripción en los Listados Oficiales de Ingreso a la Docencia para el ciclo 2025, por el exceso de edad (art. 57 inc. "e", cit.).
De acuerdo con ello, es claro que la pretensión principal se dirige a dejar sin efecto los actos singulares lesivos dictados por la demandada y el embate constitucional es a los fines de demostrar -de manera coadyuvante y no de modo autónomo- la contrariedad con ese orden (conf. causa B. 79.837, "Rau", resol. de 31-III-2025 y sus citas).
IV. En consecuencia, teniendo en cuenta que el ámbito de conocimiento reservado a esta Corte por el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y sgtes. del Código Procesal Civil y Comercial, reside en la discusión sobre la validez constitucional de una norma considerada en abstracto; que la acción promovida, como se ha visto, no tiene ese objeto exclusivo y que cualquier juez puede, en el ámbito del amparo, declarar la inconstitucionalidad de la ley en que se funde el acto lesivo (art. 20 inc. 2, in fine, Const. prov.; doctr. causas B. 65.124, "Glaria", sent. de 16-VI-2004; B. 68.048, "Asesor General de Gobierno", sent. de 20-X-2004; B. 65.096, "Sagrario", sent. de 23-II-2005; B. 65.948, "Gerez", sent. de 19-XII-2007; B. 65.072, "Rojas", sent. de 29-XII-2008; B. 77.654, "Vilches", resol. de 10-II-2022; B.78.637, "Maidana", B. 79.121, "Calderón" y B.79.140, "Medina", ya cit. e.o.), cabe concluir que no se encuentra comprometida la jurisdicción originaria que a esta Suprema Corte le confieren aquellas disposiciones.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar que en el caso no se encuentra comprometida la competencia originaria de este Tribunal para resolver acerca de la inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos sobre materia regida por la Constitución provincial (art. 161 inc. 1, Const. prov. y 683, CPCC).
A efectos de que siga interviniendo el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°23 del Departamento Judicial de La Plata, se le devolverá el expediente mediante la correspondiente radicación electrónica.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/05/2025 13:23:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/05/2025 12:18:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/05/2025 12:38:41 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/05/2025 12:18:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/05/2025 13:40:41 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 09/05/2025 13:44:45 hs. bajo el número RR-241-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia