Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 80180
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que resulta competente para decidir acerca del incidente formado a raíz de la inhibitoria del juzgado de origen, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Azul (arts. 7 inc. 1, CCA; 16, ley 13.928 y 38, ley 5.827). Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite
Asimismo, líbrese oficio a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata.
B.80.180 "P. O. S. C/ IOMA S/ AMPARO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA"
I. O. S. P. promovió acción de amparo contra el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), a fin de que se le proporcione la cobertura del medicamento que su hija requiere en vista del delicado cuadro de salud que padece.
En atención a ello, solicita que se disponga el dictado de una medida cautelar tendiente a garantizar dicha prestación (v. escrito electrónico de fecha 8-V-2025).
II. Con arreglo al régimen de sorteos vigente para los juicios de amparo, el presente fue adjudicado al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 del Departamento Judicial de Azul.
El magistrado por entonces a cargo del organismo, pese al dictamen del agente fiscal (de fecha 9-V-2025) y no obstante hacer lugar al requerimiento cautelar de autos, declaró su incompetencia para intervenir en la cuestión en el entendimiento de que, conforme el art. 3 de la ley 13.928, la competencia correspondía al juez o tribunal letrado de primera o única instancia del lugar donde el hecho, acto u omisión cuestionados tuviere o hubiese de tener efectos.
Bajo esa premisa, consideró que por haber denunciado la amparista su domicilio en el partido de Benito Juárez, el pleito debía ventilarse ante el Juzgado de Paz Letrado con asiento en dicha localidad, perteneciente también al Departamento Judicial de Azul, por lo que allí ordenó su remisión (v. sent. interlocutoria de fecha 9-V-2025).
Una vez que tomara intervención el Ministerio Público (conf. arts. 103, CCyC y 38, ley 14.442), se designara a la Asesoría de Menores e Incapaces departamental como organismo para intervenir en representación de la niña en cuyo interés se actuaba (v. presentación de fecha 12-V-2025) y de que la reclamante solicitara la aplicación de astreintes ante la denuncia de incumplimiento de la tutela precautoria (v. escrito de fecha 16-V-2025), los obrados recayeron en el mentado órgano de paz letrado.
Al recibirlos, su titular, poniendo de resalto el régimen aplicable a esta clase de procesos (resols. 1.358/06 y 1.794/06, SCBA) y trayendo a colación lo resuelto por esta Corte en la causa "A., G. S." (resol. de 30-V-2023), rechazó la competencia que le había sido atribuida por su par previniente.
Concluyo entonces -en sintonía con lo dictaminado por el agente fiscal- que el proceder de la actora al presentar su demanda ante la Receptoría General departamental resultaba ajustado a derecho (v. resol. electrónica de fecha 21-V-2025).
De tal suerte y luego de hacer lugar a la sanción conminatoria peticionada por la reclamante -ello bajo apercibimiento de que, de persistir la conducta renuente del IOMA, se remitirían los actuados a la justicia penal por constituir el delito de "desobediencia a la autoridad" (art. 239, CP)-, el juez interviniente, atento a la contienda negativa que se había suscitado con el magistrado primigenio, giró los obrados a la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Azul a fin de que dirima la cuestión.
Elevado el expediente a la Sala II de dicho tribunal de alzada, sus integrantes resolvieron inhibirse para conocer en la controversia en razón de la regla contenida el art. 17 bis de la Ley de Amparo, la cual reputaron aplicable al sub examin e dada la naturaleza de la entidad demanda (v. resol. electrónica de fecha 27-V-2025).
Por efecto de esa decisión, las actuaciones pasaron a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, cuyos miembros también rehusaron intervenir en la litis tras colegir -contrariamente a lo sostenido por sus pares preactuantes- que la cuestión planteada en autos (incidente de competencia) no se enmarcaba en la manda del aludido art. 17 bis de la ley 13.928, por lo que -afirmaron- correspondía la intervención de la cámara de origen en razón de ser el "tribunal superior común" en la controversia suscitada entre los órganos jurisdiccionales de grado.
Sobre esa base, plantearon una contienda negativa de competencia y la sometieron ante este Tribunal para que la resuelva con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (v. resol. electrónica de fecha 25-VI-2025).
III. En autos, un juzgado perteneciente al fuero civil y comercial y otro a la justicia de paz letrada, ambos del Departamento Judicial de Azul, debaten entre sí su competencia con motivo de la regla territorial prevista en el art. 3 de la Ley de Amparo. Mientras el magistrado que por entonces subrogaba el primero de los órganos consideró que el caso debía ventilarse ante la dependencia jurisdiccional más cercana al domicilio de la actora -el Juzgado de Paz Letrado de Benito Juárez-, el segundo juez sostuvo que debía estarse a la voluntad de esta última, quien había presentado su demanda ante la Receptoría General departamental, saliendo sorteado el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº2 (conf. surge del escrito electrónico de fecha 8-V-2025).
Como sea, es preciso recordar -como bien lo hace el tribunal de alzada marplatense- que la intervención que el art. 17 bis de la ley 13.928 -texto según ley 14.192- le confiere a las cámaras del fuero contencioso administrativo se ciñe a la actividad recursiva allí prevista, mas no a incidentes como el originado en el presente caso (conf. art. 16 y sigts., ley. cit.; doctr. causas B. 71.927 "Aguirre", resol. de 9-V-2012; B. 72.319, "Galván", resol. de 27-II-2013 y B. 72.531, "Sanda", resol. de 5-VI-2013; B. 74.562, "Anfitrión SRL", resol. de 10-V-2017; B. 74.794, "Codina", resol. de 20-IX-20217 y B. 75.136, "Casariego", resol. de 4-IV-2018; B 76.235, "Adam", resol. de 22-VII-2020; B. 76.585, "M., D.", resol. de 23-XII-2020; B. 79.694, "Roa", resol. de 12-XII-2024 y B. 79.956, "Bogado", resol. 9-V-2025, entre tantas otras).
Siendo así, quien aquí debe dirimir el conflicto suscitado en la instancia de grado es la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Azul, por ser la alzada correspondiente al fuero de origen y órgano jerárquico común a los tribunales enfrentados (conf. arts. 11 y sigts., CPCC; 38, ley 5.827; doctr. causa B. 75.588, "Pagani", resol. de 14-XI-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar que resulta competente para decidir acerca del incidente formado a raíz de la inhibitoria del juzgado de origen, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Azul (arts. 7 inc. 1, CCA; 16, ley 13.928 y 38, ley 5.827). Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite
Asimismo, líbrese oficio a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/07/2025 21:01:58 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/07/2025 11:03:54 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/07/2025 14:10:55 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/07/2025 18:57:18 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/07/2025 19:04:51 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 17/07/2025 19:08:42 hs. bajo el número RR-427-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia