Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 80193
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar que en el caso no se encuentra comprometida su competencia originaria y exclusiva en materia de conflictos municipales (arts. 196, Const. prov.; 261, 263 bis y conc., decreto-ley 6.769/58).
II. Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Morón para entender en el asunto, en el que, por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite (art. 161, inc. 2, Const. prov. y arg. art. 3 in fine , ley 13.928).
III. Comunicar lo resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°7 del Departamento Judicial de Morón.
B.80.193 "NAVILL MICAELA ALEJANDRA C/ HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE HURLINGHAM S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA"
I. La señora Micaela Alejandra Navill promueve acción de amparo contra el Concejo Deliberante de Hurlingham con el objeto de que se le tome inmediato juramento como integrante titular de ese cuerpo, al considerar que al haber sido electa como concejala suplente en primer orden por la alianza "Frente de Todos" le correspondería asumir la vacante que se produjo ante el fallecimiento del concejal titular Humberto Francisco Bertinat, ex integrante de su misma fuerza política, producido el 4-IV-2025.
Sostiene que, conforme lo dispone el art. 7 de la ley 14.086, el cargo debió ser cubierto por ella "de manera automática", en respeto al orden de postulación, al principio de paridad de género y a la voluntad popular expresada en las urnas, pero que sin embargo el Concejo Deliberante comunal no fijó fecha para dar cumplimiento con dicha obligación legal (v. escrito del 10-VI-2025).
II. Con arreglo al régimen de sorteos vigente para los juicios de amparo, el expediente fue adjudicado al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°7 del Departamento Judicial de Morón, cuyo titular -en su primera providencia- dio traslado de la acción interpuesta y rechazó la medida cautelar requerida por la señora Navill.
III. El 24-VI-2025 se presentó el señor Miguel Ángel Quintero, en su calidad de Presidente del Concejo Deliberante de Hurlingham, y contestó la demanda.
En lo que aquí interesa resaltar, señala que tras el deceso del concejal Humberto Francisco Bertinat se generó una complejidad particular a raíz de una aparente colisión normativa entre el principio de reemplazo automático por orden de lista y el principio de paridad de género efectiva.
En ese sentido, indica que si bien la señora Navill presentó con fecha 14 de abril de 2025 una nota dirigida a él en la que manifestó formalmente su intención de asumir el cargo vacante, dos días después una vecina del Partido de Hurlingham presentó otra al Concejo Deliberante cuestionando la posibilidad de que la vacancia generada por el fallecimiento de un concejal de género masculino fuera cubierta por una mujer, alegando que ello vulneraría el principio de paridad de género consagrado en el art. 3 de la ley 14.848, en tanto -según su interpretación- se debería respetar la proporcionalidad existente al momento de la integración del cuerpo legislativo, lo que implicaría convocar al siguiente varón en la lista para ocupar el puesto.
Explica que ante esta situación el Concejo Deliberante dictaminó que la cuestión requería una definición judicial y, por eso, resolvió iniciar una acción declarativa de certeza en los términos del art. 12 inc. 4 de la ley 12.008 a fin de que un juez disponga cuál es la normativa aplicable al caso.
Este juicio, precisa, tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Morón y fue promovido el 2-VI-2025 -es decir ocho días antes de que la señora Navill iniciara el presente juicio- por lo que, a su criterio, la acción de amparo resultaría inviable al configurarse una litispendencia con otro proceso anterior que tiene un idéntico objeto.
IV. Mediante resolución de 4-VII-2025, el titular del Juzgado en lo Civil y Comercial N°7 del Departamento Judicial de Morón se declaró incompetente para seguir interviniendo en el asunto.
Ello, en la inteligencia de que el caso trataría de un conflicto interno municipal producido "en el seno" del Concejo Deliberante de Hurlingham y que, por ende, quedaría comprendido en la cláusula del art. 196 de la Constitución provincial que le otorga competencia a esta Suprema Corte para dirimirlos.
V.1. En primer lugar, corresponde advertir que en relación a los conflictos internos de las municipalidades que se producen en el seno del Concejo Deliberante, se ha resuelto reiteradamente que las resoluciones susceptibles de cuestionarse en ese marco solo eran aquellas por medio de las cuales se destituía o suspendía preventivamente al Intendente Municipal o a algún concejal –excepto que se tratara de decisiones adoptadas ante la comisión de delitos dolosos-, así como también y en relación a los concejales, las que apliquen determinadas sanciones (art. 263 bis, decreto-ley 6.769/58; v. por todas causa B. 63.612 “Mazzieri”, resol. de 24-IV-2002).
El criterio restrictivo que informaba esa doctrina fue superado luego por el Tribunal al decidir que, además de los supuestos especiales que contempla el art. 263 bis de la LOM, cabe entender que pueden quedar comprendidas en el alcance de la disposición constitucional (art. 196, Const. prov.) otras situaciones ocurridas en el seno del Concejo Deliberante siempre que se trate de “conflictos” y que no se encuentren excluidas de la vía en cuestión, advirtiendo que en la medida en que el art. 261 de esa ley remite con amplitud a lo dispuesto en el señalado art. 196 de la Constitución de la Provincia, no puede considerarse que la norma reglamentaria delimite los conflictos ocurridos en el seno del Concejo Deliberante solo a los referidos supuestos especiales (doctr. causas B. 64.165, “Salgado”, resol. de 14-VIII-2002; B. 67.763, "Eurruela", sent. de 28-IV-2004; B. 72.608, "Piacenti", resol. de 5-VI-2013; B. 74.069, "Vrhosvi", resol. de 22-III-2016 y B. 74.455, "Pugliese", resol. de 2-XII-2016, e.o.).
Ello, claro está, siempre que se encuentre configurada una real situación de “conflicto”, que es la única que habilita la competencia de la Suprema Corte para dirimirlo (doctr. causas B. 68.190, "Roberto", sent. de 18-IV-2007; B. 69.478, "Córdoba", sent. de 11-III-2009 y B 74.455, "Pugliese", cit., e.o.).
V.2. De acuerdo a lo expuesto y sin perjuicio de la obvia trascendencia institucional de la cuestión planteada, el objeto de la pretensión revela que, conforme la doctrina del Tribunal antes recordada, no se trata de un conflicto de los que esta Corte está llamada a dirimir.
Para empezar, porque quien promueve la demanda no es estrictamente un concejal, sino alguien que argumenta -sobre la base de las normas electorales vigentes-, los motivos por los cuales correspondería que se la incorpore como tal al Concejo Deliberante de Hurlingham. Desde este punto de vista, es claro que la competencia que al Tribunal le confieren los arts. 196 de la Carta local y 261 y siguientes de la Ley Orgánica de las Municipalidades no se encuentra afectada en el caso, pues tales supuestos solo se abren a instancia de alguno de los miembros del cuerpo.
Pero además, porque tampoco se denuncia ni se advierte que los hechos que motivan la demanda hayan generado en el Concejo Deliberante de Hurlingham alguna situación que altere, obstruya o impida el funcionamiento institucional del cuerpo o de la Municipalidad.
Siendo así, corresponde resolver que en el caso no se encuentra afectada la competencia originaria y exclusiva del Tribunal (cfr. arts. 196, Const. prov.; 261, 263 bis y conc., decreto-ley 6.769/58 y doctr. causas B. 71.070, "Piriz", resol. de 15-IX-2010 y B. 76.424, "González", resol. de 13-V-2020).
VI.1. Sin perjuicio de ello, si bien en autos no se ha configurado estrictamente un incidente en torno a la competencia de los órganos de primera instancia preactuantes, razones de economía y celeridad procesal recomiendan una decisión definitiva sobre el órgano que habrá de conocer y decidir en el asunto.
VI.2. A la luz de la regla de prevención que se extrae del art. 3 de la ley 13.928, esta Corte ha sostenido que corresponde apartarse del sistema de adjudicación mediante sorteo ante "cualquier juez" establecido por las resoluciones 1.358/06 y 1.794/06 (cfr. art. 20 inc. 2, Const. prov.) y decretar la competencia del juzgado en el cual medió prevención cuando el objeto de un primigenio proceso guarda suficiente relación de conexidad con una pretensión de amparo deducida con posterioridad (doctr. causas B. 69.446, "Damasauskas", resol. de 4-VI-2008; B. 70.166, "Bani", resol. de 26-VIII-2009; B. 71.460, "Pérez", resol. de 17-VIII-2011; B. 73.452, "C., L. A.", resol. de 29-XII-2014; B. 73.554, "Tiro Federal Argentino", resol. de 29-IV-2015; B. 75.165, "Rojas", resol. de 4-VII-2018; B. 79.356, "Pallero", resol. de 24-IX-2024 y B. 79.724, "L.J.G.C.", resol. de 20-XI-2024, e.o.).
La aplicación de estos precedentes lleva al Tribunal a la convicción de que en autos corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Morón el que entienda en este proceso, al corroborarse que tramita allí el expediente denunciado por la parte demandada caratulado "Honorable Concejo Deliberante de Hurlingham s/ pretensión declarativa de certeza" iniciado el 2-VI-2025, antes de que la señora Navill interpusiera la presente acción de amparo.
En efecto: de lo que surge de los escritos de inicio de los dos juicios, es posible afirmar que ambos versan sobre el mismo hecho y tienen como único propósito que se determine quién debe asumir la banca que quedó vacante ante el fallecimiento del concejal titular Humberto Francisco Bertinat: la señora Navalli pretende que sea ella y el Concejo Deliberante comunal considera que -sin perjuicio de su condición de primera suplente- podría corresponder que se nombre a un concejal suplente del sexo masculino, por aplicación de la regla del art. 3 de la ley 14.848.
Existiendo, entonces, un objetivo riesgo de dictado de sentencias contradictorias si los expedientes tramitan ante distintos organismos y siendo tal la conexidad e interdependencia que -a pesar de su distinta naturaleza- media entre los dos procesos que llegan a conocimiento de este Tribunal, corresponde declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Morón para que siga interviniendo en la presente acción de amparo (arg. art. 3 in fine , ley 13.928).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Declarar que en el caso no se encuentra comprometida su competencia originaria y exclusiva en materia de conflictos municipales (arts. 196, Const. prov.; 261, 263 bis y conc., decreto-ley 6.769/58).
II. Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Morón para entender en el asunto, en el que, por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite (art. 161, inc. 2, Const. prov. y arg. art. 3 in fine , ley 13.928).
III. Comunicar lo resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°7 del Departamento Judicial de Morón.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/07/2025 21:01:59 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/07/2025 11:04:00 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/07/2025 14:10:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/07/2025 18:57:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/07/2025 19:04:52 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 17/07/2025 19:08:45 hs. bajo el número RR-429-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia